* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 3 de julio de 2026).- “Para cumplir uno de sus últimos compromisos internacionales”, leí en un conocido medio digital. ¿Qué compromisos a un mes de terminar su mandato? Si eran compromisos de Estado y si, como afirma el boletín de Presidencia, su encuentro con León XIV era “Audiencia Oficial”, ¿por qué fue con la hija, los nietos y hasta… Vanessa Cortés, toda de negro hasta los pies vestida?

Da grima el Boletín, que califica la audiencia como “Uno de los momentos más relevantes de la agenda internacional”, cuando, realmente, fue el único relevante, por la investidura del pontífice, mas no porque lo haya sido para el país.

¿De qué hablaron?  Petro dice que le pidió ayuda para proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de reforma agraria, de las mafias que les quieren volver a quitar la tierra y tomarse nuevamente el Ministerio de Agricultura. ¡Vaya retahíla para soltársela a un Papa!, y hablaron además de “la situación sociopolítica del país y Latinoamérica, por el impacto de los conflictos, la delincuencia organizada y el cambio climático”. Una charla muy profunda y fructífera de… cerca de 20 minutos.

También se reunió con un cura que lucha contra las mafias, con el cardenal Parolin, secretario de Estado, y con monseñor Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, a quien ya conocía desde mayo de 2025, en su primera audiencia con León XIV, en esa ocasión con la entonces canciller Laura Sarabia, en la cual, para variar, según la Cancillería, se habló de “los principales retos de la región, la seguridad, los flujos migratorios y el cambio climático”.

Sin embargo, la “sapería” de su Oficina de Prensa compite con el ego del presidente, pues, continúa el boletín: “La visita reafirma el liderazgo de Colombia en escenarios estratégicos de diálogo global. En el marco de su agenda, el mandatario sostendrá encuentros con líderes y representantes de alto nivel en espacios orientados al diálogo político, diplomático y social”. ¡Uff!

En el siglo XVI los protestantes ingleses habrían colgado a Petro por “papista”, porque lo es, aunque solo por conveniencia. Con Francisco se reunió en 2015 cuando era alcalde; en 2022, como candidato presidencial, audiencia criticada por oportunista y por la candidez o la inclinación del papa jesuita hacia la izquierda. En enero de 2023, aunque dice haberse separado “hace muchos años”, mandó a Verónica como primera dama, y en diciembre a Francia Márquez.

Y mientras Petro visita la Sixtina y despotrica de Meloni y su gobierno porque “ni lo determinaron”, como dicen las señoras, En Colombia estallan a diario los escándalos: El juego de congelados del excomisionado Rueda, que recuerdo de niño como ¡estatua!, para inmovilizar al ejército y desatar las manos del Clan del Golfo, con la necesaria complicidad de Iván Velásquez, hoy embajador ante El Vaticano y anfitrión de Petro. Los 500.000 contratos por 32 billones en enero, antes de la Ley de Garantías, y los 145 más en 16 ministerios por $227 mil millones desde el 1º de mayo. Los $41 mil millones de regalías en “becas fantasma” de maestría y doctorado en Chocó, donde ni siquiera hay escuelas decentes; y los $29 mil millones en Magdalena, entre otros.

¿A qué fue Petro a Manta… a escribir un libro? ¿A qué fue a Panamá, Arabia Saudita, China, Cuba, Francia, España, México, etc.? ¿A qué fue a Roma?, ¿a visitar al Papa… o a Velázquez para cuadrar el posgobierno? Fueron más de 70 viajes; más del doble que sus antecesores, para hablar de lo mismo con los mismos.

Difícil la tiene el presidente De la Espriella para levantar la Patria Milagro, porque, terminado este gobierno… de milagro tenemos patria.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 3 de julio de 2026).- La auditoría que podría destapar el mayor escándalo administrativo del campo colombiano

“La transición entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella será la primera gran prueba de fuego para el sector agropecuario. Más allá del discurso de la Reforma Agraria, Colombia conocerá si uno de los mayores presupuestos destinados al campo en su historia reciente se tradujo en productividad, competitividad y bienestar para los productores, o si terminó atrapado entre la ineficiencia administrativa, la centralización del poder y presuntas irregularidades que ahora deberán ser esclarecidas por los organismos de control.”

El empalme entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella no puede reducirse a un simple intercambio de informes. El país tiene derecho a conocer qué ocurrió con los billonarios recursos destinados al agro colombiano y si ese esfuerzo fiscal produjo los resultados prometidos.

Durante este cuatrienio, el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas administraron uno de los presupuestos más altos de las últimas décadas para ejecutar la denominada Reforma Agraria. Sin embargo, el verdadero debate ya no gira alrededor de cuánto dinero se asignó, sino de qué tan eficiente fue su ejecución y cuál fue su impacto real sobre la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria. Diversos informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo evidenciaron rezagos importantes en varias metas estratégicas, mientras gremios del sector cuestionaron la brecha entre la ejecución presupuestal y los resultados obtenidos en el territorio.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) será, sin duda, el principal foco de auditoría. Las denuncias públicas sobre presuntas compras de predios con sobrecostos, tierras improductivas, inundables, con dificultades jurídicas o tributarias, así como los retrasos en su adjudicación, exigen una revisión integral por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Si tales hechos llegan a comprobarse, Colombia podría estar frente a uno de los mayores escándalos administrativos en la historia reciente del agro.

Pero reducir el análisis únicamente a la ANT sería un grave error.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) deberá explicar los resultados de programas estratégicos como la asociatividad, extensión agropecuaria, transferencia tecnológica y proyectos de riego y drenaje. Informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo mostraron avances muy limitados en varias de estas metas, mientras miles de pequeños productores continúan esperando asistencia técnica, infraestructura y herramientas para mejorar su productividad.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también tendrá que responder por los retrasos en la consolidación del sistema nacional de trazabilidad animal y la implementación del SINIGÁN V6, una herramienta indispensable para fortalecer el estatus sanitario del país y ampliar el acceso de la ganadería colombiana a los mercados internacionales.

AGROSAVIA merece un capítulo aparte. Mientras las principales potencias agrícolas incrementan sus inversiones en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, Colombia entrega una entidad que enfrentó restricciones presupuestales y dificultades para ampliar la transferencia de conocimiento hacia los productores. Sin ciencia, difícilmente podrá construirse un agro competitivo.

También será indispensable revisar el desempeño de VECOL, FINAGRO y el Banco Agrario, determinando si los recursos destinados al crédito rural, los incentivos financieros, la producción de biológicos y los instrumentos de fomento realmente beneficiaron al pequeño y mediano productor o terminaron absorbidos por la burocracia y la baja ejecución como al parecer fue.

Un capítulo que tampoco puede pasar inadvertido es el de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Tras más de una década de vigencia de la política de restitución creada por la Ley 1448 de 2011, el nuevo gobierno deberá evaluar no solo el número de sentencias y hectáreas restituidas, sino también la sostenibilidad de los procesos, el retorno efectivo de las familias, las condiciones de seguridad, la articulación institucional y la ejecución de las órdenes judiciales. La restitución no puede medirse únicamente por estadísticas; debe evaluarse por su capacidad de garantizar una reparación integral y duradera a las víctimas del despojo.

Pero existe una preocupación aún mayor.

Durante estos cuatro años, el Ministerio de Agricultura dejó de limitarse a orientar la política sectorial para asumir un modelo altamente centralizado en la administración de la tierra, la asignación de recursos y la ejecución de programas estratégicos. Desde una visión crítica, esa concentración fortaleció el control político sobre buena parte de la institucionalidad agropecuaria y generó enormes expectativas entre las comunidades rurales, muchas de las cuales hoy reclaman promesas incumplidas y resultados que nunca llegaron.

El empalme deberá establecer si la política agropecuaria fue concebida prioritariamente como una estrategia de desarrollo rural o si, por el contrario, terminó convirtiéndose en una plataforma de movilización política sustentada en expectativas que no se tradujeron en mejoras estructurales para el campo colombiano.

El verdadero juicio no será político. Será técnico, financiero y jurídico.

Si las auditorías encuentran irregularidades, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General determinar las responsabilidades individuales. Dependiendo de los hechos que logren demostrarse, podrían investigarse conductas como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato, falsedad documental o concierto para delinquir, siempre dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia.

El campo colombiano no puede seguir siendo escenario de experimentos ideológicos ni de promesas incumplidas. Ha llegado la hora de las auditorías, de la rendición de cuentas y de la verdad. Porque cada peso perdido por corrupción, ineficiencia o improvisación no solo afecta las finanzas públicas: le arrebata oportunidades a millones de campesinos que siguen esperando vías, distritos de riego, crédito, asistencia técnica, investigación, tecnología, restitución efectiva de sus derechos y acceso a los mercados. El nuevo gobierno tiene la obligación moral y constitucional de abrir los archivos, auditar cada contrato y devolverle al agro colombiano la confianza que nunca debió perder. Si hubo aciertos, deberán reconocerse; pero si hubo despilfarro, negligencia o corrupción, Colombia tiene derecho a conocer toda la verdad y a que los responsables respondan ante la ley. Porque la verdad será el primer paso para reconstruir el campo colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José De Silvestri Pájaro * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JDSP-CONtextoganadero – Jueves 2 de julio de 2026).- Colombia lleva décadas buscando la fórmula para acelerar su crecimiento económico. Cada gobierno llega con un nuevo motor para dinamizarlo con sus reformas y estrategias aumentar el empleo y las exportaciones. En esta gestión, hemos dejado pasar varias veces una verdad evidente: la mayor oportunidad económica del país siempre ha estado en el campo. Y, es triste que preferimos no contemplarla en los programas cuatrienales.

Mientras Colombia ha tratado al sector agropecuario como un capítulo más dentro del presupuesto nacional, en las grandes potencias del mundo comprendieron que producir alimentos es un tema de seguridad nacional, estabilidad económica y liderazgo geopolítico.

Basta con mirar a Estados Unidos. La economía más grande del planeta —líder en innovación, inteligencia artificial, industria y desarrollo tecnológico— nunca ha dejado de considerar al agro como un activo estratégico. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la agricultura, los alimentos y las industrias relacionadas aportan más de 1,5 billones de dólares al PIB estadounidense, equivalente al 5,5 % de su economía. Lo revelador no es el dato económico: es que cada cinco años el Congreso debate y aprueba el Farm Bill, una legislación que trasciende gobiernos y garantiza que esa prioridad nunca dependa del partido político de turno.

En Suramérica, algunos Estados acogieron esta verdad y se convirtieron igualmente en líderes ante el mundo. Brasil tomó una decisión estratégica en 1973 al crear la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y apostar por la ciencia tropical como motor de transformación productiva. ¿Cuál fue el resultado? Hoy es el mayor exportador mundial de carne bovina; Uruguay construyó un sistema de trazabilidad individual que cubre el 100 % de su hato ganadero, convirtiendo la transparencia y la sanidad animal en su principal ventaja competitiva de cara a los mercados internacionales más exigentes; Nueva Zelanda exporta más del 80 % de su producción agropecuaria y la eficiencia ganadera es su modelo reconocido globalmente. Australia, por su parte, consolidó un sistema agroexportador que la posiciona entre los mayores proveedores mundiales de carne de res.

Los caminos que siguieron son diferentes, pero coinciden en la misma dirección: el campo no se administra como un sector más de la economía, es una política de Estado.

Colombia, paradójicamente, ostenta ventajas naturales que muchos de esos países desearían tener. Disponibilidad de agua, 365 días de sol -no tiene estaciones climáticas-, diversidad de pisos térmicos y millones de hectáreas con vocación agropecuaria. Pocas naciones en el mundo reúnen estas condiciones que permiten producir durante los 12 meses del año. No obstante, la institucionalidad agropecuaria asume el tema como un asunto secundario cuando la seguridad alimentaria debe ser un asunto de Estado.

La ganadería refleja esa contradicción con claridad. Las estadísticas hablan solas. Según Fedegán, este renglón aporta el 20% del PIB agropecuario, alrededor del 46% del PIB pecuario y más de un millón de empleos en todo el territorio nacional. Detrás de cada finca existe una extensa cadena de valor que involucra transporte, comercio, genética, medicina veterinaria, industria de alimentos, logística y exportaciones. No estamos hablando únicamente de ganado sino de economía real, presente en cada rincón del país.

El sector ha evolucionado profundamente. Incorpora genética de alto valor, sistemas silvopastoriles, tecnología, mejores prácticas ambientales y estándares sanitarios que le permiten competir en mercados internacionales cada vez más exigentes. El desafío ya no es demostrar que la ganadería colombiana puede ser competitiva, el verdadero reto es construir el entorno institucional que lo haga posible de manera sostenida.

Gobernar el campo no significa simplemente aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Se requiere construir vías terciarias, fortalecer la investigación científica, democratizar el acceso al crédito, consolidar la seguridad jurídica, proteger el estatus sanitario -que tanto ha costado construir- abrir nuevos mercados internacionales y garantizar condiciones para que las nuevas generaciones encuentren en la ruralidad un proyecto de vida atractivo. Cada kilómetro de carretera rural reduce costos de producción. Cada mercado que se abre representa nuevas divisas para Colombia. Cada productor que permanece en el campo fortalece la seguridad alimentaria y el equilibrio social del país.

Colombia necesita una política de Estado para el campo: estable, técnica, de largo plazo y capaz de trascender los gobiernos. Con línea hacía el desarrollo rural que no beneficia únicamente a quienes producen alimentos, sino que fortalece la economía, reduce las brechas regionales, genera empleo, impulsa el comercio exterior y consolida la soberanía nacional.

La historia muestra casos concretos y son ejemplos para seguir: Estados Unidos, Brasil, Australia, Uruguay y Nueva Zelanda no llegaron a ser potencias y después protegieron su campo. Llegaron a ser líderes y competitivos, entre otras razones, porque nunca dejaron de protegerlo. El desarrollo agropecuario no es una consecuencia del progreso; es uno de sus lineamientos.

Colombia comienza un nuevo gobierno. Es momento de definiciones que reconozcan las fortalezas. El país tiene riquezas como la tierra, el agua, la biodiversidad y un sector ganadero que ha demostrado su capacidad de transformarse, mejorar la naturaleza y ser sostenible. Tiene lo fundamental para convertirse en potencia agroalimentaria. Lo único que falta es la decisión de actuar como si realmente quisiera serlo. La historia no ofrece dos oportunidades.

* José de Silvestri Pájaro, director técnico de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán-FNG).