* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(MALA – Viernes 28 de noviembre de 2025).- En Colombia el campo produce, trabaja y resiste… mientras en Bogotá siguen diseñando leyes que, en lugar de proteger al productor, abren la puerta a debilitar la propiedad privada. Ese es el caso de la llamada Jurisdicción Agraria y Rural: un proyecto que el Gobierno presentó como la “solución histórica a los conflictos de tierras”, pero que hoy —a pesar del ruido político— sigue empantanado, incompleto y sin posibilidad real de ponerse en marcha.-
Muchos celebraron como “hecho consumado” la aprobación de esta jurisdicción. Pero una cosa es que exista la ley estatutaria (ya avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-340 de 2025) y otra muy distinta es que pueda funcionar. No hay jueces agrarios, no hay tribunales agrarios, no hay reglas claras de procedimiento. Todo eso depende de la ley ordinaria que reglamenta la operación, y ese proyecto está hundido en la práctica: sin agenda, sin mayorías y sin fecha de discusión en el Senado.
En la Cámara, el debate se ha aplazado una y otra vez por falta de quórum, y en el Senado ni siquiera ha llegado a plenaria. Así funciona el “cambio”: grandes anuncios sin capacidad de ejecutar.
Una jurisdicción diseñada para desbordar al juez
Aunque el Gobierno insiste en que la jurisdicción agraria será “especializada”, lo cierto es que el proyecto le daría al juez agrario poderes extravagantes, ajenos a la lógica judicial:
Facultades administrativas para “corregir” el uso del suelo.
Intervenir en procesos productivos privados.
Modificar linderos y ordenar servidumbres de hecho.
Imponer medidas de ocupación o entrega provisional de predios sin condena definitiva.
Réplica de Okupas para inmigrantes de la Comunidad Europea.
Eso no es justicia: es intervencionismo estatal judicializado, con efectos directos sobre el productor y el propietario rural. El mensaje implícito es claro: “la tierra produce más si el Estado decide sobre ella”.
El fantasma de la expropiación administrativa temporal
A esto se suma la propuesta de la Agencia Nacional de Tierras para introducir una figura de “expropiación administrativa temporal”. En lenguaje campesino: quitarle a usted su predio por un tiempo mientras el Estado decide qué hacer. Todo eso sin juez competente, desconociendo los controles judiciales clásicos establecidos en la Constitución.
Es un atajo peligroso y contrario a la seguridad jurídica. En un país donde producir ya es riesgoso por clima, costos y orden público, pretender que además el Estado pueda apropiarse provisionalmente de predios es un golpe a la inversión rural.
El resultado real: fracaso acumulado
Mientras se empeñan en construir nuevas leyes que nadie puede aplicar, la Reforma Agraria que prometieron ya muestra fracaso:
Según las cifras más recientes del propio Gobierno, la ejecución de compra de tierras está por debajo del 20% de la meta anual.
El famoso acuerdo MinAgricultura–Fedegán, que prometía 3 millones de hectáreas en 12 años, ni siquiera ha logrado consolidar el primer 10%.
La ANT reconoce atrasos en los procesos de formalización y compra directa.
Las transferencias de tierras estatales están paralizadas por problemas internos de catastro y titulación.
El país rural no necesita más leyes enredadas. Necesita ejecución, seguridad jurídica y un Estado que cumpla lo que promete.
Un proyecto que amenaza, pero que no avanza
Entonces, ¿está hundida la Jurisdicción Agraria? Formalmente no; políticamente sí. La base legal existe, pero sin ley ordinaria no puede funcionar. El Gobierno no tiene votos, no tiene consenso y no tiene cómo avanzar.
Y mientras tanto, el productor sigue en lo mismo: impuestos altos, vías malas, inseguridad en aumento y un Estado que insiste en “redistribuir” en vez de producir.
La Jurisdicción Agraria, como está diseñada, no es justicia para el campo: es un riesgo para la propiedad privada, una puerta abierta al uso político de la tierra y otra muestra del desfase entre el Gobierno y el país rural que dice defender.
Si de verdad quieren apoyar al campo, que empiecen por ejecutar, no por inventar nuevas amenazas legales. La propiedad privada es la base de la productividad rural. Sin seguridad sobre la tierra, no hay inversión. Y sin inversión, no hay campo que aguante.
* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu