* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 13 de diciembre de 2024).- Después de presentar diferentes argumentos sobre la inconveniencia de la Jurisdicción Agraria como está siendo presentada y aprobada en el congreso, en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, en primer debate atendiendo el Mensaje de Urgencia presentado por el Gobierno Petro. Llama poderosamente la atención que algunos Senadores, que hacen parte de estas células legislativa, ante este funesto resultado para quienes denodadamente nos dediquemos a la producción agropecuaria, presenten esta aprobación como un éxito a medias “De los males, el menor”, circunscribiendo su actuación legislativa el haber logrado que la Agencia Nacional de Tierras se le retirara la facultad de adelantar procesos administrativos como juez y parte.

Siento contarles apreciados legisladores, mientras ustedes daban la pelea por retirar esta facultad, el Ministerio de Agricultura y la ANT, dieron a conocer el Proyecto de Decreto mediante el cual, las promesas de compraventa sobre inmuebles rurales, deberán de manera obligatoria ser reportadas a la ANT para que autorice su venta o en caso contrario, ejecute la compra del bien de manera preferencial al privado que prometió adquirirla, no es otra cosa diferente que la Expropiación Exprés Recargada. Han sido ustedes timados en su buena fe en el desarrollo de su actividad legislativa, y pareciera, sin revisar consecuencias, fueron presa fácil del ejecutivo.

En la discusión de este proyecto de ley, el Representante Hernán Cadavid, fue claro y dio en el punto que en muchas oportunidades hemos manifestado, nada tienen que hacer en este P.L, normas de carácter sustantivo (Principios que regirán a futuro la Jurisdicción Agraria), si estamos frente a una norma de carácter meramente procedimental. Acá, es donde está el real fondo del asunto, los principios de esta jurisdicción son totalmente lesivos a los derechos de propiedad de quienes de manera justa, legal y buena fe los han adquirido.

No es posible que no haya una definición legal de quien se considera campesino de manera objetiva. Tampoco lo es, que la aplicación de la justicia agraria quede al criterio subjetivo del operador judicial agrario, que hoy no cuenta con parámetros claros y precisos de manera objetiva para la solución de conflictos. Lo que es aún peor, en Colombia no hay un desarrollo legislativo sobre esta jurisdicción, lo que lleva a que la aplicación de esta quedará en manos de personas ideologizadas, en el mejor de los casos o, formadas desde la idea de estigmatización de quienes hoy son propietarios de las tierras rurales.

Tampoco cumple con la Consulta Previa, dado que su aplicación invade la jurisdicción territorial de minorías que cuentan con legislación propia los Indígenas. De la misma manera pareciera tener la atracción de diferendos que se presenten en el área rural y urbana por conexidad en el origen de la empresa agropecuaria, igualmente borra los alcances jurisdiccionales del acuerdo de Escazú.

Todo lo anterior, sin contar con la creación de una fuente de burocracia y contratación en todo el territorio nacional, con su carga patrimonial, para un Estado empobrecido. Si bien esta jurisdicción está contenida en el punto 1 de los acuerdos del Teatro Colón, no es el momento político para aprobarla, menos si median intereses políticos electorales del gobierno de turno.

Aún están a tiempo señores congresistas, si bien se surtió el debate y aprobación en las comisiones conjuntas de ambas cámaras, quedan pendientes los debates en plenarias de Senado y Cámara, separadamente que pudiesen darse de manera simultánea en el tiempo, mas no conjuntas en Plenaria del Congreso, donde pueden revisarse las decisiones tomadas en las comisiones y desechar esta lesiva jurisdicción como está planteada.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de diciembre de 2024).- El nuestro es un país de jueces, magistrados y “altas cortes”, pero de poca justicia, que, en lo penal, ostenta un vergonzoso índice de impunidad del 90% -del 100% en la JEP-, mientras que, en lo civil, laboral y contencioso, es un atropello permanente a los derechos ciudadanos.

Ahora tendremos nueva jurisdicción, la Agraria, con ley estatutaria aprobada, que definió su estructura y relaciones dentro del sistema judicial, la cual se encuentra en revisión en la Corte Constitucional. De otra parte, el proyecto de ley ordinaria, que establece competencias, procesos y procedimientos, acaba de ser aprobado en comisiones primeras de Senado y Cámara, faltándole los debates en plenaria de las dos corporaciones, con lo que el Gobierno no solo espera anunciar un resultado en medio de duros golpes, como el de la Ley de Financiamiento, sino mostrar el proceso como ejemplo de concertación.

Y en verdad lo fue, pues en la etapa prelegislativa el Ministerio de Agricultura abrió espacios en los que pudimos señalar, artículo por artículo, los sesgos y, sobre todo, las amenazas que representaba el proyecto original para el derecho a la legítima propiedad privada de la tierra, algo que yo venía reiterando en varios escritos en este mismo espacio, a resultas de mi compromiso con la defensa de los derechos de los ganaderos colombianos.

Fue también importante la concertación con el Congreso de la República, que merece nuestro reconocimiento, principalmente en la audiencia pública convocada por la Comisión Primera del Senado, en la que los sectores interesados pudimos expresar y consignar por escrito nuestros reparos al proyecto, lo cual, no cabe duda, fue definitivo para los debates en las comisiones conjuntas y lo será para las plenarias.

¿Qué se logró? Sin entrar en detalles, primero: “desideologizar” el proyecto, suprimiendo o morigerando unos principios permeados por el sesgo, muy de las narrativas populistas de izquierda, de una ley pensada para “proteger” a unos sectores vulnerables e indefensos, de otros poderosos y perversos, un sesgo que acabo de ver hasta en el Noticiero del Senado, cuando anuncia la aprobación en comisiones con el subtítulo en pantalla de “Los campesinos contarán con jueces especializados”. ¿Los campesinos solamente?, me pregunto. 

Segundo: acotar el desbordamiento de competencias, casi omnímodas y omnipotentes que el proyecto pretendía otorgar a los jueces agrarios; y tercero, y muy importante: recuperar para los propietarios de tierra el derecho a la fase judicial de los procesos agrarios, entre ellos la extinción de dominio y la expropiación, que el proyecto había cercenado para dejar la decisión de cierre en manos de la Agencia Nacional de Tierras.

¿Qué sigue preocupando?  Primero: que al proyecto todavía le sobra ideología y sesgo, pues, como he reiterado, la ley debe proteger a la población vulnerable en términos del acceso a la justicia y de acompañamiento, pero ya dentro del proceso, frente al juez, todos somos y debemos seguir siendo iguales ante la ley, sin favorecimientos procesales que desvirtúan la noción misma de justicia.

Y sigue preocupando que, si bien la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra existe desde la ley 160 de 1994, es una espada de Damocles que sigue pendiendo sobre la nuca de los propietarios de tierra, en un país con autoridades ambientales “autónomas” y cooptadas por el clientelismo regional, y con una legislación ambiental difusa y difícilmente aplicable en un campo agobiado por la violencia.

Con o sin fase judicial, la extinción de dominio, justificada para corruptos y narcotraficantes, es a todas luces un castigo excesivo para la presunta violación de normas ambientales. Revisarlo es una tarea del Congreso en las plenarias que vienen.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie