* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 27 de septiembre de 2024).- Muy importante que la Comisión V de la Cámara se haya ocupado de la crisis lechera, aunque paradójico que se le otorgara a la ministra Carvajalino escasos 15 minutos, con apagada de micrófono y generosa adición de cuatro más, para mostrar afanosamente a los legisladores la dura realidad de 350.000 compatriotas, en su mayoría campesinos que hacen parte de la pobreza rural.

La crisis de la leche se agravó por una condición climática coyuntural -eso espero-, pero los demás problemas de la cadena son estructurales, de vieja data y de todos los eslabones, aunque el hilo se rompa por lo más delgado, pues en las grandes cuencas lecheras de trópico alto -Nariño, altiplano cundiboyacense y Antioquia-, la mayoría de la leche proviene de pequeños ganaderos minifundistas.  Según el Análisis Situacional de la Cadena Láctea (MADR-UPRA 2020), el 63% de los hogares productores de leche se considera pobre, lo cual le da a la crisis una preocupante dimensión social.

La caída del consumo tiene también un componente coyuntural asociado a la tendencia de crecimiento del precio al consumidor desde 2021, que le restó al consumo 18 litros por persona hasta mediados de 2024, mientras el precio al ganadero, que venía cayendo y debería repuntar en el verano, tampoco lo hizo y disminuyó más de un 16%.

Aunque la ministra se refirió al bajo nivel de acopio por parte de la industria, de apenas el 47% de 7.097 millones de litros producidos en 2023, no aludió a uno de los factores estructurales más complejos de la crisis: la asimetría de ese segmento formal del mercado, en el que solo 10 empresas compran el 50% del acopio y 50 compran el 85%, con 350.000 ganaderos detrás tratando de venderles.

Durante años Fedegán ha planteado soluciones a los gobiernos, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno – productores – industria) para fomentar una “línea social” de producto, no afectado por costos como publicidad y empaque, y parcialmente subsidiado por el Estado.

Entre las acciones de solución que mencionó la ministra está la destinación de 7.600 millones de pesos para fomentar exportaciones de leche en polvo y así movilizar inventarios, 4.000 millones para promover, a través de la Bolsa Mercantil, la compra de leche colombiana entre la industria alimenticia y operadores de compras públicas, y 3.000 millones para acopiar volúmenes adicionales de leche; un total de 14.600 millones de pesos aportados por el Fondo de Estabilización del sector.

El tiempo no le daba a la ministra para mayores precisiones, pero a mí sí me corresponde aclararle a la opinión pública que los recursos del Fondo de Estabilización son aportados por los ganaderos cuando venden un novillo gordo o un litro de leche.  

Somos los ganaderos aportando a la solución de nuestros problemas, aunque sea un aporte “invisible”, como el que hacemos, desde hace 28 años, para preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa, no solo por la salud de nuestros animales, sino para acceder a los mercados internacionales, a los que hoy, precisamente, tratamos de llevar más leche para que más leche sea comprada a nuestros campesinos.

Mencionó la ministra otras acciones para fomentar el consumo y mitigar la disminución de ingresos, todas con recursos de la Nación, y entonces me pregunto por la gran ausente en esta mesa de aportantes: la industria, a la que proveemos su insumo básico y es por ello nuestro aliado natural.

De ahí mi invitación a que, bajo el liderazgo de la ministra, hagamos del Consejo Nacional Lácteo un foro de franca concertación, para avanzar de verdad en soluciones estructurales a problemas estructurales.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 21 de septiembre de 2024).- Tuve la oportunidad de asistir al foro de “Coagropec” (Comité Agropecuario del Departamento de Cesar) en Valledupar, analizamos el acuerdo alcanzado por pequeños transportadores de carga, pasajeros y servicios especiales, en relación con el precio del Diésel (ACPM) y, el impacto en el sector agropecuario.

1º- Se trató de un acuerdo excluyente de los sectores productivos de la economía nacional, solo aplicable a quienes lo firmaron. Es decir, quienes en ejercicio de la protesta pacífica, se levantaron contra la resolución 40350 del 29 de agosto del 2024 que incrementó el costo del Diésel en $1.904.

2º- A la mesa de discusión virtual, se invitaron en términos generales solo pequeños transportadores, 609 vía Google Meet, a la presencial asistieron 95.

3º- El Ministerio de Agricultura, muy a pesar de haber instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), para el tema de transporte de alimentos, no parece haberse interesado en el grave impacto que tiene en toda la cadena de producción, transformación, comercialización y consumo el Diésel en el sector agropecuario, al no haber hecho parte de la negociación a nombre de los empresarios del campo colombiano sin importar su tamaño, que lo utilizan en toda esta cadena.

4º- Ni los gremios de la producción agropecuaria, ni agremiados de manera individual, se interesaron en participar de las negociaciones que condujeron al acuerdo excluyente y exclusivo, para quienes paralizaron con razones válidas, todas las líneas de suministros abastecimientos en el territorio nacional. Unos y otros, de manera indolente mirando a otro lado, perdieron la oportunidad única de hacerse escuchar por el Gobierno Petro y hacerse extensivos los acuerdos logrados.

5º- Mucho más preocupante cuanto se leen la confusa redacción del acuerdo logrado y no se encuentra por ninguna parte la mención de del sector agropecuario.

6º- Gravísimas las expectativas para el cortísimo plazo, una vez se logren los mecanismos para hacer efectivo el suministro de ACPM a costos diferenciales a transportadores que paralizaron el país y el resto de los sectores que lo utilizan, entre ellos, el sector agropecuario.

7º- Lo más grave de todo lo acordado, fueron las explicaciones de los alcances del acuerdo dadas por el ministro de Hacienda Bonilla, de las que se deduce:

1. El costo del Diésel para los sectores diferentes a los transportadores, una vez se instale la tecnología que los excluya será $16.000 galón.
2. La aplicación de esta medida se tomará de carácter inmediato, ajustando $6.000 en una sola partida y, no en tres al cierre del 2025, como inicialmente se había planteado.

Lo anterior significa lo muy poco que le interesa a la institucionalidad y la gran gremialidad del sector el impacto que se origina en ellos los ajustes intempestivos del precio del Diesel para el productor agropecuario.

De suma importancia, permanecer con este tema en el radar, para efectos de garantizar la seguridad alimentaria de la nación, mejorar la producción agrícola y ganadera en toda la nación rural, no disminuir los márgenes de utilidad neta para el empresario del campo después de impuestos, hoy bastante bajos ante la aleatoriedad de la empresa agropecuaria, al no contar con la infraestructura básica de producción.

Los gremios del sector deben preocuparse por temas de trascendencia en la empresa rural como este, transversal al sector, buscando la unidad monolítica de criterios en búsqueda del bienestar del empresario del campo, al hacerse parte de las negociaciones anunciadas en el acuerdo, para así lograr un beneficio a todo el sector productivo, en la integralidad desde la producción hasta el consumo.

Lo único que nos queda es la unidad monolítica a través de los gremios para lograr ser escuchados, es un grito desesperado y desesperanzado que se lanza desde esta tribuna haciendo eco de lo analizado, para lograr hacerse parte en los escenarios de toma de decisión que afectan a productores y la nación para la garantía de su seguridad alimentaria.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 20 de septiembre de 2024).- Días muy difíciles para las negociaciones con el ELN. Después del anuncio del presidente a raíz del atentado en Arauca, que calificó de “una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”, al día siguiente los medios informaron sobre consultas con los países garantes y con los acompañantes, hasta que, finalmente, la delegación gubernamental emitió un comunicado anunciando la suspensión del proceso, cuya continuidad dependerá de “una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”.

Acepto el comunicado de la delegación de la cual hago parte, pero no sin preguntarme: ¿otra vez?, ¿cuántas veces el Gobierno, la delegación y el país le han pedido al ELN manifestaciones de voluntad de paz? Hoy mismo escribí un trino denunciando que “Mientras el ELN publica comunicados expresando que tiene ‘voluntad de paz’, ataca de manera miserable a militares y acosa a la población civil”.

En consecuencia, esa “manifestación inequívoca” no puede ser un comunicado más o, simplemente, la reactivación de la mesa como si nada hubiera pasado. Una manifestación inequívoca es con hechos y compromisos, como la suspensión definitiva del secuestro extorsivo -retenciones económicas- y del reclutamiento de menores, sin perjuicio de la acción de las autoridades contra otros delitos.

Así las cosas, si el ELN, con la patraseada en la prometida suspensión del secuestro, con los incumplimientos al cese al fuego, con el saboteo al Mecanismo de Verificación y, más recientemente, con la reanudación de los atentados a la infraestructura energética y de los macabros ataques a la Fuerza Pública ha pretendido “medirle el aceite” al Gobierno para saber hasta dónde llega su generosidad y resistencia, que el país identifica como debilidad complaciente, es hora también de que ELN termine de entender que la sociedad no acepta la “lógica del terror” con la que pretende forzar una solución imposible.

De hecho, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, en la Mesa repitió hasta la saciedad y al país le manifestó públicamente que ellos nunca habían firmado acuerdos con gobierno alguno y que, si lo hacían, cumplirían lo firmado; algo que no resultó cierto, pues firmaron 28 acuerdos, uno de ellos de cese al fuego, con múltiples incumplimientos que el país conoció por los medios, pero sobre los  que nunca se pronunció el Mecanismo de Verificación, saboteado por el ELN en su misión de ser garantía de cumplimiento para la sociedad.

Hoy, en medio de la crisis definitiva del proceso, me pregunto: ¿Qué estaba pensando el ELN? ¿Acaso en algún momento de los diálogos tuvo algún atisbo de voluntad de paz? Yo, personalmente, pensé que solo vía transformaciones territoriales, de las que tanto se habló en la Mesa, se podía avanzar con ejemplos que mejoraran la vida de regiones afectadas por el abandono y las rentas ilegales, algo que, sencillamente, es imposible en medio de las balas.

En cuanto a mi papel en la delegación, tengo perfectamente claro que es el de una voz que busca interpretar a ese país que NO es enemigo de la paz, pero cree que las instituciones deben proteger al ciudadano y enfrentar toda manifestación criminal que afecte sus derechos y libertades. Una voz incómoda, es posible, pero a juicio de muchos, necesaria.

En junio pasado, a raíz de otro comunicado de la delegación gubernamental por los incumplimientos del ELN, escribí una columna que titulé “La paz no es un juego”, porque están de por medio la tranquilidad y la vida de quienes habitan esa “Colombia profunda” y del país todo.

Hoy debo insistir. Si las negociaciones continúan, el ELN tendrá que entender que la paz no es un juego…, es cosa seria.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de septiembre de 2024).- El 9 de septiembre, en López de Micay, Cauca, 12 personas murieron a manos de las disidencias de las Farc. Ayer nomás, en Ciénaga de Oro, Córdoba, un ganadero fue asesinado a palo y sus dos acompañantes murieron quemados.

La alarmante violencia rural y la pobreza son producto del abandono del campo, en medio del cual nació y se alimenta el narcotráfico y otras economías ilícitas; pero si le preguntamos a la izquierda progresista por la causa de semejante vorágine de violencia nos recitará viejos manuales de la insurgencia comunista: todo es culpa de la distribución de la tierra y, más recientemente, del incumplimiento del Acuerdo con las Farc, sobre todo la Reforma Rural Integral, cuyos puntos centrales son el  Fondo de Tierras y la Jurisdicción Agraria para la resolución de conflictos… de tierras.

Sobre esta última ya se concilió en junio el proyecto de ley estatutaria, ante el cual el ministro de Justicia, como una “explicación no pedida”, salió a asegurar que la ley “no contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con expropiación”.

De hecho, no podía contenerla, pues la ley estatutaria solo define la estructura y relaciones de la jurisdicción dentro del aparato judicial, pero donde sí hay disposiciones explícitas que amenazan la propiedad privada de la tierra es en el proyecto de ley ordinaria, que define competencias para los jueces agrarios y, según el comunicado oficial, “establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas”.

¿Garantistas para quién?, me pregunto. En este caso lo son solamente para los sujetos de especial protección, las llamadas minorías étnicas y los campesinos. En principio, que en cualquier litigio haya una parte con “especial protección” equivale a una desventaja para la parte que no la tiene.

Ese desbalance marca todo el proyecto. El artículo 34 otorga “presunción de veracidad” a los sujetos de especial protección, es decir, que el juez debe creerle al protegido hasta sus mentiras, mientras el no protegido debe probar lo que afirma. El parágrafo del artículo 36, establece la “flexibilidad probatoria” para sujetos de especial protección, privilegio que tampoco tiene la parte “desprotegida”. ¿No que somos iguales ante la Ley?

Ni que decir de los principios (Artículo 5) que guían la actuación del juez. El numeral 2 reitera la “Especial protección de la parte más débil”, pero es tal el garantismo que esa parte queda convertida por la misma ley en la más fuerte dentro del proceso.   

El 3 se refiere al “bienestar y buen vivir” de las comunidades campesinas, un principio tan “gaseoso” como “pesado” a la hora de inclinar la balanza en beneficio de los sujetos protegidos.

El 4 no podía faltar: la “Función social y ecológica de la propiedad”, una amenaza a la propiedad privada en un país de abundante e impracticable legislación ambiental y de autoridades ambientales dispersas, “autónomas” y cooptadas por el clientelismo regional.

El 7 se refiere a la “máxima humanización de la justicia agraria”; el 12, que habla de “permanencia agraria” es patente de corso para las invasiones, pues ordena a las autoridades judiciales “evitar los actos de perturbación o desalojo” de los sujetos vulnerables, hasta tanto se resuelva la controversia.

La cereza del pastel es el 14, según el cual “las autoridades judiciales deberán interpretar y aplicar las normas agrarias atendiendo a un criterio de primacía de la justicia material sobre las formas jurídicas”. Es la formalidad de la ley reemplazada por la interpretación subjetiva del juez.

La jurisdicción agraria pretende nacer con su balanza inclinada contra la propiedad privada de la tierra, ante lo cual… ¿quién podrá defender a sus legítimos propietarios?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 6 de septiembre de 2024).- Crecen los cultivos de coca y, con ellos, la violencia rural: los ataques a la fuerza pública, el estallido de los oleoductos, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y el sufrimiento de comunidades en medio de la lucha encarnizada de los grupos narcoterroristas por el control territorial.

Aun así, el campo sigue alimentando al país a pesar de ser el gran escenario de la violencia y de que, en lugar de vías decentes, escuelas, hospitales y apoyo a la producción para que no le toque, como a los ganaderos, llorar sobre la leche derramada, lo que recibe son discursos de odio y propuestas que, a cambio de resolver los problemas, serán semillero de nuevas discordias.

En efecto, como si fueran pocos los problemas del campo, el gobierno decide crear más y sembrar incertidumbre y conflictividad con el proyecto de ley de la llamada Jurisdicción Agraria, concebido como una amenaza a la propiedad privada de la tierra y a la seguridad jurídica de la economía rural.

No es una amenaza nueva. Hace un año, en la ley del Plan, el Gobierno metió un mico dizque para “facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, que era realmente una presión extorsiva para obligar al propietario a vender bajo la amenaza de extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica, eliminando garantías procesales, endureciendo los términos y entregándole la competencia decisoria a la Agencia Nacional de Tierras sin la intervención de un juez.

La Corte Constitucional declaró inexequible ese intento, pero el Gobierno lo resucita en la jurisdicción agraria, estableciendo que los procesos de que trata la Ley 160/94, entre ellos la expropiación administrativa con indemnización y la extinción de dominio sin ella, serán resueltos por la ANT mediante acto administrativo y con el único recurso de la acción de nulidad, con lo cual el proyecto deroga de un tajo el Capítulo 3 del Decreto Ley 902/17, sobre la Fase Judicial del Proceso Único que protegía al propietario frente a una decisión sumaria y administrativa.

Adicionalmente, la Jurisdicción Agraria, que es un compromiso del Acuerdo con las Farc para proteger al campesino en los conflictos de tierras, literalmente “se brincó la cerca” y pretende darles a los jueces agrarios competencia sobre “las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios”, lo que arrebata competencias a otros jueces y vuelca sobre unos omnipotentes jueces agrarios toda la actividad económica agropecuaria del país.

Pero quizás sean más peligrosas las amenazas ocultas en los principios y los enfoques del proyecto en los artículos 5 y 6, vagos e ideologizados, induciendo a los jueces a la aplicación de criterios subjetivos, como “el buen vivir”, por encima del rigor jurídico; a la primacía de la justicia material sobre la justicia formal y al excesivo garantismo en beneficio de los sujetos protegidos, que tiene su máxima expresión en la presunción de veracidad de sus afirmaciones, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la defensa de quien no goza de la misma presunción.

Hay todavía más amenazas: la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, que permitirá, entre otras cosas, imponer medidas cautelares sobre la tierra en procesos ambientales; y apenas la semana pasada (Decreto 1092/24), el reconocimiento de los pueblos del CRIC como Autoridad Territorial Económica y Ambiental, no solo en sus tierras, sino en las que pretenden como suyas, es decir, todo o gran parte de los departamentos de Cauca y el Valle.

Lo dicho: desde varios frentes, la propiedad privada de la tierra está amenazada.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 6 de septiembre de 2024).- En mis reflexiones de la semana anterior, revisamos los temas de mayor relevancia del Proyecto de Ley (PL), presentado por el Gobierno Petro al Congreso como desarrollo de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria. Proyecto de Ley con procedimientos que merecen revisión a fondo en puntos fundamentales para su desarrollo y aplicación.

¿Quiénes son “campesinos”, en la Ley colombiana?

Revisando la legislación, no hay norma expresa, clara y precisa, que defina quienes revisten las calidades de tal para ser sujetos procesales en la Jurisdicción Agraria. Existen sí, una serie de normas que hablan del campesino de las cuales se podría concluir de manera subjetiva quienes revisten las calidades para ser considerados como tales:

1. Constitución Política de Colombia (1991)
2. Ley 160 de 1994 (Reforma Agraria)
3. Decreto 2369 de 2017
4. Acuerdo de Paz (2016)
5. Decreto Ley 902 de 2017 
6. Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos.

No existiendo definición legal de campesinos, queda al arbitrio del Juez Agrario, para efectos de considerarlos como sujetos procesales, darles tal reconocimiento, atendiendo variables subjetivas, para gozar en el proceso judicial o administrativo, de la especial protección del Estado a través de la anteriormente comentada “asimetría” como principio básico de esta jurisdicción.

Cabe igualmente anotar, que este principio de asimetría es aplicable a los procesos de Expropiación Administrativa ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sin participación de la Rama Jurisdiccional en la toma de decisión, quebrando en un todo la separación de poderes, (Sentencias C-0763 de 2018 y SU-288 de 2022, Corte Constitucional). Si bien es sujeta la decisión sobre la expropiación a la Acción de Nulidad Agraria posterior, esta puede demorar años en resolverse, cuando ya las consecuencias de la decisión sean irreversibles, generando una carga económica insospechada para el Estado por la Falla en el Servicio o lo que se conoce como el Hecho del Rey.

Cuáles son los criterios legales para afirmar en el cuerpo del Proyecto de Ley que; “La reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”. ¿Los qué dicen los Jueces Agrarios y Autoridades Administrativas encargadas de adelantar los procesos especiales de la ley 160/94?

Los titulares de los derechos reales de propiedad sobre bienes inmuebles rurales, poseedores y tenedores de buena fe, quedan expuestos al criterio subjetivo de los funcionarios encargados de la Jurisdicción Agraria y la Agencia Nacional de Tierras, todos bajo el principio de asimetría que de antemano marcan el derrotero de los procedimientos, en contra de quienes tienen en su patrimonio sus legales derechos adquiridos de forma ajustada a la ley vigente al momento de su adquisición.

Dentro de los procesos agrarios, quien fija el justiprecio de las mejoras a los inmuebles sometidos a la jurisdicción son los peritos especializados y parcializados en esta jurisdicción, que es absolutamente parcializada e ideologizada. ¿Cuál será el valor que se le reconocerá al legal y legítimo propietario por estas mejoras? En este caso en particular se acerca a los procesos de expropiación adelantados en la Venezuela de Chávez que llevó a la ruina al sector agropecuario.

Por lo anterior, me uno a las voces que solicitan el retiro de este PL, que genera gran inseguridad jurídica y económica al sector rural, e igualmente de manera expresa incentiva las invasiones de inmuebles rurales. De hacer tránsito aprobatorio en el congreso, bajo los principios de este PL, además de ahuyentar la inversión en el sector rural, agropecuario o diferente, puede generar al igual que en Venezuela, gravísimo impacto a la seguridad alimentaria. El campo necesita de empresarios del campo, capaces de hacer producir la tierra alimentos, no solo para el sustento familiar o personal, como para la población en general. El desarrollo del campo debe tener una visión empresarial más allá de la simple solución alimentaria de sus ocupantes.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 30 de agosto de 2024).- El A/L 03/2023, creó la Jurisdicción Agraria como desarrollo el punto 1 de los Acuerdos del Teatro Colón, posteriormente se aprobó la Ley Estatutaria dandole su alcance y funcionamiento, el 27/08/2024 ante el Congreso se radicó el proyecto de Ley Ordinaria que la reglamentaria.

El A.L, 01 del 2023, reconoce al “Campesino” como sujeto de especial protección del Estado, creando una nueva minoría calificada; para efectos del desarrollo de esta ley genera inmenso impacto en el procedimiento judicial en su protección, como nuevos sujetos procesales.

Por lo extenso del tema a tratar en esta ocasión solamente tataré los puntos que en mi sentir son más importantes.

La Jurisdicción Agraria parte de la “Asimetría” de derechos de los “campesinos”, frente a legales tenedores, poseedores y propietarios de “buena fé. En el proceso agrario, se presumen de hecho que cualquier manifestación que provenga de estos sujetos procesales en el proceso, se tiene como cierta, aun contra lo contenido en documentos públicos presentados al proceso; es decir siempre la carga de la prueba está, en quien ésta violentado en su derecho de propiedad privada. La asimetría es tal que la jurisdicción laboral se convierte en un juego de principiantes.

En lo que hace referencia a las ocupaciones ilegales de los inmuebles rurales por “campesinos”, basta que demuestren la ocupación sea tranquila, así sea a hurtadillas, sin importar el tiempo de ocupación, si logra probar que está ocupando el inmueble con fines de desarrollo económico para  subsistencia personal o familiar, le coloca a  ocupar el lugar procesal de tenedor o poseedor de buena fe, haciendo revertir la posición procesal de aquel que legalmente tiene la tenencia material y jurídica valida del bien (Ley Okupa Española). Lo anterior quiebra en todo, el procedimiento policivo y administrativo que se tiene para proteger la propiedad privada hoy, quedando en manos del Juez Agrario, el poder procedimental de revocar los procedimientos administrativos o policivos de desalojo instruidos por las autoridades.

Lo anterior, en palabras llanas y prácticas es una invitación, más que tácita, a incentivar invasiones de tierras rurales (En principio, por ahora), por parte de “campesinos” (Okupas), lo que se traduce en el quiebre de la Seguridad Jurídica para propietarios y, la imposibilidad y/o alejamiento de la inversión agropecuaria en emprendimientos agropecuarios, agroindustriales e industriales de transformación de la producción rural que se verá desincentivada y ahuyentada.

Los superpoderes del Juez Agrario, son tales que aun después de resolver el litigio que se le presenta, conserva capacidad de modificar su decisión ante hechos nuevos, siempre que estos vayan en beneficio del Campesino, quebrando la Cosa Juzgada.

Merece especial atención el alcance de los poderes de autoridad judicial que se le entrega a la Agencia Nacional de Tierras (A.N.T), para resolver procesos de expropiación contenidos en la Ley 160/1994, mediante Acto Administrativo, sujeto a Control Jurisdiccional rogado, posterior con el ejercicio de la Acción de Nulidad Agraria, ante jueces agrarios que se mueven dentro de los principios de asimetría judicial.

Así como están planteadas las cosas en el desarrollo de los procedimientos agrarios presentado por el gobierno Petro, solo queda a los empresarios del campo que tienen la posesión, tenencia y propiedad legal de bienes rurales adquiridos de buena fe, acudir a llamar a todos y cada uno de los legisladores en Senado y Cámara, (Suman más del 70% afines a las ideologías políticas del centro a la derecha), para que, de manera férrea se opongan a este proyecto de ley que crea procedimientos de esta Jurisdicción Agraria que va contra el Derecho Fundamental a la Propiedad Privada, que afectará la producción agropecuaria y, pondrá en grave riesgo la seguridad alimentaria y productividad del sector en el futuro próximo.

Nada de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal como lo insinúa Petro.

De no oír el clamor de los electores se hace necesario, ponerles de manifiesto a los actuales congresistas que llegaren a intentar acompañar esta iniciativa del gobierno Petro, que en el futuro no cuenten con nuestro apoyo electoral.

N.b.: El proceso de expropiación administrativa de la A.N.T, con funcionarios absolutamente ideologizados al socialismo duro y puro, es copia mejorada, de la instrumentación jurídica desarrollada por Chávez en Venezuela, que exterminó la Propiedad Privada y tiene en grave riesgo su Seguridad Alimentaria.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 30 de agosto de 2024).- El 27 de agosto se conoció un comunicado, supuestamente del ELN desde las montañas del occidente colombiano, desmentido casi de inmediato por la mismísima delegación de ese grupo ilegal en la mesa de negociaciones.

El falso comunicado, primero, califica a los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, creados por Fedegán bajo la coordinación del General (r) Fernando Murillo, a partir de un piloto en el departamento del Cesar, como la resurrección del paramilitarismo y una amenaza a la paz en la región.

Segundo: Declara a los frentes como objetivo militar y de persecución por parte del ELN en el Cesar. Tercero: Cuestiona mi posición como miembro de la Mesa y promotor de los Frentes Solidarios de Seguridad, a los que considera un ataque al proceso de paz, a la población y al ELN. Cuarto: Reafirma su compromiso de paz, pero amenaza con confrontar cualquier intento de revivir “la violencia paramilitar en nuestra región”.

Aunque el lenguaje imita bien la retórica del ELN, además del pronunciamiento contundente de la delegación negando su autoría, las repetidas referencias a “nuestra región” -el Cesar-, al parecer no son del Comando Central del ELN, ni corresponden a un comunicado desde “las montañas del occidente colombiano”.

Por supuesto que no estoy graduando de “buenos muchachos” a la dirigencia del ELN, que desde 2023 boicoteó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y luego las negociaciones mismas y el cese al fuego, aduciendo falsos incumplimientos del Gobierno, todo ello mientras impone paros armados y hostiga a las comunidades.

Aun así, precisamente por el tamaño de la mentira, de la que siempre algo queda, muchos incautos que consideran a las redes “palabra de Dios”, creerán tan graves acusaciones, lo cual es otra piedra en el camino de las negociaciones con el ELN, que se suma a las que ellos mismos le han puesto, y por supuesto, afecta a Fedegán y a los 600.000 ganaderos colombianos, injustamente marcados por el estigma paramilitar.

Dando por descontado que el comunicado no es del ELN, ¿de quién es entonces?, ¿quién está detrás, interesado en desestabilizar los territorios?, ¿a quién le sirve deslegitimar la reacción pacífica y solidaria de los ganaderos, en el Cesar y en todo el país?

A la delincuencia, ¿a quién más? Porque organizarse para apoyar a las autoridades y comprometerse con la seguridad preventiva y pacífica es lo que asusta a la delincuencia y está detrás del falso comunicado, porque se atraviesa a sus pretensiones de control territorial para proteger sus rentas ilícitas. En el Cesar, donde las alertas de la Defensoría son pan de cada día, además del ELN, están las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y una red de bandas que tercerizan el asesinato, el secuestro, la extorsión y la violencia generalizada. 

Pero los ganaderos, como reza nuestro himno, “no bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”; seguiremos unidos cada vez más alrededor de los Frentes Solidarios de Solidaridad y Paz, que han tenido enorme receptividad entre los ganaderos y otros gremios, basados como están en cuatro principios fundamentales: 1) La solidaridad a partir de la unión gremial. 2) la articulación permanente y cercana con las autoridades, entendida como deber ciudadano, pero también como el derecho a participar en nuestra propia seguridad. 3) La comunicación y las nuevas tecnologías como instrumento preventivo, como las únicas armas que esgrimimos.

Y cuarto, los Frentes Solidarios de Seguridad, son DE PAZ, no solo porque son desarmados, sino porque su objetivo no es la confrontación ni la violencia, sino la solidaridad y la convivencia pacífica.

De violencia…, ya hemos tenido suficiente. La paz es nuestra gran urgencia.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 23 de agosto de 2024).- El real problema de la tierra en Colombia no es su redistribución, es su improductividad, incapacidad para generar riqueza.

Desde el Derecho Indiano el tema de la propiedad de la tierra ha estado en el centro de la discusión. Los antecedentes vienen desde las “Capitulaciones de Santa Fe” y “Cédulas Reales de El Pardo” 1.538; pasando al Código de Indias 1680; llegando en 1754 al cambio de “cédulas”, a los “títulos de propiedad”, estipulados en la Ley 13 de 1821.

La R.A., en Colombia realmente inicia con la 1936, con la Ley 200, “Ley de Tierras”, que trajo el concepto de “extinción de dominio” por improductividad de diez años a favor del Estado y la “Función Social” de la propiedad. La Ley 100 de 1944, trajo el arrendamiento y aparcería como utilidad pública, amplió la extinción de dominio a 15 años.

La Ley 135 de 1961, crea el Incora, el Consejo Nacional Agrario (CNA), el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la Unidad Agrícola Familiar (UAF).  Ley 1ª de 1968, modifica la Ley 135 de 1961 sobre Reforma “Social” Agraria, introduce la Extinción de Dominio Administrativa de tierras inadecuadamente explotadas, crea Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La Ley 30 de 1988, impone la ejecución coordinada de distintos programas con entidades públicas, en zonas específicas de reforma agraria.

La ley 160 de 1994, alimenta el mercado de tierras como mecanismo para afectar la estructura agraria; cambiando las condiciones en las que se subsidia, sea total o parcial por El Estado, con coordinación del Incoder.

A través de esta compilación legal de buenas intenciones por parte del Estado, encontramos un factor predominante, propiedad de la tierra y su redistribución sin nada más y amén, allí ha radicado el fracaso de la R.A.

Hoy, si bien la tierra sigue siendo uno de los elementos esenciales de la Empresa Agropecuaria no el más importante, ni el más costoso.

Al inicio de este gobierno, se insistió en la Reforma Agraria “Integral” como compromiso de Estado.

“La integralidad”, va más allá de la legalización de la tenencia y propiedad de la tierra, es la garantía que asegure su productividad, que sea capaz de generar riqueza, empleos, a quien tenga su tenencia o titularidad, sea por medios propios o adjudicación del Estado.

Colombia, por su ubicación ha venido siendo impactado durante décadas por el cambio climático, fenómenos del Niño y Niña, periodos de sequía a lluvias intensas. Los periodos de invierno y verano otrora definidos, no existen hoy, lo que hace que la empresa rural sea absolutamente aleatoria, llevando a que las tierras que se entreguen con base en la R.A., sean una carga a la población rural esperanzada en superar los más bajos niveles de pobreza.

No basta con entregar tierras con algunos programas productivos estacionales, cuando no están garantizada la infraestructura básica que asegure su productividad.

1. Riegos y Drenajes: Que garanticen agua y desecamiento de terrenos que controlan los fenómenos climáticos y, su disponibilidad para emprender proyectos productivos en cualquier época del año, esa es nuestra ventaja tropical.
2. Vías Terciarias y Secundarias: Llegar a tiempo a la empresa agropecuaria, y mercados con productos terminados o materias primas en las condiciones que la demanda local o global.
3. Programas de Comercialización: Agricultura por Contrato, Forward, antes de emprender la empresa agropecuaria, no más salir a los mercados a buscar quien compre.
4. Programas de Acceso al Crédito y Financiación: Tasas favorables o subsidiadas que permita ser competitivos en los mercados.

Insistir en repartir tierras como base de la R.A., a la población campesina como solución a la pobreza rural; es populismo puro y duro; es el camino corto al fracaso de las políticas de R.A., que hemos transitado siempre, el Estado antes de iniciar el proceso de redistribuir tierras, debe garantizar la infraestructura básica productiva, para así entonces emprender la legalización, compra y distribución de la tierra como insumo del desarrollo rural.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 23 de agosto de 2024).- Los problemas de la producción lechera son una combinación de factores coyunturales y estructurales. La coyuntura está marcada por una caída del precio al productor, que ya completa 17 meses y una disminución del precio superior al 16%. Entre tanto, desde 2021 el precio al consumidor presenta la tendencia contraria, con un incremento efectivo del 82,8% y la inevitable consecuencia de una caída del consumo, de 18 litros por persona entre 2021 y mediados de 2024.

En estas condiciones y con altos inventarios, las importaciones agravan la crisis. A junio de 2024 se importaron 34.000 toneladas de leche y derivados, equivalentes a 293 millones de litros, prácticamente un mes de acopio que no se compra a campesinos colombianos, sino principalmente a prósperos y subsidiados ganaderos estadounidenses, a partir del TLC suscrito con ese país, con cupos crecientes de importación sin arancel y bajo arancel extracupo hasta 2026, cuando se libera el comercio de lácteos y se consolida la amenaza a la producción colombiana. 

Frente a esta realidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió una investigación sobre la importación de leche en polvo subsidiada desde Estados Unidos, para la eventual imposición de derechos compensatorios, que son un gravamen, permanente o transitorio, para “compensar” el daño causado a un sector productivo; daño constatado para la producción lechera por el propio ministerio, a raíz de la solicitud de salvaguarda presentada por Fedegán en 2021, que no resistió la presión de otros sectores colombianos que se habrían visto afectados por mecanismos retaliatorios.

En este caso, sin embargo, Colombia, como país afectado, puede imponer medidas compensatorias para evitar el daño probado. No obstante, la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, Asoleche, y el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos, USDEC, se han unido para oponerse a cualquier medida compensatoria para el sector lechero y así seguir disfrutando, la primera, de un mercado sobre ofertado de leche fresca e importaciones, y el segundo, de exportaciones crecientes y muy pronto ilimitadas.

Esta difícil situación de coyuntura se suma a los problemas de siempre. 1) Mucha producción – poco acopio: En 2023 se produjeron 7.097 millones de litros y la industria formal acopió el 47%. 2) Muchos vendedores – pocos compradores: Mientras 350.000 ganaderos ofrecen su leche, solo diez grandes empresas compran el 54% del acopio formal. 3) Bajo consumo: Con 162 litros per cápita, el consumo fue creciente hasta 2021, aunque con alto y preocupante subconsumo en la población más necesitada. A partir de entonces, cayó hasta los 147 litros en 2023.

De los factores estructurales se derivan varias conclusiones: Primero: más de la mitad de la producción, principalmente de pequeños productores, se coloca en la informalidad a precios que no cubren los costos ni el esfuerzo campesino.

Segundo: la industria ostenta una clara posición dominante frente a los productores. 3) Se requieren políticas que fomenten el consumo, sobre todo en las clases populares, no solo para reparar la inequidad, sino para incrementar el acopio formal. 4) Se requiere política pública para ampliar la infraestructura de pulverización de leche, que pueda ser procesada en periodos de mayor producción y utilizada en los de escasez.

Esta grave combinación de factores, que afecta a 350.000 ganaderos, en su mayoría campesinos minifundistas, motivó la carta que envié a los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo, pues no se trata solo de producir o importar más o menos leche, sino del equilibrio social del campo, afectado por la violencia y el abandono; se trata de la paz rural, comienzo y condición de la paz de Colombia… la paz de ahora y siempre.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie