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Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 21 de noviembre de 2025).- “Si se sabía o si era posible saber, allí en el terreno, que había menores de edad reclutados…Si no se sabía, por qué no se sabía y si es que era inevitable saberlo… Si se sabía, qué previsiones se tomaron”. Esta fue la respuesta a los medios del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, a propósito de lo que buscan establecer las cinco investigaciones por bombardeos en que han muerto menores, aunque más parece un juego bizantino de palabras, al estilo de los teólogos que se devanaban los sesos en Constantinopla adivinando el sexo de los ángeles.
Es la discusión que enreda al país, con los medios atizando emociones y moviendo sintonía frente a la “incoherencia” de Petro, que hoy defiende lo que ayer condenaba, cuando acompañó la moción de censura contra el exministro Botero, promovida por el camaleónico Roy, que hoy jura que hace seis años no dijo lo que dijo.
En la mitad, el “centro movedizo”, desconcertado ante un viraje en la política de seguridad del gobierno Petro que no sabe si rechazar o defender, sin parecer incoherente ni arriesgar sus cálculos políticos hacia 2026.
No ayuda la Defensoría del Pueblo, arguyendo que la presencia de menores en los campamentos “con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, mientras condena el reclutamiento forzado que, según la Procuraduría, entre 2024 y lo corrido de 2025 suma más de 740 menores convertidos en combatientes. Es la misma posición ambivalente de las ONG de Derechos Humanos, que rechazan los bombardeos y defienden a ultranza la prioritaria protección de la niñez, mientras exigen respeto al DIH y el fin del reclutamiento forzado. ¿A quién se lo exigen…, acaso a Mordisco? ¡Qué cinismo!
Pero bueno…, ¿qué dice el DIH? El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, establece que: “Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados…”, rango de edad compartido por la Corte Penal Internacional, que tipifica ese reclutamiento como crimen de guerra.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1990) definió que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años”, aunque deja la posibilidad a las Fuerzas Armadas de reclutar menores entre 15 y 18, pero lo prohíbe terminantemente a grupos armados que no pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado.
En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia no deja duda: Son niños las personas entre 0 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años, en tanto que el Código Penal tipifica como delito el reclutamiento de menores de 18 años.
Fin de la discusión. El mismo procurador Osuna del galimatías inicial, con algo más de juicio lo dejó claro: “Los niños reclutados siguen siendo niños, pero también son combatientes. Y, por tanto, si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes”.
Desde la Operación Berlín (2010-2011), cuando las Farc de Timochenko pretendían cruzar el país con un ejército de niños que fue interceptado y, según medicina legal, murieron 28 menores, aunque más de 70 para las narrativas de la izquierda, en ese entonces, como señala María Fernanda Cabal en uno de sus ensayos, “la izquierda abrió un juicio moral contra el Ejército, pero se le olvidó abrir un juicio moral contra quienes utilizaron a menores como escudos humanos para evitar la acción legítima de la Fuerza Pública”.
No se trata de una discusión nueva ni bizantina. Es una discusión interesada para deslegitimar y atar las manos de quienes deben defendernos porque la Constitución no solo lo autoriza, sino que lo ordena. Y punto.
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie