* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 3 de julio de 2026).- “Para cumplir uno de sus últimos compromisos internacionales”, leí en un conocido medio digital. ¿Qué compromisos a un mes de terminar su mandato? Si eran compromisos de Estado y si, como afirma el boletín de Presidencia, su encuentro con León XIV era “Audiencia Oficial”, ¿por qué fue con la hija, los nietos y hasta… Vanessa Cortés, toda de negro hasta los pies vestida?

Da grima el Boletín, que califica la audiencia como “Uno de los momentos más relevantes de la agenda internacional”, cuando, realmente, fue el único relevante, por la investidura del pontífice, mas no porque lo haya sido para el país.

¿De qué hablaron?  Petro dice que le pidió ayuda para proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de reforma agraria, de las mafias que les quieren volver a quitar la tierra y tomarse nuevamente el Ministerio de Agricultura. ¡Vaya retahíla para soltársela a un Papa!, y hablaron además de “la situación sociopolítica del país y Latinoamérica, por el impacto de los conflictos, la delincuencia organizada y el cambio climático”. Una charla muy profunda y fructífera de… cerca de 20 minutos.

También se reunió con un cura que lucha contra las mafias, con el cardenal Parolin, secretario de Estado, y con monseñor Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, a quien ya conocía desde mayo de 2025, en su primera audiencia con León XIV, en esa ocasión con la entonces canciller Laura Sarabia, en la cual, para variar, según la Cancillería, se habló de “los principales retos de la región, la seguridad, los flujos migratorios y el cambio climático”.

Sin embargo, la “sapería” de su Oficina de Prensa compite con el ego del presidente, pues, continúa el boletín: “La visita reafirma el liderazgo de Colombia en escenarios estratégicos de diálogo global. En el marco de su agenda, el mandatario sostendrá encuentros con líderes y representantes de alto nivel en espacios orientados al diálogo político, diplomático y social”. ¡Uff!

En el siglo XVI los protestantes ingleses habrían colgado a Petro por “papista”, porque lo es, aunque solo por conveniencia. Con Francisco se reunió en 2015 cuando era alcalde; en 2022, como candidato presidencial, audiencia criticada por oportunista y por la candidez o la inclinación del papa jesuita hacia la izquierda. En enero de 2023, aunque dice haberse separado “hace muchos años”, mandó a Verónica como primera dama, y en diciembre a Francia Márquez.

Y mientras Petro visita la Sixtina y despotrica de Meloni y su gobierno porque “ni lo determinaron”, como dicen las señoras, En Colombia estallan a diario los escándalos: El juego de congelados del excomisionado Rueda, que recuerdo de niño como ¡estatua!, para inmovilizar al ejército y desatar las manos del Clan del Golfo, con la necesaria complicidad de Iván Velásquez, hoy embajador ante El Vaticano y anfitrión de Petro. Los 500.000 contratos por 32 billones en enero, antes de la Ley de Garantías, y los 145 más en 16 ministerios por $227 mil millones desde el 1º de mayo. Los $41 mil millones de regalías en “becas fantasma” de maestría y doctorado en Chocó, donde ni siquiera hay escuelas decentes; y los $29 mil millones en Magdalena, entre otros.

¿A qué fue Petro a Manta… a escribir un libro? ¿A qué fue a Panamá, Arabia Saudita, China, Cuba, Francia, España, México, etc.? ¿A qué fue a Roma?, ¿a visitar al Papa… o a Velázquez para cuadrar el posgobierno? Fueron más de 70 viajes; más del doble que sus antecesores, para hablar de lo mismo con los mismos.

Difícil la tiene el presidente De la Espriella para levantar la Patria Milagro, porque, terminado este gobierno… de milagro tenemos patria.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 3 de julio de 2026).- La auditoría que podría destapar el mayor escándalo administrativo del campo colombiano

“La transición entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella será la primera gran prueba de fuego para el sector agropecuario. Más allá del discurso de la Reforma Agraria, Colombia conocerá si uno de los mayores presupuestos destinados al campo en su historia reciente se tradujo en productividad, competitividad y bienestar para los productores, o si terminó atrapado entre la ineficiencia administrativa, la centralización del poder y presuntas irregularidades que ahora deberán ser esclarecidas por los organismos de control.”

El empalme entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella no puede reducirse a un simple intercambio de informes. El país tiene derecho a conocer qué ocurrió con los billonarios recursos destinados al agro colombiano y si ese esfuerzo fiscal produjo los resultados prometidos.

Durante este cuatrienio, el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas administraron uno de los presupuestos más altos de las últimas décadas para ejecutar la denominada Reforma Agraria. Sin embargo, el verdadero debate ya no gira alrededor de cuánto dinero se asignó, sino de qué tan eficiente fue su ejecución y cuál fue su impacto real sobre la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria. Diversos informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo evidenciaron rezagos importantes en varias metas estratégicas, mientras gremios del sector cuestionaron la brecha entre la ejecución presupuestal y los resultados obtenidos en el territorio.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) será, sin duda, el principal foco de auditoría. Las denuncias públicas sobre presuntas compras de predios con sobrecostos, tierras improductivas, inundables, con dificultades jurídicas o tributarias, así como los retrasos en su adjudicación, exigen una revisión integral por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Si tales hechos llegan a comprobarse, Colombia podría estar frente a uno de los mayores escándalos administrativos en la historia reciente del agro.

Pero reducir el análisis únicamente a la ANT sería un grave error.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) deberá explicar los resultados de programas estratégicos como la asociatividad, extensión agropecuaria, transferencia tecnológica y proyectos de riego y drenaje. Informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo mostraron avances muy limitados en varias de estas metas, mientras miles de pequeños productores continúan esperando asistencia técnica, infraestructura y herramientas para mejorar su productividad.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también tendrá que responder por los retrasos en la consolidación del sistema nacional de trazabilidad animal y la implementación del SINIGÁN V6, una herramienta indispensable para fortalecer el estatus sanitario del país y ampliar el acceso de la ganadería colombiana a los mercados internacionales.

AGROSAVIA merece un capítulo aparte. Mientras las principales potencias agrícolas incrementan sus inversiones en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, Colombia entrega una entidad que enfrentó restricciones presupuestales y dificultades para ampliar la transferencia de conocimiento hacia los productores. Sin ciencia, difícilmente podrá construirse un agro competitivo.

También será indispensable revisar el desempeño de VECOL, FINAGRO y el Banco Agrario, determinando si los recursos destinados al crédito rural, los incentivos financieros, la producción de biológicos y los instrumentos de fomento realmente beneficiaron al pequeño y mediano productor o terminaron absorbidos por la burocracia y la baja ejecución como al parecer fue.

Un capítulo que tampoco puede pasar inadvertido es el de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Tras más de una década de vigencia de la política de restitución creada por la Ley 1448 de 2011, el nuevo gobierno deberá evaluar no solo el número de sentencias y hectáreas restituidas, sino también la sostenibilidad de los procesos, el retorno efectivo de las familias, las condiciones de seguridad, la articulación institucional y la ejecución de las órdenes judiciales. La restitución no puede medirse únicamente por estadísticas; debe evaluarse por su capacidad de garantizar una reparación integral y duradera a las víctimas del despojo.

Pero existe una preocupación aún mayor.

Durante estos cuatro años, el Ministerio de Agricultura dejó de limitarse a orientar la política sectorial para asumir un modelo altamente centralizado en la administración de la tierra, la asignación de recursos y la ejecución de programas estratégicos. Desde una visión crítica, esa concentración fortaleció el control político sobre buena parte de la institucionalidad agropecuaria y generó enormes expectativas entre las comunidades rurales, muchas de las cuales hoy reclaman promesas incumplidas y resultados que nunca llegaron.

El empalme deberá establecer si la política agropecuaria fue concebida prioritariamente como una estrategia de desarrollo rural o si, por el contrario, terminó convirtiéndose en una plataforma de movilización política sustentada en expectativas que no se tradujeron en mejoras estructurales para el campo colombiano.

El verdadero juicio no será político. Será técnico, financiero y jurídico.

Si las auditorías encuentran irregularidades, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General determinar las responsabilidades individuales. Dependiendo de los hechos que logren demostrarse, podrían investigarse conductas como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato, falsedad documental o concierto para delinquir, siempre dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia.

El campo colombiano no puede seguir siendo escenario de experimentos ideológicos ni de promesas incumplidas. Ha llegado la hora de las auditorías, de la rendición de cuentas y de la verdad. Porque cada peso perdido por corrupción, ineficiencia o improvisación no solo afecta las finanzas públicas: le arrebata oportunidades a millones de campesinos que siguen esperando vías, distritos de riego, crédito, asistencia técnica, investigación, tecnología, restitución efectiva de sus derechos y acceso a los mercados. El nuevo gobierno tiene la obligación moral y constitucional de abrir los archivos, auditar cada contrato y devolverle al agro colombiano la confianza que nunca debió perder. Si hubo aciertos, deberán reconocerse; pero si hubo despilfarro, negligencia o corrupción, Colombia tiene derecho a conocer toda la verdad y a que los responsables respondan ante la ley. Porque la verdad será el primer paso para reconstruir el campo colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José De Silvestri Pájaro * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JDSP-CONtextoganadero – Jueves 2 de julio de 2026).- Colombia lleva décadas buscando la fórmula para acelerar su crecimiento económico. Cada gobierno llega con un nuevo motor para dinamizarlo con sus reformas y estrategias aumentar el empleo y las exportaciones. En esta gestión, hemos dejado pasar varias veces una verdad evidente: la mayor oportunidad económica del país siempre ha estado en el campo. Y, es triste que preferimos no contemplarla en los programas cuatrienales.

Mientras Colombia ha tratado al sector agropecuario como un capítulo más dentro del presupuesto nacional, en las grandes potencias del mundo comprendieron que producir alimentos es un tema de seguridad nacional, estabilidad económica y liderazgo geopolítico.

Basta con mirar a Estados Unidos. La economía más grande del planeta —líder en innovación, inteligencia artificial, industria y desarrollo tecnológico— nunca ha dejado de considerar al agro como un activo estratégico. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la agricultura, los alimentos y las industrias relacionadas aportan más de 1,5 billones de dólares al PIB estadounidense, equivalente al 5,5 % de su economía. Lo revelador no es el dato económico: es que cada cinco años el Congreso debate y aprueba el Farm Bill, una legislación que trasciende gobiernos y garantiza que esa prioridad nunca dependa del partido político de turno.

En Suramérica, algunos Estados acogieron esta verdad y se convirtieron igualmente en líderes ante el mundo. Brasil tomó una decisión estratégica en 1973 al crear la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y apostar por la ciencia tropical como motor de transformación productiva. ¿Cuál fue el resultado? Hoy es el mayor exportador mundial de carne bovina; Uruguay construyó un sistema de trazabilidad individual que cubre el 100 % de su hato ganadero, convirtiendo la transparencia y la sanidad animal en su principal ventaja competitiva de cara a los mercados internacionales más exigentes; Nueva Zelanda exporta más del 80 % de su producción agropecuaria y la eficiencia ganadera es su modelo reconocido globalmente. Australia, por su parte, consolidó un sistema agroexportador que la posiciona entre los mayores proveedores mundiales de carne de res.

Los caminos que siguieron son diferentes, pero coinciden en la misma dirección: el campo no se administra como un sector más de la economía, es una política de Estado.

Colombia, paradójicamente, ostenta ventajas naturales que muchos de esos países desearían tener. Disponibilidad de agua, 365 días de sol -no tiene estaciones climáticas-, diversidad de pisos térmicos y millones de hectáreas con vocación agropecuaria. Pocas naciones en el mundo reúnen estas condiciones que permiten producir durante los 12 meses del año. No obstante, la institucionalidad agropecuaria asume el tema como un asunto secundario cuando la seguridad alimentaria debe ser un asunto de Estado.

La ganadería refleja esa contradicción con claridad. Las estadísticas hablan solas. Según Fedegán, este renglón aporta el 20% del PIB agropecuario, alrededor del 46% del PIB pecuario y más de un millón de empleos en todo el territorio nacional. Detrás de cada finca existe una extensa cadena de valor que involucra transporte, comercio, genética, medicina veterinaria, industria de alimentos, logística y exportaciones. No estamos hablando únicamente de ganado sino de economía real, presente en cada rincón del país.

El sector ha evolucionado profundamente. Incorpora genética de alto valor, sistemas silvopastoriles, tecnología, mejores prácticas ambientales y estándares sanitarios que le permiten competir en mercados internacionales cada vez más exigentes. El desafío ya no es demostrar que la ganadería colombiana puede ser competitiva, el verdadero reto es construir el entorno institucional que lo haga posible de manera sostenida.

Gobernar el campo no significa simplemente aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Se requiere construir vías terciarias, fortalecer la investigación científica, democratizar el acceso al crédito, consolidar la seguridad jurídica, proteger el estatus sanitario -que tanto ha costado construir- abrir nuevos mercados internacionales y garantizar condiciones para que las nuevas generaciones encuentren en la ruralidad un proyecto de vida atractivo. Cada kilómetro de carretera rural reduce costos de producción. Cada mercado que se abre representa nuevas divisas para Colombia. Cada productor que permanece en el campo fortalece la seguridad alimentaria y el equilibrio social del país.

Colombia necesita una política de Estado para el campo: estable, técnica, de largo plazo y capaz de trascender los gobiernos. Con línea hacía el desarrollo rural que no beneficia únicamente a quienes producen alimentos, sino que fortalece la economía, reduce las brechas regionales, genera empleo, impulsa el comercio exterior y consolida la soberanía nacional.

La historia muestra casos concretos y son ejemplos para seguir: Estados Unidos, Brasil, Australia, Uruguay y Nueva Zelanda no llegaron a ser potencias y después protegieron su campo. Llegaron a ser líderes y competitivos, entre otras razones, porque nunca dejaron de protegerlo. El desarrollo agropecuario no es una consecuencia del progreso; es uno de sus lineamientos.

Colombia comienza un nuevo gobierno. Es momento de definiciones que reconozcan las fortalezas. El país tiene riquezas como la tierra, el agua, la biodiversidad y un sector ganadero que ha demostrado su capacidad de transformarse, mejorar la naturaleza y ser sostenible. Tiene lo fundamental para convertirse en potencia agroalimentaria. Lo único que falta es la decisión de actuar como si realmente quisiera serlo. La historia no ofrece dos oportunidades.

* José de Silvestri Pájaro, director técnico de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán-FNG).

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 26 de junio de 2026).- El país superó una campaña electoral tensa como pocas, desde las numerosas precandidaturas a las crisis en algunos partidos, el Centro Democrático entre ellos, hasta la victoria de Abelardo de la Espriella; un outsider que triunfa en un país que no olvida el chasco de Rodolfo Hernández, solo que en este caso… sí ganó la patria milagro.

A pesar de la virulencia de los ataques desde el gobierno mismo, de la descarada participación en política del primer mandatario y de la vergonzosa orientación de recursos públicos para darle algún brillo final al Gobierno del Cambio…, ganó la patria milagro.

Más allá del estrecho margen, reflejo de la polarización que nos recuerda la victoria del NO en el plebiscito y el asalto de Santos a la democracia, en esta ocasión Petro se quedó sin margen para la trampa, gracias a una organización electoral que brilla en el mundo por su eficiencia y transparencia. Aunque Petro, en una suerte de traición a la patria, hizo lo imposible por deslegitimarla y hasta pedir la anulación de las elecciones por una absurda acusación de intervención extranjera, al final…, caló el mensaje de Bernie Moreno y… ganó esa patria traicionada.

Ganó la Patria Milagro de Abelardo y sus propuestas de libertad en todas sus expresiones, de justicia que persiga y castigue el delito, de una economía que, sin olvidar a los verdaderamente vulnerables, entregue menos subsidios y genere más empleos; de seguridad como derecho fundamental y misión del Estado para alcanzar el desarrollo, y de un desarrollo integral, sin sesgos, que logre el milagro de rescatar al campo del abandono, porque la Paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo.

Hacia delante, las expectativas son proporcionales al desastre Petro en frentes como la salud, la situación fiscal, la destrucción del sistema minero energético y de Ecopetrol, la empresa más estratégica del país; la desmoralización de la Fuerza Pública, la crisis de la Inteligencia y el rezago en equipamiento verdaderamente necesario, mientras el país regresa a niveles agobiantes de inseguridad; la deslegitimación de la justicia en medio de negociaciones con delincuentes que dejan las cárceles como gestores de paz para volver a la guerra; y como siempre, el abandono del campo, disfrazado con la entrega de tierras desnudas,  sin asistencia, sin crédito, sin salud y educación…, sin vías decentes…, sin nada.

No tengo espacio para tantos vacíos y retos de reconstrucción y avance. FEDEGÁN, por su parte, en representación de los ganaderos y como gremio de la producción agropecuaria, ha preparado un “Libro blanco” que entregaremos al presidente, no solo como testimonio de promesas incumplidas, sino como expresión de nuestras propias expectativas y de colaboración con un gobierno al que le entregamos nuestra confianza.

Porque el milagro no caerá del cielo; será resultado de un liderazgo claro que convoque a los mejores para concebirlo y dirigirlo, y a todo el país para construirlo. Las “patrias milagro” no son un embeleco del presidente electo; existen y son posibles cuando los pueblos se deciden a construirlas.

En esta coyuntura, cómo no recordar la famosa proclama de Ortega y Gasset: “¡A las cosas!… Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias”.

A lo colombiano: Dejémonos de pendejadas y a trabajar por el futuro.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 26 de junio de 2026).- “El triunfo electoral abre una oportunidad histórica para transformar el sector agropecuario colombiano. Pero el éxito del nuevo gobierno no se medirá por los discursos ni por las promesas de campaña. Se medirá por su capacidad para convertir la tierra en productividad, la productividad en riqueza y la riqueza en bienestar para millones de familias rurales.”

Terminó la contienda electoral. Colombia eligió un nuevo Presidente con nueva visión para el país. Como muchos colombianos, respaldé su propuesta porque consideré que representaba una alternativa distinta para el desarrollo rural. La campaña quedó atrás. Comienza la hora de las responsabilidades.

El campo colombiano no necesita más diagnósticos. Necesita ejecución.

Durante décadas el debate agrario se concentró en la propiedad de la tierra. Quién la tiene, quién la entrega y quién la recibe. La realidad demuestra que la prosperidad rural depende de algo mucho más profundo: la capacidad de convertir cada hectárea en una unidad productiva capaz de generar empleo, ingresos y oportunidades.

Allí es donde el nuevo gobierno tiene la oportunidad de marcar una diferencia histórica.

La primera tarea debe ser revisar la institucionalidad agropecuaria. El productor rural enfrenta hoy una maraña de entidades, trámites y procedimientos que ralentizan la inversión y encarecen la producción. Colombia necesita un sector agropecuario más eficiente, con menos burocracia y más capacidad de ejecución. Cada peso destinado a estructuras administrativas innecesarias es un peso menos para vías terciarias, riego, asistencia técnica o financiamiento productivo.

La segunda tarea, y probablemente la más importante, es impulsar una verdadera revolución de infraestructura productiva.

Durante años se confundió reforma agraria con entrega de tierras. Sin embargo, una escritura por sí sola no produce alimentos. Sin agua sigue siendo una hectárea seca. Sin vías sigue aislada. Sin crédito sigue limitada. Sin mercados sigue condenando al tenedor a la pobreza.

Pensemos en este ejemplo: Entregar una finca sin cercas a un pequeño ganadero puede convertirlo en propietario, pero difícilmente lo convertirá en productor exitoso. Sin cercados adecuados no existe manejo eficiente de potreros, no hay rotación, no hay mejora productiva y no hay protección real de la inversión. La tierra existe, pero no produce.

Lo mismo ocurre cuando se adjudican predios sin reservorios de agua, sin distritos de riego, sin drenajes, sin electrificación, sin conectividad o sin asistencia técnica. El título genera expectativa; la infraestructura genera resultados.

Considero que la reforma agraria debe evolucionar hacia un modelo de productividad. Antes de entregar nuevas tierras, el país debería garantizar que cuenten con condiciones básicas para producir. Agua, drenajes, vías de acceso, energía, conectividad y acompañamiento técnico deberían ser requisitos previos y no promesas posteriores. El éxito de una política rural no debe medirse por el número de escrituras entregadas, sino por la cantidad de familias que logran vivir dignamente de la tierra.

La tercera tarea es abrir el campo a la inversión. Colombia necesita atraer capital nacional y extranjero mediante alianzas público-privadas, concesiones, fondos de desarrollo rural y esquemas asociativos que permitan acelerar la construcción de infraestructura productiva. Países como Israel demostraron que la productividad no depende únicamente de la cantidad de tierra disponible, sino de la capacidad para gestionar el agua, incorporar tecnología y garantizar inversión permanente.

La cuarta tarea es consolidar la vocación exportadora del agro colombiano. Carne bovina, lácteos, frutas, café y numerosos productos agroindustriales tienen el potencial de conquistar nuevos mercados.

Pero para lograrlo se requiere seguridad jurídica, infraestructura logística, financiamiento y una política pública que convierta al productor en protagonista del crecimiento económico nacional.

El campo colombiano tiene tierra, productores, vocación y mercados.

Lo que ha faltado es una estrategia coherente que transforme ese potencial en riqueza.

Apoyé una propuesta porque creí que entendía esta realidad. Ahora espero que el nuevo gobierno la convierta en hechos.

Porque Colombia ya pasó demasiado tiempo discutiendo quién debía tener la tierra. Llegó la hora de garantizar que esa tierra produzca.

Cuando cada hectárea tenga agua, cercas, vías, crédito, tecnología y acceso a mercados, no solo ganará el campo. Ganará Colombia

Nota final: El respaldo electoral ya fue otorgado. Ahora corresponde exigir resultados. Que los próximos cuatro años se midan menos por discursos y más por hectáreas productivas, productores prósperos y familias rurales viviendo mejor. El campo colombiano no necesita más promesas; necesita ejecución.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 19 de junio de 2026).- Preguntado por un periodista de SEMANA sobre lo que sucedería si el presidente Petro no acepta los resultados de la segunda vuelta, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, dio una respuesta contundente que causó escozor en el Gobierno: “Hay que remitirse a la Constitución, artículo 217. Las Fuerzas Militares tienen UNA MISIÓN POR CUMPLIR y les corresponde (…) en cualquier escenario, cumplir la Constitución y la Ley”.

¿Qué dice el artículo 217?: “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

¿Por qué la pregunta del periodista? Era obvia, pues las declaraciones de Petro y de los voceros de la campaña de Cepeda son una amenaza cantada al orden constitucional.

Días antes, ante la infame utilización de imágenes de soldados mutilados para atacar la campaña de Abelardo, el general López, con la misma entereza con que le advirtió al Gobierno que las Fuerzas Militares defenderán el orden constitucional en cualquier escenario, le recordó a Gustavo Bolívar que los soldados “no son símbolos de una campaña política. Son héroes de la Nación” y exigió respeto a su servicio, sus familias y su sacrificio. Son dos expresiones de lo que, sencillamente…, es el honor del soldado.

La amenaza al orden constitucional ha sido una constante del gobierno Petro, exacerbada durante la contienda electoral, no solo por el impune desconocimiento de los resultados en primera vuelta, sino por sus declaraciones posteriores. Su agresivo discurso en Montería fue otra incitación al odio y la violencia, otro ataque a la ganadería y la propiedad de la tierra, otra cascada de insultos, otra descarada intervención en política y otra amenaza de desconocer los resultados: “Si ganan, estaré yo en las calles (…), otra vez a defender (…) las conquistas logradas con tanto esfuerzo, como para que una votación de un solo día las borre de un plumazo”. Habrá que recordarle a Petro que esa “votación de un solo día” es la expresión cimera de la democracia.

Bolívar, por su parte, volvió al ruedo en Valledupar con tono amenazante: “Los empresarios quedan notificados (…), de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”. Me pregunto si no será violenta una amenaza de incendio, a la cual se sumó Carlos Carrillo, quien abandonó sus responsabilidades de prevenir desastres para amenazar con provocarlos. Si gana De la Espriella, “Indudablemente, se va a incendiar el país”. Esas fueron sus palabras y lo dicho por ambos, dicho está…, como si nada hubieran aprendido del mortal atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Mientras Petro alebresta a sus seguidores con el regreso al Palacio de Nariño de “espectros de la muerte”, de “oligarcas y terratenientes, matarifes y genocidas”, arengas incendiarias que lindan con el Código Penal, y Carrillo le suma que “Si gana el fascismo (…) volveremos a un pasado donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, desde una cárcel en Bogotá, uno de esos “jóvenes populares”, amenaza con reeditar el “estallido social” –léase ataque terrorista– de 2021. “Todo comenzará desde el mismo día que ese man quede”.

Estamos avisados, pero las instituciones son más fuertes que la amenaza. El registrador Penagos, quien estaba en la misma rueda de prensa con el general y el ministro de Defensa entre los dos, como garante de los resultados electorales no dudó en instar públicamente al presidente a respetarlos.

Tanto el registrador, como el general López y los soldados y policías de la patria tienen una “misión por cumplir” frente a la amenaza. Confío plenamente en que la cumplirán.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 19 de junio de 2026).- Este domingo el sector rural no elegirá solamente un presidente. Elegirá entre dos visiones profundamente distintas sobre el futuro del campo: una que sigue apostándole a la redistribución de la tierra como eje del desarrollo rural y otra que prioriza la productividad, la seguridad jurídica, la infraestructura y la inversión como motores de prosperidad.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, resulta inevitable preguntarse qué le conviene realmente al campo colombiano. No se trata de una discusión ideológica ni de simpatías personales. Se trata de determinar cuál modelo ofrece mayores oportunidades para los productores, campesinos, ganaderos y empresarios rurales que todos los días enfrentan los desafíos de producir alimentos en medio de crecientes dificultades económicas, climáticas y de seguridad.

Durante décadas se nos ha dicho que la solución a los problemas del agro consiste en repartir tierras. Sin embargo, la experiencia demuestra que la tierra, por sí sola, no genera desarrollo. Una hectárea sin agua sigue siendo una hectárea seca, sin crédito sigue siendo improductiva, sin asistencia técnica produce menos, y sin vías para sacar la cosecha termina convirtiéndose en una promesa incumplida.

Por eso resulta válido preguntarse si la llamada reforma agraria ha logrado los resultados que se prometieron. Más allá de los anuncios oficiales, persisten interrogantes sobre el número de hectáreas efectivamente compradas, pagadas, formalizadas, adjudicadas y puestas en producción. Lo cierto es que el debate nacional continúa concentrado en las cifras de tierras entregadas mientras miles de productores siguen esperando acceso a crédito, sistemas de riego, asistencia técnica, conectividad rural, mejores vías terciarias, y comercialización.

Ese es precisamente el centro de la discusión.

La propuesta que representa Iván Cepeda mantiene como eje principal la profundización de la redistribución de tierras. Parte de una premisa comprensible: corregir desigualdades históricas en la propiedad rural. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿de qué sirve entregar tierra si no existen las condiciones para hacerla rentable y sostenible?

Del otro lado, la propuesta de Abelardo de la Espriella pone el énfasis en la seguridad jurídica, física, comercial y productiva, inversión, infraestructura productiva y el fortalecimiento de la actividad empresarial en el campo. Su planteamiento parte de una realidad económica elemental: la riqueza no se genera repartiendo activos improductivos sino creando las condiciones para que produzcan.

Y es precisamente allí donde muchos productores rurales encuentran una diferencia sustancial.

Hoy Colombia tiene oportunidades que hace apenas unos años parecían lejanas. El país ha logrado abrir mercados internacionales para la carne bovina, el ganado en pie, los lácteos, las frutas y otros productos agropecuarios. El desafío ya no es únicamente entregar más tierra; es producir más valor, más empleo y más exportaciones.

Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad se requieren inversiones que siguen siendo insuficientes. Distritos de riego, reservorios de agua, electrificación rural, conectividad, vías terciarias, financiamiento oportuno, asistencia técnica, comercialización y seguridad para quienes producen. Esa es la verdadera infraestructura productiva que el campo reclama.

Además, el panorama climático obliga a actuar con urgencia. Los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y golpean con especial dureza a los pequeños productores. Sin sistemas adecuados de almacenamiento y manejo del agua, miles de familias rurales seguirán dependiendo exclusivamente de la suerte el comportamiento del clima y las oraciones a San Isidro Labrador.

Por eso considero que el debate rural de este domingo debe ir mucho más allá de la simple entrega de tierras. Lo verdaderamente importante es decidir qué modelo tiene mayores posibilidades de generar prosperidad y riqueza en el campo.

No cuestiono el derecho de los campesinos a acceder a la propiedad rural. Lo que cuestiono es la idea de que la propiedad, por sí sola, resolverá los problemas históricos del agro colombiano.

Entre una visión que sigue poniendo el acento en la redistribución y otra que prioriza productividad, seguridad jurídica, infraestructura e inversión, considero que el sector agropecuario tiene razones suficientes para respaldar la segunda.

Porque la tierra es importante, pero no es suficiente.

La tierra sin agua es incertidumbre. La tierra sin crédito es una limitación. La tierra sin seguridad es abandono. La tierra sin mercados es pobreza.

Y la tierra pelada, por sí sola, jamás ha producido el progreso que merece el campo colombiano.

Nota final: Quedan expuestos los elementos de juicio. Este domingo, vote pensando en el futuro de su familia, de su finca y del campo colombiano. No elija promesas; elija el modelo rural que considere más capaz de generar productividad, inversión, oportunidades y bienestar para quienes viven y trabajan la tierra.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 13 de junio de 2026).- Hoy creo en lo mismo que hace 12 años: “El imperio de la Ley como máxima norma de convivencia y “llave” de una paz perdurable; la seguridad para todos como derecho inalienable y bien fundante para cualquier proyecto de desarrollo y de Nación; el respeto a la legítima propiedad privada, la recuperación del campo como política de Estado…”

Así escribía en junio de 2014, en mi ejercicio semanal de compartir opiniones con los colombianos, cuando Santos, con altos niveles de desaprobación, buscaba reelegirse sometiendo al país a la encerrona de ser amigos o enemigos de la paz.

Para entonces, FEDEGÁN era víctima de una persecución oficial sin precedentes y ejemplo de lo que le esperaba a “los enemigos de la paz”, que no lo éramos, pero sí de las negociaciones que ofrecieron impunidad y acordaron una reforma rural con quienes habían destruido el campo y perseguido a los ganaderos durante décadas.

En noviembre de ese año, Santos aceptó la invitación a nuestro Congreso Nacional, solo para tratar de vender “su paz” e indisponer a los ganaderos contra su dirigencia gremial con una advertencia amenazante: “los gremios no están para hacer política”.

¿Por qué estas remembranzas? Primero, porque, entonces y ahora, mi credo es el mismo, sobre todo en la recuperación del campo como condición necesaria para la paz. No en vano, veinte años atrás, en noviembre de 2004, cuando me dirigí por primera vez a los ganaderos colombianos, afirmé que “La violencia nació, creció y está envejeciendo en el campo, y por ello, para ganar la paz, es preciso ganar el campo primero”.

Y segundo, porque, mal que le pese a Santos, reivindicamos el derecho en democracia de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los gremios, a asumir una “posición política” frente a quien los gobierna o los ha de gobernar. Lo contrario es mordaza…

Precisamente, en uso de ese derecho, la Junta Directiva de FEDEGÁN, con representación verdaderamente nacional, porque ganadería hay en todo el país, le expresó su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, considerando que, a la luz de sus propuestas, es quien mejor expresa los intereses y expectativas de la ganadería.

Sabemos que la recuperación del campo es la promesa gubernamental incumplida por antonomasia y que, dado el consecuente abandono en el que la violencia se volvió paisaje, cumplirla no es cosa fácil. No pedimos milagros a la “patria milagro”, pero sí derroteros claros y política pública con realismo y vocación de permanencia.

Pedimos la revolución de las vías terciarias, ancladas en el siglo XIX para conectar al campo con la Colombia urbana del XXI; y en la misma dirección, pedimos CONECTIVIDAD, una carencia vergonzosa y sintomática del abandono rural.

Pedimos crédito de fomento exclusivo para los eslabones primarios de las cadenas agroalimentarias, con asistencia técnica y condiciones acordes con el potencial agropecuario del país. Pedimos el rescate de AGROSAVIA y de los programas de Ciencia, Tecnología e Innovación que están en la base del desarrollo. Pedimos solución definitiva a la trazabilidad, que se atraviesa al potencial exportador ganadero.

Pedimos catastro y predial que consulten la realidad productiva de la tierra y, por supuesto, respeto a su legítima propiedad. Pedimos riego y servicios, educación y salud rural. En fin, pedimos devolverle al campo su dignidad como proyecto productivo y de vida.

Por ello, como también escribí en junio de 2018, cuando asomó por primera vez la amenaza socialista: “La segunda vuelta presidencial no puede ser, para los todavía indecisos, una escogencia menor, insignificante”.

Hoy añado: debe ser una decisión responsable. Nos va en ello la recuperación del campo y… la paz de Colombia.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 13 de junio de 2026).- “Los acuerdos se construyen entre diferentes. La obediencia se exige a los iguales. El mensaje de Iván Cepeda no revela una invitación al diálogo nacional; revela las condiciones que algunos parecen querer imponer para participar en él.”

Hay mensajes que duran un día en las redes sociales. Y hay otros que, sin proponérselo, terminan revelando una forma de entender el poder.

Cuando Iván Cepeda preguntó a quienes no comparten su visión de Colombia por qué no se van del país, probablemente creyó estar lanzando una provocación pasajera. Sin embargo, terminó exponiendo una contradicción mucho más profunda: la contradicción entre el llamado Acuerdo Nacional y la manera como parece concebirse al contradictor político.

Porque vale la pena preguntarlo con toda seriedad: ¿acuerdo con quién?

La pregunta surge a partir de un mensaje publicado recientemente por Iván Cepeda en la red social X, donde, acompañando una referencia musical, preguntó a quienes no comparten su visión de Colombia “¿por qué no te vas del país?”

Más allá de la intención que haya tenido al escribirlo, el mensaje resulta revelador porque permite formular una inquietud legítima: ¿qué lugar ocupan dentro del llamado Acuerdo Nacional quienes no comparten sus ideas?

Los acuerdos auténticos no se construyen entre quienes piensan igual. Para eso no se necesita negociar nada. Los acuerdos existen precisamente porque hay diferencias. Porque existen visiones distintas de país. Porque cada parte reconoce que la otra tiene derecho a existir, a opinar y a participar en igualdad de condiciones, porque en la diferencia está la esencia.

Por eso sorprende tanto que desde sectores que hablan permanentemente de reconciliación nacional, inclusión y construcción colectiva, surjan mensajes que parecen sugerir que quienes no comparten determinadas ideas simplemente deberían hacerse a un lado.

La pregunta no es por qué los contradictores no se van.

La pregunta es qué lugar ocupa dentro del proyecto político que se les propone.

Colombia es una nación plural. Millones de ciudadanos no comparten las tesis de la izquierda. Otros tantos no comparten las de la derecha. Otros se ubican en el centro, cambian de opinión, discrepan y participan del debate democrático sin aceptar dogmas de ningún sector.

¿También ellos sobran?

¿Están por fuera del supuesto acuerdo?

La democracia tiene una regla elemental: el opositor no es un enemigo que deba desaparecer. Es un ciudadano al que hay que convencer.

Por eso las palabras importan.

Porque revelan si el objetivo es persuadir o imponer. Muestran si el discrepante es visto como un interlocutor legítimo o como un obstáculo. Permiten distinguir entre quienes entienden la política como una competencia permanente de ideas y quienes parecen entenderla como un proceso de adhesión.

El campo colombiano ha aprendido, muchas veces a golpes, que las palabras de los dirigentes importan. Porque anticipan la forma en que entienden el poder; Revelan cómo ven a quienes producen, invierten, generan empleo, pagan impuestos o simplemente discrepancia; y ninguna actividad económica prospera cuando una parte de la sociedad comienza a ser tratada como si su opinión tuviera menos valor que la de los demás.

Los productores agropecuarios, empresarios, trabajadores y ciudadanos saben que el desarrollo no surge de la imposición.

Surge de la confianza, que solo puede construirse cuando existe respeto por quien piensa diferente.

Por eso el verdadero interrogante no es qué ocurrirá si un determinado candidato gana o pierde una elección.

En democracia todos debemos estar preparados para aceptar el resultado de las urnas.

La pregunta realmente importante es otra:

¿Qué lugar tendrán dentro del proyecto político que se propone los millones de colombianos que no comparten esa visión?

Porque un país puede sobrevivir a un mal gobierno, pero difícilmente sobrevive es la idea de que una parte de sus ciudadanos sobra.

La paradoja es evidente.

Se habla de Acuerdo Nacional mientras se descalifica a quienes no comparten una determinada visión del país.

Se invoca la inclusión mientras se envían mensajes de exclusión.

Se reclama pluralismo mientras se cuestiona la legitimidad de quienes discrepan.

No, Senador, quienes pensamos distinto no tenemos por qué irnos.

No porque seamos mayoría o minoría, ganemos o perdamos elecciones. Sino porque esta también es nuestra patria.

También la hemos construido, sufrimos sus crisis, celebramos sus triunfos. Tenemos derecho a participar en la definición de su futuro.

Porque Colombia “No” será más fuerte cuando todos pensemos igual.

Colombia será más fuerte cuando quienes pensamos diferente sigamos reconociéndonos como compatriotas. Ningún acuerdo nacional merece ese nombre si antes exige que una parte del país renuncie a su derecho de disentir.

Eso no es un acuerdo.

Es una orden.

Nota: La reflexión que origina esta columna surge a partir de una publicación realizada por Iván Cepeda en la red social X, disponible en: https://x.com/i/status/2063746989116793289

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Viernes 5 de junio de 2026).- La producción cafetera de mayo confirma lo que habíamos anticipado en nuestro informe anterior: la cosecha comenzó a ganar dinamismo. Durante mayo se produjeron en Colombia 1,06 millones de sacos, frente a 819 mil sacos en mayo de 2025, lo que representa un crecimiento de +29%.

Este resultado refleja la ralentización de la cosecha del primer semestre, retrasos observados en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que ha afectado amplias zonas cafeteras del país.

Sin embargo, aunque mayo presenta una recuperación importante, los indicadores acumulados continúan reflejando el impacto sobre la producción nacional. En los últimos 12 meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción alcanzó 12,6 millones de sacos, una disminución de -14%.

De igual forma, el año corrido registra una producción de 4,3 millones de sacos, frente a 5,3 millones de sacos en igual periodo de 2025, lo que representa una caída de -19%.

Las exportaciones de mayo alcanzaron 894 mil sacos, una cifra muy similar a la registrada un año atrás, cuando se exportaron 912 mil sacos. En el acumulado de los últimos 5 meses, las exportaciones suman 4,15 millones de sacos, con una disminución de -22% frente al periodo anterior.

La Federación consolida su posición, alcanzando una participación superior al 23% de las exportaciones totales del país en lo corrido del año.

Las importaciones estimadas de los últimos 12 meses se ubicaron en 1,42 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,33 millones de sacos.

Seguiremos monitoreando con rigor técnico la evolución de la cosecha y las condiciones climáticas que la puedan afectar. Al igual que los impactos en el precio debido a la tasa de cambio y la cotización en la bolsa.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros