* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 13 de noviembre de 2026).- ¿Qué justifica una nueva auditoría externa al Fondo Nacional del Ganado? Es una pregunta legítima cuando la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales, ha auditado la administración de los recursos parafiscales ganaderos, con resultados favorables consignados en informes oficiales.
Si el Ministerio de Agricultura quiere profundizar en su manejo o evaluar la efectividad de la inversión, está en su derecho. FEDEGÁN suministrará la información requerida; pero una auditoría adicional necesita justificación técnica y debe cumplir las mismas reglas de transparencia que pretende verificar.
Los informes de la Contraloría son antecedentes oficiales que el Ministerio debería considerar antes de comprometer recursos. Y si pretende una evaluación diferente, corresponde explicar qué preguntas no resuelven esas auditorías y qué valor agregado ofrecerá la nueva consultoría.
No pretendo reproducir aquí una historia vivida bajo la administración Santos, pero tampoco podemos olvidarla. El país conocerá en el Congreso Ganadero «La Crónica de un atropello», un libro que escribí “para que no vuelva a suceder”. Las instituciones tienen memoria y quienes vivimos esas experiencias sabemos que los mecanismos de control requieren garantías para que nadie pueda utilizarlos con finalidades distintas de aquellas que justifican su existencia.
El Ministerio abrió un concurso de méritos por $658 millones para una auditoría forense a las vigencias 2024 y 2025. Nos sorprendieron las observaciones de la Veeduría Ciudadana Somos Antioquia (VESAN) al proyecto de pliego, que merecen respuestas precisas sobre posibles restricciones a la competencia, requisitos profesionales específicos, información suministrada anticipadamente y un plazo incompatible con la magnitud del trabajo.
¿Cómo revisar dos años de registros contables y contractuales, realizar visitas regionales, evaluar evidencias, garantizar la contradicción de hallazgos y entregar un dictamen forense si el contrato debe finalizar el 31 de diciembre y todavía se encuentra en selección?
¿Por qué exigir condiciones de experiencia tan particulares? ¿Cuántas firmas pueden cumplirlas? ¿Quiénes accedieron previamente a la información técnica? ¿Todos tuvieron las mismas oportunidades para presentar propuestas? Estas preguntas exigen respuestas claras y documentadas, porque plantean inquietudes razonables sobre publicidad, libre concurrencia y selección objetiva.
No puede exigirse transparencia al auditado mientras subsisten interrogantes legítimos sobre la transparencia y la planeación del proceso para seleccionar al auditor.
También está en juego el principio de economía. Comprometer $658 millones de recursos públicos exige planeación responsable, plazos suficientes y garantías de resultados completos, confiables y técnicamente sustentados. Una auditoría forense no adquiere rigor por su nombre, sino por su real necesidad y por la independencia profesional, la metodología y la calidad de las evidencias.
Por ello solicitamos a la Procuraduría vigilancia preventiva sobre el concurso y a la Contraloría evaluar los posibles riesgos fiscales de su planeación. No buscamos impedir la auditoría: queremos que las observaciones ciudadanas se examinen y respondan antes de adjudicar el contrato.
Si el Gobierno quiere conocer la efectividad de los recursos parafiscales, los resultados están a la vista: coberturas de vacunación contra la fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, cercanas al 99 % y verificadas por el ICA; apertura de mercados y exportaciones de carne, ganado en pie y derivados lácteos; fomento al consumo de carne y leche y avances en sanidad, mejoramiento genético y productividad de un sector presente en todo el país.
Detrás está el esfuerzo de los ganaderos, que aportan los recursos, y una institucionalidad que los transforma en bienes y servicios para el desarrollo rural.
FEDEGÁN no cuestiona el control; reclama que quien controla cumpla también las reglas de transparencia, economía y rigor técnico.
Auditorías sí, todas las que estén debidamente justificadas. Pero con transparencia desde el primer día, porque el gobierno también debe dar ejemplo de aquello que exige.
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie