* Productores, asociaciones, comercializadores y demás actores de las cadenas agroalimentarias de cereales, leguminosas y soya podrán intercambiar conocimientos, ideas, tendencias e innovaciones y fortalecer alianzas estratégicas que les permitan avanzar y crecer para transformar el agro colombiano.

* Este evento contará con la participación de conferencistas nacionales e internaciones de gran trayectoria y reconocimiento.

* Para conocer la agenda de este evento, inscribirse y adquirir las entradas, las y los interesados podrán ingresar a la página web https://fenalce.co/congreso-nacional-fenalce-2025/

Agricultura & Ganadería

(Fenalce – Miércoles 26 de febrero de 2024).- La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) llevará a cabo este año el evento más importante para los sectores de cereales, leguminosas y soya en Colombia. Se trata del XXIX Congreso Nacional Académico, el cual se llevará a cabo con el eslogan “Unidos transformamos el campo” en la Central Mayorista de Antioquia, en Itagüí.

El miércoles 19 y jueves 20 de marzo, productores, asociaciones, comercializadores y demás actores de las cadenas agroalimentarias de cereales, leguminosas y soya podrán intercambiar conocimientos, ideas, tendencias e innovaciones y fortalecer alianzas estratégicas que les permitan avanzar y crecer para transformar el agro colombiano. Lo harán en compañía de conferencistas nacionales e internacionales de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos de gran trayectoria y reconocimiento, que sin duda, enriquecerán dichos sectores productivos, claves para la seguridad alimentaria del país.

Por tanto, este Congreso será un espacio de diálogo, reflexión y sinergia, que fortalecerá los lazos entre los actores clave de la agricultura en Colombia.

Entre los temas principales de este evento están el nuevo Plan Estratégico a 10 años de la Federación, los Consejos Nacionales del Maíz y de la Soya, convenios de articulación interinstitucional, las dinámicas del mercado, la salud del suelo, innovaciones y mejores prácticas para el manejo de los cultivos, el impacto de la variabilidad climática, agricultura digital e inteligencia artificial aplicada, entre otros.

En el marco de este Congreso se llevará a cabo una rueda de negocios en la Central Mayorista de Antioquia, la cual brindará una oportunidad única para conectar con las empresas líderes en la transformación y comercialización de cereales, leguminosas y soya de este departamento. Los asistentes podrán conocer, a través de un recorrido exclusivo, el mayor centro de abastecimiento agroalimentario del noroccidente colombiano. Así que, esta gira no solo representa una jornada de aprendizaje y conocimiento, sino también de networking y oportunidades de negocio.

* Las irregularidades ascienden a $160 mil millones en compra de predios realizadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la Reforma Rural Integral.

* Dentro de los principales hallazgos se encuentran predios comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, ocupaciones ilegales de predios adquiridos y retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas.

Agricultores & Ganadería

(CGR – Martes 18 de febrero de 2025).- En Actuación Especial de Fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $160 mil millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI).

Esta auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el período comprendido entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024 y se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal. Además, se solicitó una apertura de indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, por incongruencias en la información presentada por la entidad.

Las irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos comprometen la eficacia de la Reforma Rural Integral y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas beneficiarias.

Dentro de los principales hallazgos detectados se encuentran:

* Predios comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria

* Se identificaron adquisiciones de predios en diversas regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones.

* Estos suelos representan más del 50% de la superficie de varios de los predios adquiridos, lo que va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más del 20% en suelos de clase VII y VIII.

* Además, algunos de estos predios presentan humedales en un 30% de su superficie, lo que agrava aún más su viabilidad para ser utilizados en actividades agropecuarias. Estas adquisiciones no cumplen con los requisitos para ser aptas para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la Reforma Rural Integral, lo que pone en riesgo el buen uso de los recursos públicos destinados a estas poblaciones que ascienden a $43.306 millones de pesos.

Ocupaciones ilegales de predios adquiridos

Se evidenció que varios predios comprados para las comunidades campesinas fueron invadidos ante la falta de control y custodia adecuada. La falta de diligencia de la ANT para su recibo material genera un posible detrimento patrimonial por cuantía de $5.646 millones de pesos y un impacto social para las poblaciones sujetos de derecho de ordenamiento social de la propiedad.

Retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas

En varios casos, los predios adquiridos no fueron entregados de manera oportuna, afectando la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales.

Según los datos analizados, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula.

De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% fueron entregados a la población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y tan solo el 1% a comunidades negras. Esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el mantenimiento de tierras ya adquiridas, pero no entregadas.

El retraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. Esta situación generó un presunto detrimento de los recursos públicos, en cuantía de $110.322 millones de pesos.

* En Colombia cientos de personas no logran acceder a los servicios de salud. Foto Cortesía: Leonardo Muñoz / AFP

Agricultura & Ganadería

(UN – Viernes 14 de febrero de 2025).- Aunque el sistema de salud ha avanzado en cobertura, las regiones del Pacífico, Oriental y Atlántica presentan las tasas más altas de “eventos no deseados” en salud, que incluyen desde casos prevenibles de sífilis congénita hasta infecciones asociadas con el cuidado y muertes por falta de atención oportuna. Además, indígenas, afrodescendientes y personas con bajos ingresos se encuentran entre los grupos más afectados por estas inequidades.

En el sistema de salud colombiano el concepto de “seguridad del paciente” es fundamental en la discusión sobre calidad en la atención sanitaria, pero hasta ahora se ha enfocado en lo que ocurre dentro de hospitales y clínicas.

Kelly Patricia Estrada Orozco, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), propone sustituir este concepto por “seguridad de la persona y del paciente” para visibilizar a quienes ni siquiera logran acceder a los servicios de salud. En Colombia hay personas que fallecen no por errores en la atención, sino porque nunca lograron recibirla.

“No se trata solo de evitar errores médicos, sino de reconocer que el sistema en sí mismo, con sus barreras geográficas, burocráticas y estructurales, le está generando daños graves a la población”, aclara la investigadora.

En su estudio regresó a la década de 1970 para analizar documentos como políticas públicas de la época, investigaciones científicas y reportes oficiales de instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social, y más reciente los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS). Asimismo, incluyó la Ley 100 de 1993, promulgada para hacerle frente a un sistema de atención en salud inequitativo con serios problemas de acceso.

Al revisar más de 2.000 fuentes y documentos, la doctora Estrada encontró que en Colombia existen eventos no deseados, incidentes que causan daño al paciente como resultado de las fallas en la atención (falta de acceso, atención no oportuna, atención no continua y atención con calidad subóptima).

Tales fallas ocurren en el ciclo completo de atención, que incluye promoción de la salud y prevención y atención de la enfermedad, que pasan desapercibidos porque no se han considerado como parte de los eventos no deseados. Estos incluyen casos de sífilis congénita, tétanos neonatal, enfermedades inmunoprevenibles (por ejemplo, fiebre amarilla, influenza, sarampión, rubeola, neumococo y Covid-19), desnutrición y otras condiciones atribuibles a fallas en la atención.

También encontró reportes relacionados con obesidad, sobrepeso y desnutrición infantil, además del empeoramiento de enfermedades de base como la epilepsia, infecciones urinarias, anemias y hasta hemorragias, algunas por no ser atendidas y otras por no recibir dicha atención a tiempo.

En el caso de la sífilis congénita, la doctora relata que se trata de una enfermedad prevenible con un tratamiento cuyo costo es significativamente bajo por dosis, pero que aun así sigue afectando a niños recién nacidos con un patrón al que denomina “periférico” porque es más evidente en zonas alejadas del país. El problema no es la falta de medicamentos, sino las barreras para que las madres reciban atención oportuna.

“Algunas mujeres son diagnosticadas y tratadas, pero su pareja no porque está afiliada a otra EPS, lo que significa que la reinfección es inevitable; otras ni siquiera se diagnostican oportunamente, no reciben tratamiento, o no el adecuado”, explica la investigadora.

“Sabemos que en salud existen estas inequidades pero nadie había cuantificado hasta qué punto las fallas del sistema están generando daño directo a la población”, agrega.

Una redefinición que amerita urgencia

La fase cuantitativa del estudio se realizó examinando reportes de infecciones quirúrgicas y complicaciones asociadas con procedimientos hospitalarios y bases de datos epidemiológicos oficiales, como los del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Para este fin, la investigadora dividió el país en cinco regiones:

1- Bogotá.

2- Región central: Cundinamarca, Antioquia, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Caldas.

3- Región oriental: Meta, Santanderes y Boyacá.

4- Región occidental: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

5- Región norte: El Caribe colombiano.

Además creó la categoría “otros” para agrupar áreas con sistemas de salud atípicos como Amazonas, Arauca, Casanare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés, cuyas características de la prestación y barreras geográficas son particulares.

“Hicimos previsiones estadísticas a través de los riesgos atribuibles y las incidencias en cada una de esas regiones. Luego calculamos la magnitud de las diferencias entre regiones e intrarregiones para establecer el tamaño de las inequidades. También usamos gráficas de dispersión y así pudimos visualizar bien los patrones y diferencias en los riesgos en la ocurrencia de los eventos no deseados”, aclara la doctora Estrada.

Así, analizó la relación entre el acceso a la salud y los desenlaces negativos en la población, e identificó un patrón claro: las zonas periféricas, rurales y con menor desarrollo presentan tasas significativamente más altas de eventos adversos. “En departamentos como Chocó, La Guajira, Cauca y Casanare el riesgo de sufrir eventos no deseados derivados de fallas en la atención es hasta 10 veces mayor que en ciudades como Bogotá o Medellín”, precisa.

Aunque todos deberían recibir la misma calidad de atención en el sistema de salud, el estudio sustenta que existen factores que contribuyen a estas inequidades, como el nivel de ingresos, la etnia, la zona geográfica y el nivel de educación.

“La población indígena y afrodescendiente, así como las personas con baja escolaridad o ingresos inferiores a 1 smmlv son las más afectadas por los eventos no deseados, ya sea por no tener una cita médica a tiempo o por no tener la posibilidad de acceder a un tratamiento”, destaca la doctora Estrada.

Con estos resultados, además de sugerir una redefinición del término “seguridad del paciente”, la investigadora evidencia los eventos no deseados en pacientes de diferentes regiones para que este término incluya esos efectos negativos derivados de barreras en el acceso y la calidad de la atención en salud.

* De acuerdo con Fedegán, las afectaciones al sector ganadero por esta crisis humanitaria ascienden a $3214 millones. De esta cifra $1979 millones corresponden a leche y 1235 millones de pesos a producción de carne.

Agricultura & Ganadería

(Fedegán-Fundagán – Lunes 10 de febrero de 2025).- Respondiendo al llamado para atender la difícil situación que atraviesan miles de familias del Catatumbo, ganaderos entregarán 23.500 litros de leche entera y 100 % colombiana, para apoyar la dieta alimentaria de familias que han sido desplazadas forzosamente por cuenta de los actos terroristas del Ejército de Liberación Nacional en esta importante región del país.

La destinación de este importante producto corresponde a la iniciativa del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor) que, a través de su presidente, José Tarcisio Celis Rincón, y el miembro de Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) por este departamento, Andrés Hoyos, respondieron al llamado de otras organizaciones presentes en la región para buscar una ayuda integral para apoyar a más de 40.000 desplazados.

“Son cerca de 15.000 personas que se han instalado en albergues temporales que se han dispuesto en la ciudad de Cúcuta, algunas de ellas han empezado a retornar de nuevo a su lugar de origen, pero tenemos conocimiento de que hay más familias que fueron forzadas a huir a otras zonas y que necesitan nuestro apoyo”, indicó Celis Rincón.

Y añadió que “nos unimos a la Fundación Banco Diocesano de Alimentos Cúcuta para ofrecer una ayuda integral a cada familia y por supuesto, participar nosotros con la leche, porque sabemos que es un producto indispensable que puede alimentar a estas familias perjudicadas”.

El compromiso constante por fomentar la leche y sus beneficios

El Fondo Nacional del Ganado (FNG) es administrado por FEDEGÁN y de acuerdo con la Ley 89 de 1993 se destina un porcentaje de los recursos parafiscales para fomentar el consumo de carne y leche en poblaciones de escasos recursos y condiciones de vulnerabilidad. Anualmente se entregan cinco millones de vasos de leche para fortalecer la nutrición de niños, madres gestantes, población con problemas nutricionales y adultos mayores.

Esta importante iniciativa de los ganaderos también apoya actividades humanitarias para la atención de población afectada por desastres naturales, calamidades y víctimas del conflicto armado que se han encontrado en condición de desplazamiento forzoso.

La operatividad de este programa es apoyada por la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán), responsable de ejecutar la política de responsabilidad social del gremio ganadero desde hace más de 15 años y ha apoyado las actividades cívico-sociales que eventualmente se presentan en el país.

Ya fueron entregados 3500 litros de leche en Tibú y La Gabarra

“No es la primera vez que acudimos desde el gremio ganadero a un llamado de emergencia social. En el departamento del Norte de Santander, en la temporada de lluvias del año 2011, acompañamos a las familias damnificadas de Gramalote, también lo hicimos en el 2015, cuando entregamos leche en los albergues temporales dispuestos por el gobierno local para atender a los colombianos que fueron expulsados arbitrariamente por el gobierno venezolano”, recordó Nataly Delgado, directora ejecutiva de Fundagán.

Y agregó que “hoy desde Fedegán-FNG y Fundagán reafirmamos nuestro propósito de ayudar proporcionando los valiosos nutrientes de la leche a estas familias para atender nuevamente las necesidades de los nortesantandereanos. Este es el compromiso y la solidaridad de los ganaderos de la región y de Colombia”, destacó Delgado.

A finales de enero de este año fueron entregados los primeros 3500 litros de leche en los municipios de Tibú y La Gabarra. “Se espera atender progresivamente otros municipios con veinte mil litros de leche que serán entregados gradualmente y conforme a las necesidades de los pobladores de la región”, concluyó la directora ejecutiva de  Fundagán.

De acuerdo con la Oficina de Estudios Económicos de FEDEGÁN, los ganaderos de la zona viven una grave afectación por cuenta de los grupos terroristas que han generado esta crisis humanitaria en el Catatumbo.

Las estimaciones indican que las pérdidas ascienden a $3214,6 millones. De esa cifra, $1979 millones corresponden a las afectaciones en la producción de leche y 1235 millones de pesos a las pérdidas que han tenido que enfrentar los ganaderos productores de carne.

* Esta fruta logró un crecimiento del 350% en la exportación de este año, comparado con el año anterior, convirtiéndose en el cuarto producto agrícola de mayor importancia en el país.

* Las políticas económicas del gobierno para el campo colombiano se reflejan en este aumento de ventas al exterior, de acuerdo con el informe anual del DANE.

Agricultura & Ganadería

(Minagricultura – Viernes 7 de febrero de 2025).- El mercado de aguacate hass colombiano sigue ganando popularidad en los hogares y eventos norteamericanos. Como viene siendo costumbre, en el Super Bowl, el evento deportivo por excelencia de Estados Unidos, se consumirán este domingo 9 de febrero 6.512 toneladas de esta variedad de fruta, proveniente de nuestro país, en un hito histórico que representa un incremento del 350% en la exportación solo para este evento, en comparación con las 1.336 toneladas exportadas el año pasado.

Este resultado también es fruto del trabajo minucioso que el Instituto Colombiano Agropecuario, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha realizado en la inspección de este producto. Uno de los procesos clave fue la ejecución del programa ‘Inspección en Origen’, en el que participaron 20 plantas de empaque de Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda. Gracias a ello, un gran porcentaje del aguacate fue inspeccionado directamente en origen, lo que permitió una operación logística más eficiente, con un mayor control por parte del ICA para verificar el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias, asegurando la admisibilidad de los países compradores.

El Super Bowl se ha consolidado como una plataforma clave para el consumo de aguacate Hass colombiano, y los productores del país han visto este evento como una oportunidad para posicionar esta fruta bajo la marca Avocados from Colombia. En 2023, este subsector alcanzó un crecimiento económico de US$180,1 millones, y en 2024, de US$267,3 millones, lo que representa un incremento del 48,5%, según cifras citadas por Corpohass.

El posicionamiento de Colombia en el consumo de aguacate Hass en los hogares y negocios estadounidenses se debe a la calidad del producto, la apertura de nuevos mercados y el aumento en la producción. Las áreas de cultivo y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles han permitido que cada año esta oferta de exportación continúe en aumento.

Entre los productos que representan apuestas para ampliar la oferta exportadora, con alto potencial en mercados internacionales, están el cacao y productos agroindustriales derivados de frutas tropicales (como pulpas, jugos y liofilizados), que ofrecen mayor estabilidad en precios y menor dependencia de la estacionalidad. De hecho, las exportaciones de cacao y sus derivados aumentaron más del 100% en los primeros nueve meses de 2024, y alcanzaron los 195.3 millones de dólares.

Las exportaciones colombianas continúan al alza

El reporte de las exportaciones colombianas de productos agropecuarios en 2024 aumentó 14% comparado con 2023, de acuerdo con el más reciente informe del DANE y la DIAN. En el consolidado anual, las ventas al exterior sumaron US$11.491,8 millones.

El reporte estadístico también muestra que en diciembre de 2024 hubo un aumento de 29.5% comparado con el mismo mes de 2023. Esto significa que el valor de las exportaciones alcanzó los US$1.178 millones, siendo el segmento que más aportó a los indicadores.

En su reporte, el máximo ente estadístico del país explicó que este aumento se debe “a ventas de café sin tostar descafeinado (51,5%) y flores y follaje cortados (22,5%) que contribuyeron en conjunto con 20,8 puntos porcentuales a la variación del grupo”. Frutas frescas o secas, aceite de palma y salsas y preparados son los tres subgrupos que completan el listado de los cinco primeros productos colombianos que llegaron al mercado exterior.

El destino principal de los productos nacionales fue Estados Unidos, con un 27,5%. Panamá, China, Países Bajos, Ecuador, India y Brasil también demandaron lo mejor del campo colombiano.

El crecimiento sostenido responde a las decisiones del Gobierno del Cambio en política agropecuaria. Estas han impulsado las cadenas productivas, favoreciendo la sustitución de importaciones. “Colombia trabaja arduamente por abrir nuevos escenarios de exportación de sus productos agropecuarios, pero también por fortalecer y robustecer los mercados existentes, y uno es Estados Unidos. Avanzamos con resiliencia en la diversificación de las exportaciones agropecuarias, explorando nuevas oportunidades de mercado y consolidando su posición como proveedor de productos de alta calidad y valor agregado en el escenario global”, señaló la ministra Carvajalino.

* El presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, advierte que utilizar atribuciones extraordinarias de la Ley de gestión del riesgo de desastres para expropiar tierras en el Catatumbo como medida de Conmoción Interior no resuelve el problema de violencia.

* Lo primero es restaurar el orden y resguardar las propiedades de 40.000 desplazados que ahora mismo no están pidiendo tierras, sino seguridad.

Agricultura & Ganadería

(Fedegán – Sábado 1 de febrero de 2025).- José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), alertó sobre la pretensión del Gobierno de hacer un experimento de expropiación exprés en el #Catatumbo, al amparo de la Ley de Conmoción Interior.

En el recién expedido Decreto 108 -precisó el dirigente gremial-, el Gobierno da muchas vueltas en la exposición de motivos para aterrizar en la Ley 1523 de 2012, que adopta la política de gestión del riesgo de desastres, donde encontró lo que buscaba desde el Plan de Desarrollo y luego en el proyecto de Jurisdicción Agraria: Una medida sumaria de expropiación administrativa con el mínimo de recursos para el propietario.

“Es increíble, señaló Lafaurie, que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiesa que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994… genera demoras’ ¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”.

El Catatumbo, sometido a la maldición del cultivo de coca

La situación en el Catatumbo es, sin duda, un desastre, pero no se pueden trasplantar unas medidas extraordinarias de la Ley de Gestión del riesgo de “desastres naturales”, a una Ley expedida en el marco de la declaratoria de Conmoción Interior por la situación de orden público en la región, que sufre un verdadero desastre, sí, pero de ilegalidad y violencia, el desastre de la guerra entre bandidos por el control territorial para mantener sometido al Catatumbo a la maldición del cultivo de coca, el narcotráfico y toda suerte de rentas ilegales.

Sin embargo, en gracia de discusión, si el decreto llegare a pasar el examen constitucional, no podría usarse como pretexto para extender a otras regiones del país ese régimen excepcional y trasplantado desde la legislación para la gestión del riesgo de desastre.

“Al margen del derecho del campesino, el reinsertado o el indígena a su parcela, que lo comparto, no entiendo la obsesión por creer que esa es la panacea, la solución para todo. Puedo asegurar que, ahora mismo, los 40.000 desplazados no están pidiendo tierra, muchos ya la tienen y están más preocupados por su seguridad y su vida, por no perder lo que ya poseen”, manifestó.

Primero, restituir el orden y la seguridad

Por ello, el presidente ejecutivo de Fedegán concluyó que las prioridades del Gobierno, antes que expropiar y repartir tierras en medio del caos, deberían ser: primero, la restitución del orden y la seguridad de los pobladores; segundo, la protección de las tierras abandonadas por los desplazados, en riesgo de despojo por parte de los bandidos que tienen incendiada la región.

Y, por último, “si dentro de los planes de recuperación se necesitan tierras, pero no desnudas, sino con proyectos productivos y asistencia técnica, con vías decentes, escuelas, centros de salud, crédito, y ese largo etcétera que siempre falta en los procesos de reforma agrarias, pues ahí están las de la coca, no las de los campesinos obligados a sembrarla, que lo que necesitan son programas de sustitución con mercados, sino las de cultivos industriales ilícitos, que los hay, que ni siquiera son objeto de expropiación, sino de extinción de dominio por ministerio de la ley, en razón a su utilización en actividades ilícitas”, explicó.

El dirigente gremial afirmó que “Fedegán, por su parte, en cumplimiento del convenio con el Gobierno Nacional, revisará y fomentará en la región la oferta de tierras para compra directa con destino a reforma agraria”.

* Colombia se destaca por su alta diversidad de abejas sin aguijón, y en el Casanare se identificaron más de 20 tipos. Foto Cortesía: Saria María Espinosa, investigadora UNAL.

Agricultora & Ganadería

(UNAL – Jueves 23 de enero de 2025).- Un total de 100 beneficiarios, entre ellos productores de aguacate, mora, café y miel de los municipios Yopal, Chameza, La Salina y Sácama (Casanare), se capacitaron a través de talleres prácticos en apicultura básica, cría de reinas y meliponicultura (crianza de abejas sin aguijón). Además, se fomentó la asociatividad y el mercadeo estratégico, llevando a los participantes incluso a gestionar un estand en un centro comercial para dar a conocer sus productos y explorar estrategias comerciales.

La diversidad geográfica del Casanare, que incluye la cordillera Andina y la llanura de la Orinoquia, es el escenario ideal para la consolidación de prácticas apícolas sostenibles. Según el profesor Gonzalo Téllez, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la UNAL Sede Bogotá, “el potencial de la región contrasta con los retos de desarrollo, pues es muy rica en biodiversidad; sin embargo, necesitaba ser acompañada de iniciativas que fortalezcan a los productores”.

La iniciativa liderada por la Universidad Nacional de Colombia, financiada por el Sistema General de Regalías y que se realiza en alianza con el SENA y Agrosavia, ha tenido el apoyo también de la Gobernación de Casanare en la articulación de esfuerzos, ya que, según el académico, “sin su colaboración, sería difícil implementar este tipo de proyectos en territorios tan alejados”.

Además de identificar el potencial de la apicultura en Casanare, el proyecto ha brindado herramientas prácticas para organizar a las comunidades, y abrir un poco más su cosmovisión. “Había mucho por hacer, y lo importante era entender que las abejas no solo son productoras de miel, sino aliadas fundamentales para los cultivos”, anota el profesor Téllez.

“A partir de este enfoque integral se está logrando un cambio en la percepción de los productores, y muchos han empezado a usar las abejas para mejorar la productividad en los cultivos y evitar el uso de agroquímicos” explica el biólogo Oswaldo Andrés Sánchez, coordinador técnico del proyecto.

Talleres en meliponicultura, cría de reinas y mercadeo

Uno de los ejes centrales del proyecto es la meliponicultura, una práctica casi desconocida en la región. Gracias al levantamiento inicial de especies, se identificaron más de 20 tipos de abejas nativas con potencial productivo.

“Colombia destaca por su altísima diversidad de abejas sin aguijón, y en el Casanare identificamos la Angelita, la Melipona, Scaptotrigona, entre otras. Esta diversidad representa no solo una oportunidad económica, sino también un recurso esencial para la sostenibilidad ecológica”, comenta el biólogo Sánchez.

La creación de meliponarios ya ha generado un impacto directo en las comunidades, “hemos creado estas ‘casas de las abejas meliponas’ en municipios como Chámeza, La Salina y Sácama. Además, fomentamos la producción de miel, que es más sencilla, al no tener que usar tantos implementos de protección, buscamos reforzar el conocimiento local sobre biodiversidad”, añade.

El enfoque de apropiación social del conocimiento ha sido otro pilar del proyecto. Con el apoyo del SENA, se ofertaron cursos básicos como “Emprendimiento en Apicultura”, donde los participantes aprenden el manejo de básico de las colmenas. Luego, la UNAL complementa con formaciones avanzadas en meliponicultura, cría de reinas, polinización y buenas prácticas. Además, se han incorporado herramientas de gestión empresarial y asociativa, adaptadas a las necesidades específicas de las comunidades.

Durante todo el ejercicio, se hace presente abordar los retos del mercado agropecuario, los profesionales de la UNAL coinciden en que, el punto no es solo mejorar la producción, sino garantizar que los productores accedan a mercados justos y sostenibles.  Con este objetivo, además de talleres en mercadeo, se les entregó una caracterización las mieles locales, destacando su origen botánico y propiedades fisicoquímicas, lo que permite crear historias de venta atractivas.

En este contexto, la creación de un estand en un centro comercial de Yopal ha sido un ejercicio clave. “La finalidad no es solo vender productos, sino que los apicultores aprendan a comunicar el valor de sus mieles y se conecten con los consumidores, esto además que se apropian de su producto, sirve como estrategia de mercado para recibir retroalimentación”, puntualiza el biólogo Sánchez.

Otro aspecto destacado del proyecto es su enfoque multidisciplinar. Ingenieros químicos e industriales, zootecnistas, agrónomos y biólogos trabajan juntos para abordar los retos del sector, desde una perspectiva integral.

Con una metodología que combina ciencia, sostenibilidad y participación comunitaria, se están sentando las bases para un desarrollo rural inclusivo. “La Universidad Nacional reafirma su compromiso con el conocimiento como bien común, demostrando que la ciencia puede cambiar vidas y fortalecer comunidades”, concluyó el profesor Téllez.

* Informe a las autoridades si tiene conocimiento de la venta de productos sin registro.

Agricultura & Ganadería

(ICA – Miércoles 18 de diciembre de 2024).- El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informa a la ciudadanía que, tras realizar visitas de inspección, vigilancia y control a la empresa Laboratorios Cytec S.A.S., se ha evidenciado que esta compañía no ha realizado actividades de producción de medicamentos de uso veterinario de su propiedad desde el año 2011 hasta la fecha.

Ante esta situación, el ICA hace un llamado a la población para que se abstenga de adquirir los siguientes productos de este laboratorio: Vita E, Multicyt, Bolganar-P, Vacuzole e Ivercyt, que hayan sido elaborados durante este tiempo.

Es importante resaltar que la comercialización de estos productos podría representar un riesgo para la salud de los animales, ya que no se garantiza su calidad ni su eficacia; teniendo en cuenta que no son reconocidos por la empresa titular de los registros.

El ICA recomienda a los ciudadanos verificar la procedencia de los medicamentos de uso veterinario, antes de adquirir cualquier producto farmacéutico. Asegúrese de que sea adquirido en establecimientos autorizados y que cuente con los registros sanitarios correspondientes.

El ICA reitera su compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos y continuará realizando acciones de vigilancia y control para garantizar la calidad de los productos agropecuarios y los alimentos de uso animal.

* En el Magdalena Medio, el sector agricultura entregó resultados de la gestión durante el año: tierras, proyectos productivos y derechos para el campesinado se destacaron en este ejercicio de transparencia a la ciudadanía.

* Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, este gobierno ha avanzó como ningún otro en el compromiso de reivindicar la lucha campesina para que miles de familias tengan una mejor calidad de vida.

Agricultura & Ganadería

(Minagricultura – Lunes 16 de diciembre de 2024).- Avances significativos en Reforma Agraria, reactivación económica del campo colombiano, reconocimiento de los derechos del campesinado y destacados aportes en la construcción de paz fueron los temas más sobresalientes de la rendición de cuentas que este viernes realizó el sector Agricultura en el Polideportivo Benito Arias de Yondó (Antioquia), ante unos 600 asistentes.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, lideró este ejercicio de transparencia para contarle al país los resultados de esta gestión y las acciones que se lograron durante esta vigencia. “No es una rendición de cuentas normal: estamos a la mitad del Gobierno del Cambio, el momento preciso para hacer un balance. Estamos delante de ustedes, ávidos de escuchar, de construir desde la experiencia de la resistencia del territorio campesino en el Magdalena Medio”, señaló la ministra.

En lo referente a Reforma Agraria se destacan logros que contribuyeron al cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz, entre ellos, la adquisición de 440.000 hectáreas fértiles destinadas al Fondo de Tierras, de las cuales el 63% (275.065 hectáreas) se negociaron bajo la modalidad de oferta voluntaria. De estas últimas, el 70% (191.852 hectáreas) quedaron en manos de familias campesinas y firmantes de paz. El restante fue adjudicado a población étnica.

En lo que respecta a la titulación, las cifras confirman que el Gobierno del Cambio avanza sin pausa para el cumplimiento del Acuerdo. En ese orden de ideas, desde la Agencia Nacional de Tierras se han formalizado más de 1.200.000 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, de las cuales 971.683 corresponden a títulos expedidos desde que Gustavo Petro asumió como presidente de la República.

“En lo fundamental hemos venido construyendo los cimientos para que la Reforma Agraria sea una política de Estado (…). Reconstruimos el Sistema Nacional de Reforma Agraria para poder hablar de vías terciarias, de salud, de educación en la ruralidad. Logramos que el conjunto del Gobierno en Colombia volviera a minar al campo”, destacó la ministra en su intervención.

En distintos escenarios se ha enfatizado que la Reforma Agraria no es solo entrega de tierras, sino que estas adjudicaciones deben ir de la mano con la implementación de proyectos productivos agropecuarios. Así las cosas, se resalta que se han destinado recursos por más de $426 mil millones para poner en marcha 154 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) impulsados por la Agencia de Desarrollo Rural.

La implementación de estos proyectos, más el diseño de políticas financieras para beneficio del campesinado, han sido claves para que las actividades agropecuarias sean protagonistas en la reactivación económica del sector. Este se traduce en un crecimiento sostenido que, de acuerdo con el DANE, está en un 8.8% más que el año anterior en el grupo de las actividades relacionadas con agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y esto, a su vez, ha repercutido de manera positiva en la reducción de la inflación, ya que el precio de los alimentos ha bajado.

El repunte económico también se refleja en el aumento de las exportaciones agrícolas. Con corte a octubre, último mes informado, las ventas de productos del campo colombiano al exterior tuvieron un crecimiento del 12.7% comparado con el año anterior. En dólares, esto representa ingresos por 9.331 millones.

Aguacate Hass, banano, flores, cítricos, mango, maracuyá, gulupa, uchuva, arándanos, aceite de palma y plátano han estado en los mercados internacionales, se resalta que el café tuvo un aumento en precio que no se veía desde hace 13 años y medio, llegando a más de $2.6 millones por carga.

El cacao, por su parte, reportó un aumento de exportaciones de 103% comparado con el año anterior, y continúa en la senda de conquistar mercados extranjeros como el fruto de la paz.

Justicia social para el campo

A propósito de paz, desde MinAgricultura se ha apostado por el acceso a la justicia para el campesinado con el objetivo de saldar una deuda histórica, dado que la causa del conflicto ha estado ligado a problemas de tierras. Es así que se le propuso al Congreso un proyecto de Ley Ordinaria para fijar las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural.

Esta iniciativa está a la espera de hacer tránsito a debate y de allí a sanción presidencial, para dar herramientas jurídicas para abordar temas que afectan los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales, y aquellos vinculados con las relaciones de producción agraria.

Desde la Unidad de Restitución de Tierras se mostraron también resultados positivos, ya que durante esta vigencia se han cumplido sentencias judiciales para restituir más de 24.000 hectáreas acompañadas con inversión de recursos para implementar proyectos productivos.

Avanzamos en derechos para el campesinado

En esta rendición de cuentas, Minagricultura también destacó, que de las 18 Zonas de Reserva Campesina existentes, 11 han sido constituidas en el Gobierno del Cambio, y en esta vigencia han surgido seis: Tuluá, Santa Isabel – Anzoátegui, Tarazá, San José de Apartadó, Pradera y Alto Sinú.

Otro de los avances que se destacaron en el evento fue la firma del decreto que formaliza los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), desde los que se refuerza el reconocimiento de la territorialidad, saberes y tradiciones históricas de las comunidades campesinas en su labor agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria.

En Yondó también se exaltó la reglamentación del decreto que regula el funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos, una instancia clave para coordinar políticas públicas a favor de la población campesina, y que marca un hito para dichas comunidades en todo el país.

La ministra Carvajalino cerró la jornada invitando a las organizaciones campesinas “a encontrarnos, a movilizarnos el 21 y 22 de febrero de 2025 para que, después de 50 años, hagamos un acuerdo por la Reforma Agraria y construyamos el Plan Decenal que el pueblo colombiano quiere para la redistribución, para el desarrollo rural, para la Reforma Rural Integral, para la apuesta de la transformación del campo en Colombia. Un nuevo acuerdo de Chicoral que nos permita transitar en la Revolución por la Vida”.

* Esta iniciativa, discutida con todos los sectores, está próxima a ser Ley de la República para continuar avanzando con la implementación del Acuerdo de Paz.

Agricultura & Ganadería

(Minagricultura – Miércoles 11 de diciembre de 2024).- Luego de cuatro jornadas intensas de votaciones, representantes y senadores de las Comisiones Primeras de sus respectivas corporaciones dieron el visto bueno al Proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. Esta iniciativa del Gobierno nacional es una herramienta para abordar los temas que afectan los derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales, y aquellos relacionados con las relaciones de producción agraria.

Este proyecto de ley define las competencias de los jueces agrarios que se encargarán de dirimir de manera rápida y sencilla las disputas agrarias. Por eso, desde los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Justicia y del Derecho e Interior impulsaron y participaron de mesas de diálogo con expertos en Derecho Agrario, centros de pensamiento, académicos, y organizaciones campesinas y productivas y gremiales. La suma de todas estas voces fue clave para construir su procedimiento y funcionamiento.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, declaró que “tenemos un proyecto de ley que da cuenta del momento histórico que este Congreso, que el Gobierno del Cambio y que el Estado en su conjunto debe afrontar. Seguir negando la justicia para el campo es seguir sometiéndonos al vaivén de la guerra. (…) Aquí está la posibilidad de que esta Colombia sea distinta, porque en las manos de lo que ustedes hicieron está la posibilidad de reencontrarnos en lo fundamental y hablar de una Colombia en paz, de una Colombia potencia agroalimentaria”.

Para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “con el logro de hoy, avanzamos hacia la creación de los primeros jueces especializados en conflictos agrarios y rurales. Garantizar los derechos del campesinado, las comunidades étnicas y las mujeres rurales es un compromiso clave del Acuerdo de Paz”.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que “la importancia de la Jurisdicción Agraria es hacer realidad el marco de la Ley Estatutaria, que significa, también, poner a disposición de la comunidad campesina jueces agrarios, distribución de competencias y jurisdicciones que son muy importantes en los debates que han sido objeto de conflicto social en muchos de nuestros territorios. Esta aprobación es el resultado del diálogo, la construcción colectiva y de los consensos alcanzados entre las diferentes bancadas, que entendieron la importancia de pensar en las necesidades de nuestros campesinos. Hoy damos un paso fundamental hacia la justicia social y el reconocimiento de sus derechos”.

El proyecto de ley debe ahora hacer tránsito a plenarias de Cámara y Senado donde se espera su aprobación oportuna, con miras a que la Jurisdicción Agraria y Rural pueda entrar a funcionar en el primer semestre de 2025.

La aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural significa el cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz, y se sumará a otras iniciativas que se han implementado en favor de las comunidades campesinas como la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

La ministra Carvajalino concluyó agradeciendo a los congresistas, “porque, pese a las diferencias y perspectivas opuestas que podamos tener, hemos encontrado un camino que nos acerca a algo que puede ser un acuerdo, y es recuperar ese campo productivo y en paz que nos permita hacer de la agricultura en Colombia un motor de la economía”.