* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 14 de noviembre de 2025).- El 11 de noviembre la Corte Constitucional publicó su Sentencia C-340, avalando el Proyecto de Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, que definió su estructura y relacionamiento, es decir, el entramado burocrático que se sumará al de este país con poca justicia, pero muchas cortes, tribunales, magistrados y jueces.

Simultáneamente, el Proyecto de Ley ordinaria que reglamenta los procedimientos y competencias está para debate en plenaria de Cámara, en medio de acusaciones de dilación, de conflicto de intereses de algunos congresistas y de declaraciones de apoyo y rechazo desde diferentes sectores.

Escribí sobre este tema en diciembre de 2024, cuando el Proyecto había sido aprobado en comisiones primeras conjuntas, y reconocí que, tanto el Ministerio como el Congreso abrieron espacios de concertación y, como uno de sus resultados, entendí que se preservaba la fase judicial automática para los procesos agrarios.

Para unos sí, para otros no. Para algunos procesos la decisión administrativa de la ANT es de fondo si no hay oposición, pero en el precario entorno rural colombiano, afectado además por el control de grupos ilegales, también es precario el acceso libre a la justicia y, en esas condiciones, la no oposición puede esconder tremendas injusticias.

Para la extinción de domino persiste la fase judicial en la nueva jurisdicción, una de cuyas causas es la violación grave de las disposiciones ambientales. Surge entonces mi reparo de siempre: Si bien la extinción ambiental de dominio existe desde 1994…, ¿quién determina en primera instancia la violación y quién califica la gravedad? ¿Acaso nuestras autoridades ambientales “autónomas” y clientelistas?, ¿acaso las autoridades indígenas, hoy también ambientales? ¿Acaso las armas del narcoterrorismo?

Los procedimientos agrarios sobre baldíos fueron los peor librados, pues la ponencia, amparada en una decisión de la Corte Constitucional que ordenó su recuperación, es perentoria en que “serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo”. Sin embargo, en muchos casos y durante muchos años, el Estado mismo promovió la colonización de tierras consideradas “de nadie”, entregadas inclusive por decisiones judiciales que, equivocadas o no, generaron derechos que deberían poder defenderse ante un juez. 

Finalmente, una situación sobreviniente: Desde el proyecto inicial, el principio de la “Integración de los instrumentos de planificación territorial” se refiere a que las decisiones judiciales agrarias deberán estar en concordancia con los planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación, dentro de los cuales hoy aparecen las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) con las cuales el gobierno pretende el control centralizado de la producción agropecuaria, que va en contra de la autonomía regional, de la libertad de empresa y, además, puede derivar en una persecución a la ganadería.

No son temores infundados. En un especial del diario El País se lee con todas las letras que: “La figura solo busca que se dediquen a la agricultura las tierras aptas para ella, en lugar de la ganadería o la minería”. ¿Quién dijo que las tierras aptas para agricultura no lo son para la ganadería que produce carne y leche a base de pasturas?

Y en tan enrarecido ambiente, el director de la ANT presenta una demanda ante la Corte Constitucional, solicitando poderes temporales para obviar la fase judicial mientras se aprueba la jurisdicción, en un país donde lo temporal es antesala de lo permanente. 

La jurisdicción agraria… otra vez, considerada como instrumento para completar, a las malas, tres millones de hectáreas para cumplir el Acuerdo con las Farc. A propósito, ¿dónde están los billones anunciados para comprar tierras? ¿Por qué la Procuraduría alertó en diciembre de 2024 sobre 645 mil millones no ejecutados?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Viernes 14 de noviembre de 2025).- Hoy día, en medio de una de las mayores tensiones políticas y comerciales entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y su agresividad casi que demencial expuesta a través de nuevos aranceles para la mayoría de países y sus respectivas consecuencias sobre los acuerdos comerciales existentes.

Ha ahondado aún más, las profundas desventajas para los productores de nuestro país, lo cual sumado a los bajos precios del dólar que incentivan las importaciones, le facilitan a la industria reemplazar producción nacional por la de otros países. Así las cosas, uno de los renglones mayormente afectados es la leche, pues sumado a la sobre oferta del ciclo en épocas de invierno sin tener la capacidad suficiente para pulverizarla y guardarla, se verá atropellada con masivas importaciones de leche en polvo de otros países particularmente de Estados Unidos al finalizar el contingente arancelario en 2026, cuando no haya restricciones para importar leche en polvo, en detrimento de las compras nacionales; todo ello aprobado cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos el 22 de noviembre de 2006 siendo presidente Álvaro Uribe Vélez y que obligatoriamente debe cumplirse.

El presidente Petro a su llegada propuso renegociarlo, lo cual no se hizo por temor al impacto que dicha renegociación tuviese sobre otros sectores de la economía. Entonces, los ganaderos productores de leche tendrán que pagar los platos rotos e ideárselas para poder competir, mientras la industria láctea feliz importa leche en polvo barata. Por supuesto, que ello exige una mayor eficiencia de parte de los ganaderos colombianos; como lo anota Fedegan a través de su boletín oficial «Contexto Ganadero». Igualmente, es indispensable una unión gremial más fuerte y representativa, dinámica y audaz; y el agregado de un mejor manejo empresarial en las fincas. Actividades estás que se plantearon cuando se aprobó el CONPES LACTEO en el 2010, específicamente los documentos CONPES 3675 y 3676, para implementarse durante los 8 años siguientes y coadyuvar en el incremento en la productividad, mejorar la calidad de la leche y en la formación de clústeres lácteos, etc.

De lo anterior se logró mucho, pero no lo suficiente para alcanzar a prepararnos antes de la entrada en vigor de la apertura total en 2026, a pesar de haber recibido importantes recursos. Lo cierto es que cargar a cuestas con esta situación, es algo que el ganadero no puede hacer solo y requiere ahora más que antes, del apoyo del gobierno, con mayor razón tratándose del principal alimento de la nutrición infantil de los colombianos y de la necesidad de mantener la seguridad alimentaria en este renglón. Razón por la cual, se requiere con urgencia una convocatoria de alto nivel para rodear a los productores de leche de las condiciones y el acompañamiento requerido, de lo contrario, más temprano que tarde estaremos asistiendo lamentablemente a su desaparición, afectándose cerca de 500 mil familias dedicas a producir leche, la gran mayoría medianos y pequeños ganaderos.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima y exgerente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil de Colombia.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 14 de noviembre de 2025).- Colombia se encuentra en un momento decisivo para su ganadería: la demanda global de carne y genética de calidad nos toca las puertas, y con nuestro vasto potencial forrajero, ubicación estratégica y vocación rural, podemos ser protagonistas indiscutibles. Pero para transformar esta oportunidad en realidad, debemos fusionar la visión exportadora con sostenibilidad y coherencia política.

El instrumento clave reside en crecer el hato bovino con inteligencia, repoblando no solo en números, sino en productividad y trazabilidad, para atender mercados como China, Rusia, los países árabes y Chile.

Solo así, pasaremos del discurso a la acción concreta. Las cifras de 2025, hasta septiembre, confirman el dinamismo: las exportaciones no mineras agropecuarias crecieron un 21,4% interanual, atenuando caídas en otros sectores. En el sector ganadero, el récord es histórico: en el primer semestre, superamos los 216 millones de dólares en envíos de carne, despojos, vísceras y ganado en pie, con China y Egipto como pilares. Entre enero y julio, exportamos 23.754 toneladas de carne por más de 105 millones de dólares, un salto que proyecta un 17,6% de crecimiento anual. Rusia absorbió miles de toneladas en enero, consolidando 9.924 toneladas anuales previas por Us $38 millones; Arabia Saudita abrió sus mercados halal este año tras esfuerzos sanitarios conjuntos; y Chile se afianza como destino premium.

Estos avances, impulsados por afinidades ideológicas con el gobierno de izquierda de Gustavo Petro (como los memorandos con la Ruta de la Seda, que elevaron el comercio bilateral un 14%), son pragmáticos, pero efímeros sin sustancia. Nuestro hato bovino, con 30 millones de cabezas a inicios de 2025 (el decimotercero más grande del mundo, distribuido en 736.972 predios y generando 1,09 millones de empleos permanentes directos), muestra vitalidad: el sacrificio creció 12% en el primer trimestre con 834.843 cabezas, y en el tercero alcanzó 880.183 cabezas, un 6,8% más que en 2024. Oscilando históricamente entre 24 y 30 millones, hoy suma 30 millones estables, pero insuficiente para la voraz demanda china (3.158 toneladas en 2024, en ascenso), o los nichos árabes. Para un crecimiento sostenido del 3,3% en producción de carne, como proyectan analistas, urge una política de repoblamiento: duplicar el hato en una década mediante mejoramiento genético adaptado al trópico, pastos rotativos y sanidad impecable. No expansión salvaje, sino eficiente: más vientres fértiles y toros de alto rendimiento, midiendo éxito en eficiencia por hectárea y calidad por canal.

Esta ecuación básica demanda instrumentos financieros focalizados. Las líneas de crédito de Finagro, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y seguros pecuarios subsidiados deben priorizar repoblamiento y genética, conectando fincas con mercados globales. Cada ternero debe ser una oportunidad exportadora, no una estadística.

Invertir en trazabilidad y sostenibilidad ambiental no es opción: es el sello para no presionar la frontera agrícola. Diversificar es el reto mayor. China, hito ideológico, demanda volúmenes y paga por calidad; Rusia busca proveedores confiables, árabes valoran halal constante, y Chile eleva nuestra reputación sanitaria.

El premio mayor: La admisibilidad en Estados Unidos. Tras inspecciones del USDA en enero de 2025 a tres plantas (un avance satisfactorio tras décadas de esfuerzo), estamos en la recta final, con visitas adicionales en febrero y marzo que evaluaron nuestro sistema de inspección. Ese mercado de 330 millones de consumidores premium diversificará riesgos y Crecimiento del Hato Bovino Colombiano será la Llave Maestra para Conquistar Mercados Internacionales

Bajo la centro-derecha, replicaremos la audacia china para abrir esta puerta, haciendo de la ganadería política de Estado, no rehén ideológica. En paralelo, un nicho complementario: la lechería especializada. Sus exportaciones saltaron 75% en 2025, con 7.162 toneladas por 25,6 millones de dólares en el primer semestre hacia Venezuela y EE.UU. Enfocada en quesos artesanales, leche orgánica de montaña o derivados funcionales de clústeres en Nariño, Antioquia, Boyacá —con inversión en frío y certificaciones—, conquista nichos gourmet en Asia y Oriente Medio. No volumen masivo, sino valor agregado sectorizado.

En conclusión, para conquistar el mundo, Colombia precisa un hato más grande, productivo y tecnificado. Los mercados claman; los instrumentos (crédito, genética, trazabilidad), están listos. Falta voluntad de país, articulada entre gobierno, Fedegán (hace su mayor y mejor esfuerzo), y productores. Ya sea bajo izquierda pragmática o centro-derecha visionaria, consolidemos avances y abramos EE.UU. Solo exportando confianza (sanitaria, económica y política), florecerá nuestro campo, alimentando al planeta y a nuestra gente.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábano 8 de noviembre de 2025).- Para mi infortunio, pero para fortuna del país ganadero, la celebración de la V Cena Gourmet del Programa “Una Vaca por la Paz” de la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, coincidió con uno de los eventos comerciales más importantes del mundo, la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shangai.

Si digo que “para fortuna del país ganadero” es porque, después de haber logrado el acceso de la carne bovina colombiana al mercado chino en 2024, se empiezan a consolidar resultados tras una década de esfuerzos en lo productivo, para ajustarnos a los requisitos internacionales, pero también en lo diplomático y, por supuesto, en lo comercial.

En efecto, cada vez con mayor seguridad en nuestro producto, hemos asistido sin falta al Salón Internacional de la Alimentación, SIAL, cuya versión 2025 fue también en Shangai en  el mes de mayo, y a grandes ferias comerciales, como la CIIE, en la que me encuentro; citas obligadas para países con productos competitivos, como nuestra carne, y con potencial para romper el cascarón de los mercados internos, porque es en  estos grandes eventos  donde los productos se dan a conocer y los negocios se cocinan. En mayo de 2024 llegaron a China las primeras 55 toneladas de carne colombiana y, en lo que va corrido de 2025, las exportaciones ya superan los 70 millones de dólares.

Y si digo que la coincidencia de los dos eventos es “para mi infortunio” es porque “Una Vaca por la Paz” es un programa de mis afectos, aunque lo son todos los de FEDEGÁN y de FUNDAGÁN, pero este, en particular, tiene un trasfondo social y de solidaridad efectiva que, la verdad, resulta conmovedor.

Esa solidaridad se concreta en la Gran Cena Gourmet, el evento al que no asistiré por primera vez y el que no me perdería, si no estuviera de por medio el porvenir de nuestra ganadería. ¿Por qué no me lo perdería? Primero, por su finalidad última: La Paz, mas no entendida como el silencio de los fusiles, sino como aquella que se puede construir cuando callen o, inclusive, mientras callan, con trasformaciones virtuosas en la vida de las personas.

Segundo, por su idea fuerza: la solidaridad efectiva y extendida. Cuando alguien dona una vaca preñada a un campesino en condición de pobreza, que se compromete a donar la primera cría a otro vecino en su misma condición, se crean verdaderas cadenas de solidaridad.

Tercero, por la estrategia: una “vaca”, como las que hacemos para organizar un paseo o ayudar a un amigo, cuando cada uno “se mete la mano al bolsillo” por una buena causa común.

Y cuarto, por su tono ganadero: Dicen que “la vaca” se originó en la colecta que hacían los peones de las haciendas coloniales mexicanas, para reponer el animal que mataban para alimentarse en las correrías marcando y recogiendo ganado. Pero, además, nuestra “Vaca por la Paz” no solo es una colecta de vacas preñadas, sino un verdadero “remate ganadero” en el que, al golpe del martillo, se subasta la generosidad de los asistentes, que en esta ocasión superó las 1.500 vacas, que multiplicaremos por dos cuando los primeros beneficiarios cumplan su compromiso solidario.

En este momento estoy donde están los intereses de la ganadería colombiana, en China, a más de 15.700 kilómetros y 13 horas por delante. Pero mis afectos están con ese ejercicio de solidaridad ganadera que apenas estará empezando en Bogotá cuando yo desayune el viernes en Shangai.

Entonces esperaré el resultado final, llenaré el espacio que dejé pendiente en estas líneas… y sonreiré con gratitud mientras en Bogotá cae la noche y la solidaridad descansa.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 7 de noviembre de 2025).- Mientras el Gobierno celebra su “soberanía alimentaria”, los hogares colombianos pagan los platos rotos de la improvisación. La inflación de alimentos se mantiene por encima del promedio nacional y los productores rurales enfrentan el alza de insumos, la inseguridad y la falta de estímulos. Lo que el Gobierno llama justicia agraria, el campo lo siente como incertidumbre. Lo que presentan como redistribución, en la práctica se traduce en menor productividad y más dependencia del exterior.

Un país que importa lo que antes producía

El artículo 65 de la Constitución es inequívoco: el Estado debe proteger la producción de alimentos y priorizar el desarrollo rural. Sin embargo, hoy Colombia se aleja de ese mandato. En vez de fortalecer la capacidad productiva, se ha optado por un modelo que confunde política agraria con política ideológica.

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el país importa más de 14 millones de toneladas de alimentos anuales. En paralelo, los costos de producción y transporte han crecido más del 30% en tres años. El resultado: la mesa de los colombianos se encarece, el productor pierde rentabilidad y el discurso oficial se vuelve una excusa a la economía de dirección y control centralizado.

Zappas y Appas: planificación desde el escritorio

El Gobierno pretende ahora implementar las Zonas Agroalimentarias Populares (Zappas y Appas), mecanismos de “planificación” que concentran en el Estado la decisión de qué, cómo y dónde producir. Una política vertical que ignora la diversidad del territorio y la libertad empresarial, violentando la autonomía municipal.

Detrás de ese proyecto se esconde un riesgo estructural: el reemplazo de la economía productiva por una economía dirigida. El campo no se gobierna con decretos, sino con confianza, infraestructura y crédito oportuno. Las Zappas y Appas son la antesala de un modelo donde la productividad cede ante la burocracia.

Expropiación administrativa: inseguridad disfrazada de justicia

La propuesta de expropiación administrativa, presentada como herramienta de “justicia agraria”, erosiona la seguridad jurídica. Ningún agricultor va a invertir en tecnificación, riego o mecanización si puede perder su tierra por decisión de un burócrata que declare “improductiva” su parcela.

Ese tipo de instrumentos no fortalecen la producción: la paralizan. Convertir la tierra en botín político es condenar al agro a la improductividad y al país a la dependencia. Sin propiedad segura, no hay crédito; sin crédito, no hay inversión; y sin inversión, no hay alimentos.

El campo no necesita control, necesita libertad

El verdadero problema no es la tierra sino la productividad. El Gobierno ha sustituido la política técnica por la propaganda ideológica. Prefiere planificar desde Bogotá antes que escuchar a quienes conocen el terreno. En lugar de abrir caminos, abre oficinas; en vez de generar confianza, impone controles.

El campo colombiano no pide subsidios: exige reglas claras, infraestructura y respeto a la propiedad. Cada peso gastado en burocracia es un peso menos en riego, investigación o vías terciarias. La seguridad alimentaria no se impone: se cultiva.

Sembrar futuro, no ideología

Colombia necesita un viraje serio, con visión productiva y sentido jurídico. Si el Gobierno insiste en intervenir, expropiar y dirigir, sólo cosechará desconfianza. El derecho a la alimentación —protegido por la Constitución— no se cumple con retórica, sino con producción.

Hoy el plato del colombiano promedio es el espejo del fracaso de la política agraria. Y si el rumbo no cambia, no solo seguiremos pagando más por la comida: estaremos hipotecando el futuro agrícola del país.

El Estado decidió sembrar ideología, cuando lo que el campo necesita es que lo siembren de futuro.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 1 de noviembre de 2025).- Un instrumento probado, modernizado y transparente puede impulsar el repoblamiento bovino, fortalecer el abastecimiento interno y ampliar la presencia de la carne colombiana en los mercados internacionales.

Colombia atraviesa un momento crucial para su ganadería. El mundo reconoce la calidad de nuestra carne bovina, con mercados como China, Rusia, Egipto y Emiratos Árabes, entre muchos más, abriendo sus puertas al producto colombiano. Pero ese reconocimiento trae un desafío mayor: abastecer simultáneamente el mercado nacional y los nuevos destinos internacionales, sin comprometer la sostenibilidad del hato ni la seguridad alimentaria interna.

El país cuenta hoy con un *hato bovino cercano a 30 millones de cabezas*, distribuidas en más de 613.000 predios ganaderos, según cifras de Fedegan, Minagricultura y el Sistema de Información de la Cadena Cárnica Bovina.

Este sector aporta alrededor del 1,4 % del PIB nacional, el 20% del PIB agropecuario y el 46% del PIB pecuario, generando más de 1 millón de empleos permanentes directos. Se trata, sin duda, de una de las actividades rurales más relevantes económica y socialmente.

En 2024, Colombia exportó más de 24.700 toneladas de carne bovina y 238.600 bovinos en pie, por un valor cercano a USD 301 millones, de acuerdo con Fedegán. Estas cifras reflejan una ganadería con dinamismo exportador, pero también una presión creciente sobre la capacidad de producción interna. Si el país no incrementa su hato y productividad, podría verse limitado para atender la doble demanda: la doméstica y la internacional.

Frente a este panorama, reactivar los Fondos Ganaderos surge como una solución estructural y moderna. Estos fondos, que décadas atrás impulsaron el crecimiento del sector mediante inversión colectiva, repoblamiento, asistencia técnica y acceso a genética, pueden volver a ser el motor del desarrollo rural si se actualizan bajo principios: transparencia, inclusión y sostenibilidad.

Una nueva etapa de los Fondos Ganaderos debe tener objetivos claros:

1. Gobernanza moderna y control riguroso. Los fondos deben operar bajo esquemas de auditoría permanente y participación activa de productores grandes, medianos y pequeños, garantizando el uso eficiente de los recursos.
2. Inclusión y equidad productiva. Es indispensable que los Fondos prioricen el acceso de pequeños y medianos ganaderos, permitiéndoles participar en programas de repoblamiento, mejoramiento genético y manejo tecnificado de praderas.
3. Abastecimiento equilibrado. Colombia no puede descuidar su mercado interno. El fortalecimiento del hato debe responder al doble propósito de garantizar el consumo nacional y atender la creciente demanda externa de carne y ganado en pie.
4. Transformación y empleo de calidad. La cadena cárnica no termina en la finca. Cada cabeza adicional representa más oportunidades de trabajo en la industria de procesamiento, transporte, exportación y trazabilidad. Reactivar los Fondos Ganaderos también significa generar empleo formal y calificado en las regiones rurales.
5. Sostenibilidad ambiental. Los nuevos fondos deben fomentar sistemas silvopastoriles, ganadería regenerativa y manejo responsable de los recursos naturales, alineados con los estándares internacionales y los compromisos climáticos del país.

Los Fondos Ganaderos no fracasaron por su concepto, sino por la falta de controles y visión empresarial. Hoy, con la tecnología, la trazabilidad y los mecanismos modernos de gobernanza, pueden renacer fortalecidos como el vehículo financiero del repoblamiento bovino que el país necesita.

El mundo está demandando carne colombiana; las oportunidades están servidas. Pero para mantenerlas, debemos producir más, con mejor calidad, y de forma sostenible e incluyente.

Reactivar los Fondos Ganaderos es apostarle al futuro de la ganadería colombiana, al empleo rural, a la seguridad alimentaria y a la proyección internacional de una carne que ya compite entre las mejores del mundo.

Atentos Fedegan, Minagricultura: El momento es ahora: reactivar los Fondos Ganaderos es garantizar el mañana del hato colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábano 1 de noviembre de 2025).- Dicen que “el que pega primero pega dos veces”, algo que le funcionó al Pacto Histórico en la consulta del 26 de octubre, aunque, la verdad, no pegó dos veces por el efecto sorpresa de “pegar primero”, sino porque, literalmente, votó dos veces, al incluir en la consulta el orden de las listas cerradas a Congreso, lo que puso a la maquinaria clientelista a funcionar a todo vapor, incluidos los dueños regionales y locales de la contratación y de otros intereses menos santos.

Aún así, los resultados son una victoria contundente de Iván Cepeda, aunque el CNE no ha dicho aún la última palabra, no solo sobre la personería del Pacto Histórico, sino sobre la posibilidad de Cepeda de medirse con el “Frente Amplio” en la consulta de marzo de 2026, de la que saldría seguramente fortalecido, o si, por el contrario, se ve obligado a pasar derecho al tarjetón de primera vuelta como candidato del Polo, que es ahora mismo su condición, a la que entraría dividiendo votos con el ganador del Frente Amplio.

Así Petro amenace con tutelas y demandas si el CNE no confirma la personería, y Cepeda considere “indignante” que el Pacto no la tenga “después de semejante votación”, como si la votación subsanara las falencias frente a las normas electorales, sobra decir que no hay persecución ni “golpe blando”, como ya repite el presidente, y que dichas falencias son fruto del desorden y la confusión al interior del Pacto Histórico, evidentes en los días previos a la consulta.

Cualquiera que sea el desenlace, la oposición, los sectores de centroderecha y los llamados outsiders, que son de derecha, deben pensar en “la unión de las uniones”, no solo para enfrentar el poder de la maquinaria gubernamental y del presupuesto en favor de la izquierda, sino porque esa izquierda llega monolítica o, en el peor de los casos, dividida en dos a primera vuelta, mientras del otro lado persiste la segmentación entre diferentes alianzas, todas orientadas a recuperar el país tras el desastre Petro, pero demasiadas…

En un mapa electoral, La Silla Vacía identificó un “Centro” con Fajardo y ¡Claudia!, y cinco grupos de “este lado”: “Fuerza por las regiones”, con los cuatro exgobernadores; “Centro Tecnócrata” (Peñalosa, Cárdenas, Luna y Oviedo); “Alianza partidos” (Germán Vargas, Efraín Cepeda, Barbosa, Lizarralde, Córdoba, Gómez y Galán) “Centro Democrático” (Cabal, Paloma, Paola, Guerra y Uribe); y “Derecha firmas” (Vicky, De la Espriella, Pinzón, Palacios y Botero), aunque Abelardo ya tiene el aval de Salvación Nacional y Pinzón el de “Oxígeno” de Ingrid… y el respaldo de José Obdulio, como bien le señala el mismo Abelardo en reciente carta abierta.

El Centro Democrático continuó su labor juiciosa de reflexión y consolidación programática alrededor de los grandes retos del país, con la recuperación de la seguridad y el orden en primer lugar, tras lo cual elegirá candidato oficial el próximo 28 de noviembre.

¿Y los demás? En este momento de la campaña y del país, aún persiste la dispersión. Por ello, la centroderecha debe aglutinarse apelando al patriotismo. Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de marzo marcarán el camino, y no tengo duda de que el Centro Democrático, bajo el liderazgo del expresidente Uribe será el partido más votado y eje de la gran coalición que debe llegar fortalecida a la primera vuelta.

Es la ruta estratégica, no solo para derrotar a la izquierda y recuperar lo perdido con su desgobierno, sino para algo mucho más importante: para cerrarle el paso, de una vez por todas, al socialismo progresista que amenaza a nuestra democracia y el porvenir de los colombianos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábano 25 de octubre de 2025).- El fallo absolutorio al expresidente Uribe, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia es una buena noticia para él y para su familia, que mucho han padecido injustamente, pero también para el Centro Democrático y el país todo, beneficiario de su sentido de Patria y de su gobierno.

No hay, por supuesto, reparación posible a una década de zozobra para una persona a quien Colombia le debe gratitud por haberla rescatado del caos al que, infortunadamente, ha regresado por cuenta de la traición de Santos, no solo a Uribe, sino a los principios y los votos que lo llevaron a la presidencia, sumada al atropello a la democracia en el plebiscito y al Acuerdo para una paz que le reabrió las puertas al narcotráfico.

Faltando aún el recurso de casación, la libertad del expresidente despeja el panorama político y electoral de la centro-derecha de cara a 2026, en momentos en que el país demanda un liderazgo claro para salir de la actual crisis, más grave aún que la de 2002, cuando ya estaba tomado por el narcotráfico y Uribe representó una solución de fondo.

¿Cuál es hoy la diferencia? Primero: el crecimiento. Uribe recibió el país con 145.000 hectáreas de coca y la inercia de su gestión lo llevó al mínimo de 47.000 en 2012, cuando inician las negociaciones con las Farc. Ese año se dejó de fumigar en la frontera con Ecuador y en 2015 en todo el país. En 2018, Santos entregó el país con 171.000 hectáreas, un nivel superior al de comienzos de siglo.

Segundo: La Paz Total … ¿y el Pacto de la Picota? A todos los grupos ilegales, dedicados al narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas, Petro candidato les ofreció “perdón social” en las cárceles y Petro presidente formalizó el ofrecimiento con su “Paz Total”, para negociar con todos los bandidos que, sin excepción, “le hicieron conejo”. Resultado: Petro recibió 230.000 hectáreas. En 2023 ya superaban las 253.000 y, sin cifras oficiales para 2024, los expertos estiman 280.000, con el agravante de que la producción de droga subió 53% entre 2022 y 2023, de 1.738 a 2.664 toneladas.

Tercero: La relación con Estados Unidos. Hasta 2022, con altibajos, fue cordial, asertiva y con resultados. Hoy es, literalmente, un desastre. Hace un mes el país recibió una “descertificación condicionada”, pero esa “matrícula condicional” aconseja prudencia, algo que nada tiene que ver con sometimiento al imperialismo y la codicia capitalista, ni con ninguna de tantas locuras del presidente, sino con el pragmatismo orientado al bienestar de los colombianos.

Esa es la cuarta diferencia: El sentido común reemplazado por la insensatez de la diplomacia ideologizada y la arrogancia… por el desvarío. Si el último Consejo de ministros televisado volvió a dejar la sensación de total desgobierno, la entrevista a Daniel Coronell de Univisión, que podría considerarse un “periodista cercano” para él, fue lamentable, por decir lo menos, casi circense. No le bastó con la invitación callejera, días atrás, a los militares estadounidenses a desobedecer a su comandante, sino que remató con una sorpresiva incitación golpista: “Cambiar a Trump, de diversas maneras…, si no, sacar a Trump”.

Dejo algunos dicientes comentarios del periodista sobre su accidentada entrevista: “Nunca lo había visto tan perturbado” … “No es capaz de dimensionar su tamaño real en la escena mundial” … “Sin la capacidad de dimensionar el problema en que está metido y con él Colombia” … “Quería hablar para él mismo y para un público que se imagina”.

La pregunta se impone: ¿Quién nos está gobernando?… La respuesta también: aferrarnos a la esperanza para derrotar el caos en 2026.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 25 de octubre de 2025).- Las reacciones del presidente Petro frente a Estados Unidos revelan una peligrosa mezcla de orgullo ideológico e imprudencia diplomática. Mientras convierte la política exterior en un campo de batalla personal, el país rural queda al borde de una crisis alimentaria y laboral.

En política exterior, los errores no se corrigen con trinos, se pagan con hambre y desempleo. El presidente Gustavo Petro ha decidido convertir la diplomacia en un ring ideológico, y sus recientes enfrentamientos verbales con líderes estadounidenses, incluido Donald Trump, confirman una preocupante tendencia: el mandatario confunde soberanía con hostilidad y dignidad con provocación.

Cuando un jefe de Estado responde a agravios con más agresividad, arrastra al país entero a una pugna personal. No habló como Presidente de la República, sino como activista. Sus declaraciones no protegieron los intereses nacionales; los comprometieron. Y los primeros afectados serán los campesinos y productores rurales.

Según datos del Ministerio de Agricultura (2024), Colombia importó 6,5 millones de toneladas de maíz, de las cuales el 95% provino de Estados Unidos. Ese grano es base de la cadena alimentaria: sin él, suben los precios del pollo, los huevos y los aceites. En un país donde el 36% del gasto de los hogares vulnerables se destina a alimentos (DANE, 2024), cualquier encarecimiento afecta directamente la pobreza rural.

La interdependencia es aún mayor. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), Colombia fue en 2024 el séptimo mercado agrícola más importante para sus exportaciones, con un intercambio superior a US$4.500 millones. En sentido inverso, EE. UU. es el destino del 38% de las exportaciones no mineras colombianas (ProColombia, 2024). Romper o degradar esa relación no es una muestra de independencia: es **suicidio económico**.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es igual de grave. El **Tratado de Promoción Comercial (TPA)** con Estados Unidos —vigente desde 2012— tiene rango supralegal conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El artículo 9 de la Constitución, obliga al Estado colombiano a observar la buena fe en sus relaciones internacionales, y el artículo 189:2, faculta al Presidente para conservar el orden público exterior. Convertir esa función en una tribuna ideológica es un uso arbitrario del poder y una amenaza directa al principio de confianza legítima de los inversionistas.

El sector floricultor, emplea más de 200.000 personas (Asocolflores, 2024), depende en un 80% del mercado estadounidense. Lo mismo ocurre con el café (que en 2024 exportó 13 millones de sacos, 40% hacia EE. UU.) y el banano (más de US$900 millones anuales). Una medida arancelaria o diplomática adversa sería letal para esos sectores y para miles de municipios rurales.

Mientras Petro busca reconocimiento entre regímenes sancionados por violar derechos humanos, Colombia arriesga el crédito político y comercial que ha sostenido durante 30 años. Su retórica antiestadounidense podría afectar incluso la cooperación en seguridad, inteligencia y lucha antidrogas, de la que dependen recursos de más de US$400 millones anuales.

La diplomacia del Gobierno no ha sido prudente ni estratégica. En vez de fortalecer la inserción internacional de Colombia, Petro parece decidido a aislarla en nombre de un “nuevo orden mundial” que solo existe en la retórica de los gobiernos autoritarios.

Colombia necesita una política exterior con cabeza fría y manos firmes. Defender la soberanía no es agredir aliados, es proteger la mesa del campesino, la estabilidad de los precios y la seguridad jurídica de quienes producen.

Si el Presidente insiste en convertir la Cancillería en una extensión de su militancia, el costo lo pagará el país rural: inflación, desempleo y pérdida de mercados. La diplomacia del orgullo no deja victorias; deja ruina.

La historia será implacable con quienes, por ideología o vanidad, cambiaron el bienestar de millones por el aplauso de unos pocos. Colombia no necesita una diplomacia del conflicto: necesita una diplomacia del resultado.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 17 de octubre de 2025).- Me sorprendieron las declaraciones de la vicerrectora de la Universidad Nacional, relatando como, ante la repentina invasión del Congreso de los Pueblos, esa amalgama de minorías protegidas que, sumadas, ya no lo son –indígenas, campesinos, afros y organizaciones sociales–, decidió preguntar en ministerios y agencias del Estado y ninguna entidad sabía de reunión o evento alguno.

¡Nadie sabía! Dos mil personas llegaron a Bogotá desde diferentes regiones, atravesaron la ciudad y cayeron en la Universidad Nacional de madrugada y a nadie le pareció extraño. ¡Qué raro! Dos mil personas en buses grandes necesitarían 40 por lo menos, y caminando son muchedumbre. No todas “se hospedaron” a las malas en la Universidad, sino que se distribuyeron en otros cinco sitios en la ciudad para armar cambuches, bloquear avenidas y ensuciar muros con sus consignas de “Aquí en la lucha”. 

Que peco de suspicacia retorcida me dirán desde la izquierda, pero algo no huele bien en esta movilización, que me recuerda los comienzos de la toma narcoterrorista disfrazada de “estallido social”. 

Primero: los motivos. Suenan a telón de utilería, como la reforma de Carrasquilla. Para Bernan Garcés, representante de las comunidades negras, el propósito es dialogar con el Gobierno “sobre cuál es el mapa político actual de Colombia y cuál es la nueva Colombia que se está planteando desde los pueblos”. Es aún más extraño que el Congreso de los Pueblos, conformado mayoritariamente por comunidades campesinas, indígenas y negras que no viven en las ciudades, se vengan a Bogotá dizque a un “gran plantón para exigir una reforma urbana integral y popular”. ¡Qué raro!

Segundo: la posición del gobierno, que no solo ha apoyado y financiado estas movilizaciones, sino que ha rechazado cualquier insinuación de infiltración terrorista, como lo hizo con sus muchachos héroes de la Primera línea, ahora sale a declarar, a través de Benedetti, que hay “estructuras criminales” detrás de las tomas. ¡Qué raro!

Me suena que el ministro, experto en la ambivalencia, está haciendo el papel del malo para despistar, pues para el gobierno es más que oportuna la presencia del Congreso de los Pueblos en la capital, mientras se discuten la reforma pensional y la de salud.

Tercero: los vasos comunicantes. No hay hechos aislados en la acción perturbadora de la izquierda. Mientras unos indígenas, campesinos y afros se toman instituciones y bloquean calles en Bogotá; otros indígenas, campesinos y afros bloquean una vez más la vía Panamericana, generando caos y enormes perjuicios al país. ¡Qué raro!    

Cuarto: la organización. ¡Y qué organización! La movilización, la dotación de carpas y vituallas, la toma sincronizada de diferentes puntos en la ciudad. Que no vengan a decir ahora que se trata de una manifestación espontánea del pueblo. Y a propósito: ¿Quién la financia? ¡Qué raro!

Ni qué decir de su principal vocera, Erika Prieto, quien hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador del Pacto Histórico, Robert Daza, es decir, que es empleada pública. Buen tema para la Procuraduría. Con un discurso perfectamente alineado con el de Petro sobre el fascismo, el antiimperialismo, la codicia capitalista y el poder popular, esta mujer comunista y locuaz andaba por Venezuela en enero, en la posesión de Maduro y en el “Festival Mundial Antifascista” de Caracas, donde tuvo la cachaza de declarar, entusiasmada hasta las lágrimas, que “La democracia venezolana es la más fuerte y real del continente”.

La nuestra “está en peligro”, como bien titula María Fernanda Cabal su último ensayo – los invito a leerlo –, en el que desenmascara la amenaza comunista que se ha instalado en Colombia y pretende perpetuarse…, si se lo permitimos en 2026.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie