* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 6 de marzo de 2026).- Nuestra democracia enfrenta su primera contienda electoral de 2026, trascendental para el país, no solo porque la conformación del Congreso dibuja el mapa político del próximo cuatrienio y es, a la vez, una suerte de “primaria” hacia la primera vuelta presidencial, sino porque es mucho lo que está en juego.

En efecto, la izquierda, en cabeza de Petro desde la Presidencia y del Pacto Histórico en la arena política, adelanta una amenazante “estrategia integral” para atornillarse al poder, no hasta 2030, sino con la vocación de permanencia de los regímenes comunistas.

Su primer componente es deslegitimar, algo nada nuevo en Petro: A la Corte Constitucional que no aprueba sus reformas y al Consejo Nacional Electoral que lo investiga; deslegitimar al empresariado, al Congreso, a la Procuraduría y a toda persona o institución que se le atraviese.

Con las elecciones encima, Petro arremete contra el CNE por no dejarle repetir a Cepeda consulta interpartidista y, luego, por confirmar las multas a su campaña, que se voló los topes y usó financiación prohibida. “No aceptamos esa decisión administrativa”, fue su respuesta, algo así como “la Ley no es con nosotros”. 

Sus otros objetivos son la Registraduría y el sistema electoral. El 7 de febrero anuncia que no votará una consulta “manchada de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Días después, el Pacto Histórico, partido del cual es jefe supremo, anuncia sanciones a quienes la voten.

En su última alocución fue más lejos: lanzó un manto de duda sobre el software, calificó de ilegal el preconteo e instigó a la impugnación masiva de las 123.000 mesas. “Si son todas, todas”, lo que representaría un verdadero “estallido electoral”, un saboteo sin precedentes al proceso insignia de la democracia.

Al segundo componente de la estrategia ya me referí en anterior columna: la descarada utilización de recursos públicos con inocultable “oportunidad electoral”, mientras se envuelve de dignidad lanzando una campaña contra la compra de votos.

La feria del gasto populista inició con 235.000 empleos públicos creados en 2025; votos cautivos a los que se sumaron más de un millón con el subsidio a la “Colombia mayor”, y luego el “mínimo vital” agregó 4 millones más de posibles sufragantes agradecidos; incremento que generó el ataque al Consejo de Estado por la suspensión del decreto y un desacato por presentarlo nuevamente sin modificación alguna; para rematar enero con 165 mil contratos firmados por 15 billones, una burla a la Ley de Garantías.

En febrero, una rebaja de $500 por galón de gasolina es presentada como “regalo”, cuando en realidad es una restitución, pues al Gobierno se le fue la mano en los aumentos de precio en cerca de $4.000 por galón por encima del precio internacional y estábamos siendo, literalmente, robados. Hace apenas unos días se anuncia otra rebaja de 500 pesos, calificada de irresponsable por los expertos, en un momento de aumento mundial de precios por la guerra; pero no importa…, estamos en elecciones. 

En medio de inauguraciones, entrega de tierras y plata para universidades públicas, el Gobierno sale a remediar otro atraco a los colombianos ¡en 2023! con los precios del gas, ordenando a las empresas distribuidoras, a través de la CREG, devolver $150 mil millones a los consumidores. Falta ver si es cierto.

Deslegitimación, promesas y gasto populista a tutiplén, todo adobado con la publicidad del PH exaltando al Gobierno “que nos llenó la nevera”, mientras los violentos ponen candidatos en los territorios sin gastar un peso…, con sus armas en bandolera.

Entre tanto, quienes creemos en la democracia y sus instituciones, en la propiedad privada y el emprendimiento, salgamos a votar para garantizar nuestras libertades.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 6 de marzo de 2026).- “El día en que el avalúo activa $30 millones” no es una exageración retórica. Una actualización catastral puede no disparar el predial por sus límites legales, pero sí cruzar el umbral que activa el impuesto al patrimonio. El problema no es el valor en papel: es la obligación de pagar en efectivo, y hacerlo ahora.

En el sector agropecuario se discute con intensidad el aumento del predial. El debate necesita menos estridencia y más precisión jurídica. Pero cuando se mira completo, el rigor también inquieta.

El avalúo catastral no es el impuesto. El predial es un tributo municipal sometido a límites claros. El artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece que, tras actualización catastral, el incremento anual no puede superar el IPC más ocho (8) puntos porcentuales frente al año anterior. Ese tope es obligatorio.

El impacto verdadero, sin embargo, no termina en el municipio.

El Estatuto Tributario dispone que el patrimonio bruto está conformado por el total de bienes poseídos al 31 de diciembre por su valor fiscal. Si el avalúo sube, el patrimonio sube. Y cuando el patrimonio cruza ciertos umbrales, se activan nuevas obligaciones nacionales.

Supongamos que el Decreto Legislativo 0173 de 2026 fija un umbral de sujeción de $5.000 millones de patrimonio líquido y una primera tarifa del 0,5%.

Un productor tenía:

Patrimonio líquido total: $4.800 millones.

No estaba sujeto al impuesto al patrimonio.

Tras la actualización catastral, su predio aumenta de valor y su patrimonio líquido asciende a $6.000 millones.

¿Qué ocurre jurídicamente?

Primero, supera el umbral legal.

Segundo, se convierte en sujeto pasivo del impuesto.

Tercero, la tarifa se aplica sobre la base gravable definida por la norma.

Si la base corresponde a $6.000 millones, el cálculo es directo:

0,5% de $6.000 millones = $30 millones anuales.

Antes pagaba $0.

Ahora debe pagar $30 millones.

No sobre el excedente. Sobre la base gravable que la ley determine una vez superado el umbral.

Y aquí está el punto crítico: ese impuesto no se paga con avalúos. Se paga con liquidez.

No es una obligación teórica ni diferida. Se liquida dentro del mismo año fiscal y debe pagarse en las cuotas establecidas por el calendario tributario. El productor puede tener más patrimonio en el papel, pero no necesariamente más rentabilidad ni mayor flujo de caja. La productividad por hectárea no aumenta porque el catastro se actualice.

Sin embargo, la obligación sí es inmediata.

Además, cuando se cruza el umbral patrimonial no solo se activa el impuesto al patrimonio. También se amplía el universo de declarantes de renta y se incrementa la exposición fiscal.

Conviene una precisión técnica: “empresario” no es categoría tributaria. El sujeto pasivo lo define la ley y puede ser persona natural o jurídica. Si el patrimonio supera el umbral, queda dentro, sin importar la forma jurídica en que opere la actividad.

Por eso el debate no puede reducirse a si el predial “se disparó” o no. El debate serio es si el sistema tributario está midiendo capacidad contributiva real o valorización administrativa.

Cuando el avalúo crece sin que crezca el ingreso, el riesgo no es la histeria. El riesgo es la descapitalización silenciosa.

Porque el patrimonio puede aumentar en los registros.

Pero el impuesto se paga en efectivo.

Y se paga ya.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Jueves 5 de marzo de 2026).- Febrero confirma un importante ajuste en la oferta; el sector cafetero colombiano expresa preocupación por la afectación de la producción y los precios actuales.

La producción nacional de café en febrero alcanzó 869 mil sacos de 60 kg, con una caída -36% frente al mismo mes del año anterior. Menor disponibilidad de café, asociado a condiciones climáticas.

En los últimos doce meses (marzo de 2025 a febrero de 2026), la producción se ubica en 12,72 millones de sacos, una variación de -14% por debajo de los niveles observados un año atrás.

En materia de comercio exterior, las exportaciones preliminares de febrero cayeron -32% alcanzando 807 mil sacos. En el año cafetero, es decir de Oct a la fecha hemos exportado 5,06 millones de sacos (-14%) que representa una menor disponibilidad de café de colombia para el mundo.

Las importaciones de café en febrero se estiman en 116 mil sacos, mientras que en año móvil alcanzan 1,32 millones de sacos, principalmente para complementar abastecimiento industrial. Por su parte, el consumo interno se mantiene estable en 2,3 millones de sacos, ratificando la solidez estructural de la demanda local.

El reto inmediato será aplicar medidas contra cíclicas para seguir fortaleciendo productividad: fertilización y renovación de cafetales para consolidar el ciclo productivo en los próximos meses.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 27 de febrero de 2026).- Actualizar el catastro rural es una deuda histórica del Estado y un paso necesario hacia la equidad tributaria. Pero convertir el impuesto predial en herramienta de presión productiva plantea interrogantes constitucionales y económicos que el país no puede eludir. El debate no es si se paga, sino cómo y bajo qué principios.

La actualización catastral en Colombia no admite mayor discusión: durante décadas, la desactualización ha generado inequidades evidentes, erosionando la base fiscal de los municipios y distorsionando la carga tributaria entre contribuyentes. Corregir ese rezago es una medida técnicamente necesaria e institucionalmente legítima.

Sin embargo, el debate comienza cuando el impuesto predial deja de concebirse exclusivamente como tributo fiscal y empieza a utilizarse como instrumento de política pública para inducir comportamientos productivos. Allí entramos en el terreno de la extrafiscalidad.

En teoría tributaria, la extrafiscalidad se presenta cuando un impuesto no solo busca recaudar, sino también orientar conductas económicas o sociales. Es una herramienta legítima en ciertos contextos —por ejemplo, en tributos ambientales o correctivos—, pero su uso exige proporcionalidad, razonabilidad y coherencia con los principios constitucionales que rigen el sistema tributario.

El predial es un tributo territorial cuya finalidad principal es financiar al municipio. Está sujeto a los principios de legalidad, equidad, progresividad y capacidad contributiva. Cuando se le asigna una función adicional de presión productiva, el análisis ya no es meramente fiscal: se convierte en constitucional.

El problema no es promover el uso eficiente de la tierra. Colombia no puede desconocer que existen rezagos históricos en materia de productividad rural. La función social de la propiedad es un mandato vigente. Pero la pregunta es si el camino adecuado para incentivar la productividad es aumentar la carga tributaria bajo el supuesto de subutilización.

La tierra rural tiene múltiples vocaciones: agrícola, pecuaria, forestal y ambiental. La ganadería regenerativa, los sistemas silvopastoriles o la conservación estratégica generan empleo, estabilidad territorial y servicios ecosistémicos. Reducir la discusión a un concepto uniforme de “uso adecuado” puede desconocer la aptitud real del suelo y la complejidad del territorio.

Existe además un elemento particularmente sensible en el marco de la reforma agraria. Cuando el Estado adjudica tierras, la formalización implica obligaciones tributarias. El nuevo propietario asume el pago del predial. Pero la tierra no genera liquidez inmediata. Sin infraestructura vial, distritos de riego, asistencia técnica y acceso efectivo a mercados, el potencial productivo tarda en materializarse.

En ese contexto, un incremento significativo del predial puede producir un efecto no deseado: que el beneficiario, ante la falta de flujo de caja, se vea obligado a enajenar el predio. La política pública no puede, por vía tributaria, generar dinámicas que terminan reproduciendo concentración.

La extrafiscalidad, cuando se aplica sin condiciones habilitantes, corre el riesgo de transformarse en presión económica antes que en incentivo productivo. El diseño tributario debe considerar la realidad económica del contribuyente y garantizar transiciones graduales que preserven la seguridad jurídica.

Si el objetivo es estimular la productividad rural, existen alternativas más eficaces: incentivos tributarios condicionados a inversión, reconocimiento de generación de empleo formal, estímulos por conservación ambiental o mejoras tecnológicas verificables. Premiar la inversión es sustancialmente distinto a penalizar la inactividad presunta.

La actualización catastral es una herramienta de ordenamiento necesaria. Pero su legitimidad dependerá de que fortalezca la equidad sin erosionar la confianza. La función social de la propiedad no puede interpretarse de manera aislada de la capacidad económica real.

La tierra puede ser instrumento de equidad.

Pero el impuesto no puede convertirse en atajo ideológico.

Cuando la extrafiscalidad sustituye la política productiva, el riesgo no es solo jurídico: es económico y social.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 27 de febrero de 2026).- Sí… Renuncié al Centro Democrático y, como era de esperarse, me tildan de mal perdedor. Estoy viejo para pataletas de envidioso, como me calificó Uribe Londoño, pero también para callar ante la opacidad, por lo que, respetuosa y reiteradamente solicité respuestas… que nunca llegaron.

Si hay crisis en el partido, era evidente aun antes del atentado contra Miguel Uribe y su posterior fallecimiento, y los entonces precandidatos lo saben. En octubre de 2024 aceptaron que Miguel se sumara en franca lid, aunque hubo desavenencias, hay que decirlo, porque, muy temprano empezó a gastar en asesores, eventos masivos y publicidad, a un ritmo que no estaba en las cuentas de sus compañeros, lo que generó una directriz del partido, incluido un almuerzo privado con el expresidente. 

Luego viene el fatal atentado y, entonces, todo fue confusión. Que si Miguel sobrevivía sería el candidato, no solo fue un anuncio dramático que contrariaba la realidad médica, sino la primera de más insólitas reacciones. Vendría la descabellada acusación de la viuda contra María Fernada Cabal y su puja con el padre por el favor de Álvaro Uribe, hasta que el expresidente acepta, no sin reparos, la precandidatura de Uribe Londoño.

A poco andar el nuevo precandidato empieza a demoler desde adentro. Asiste a los eventos del partido cuando quiere y rechaza a la encuestadora Atlas Intel, mientras sus asesores la contactan hasta lograr su renuncia para evitar “riesgos reputacionales”, con lo que se incumple la fecha del 28 de noviembre.

Empieza entonces un vaya-y-venga: que ya no encuesta y una nueva fecha para el anuncio oficial, el 6 de febrero, pero ya no de un candidato, sino de varios que irían a consulta interpartidista. A los pocos días ya no era el 6 de febrero, sino el 15 de diciembre, y volvimos a las encuestadoras, pero no una sino dos, contratadas a las carreras, para elegir el candidato oficial, todo en medio de la renuncia de Andrés Guerra por falta de garantías y la expulsión de Uribe Londoño por sus “acercamientos” a Abelardo en busca de ¡la vicepresidencia!

La elección de la última fecha fue otro atropello, días después del cierre de inscripciones a Congreso, lo que representó una expulsión de facto de las candidatas no triunfantes, y una confirmación del rechazo del expresidente a la propuesta de llevar a la segunda en votación como cabeza de lista a Senado. Paloma deberá recordarlo.

Ese 15 de diciembre se descorren las bambalinas y sale a escena uno de los artífices del entramado: José Obdulio, “asesor” del partido y promotor de Pinzón, el candidato de Santos, publica un libelo indignante para mi familia –“Sin Cabal, Uribe gana”–, en el cual celebra el triunfo de Paloma. El portal “Los irreverentes”, donde lo publica, hace una curiosa confesión de parte: lo fecha en su encabezado el 15 de diciembre y, a pie de página, aclara que se publicó al día siguiente ¿acaso se escribió antes de conocerse los resultados? ¿Cómo los supo?

Ahora sí… renuncié. Es un asunto de dignidad. Regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional, donde daré las batallas que exige la amenaza de continuidad de la izquierda en el poder.

También me tildarán de traidor, pero no traiciono mis convicciones. Lo que pienso lo digo; lo que digo lo escribo. En una anécdota atribuida a Camus, su impresor le advierte los riesgos de publicar un escrito en medio de la invasión alemana, y él responde: “Escribir es un acto de resistencia. Por eso debemos publicarlo. La lucidez no basta sin coraje.”

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 21 de febrero de 2026).- El precio en finca no es el precio en la góndola del expendio. Cerrar exportaciones es populismo, no política pública.

“Al cierre de 2025, la ganadería colombiana exportó cerca de USD 400 millones en carne, ganado en pie y despojos. Suspender ese flujo no incrementa la oferta interna estructural ni reduce costos de producción. Sí reduce empleo rural, liquidez en finca y confianza inversionista. Pretender que cerrar mercados externos abarata la carne es un argumento políticamente útil en año electoral, pero técnicamente equivocado.”

Colombia cerró el 2025 con 29,4 millones de bovinos. De ese total, 11,8 millones son vientres en edad reproductiva efectiva. Con una tasa promedio nacional de natalidad del 58%, el país produjo 6,9 millones de terneros durante el año.

La extracción anual fue de 4,1 millones de animales, equivalente al 13,9% del inventario, nivel compatible con sostenibilidad del hato y reposición natural.

De esos 4,1 millones: 3,82 millones se destinaron al beneficio para consumo interno y exportación de carne y 280.000 animales se exportaron en pie.

La exportación en pie representa 0,95% del inventario nacional y 6,8% del total extraído. No existe una presión estructural sobre el hato atribuible al comercio exterior.

En términos de valor, las exportaciones de carne bovina, ganado en pie, despojos y derivados alcanzaron USD 368,9 millones con corte a noviembre, proyectando un cierre cercano a USD 390–400 millones en 2025.

Ese monto no es marginal. Es el flujo que permite absorber excedentes que el mercado interno no puede incorporar sin generar distorsiones.

Colombia tiene 642.000 predios ganaderos, y 451.000 (70,2%) poseen menos de 25 reses. La mayoría de estos pequeños productores participa en la etapa de cría. Muy pocos —menos del 12%— realizan el ciclo completo.

El sistema opera por especialización:

1. Cría: nacimiento hasta 200 kg.

2. Levante: 200 a 300 kg.

3. Preceba: 300 a 380 kg.

4. Ceba: 380 a 520 kg antes del beneficio.

De los 6,9 millones de terneros nacidos, cerca de 4,1 millones provienen de pequeños y medianos criadores que dependen de la compra por parte de levante y ceba para convertir su producción en ingreso.

Si se suspenden exportaciones, el efecto no es una reducción automática del precio al consumidor. Lo que ocurre es:

* Caída del precio en finca por sobreoferta temporal.

* Desaceleración en compra de terneros.

* Reducción en inversión en genética y manejo.

* Menor rotación en las fases de levante y ceba.

El precio al consumidor final depende de transporte, intermediación, procesamiento, carga tributaria y costos logísticos urbanos. La participación del ganado en pie dentro del precio final es solo una fracción del valor total en góndola.

Cerrar exportaciones no reduce costos de combustibles, energía, transporte, impuestos. Por tanto, no corrige la estructura de costos que explica el precio final.

Lo que sí hace es retirar del sistema cerca de USD 400 millones anuales.

Con una relación estimada de 1 empleo directo por cada 90 animales movilizados, la extracción anual de 4,1 millones de bovinos sostiene alrededor de 45.500 empleos rurales directos, sin contar frigoríficos, logística portuaria, certificación sanitaria y transporte especializado.

La ganadería colombiana compite con atributos diferenciadores: producción mayoritaria a pasto, bajo uso de granos importados, sistemas silvopastoriles en expansión y ganado criado con pasto, agua y sal. No es una carne industrial confinada. Es un modelo extensivo con valor ambiental y territorial.

El debate técnico no es clausurar exportaciones. Es elevar la productividad por vientre, reducir edad al sacrificio y mejorar la eficiencia logística.

En un sistema con 11,8 millones de vientres, 6,9 millones de nacimientos y 4,1 millones de extracción anual, suspender exportaciones no es una medida económica estructural.

Es una señal política.

Y en economía rural, las señales equivocadas se pagan en empleo, inversión y confianza.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Nota Técnica (NB):

Inventario bovino 2025: 29,4 millones de cabezas.

Vientres productivos: 11,8 millones.

Tasa de natalidad promedio nacional: 58 %.

Nacimientos 2025: 6,9 millones de terneros.

Extracción anual: 4,1 millones de animales (13,9 % del hato).

Exportación en pie: 280.000 animales (0,95 % del inventario).

Exportaciones ganaderas totales (carne, ganado en pie, despojos y derivados) 2025: USD 368,9 millones a noviembre; proyección cierre anual: USD 390–400 millones.

Predios ganaderos: 642.000; 70,2 % con menos de 25 reses.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de febrero de 2026).- Quiero creer en nuestra justicia, aunque sea difícil hacerlo, sobre todo porque su principio y derecho fundamental de la igualdad ante ella es apenas una frase y el gran pecado de la “Justicia Especial para la Paz”, de la “indígena”, y de la ideologización de la justicia ordinaria.

En septiembre de 2025, finalmente, la JEP condenó al Secretariado de las Farc. ¿Por qué? La pregunta es un chiste, pero la respuesta una tragedia: Por ¡21.396 secuestros!, en muchos casos con asesinato, tortura, reclutamiento forzado y violencia sexual… Una nadería. ¿A qué los condenaron? A ocho años de acciones “restaurativas”, sin perder su derecho a ejercer la política y con la única molestia de llevar un brazalete electrónico, algo que para ellos resultó “indigno”, como excesiva la condena por tan pocos delitos y, por tanto, apelaron tan “injusta decisión”.

Entre tanto, Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán, exsenador de la República, exembajador en Canadá y Perú, hoy está recluido en una cárcel, y no es que su trayectoria pública al servicio del país lo exima de ser encausado, pero no por ello su proceso puede ser tampoco afectado, como lo fue, por sesgos ideológicos o meramente políticos.

Jorge Visbal no ha asesinado a nadie, ni secuestrado, ni torturado, ni violado a nadie. Por el contrario, la JEP, en mayo de 2024, lo reconoció como víctima de “crímenes no amnistiables” de las Farc”, aunque dos meses antes le había cerrado definitivamente las puertas, que abrió generosamente a los mayores criminales del país. ¿La razón? Porque “El solicitante podría haber aportado información sobre colaboraciones de estas estructuras armadas al margen de la ley con otros gremios o, en general, con la élite económica, la clase política, integrantes de la fuerza pública y de agentes de Estado” … y no lo hizo. En otras palabras, si Jorge hubiera inventado acusaciones contra terceros, como a él se las inventaron, o se hubiera autoinculpado por delitos no cometidos, hoy estaría libre haciendo actividades “restaurativas”. Lamentablemente, muchos han acudido a esa opción de supervivencia.

La JEP devolvió el proceso a la Corte Suprema en junio de 2025 y, rápidamente, en agosto se resolvió en su contra el recurso de casación confirmando la sentencia a nueve años de detención. No soy abogado, pero leí sus 78 páginas, que me recordaron el juicio al expresidente Uribe, no solo por la inusual rapidez de la justicia en esta fase, sino por la desestimación sistemática de cualquier argumento de la defensa.

Ahora bien, en todo esto hay un aspecto que tiene que ver con esa justicia no vindicativa que hoy se pregona. Es un asunto de humanidad. Jorge Visbal, con 73 años, ha sufrido varios infartos, el primero de ellos en Ginebra, después de un ciclo de negociaciones con el ELN en el año 2000, además de una operación a corazón abierto y una condición cardiaca que, como indica su historia clínica, so riesgo de muerte inclusive, le exige estar cerca de un centro donde le puedan practicar, de urgencia, procedimientos especializados que no le pueden brindar los precarios servicios médicos del sistema carcelario.

Desde la indagación preliminar, en abril de 2011, han transcurrido 15 largos años de un proceso que atormentó a su familia, consumió sus recursos y, sobre todo, su esperanza. Jorge Visbal, una persona que le sirvió al país, que está lejos de ser un peligro para la sociedad y a quien la justicia le ha negado todo, hoy debe concederle, al menos, su casa por cárcel.

No solo es un derecho fundamental por su condición médica. Es un asunto de humanidad…

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de febrero de 2026).- La izquierda y muchos politiqueros que “aparecen en elecciones… prometiendo puentes donde no hay ríos”, como cantaba el maestro Arnulfo Briceño, manipulan “causas buenas” para buscar el favor del voto y, ya elegidos, para conservar el poder con el erario a su disposición.

¿Quién podría estar en contra de que un anciano necesitado reciba una mejor mesada? Nadie, pero… si hay con qué pagarla.

¿Quién podría estar en contra de que un obrero de salario mínimo reciba un incremento que le permita mayor bienestar? Nadie, pero… si hay con qué pagarlo.

¿Quién podría estar en contra de que el Estado ofrezca miles de empleos a personas que no lo tienen? Nadie…, pero si realmente se necesitan y… si hay con qué pagarlos.

¿Quién podría estar en contra de que se decrete la emergencia económica, social y ecológica en departamentos con miles de damnificados por inundaciones? Nadie. De hecho, un periodista me lo preguntó y estuve de acuerdo, sobre todo en Córdoba, el departamento ganadero que sufrió los mayores destrozos.

Un decreto de emergencia, que entrega al Ejecutivo poderes extraordinarios, es una autorización para adoptar, también por decreto, las medidas para atenderla. Estos decretos, sin embargo, no son cheques en blanco, pues son “legislativos” y tienen control constitucional automático.

Ahora bien, quizás nadie esté en contra de la emergencia en este caso, pero…, como ese estado de excepción permite arbitrar los recursos necesarios, ya sea vía endeudamiento, impuestos o reducción del gasto, el “pero” está en lo que finalmente haga el Gobierno.

Empezamos mal, porque, a pesar del clamor nacional contra la corrupción y el derroche, para un gobierno populista la reducción del gasto no es una opción, y menos en esta época preelectoral, cuando ha sido descarada la orientación política del gasto público.

La Contraloría encontró que, solo en enero, antes de entrar en vigor la Ley de Garantías, que nada garantiza, pues hace años le hicieron su trampa, este gobierno batió récord de “contratación electoral” con 164.813 contratos por la bicoca de 14,9 billones. Súmenle ahora los 325.000 empleos públicos creados durante 2025. Costosa democracia…

Como no había con qué pagar subsidios absurdos, como el millón por no matar, ni justificables, como el de los ancianos, ni el ajuste al mínimo a empleados públicos y pensionados, ni los 325.000 empleos, el Gobierno exprimió el endeudamiento, que pasó de $804 a $1.180 billones entre agosto 2022 y octubre 2025. ¿Qué hizo con esos 376 billones de deuda nueva? Buena pregunta. Costosa democracia…

¿Qué le queda al Gobierno? Los impuestos. Sin que se secara la tinta del decreto de emergencia, el ministro de Hacienda anunció el Impuesto al Patrimonio a las empresas, del 0,6% a partir de patrimonios líquidos de 200.000 VT, equivalentes a más o menos $10.000 millones, que parece mucho, pero, aunque en Colombia las empresas se clasifican por las ventas, ese patrimonio está entre el rango superior de las pequeñas y el inferior de las medianas, que generan un porcentaje importante del empleo formal.

Después del costoso ajuste al mínimo, el impuesto al patrimonio para algunas pequeñas empresas y todas las medianas, puede llevar al cierre a muchas de ellas y perderán el empleo miles de personas sin influencias para contratar con el Estado, así toque votar por quien sea.

Es un sacrificio no presupuestado que el Gobierno no le puede pedir a las empresas, acabando de despilfarrar casi 15 billones en contrataciones que son una burla a la Ley de Garantías y, como lo solté en una columna anterior, sin eufemismos, una descarada compra de votos y una lesión enorme a la democracia. Costosa democracia…

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 13 de febrero de 2026).- “El alza del precio de la carne bovina en Colombia no es abuso ni especulación: es el reflejo de una carne sostenible, competitiva y cada vez más demandada en el mundo. Forzar su abaratamiento hoy implica sacrificar productividad, sostenibilidad y futuro ganadero.”

En Colombia se repite, con ligereza, desconocimiento y mala fé en muchos casos, que la carne bovina “se encareció” y que alguien debe intervenir para bajarla. Ese relato ignora una verdad esencial: la carne colombiana está empezando a valer (De Valores), lo que realmente es. Y eso incomoda.

Hablemos claro. Nuestra carne sigue siendo barata en el mercado internacional y también frente a varios países de América Latina. No somos caros hacia afuera. Lo que ocurre es que el mundo está comprando lo que durante años producimos bien y vendimos barato. Ese cambio, inevitablemente, tensiona el mercado interno.

Colombia posee un hato ganadero importante a escala mundial, con capacidad estructural para atender el consumo nacional, exportaciones de carne y ganado en pie. Pero la ganadería no es una fábrica. Es biología. No responde de inmediato. La reposición toma tiempo. Cuando la demanda externa crece de manera sostenida —como hoy— el ajuste se refleja en el precio.

Las cifras respaldan esta realidad. En 2025, las exportaciones ganaderas cerraron cerca de USD 400 millones, con más de 33.000 toneladas de carne y vísceras, y más de 210.000 cabezas de ganado en pie enviadas a mercados como Medio Oriente y Norte de África. Para 2026, Fedegán y Aexgán proyectan crecimiento, con China como mercado de alto potencial si el país mantiene estabilidad sanitaria y logística.

No es casualidad. La carne colombiana tiene ventajas comparativas reales: es ganado a pasto, agua y sal; sin anabólicos; con bienestar animal; con una huella ambiental menor frente a sistemas intensivos. Es carne sostenible. Eso que antes se llamaba atraso, hoy es un activo estratégico en un mercado global que exige sostenibilidad y trazabilidad.

Pretender bajar el precio sacrificando al productor es un grave error. Sacrificar el precio hoy es sacrificar competitividad mañana. Es renunciar a mercados abiertos, debilitar la reputación del país y desmontar un modelo productivo que el mundo está empezando a reconocer.

Se habla entonces de controles de precios, de subsidios o de importar carne barata. Como ganadero antes que abogado lo digo sin rodeos: los controles de precios no crean carne; crean escasez. Y los subsidios mal diseñados no bajan precios: aplazan el problema y quiebran al productor.

Importar carne más barata sí puede bajar el precio rápido, pero a un costo alto: traer carnes de menor calidad, producidas bajo modelos que Colombia ya superó. Eso golpea al ganadero nacional y diluye el valor de nuestra carne. Es pan para hoy y ruina para mañana.

Si de verdad se quiere aliviar el bolsillo del consumidor sin destruir el sector, el camino es otro: mejorar productividad, logística y eficiencia, no castigar precios. Reducir costos de transporte, cerrar brechas entre productor y consumidor, fortalecer frigoríficos regionales y apoyar la inversión productiva. Ahí el Estado puede ayudar sin distorsionar.

Hay avances que deben consolidarse. SINIGÁN V6 es un paso serio para la trazabilidad real del hato, indispensable para exportar, combatir el contrabando y ordenar el mercado. Aún hay fallas y baja adopción, pero el rumbo es correcto. Lo mismo ocurre con prácticas como el silvopastoreo, que mejora productividad, captura carbono y hace resiliente la ganadería frente al clima. Eso se protege con reglas claras, no con populismo.

La discusión de fondo no es si la carne “está cara”. La discusión es si Colombia va a proteger un filón estratégico o lo va a rematar por presión política. Porque cuando se castiga al productor, el precio no baja: el alimento desaparece.

Nuestra carne cuesta lo que vale (De Valores).

Defender ese valor es defender la ganadería del futuro.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Alejandro Peralta * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(Marcafab – Martes 10 de febrero de 2026).- El precio del cacao en los mercados de futuros de Londres (ICE) y Nueva York (NYMEX) continúa con su tendencia descendente y este martes cotiza de nuevo a la baja, al situarse esta mañana en torno a los 4.000 dólares por tonelada (3.360), llegando a bajar incluso de ese precio.

🇬🇧: El cacao, que llegó a cotizar a 12.000 dólares/t (10.082 euros/t) en diciembre de 2024, se situó a 31 de diciembre de 2025 a 5.992 dólares/t (5.035 euros/t), por lo que, en lo que va de año 2026, su cotización -que ahora se sitúa en los niveles de enero de 2024- ha caído cerca del 33 %.

🇨🇮: Según el portal financiero Trading Economics, hay “persistentes preocupaciones sobre la demanda” mundial que está llevando a “una acumulación de existencias de granos sin vender tanto en Costa de Marfil como en Ghana, los dos mayores productores del mundo”.

🇬🇭: Ha precisado que Costa de Marfil lanzó oficialmente el pasado 26 de enero una operación estratégica para recomprar miles de toneladas sin vender que estaban en almacén y alrededor de los puertos del país desde noviembre de 2025.

Mientras tanto -ha añadido- la Junta de Cacao de Ghana (Cocobod) ha revelado que los compradores en el mercado internacional están rechazando cada vez más el grano del país debido a que su precio es más alto que el de otros productores, lo que hace que tenga en los puertos 50.000 toneladas sin vender.

🇺🇸: Trading Economics ha indicado que, según las proyecciones de StoneX, el excedente global de cacao para la campaña las 287.000 toneladas, un volumen que se situará en 267.000 toneladas para la temporada.

🇬🇧: Por su parte, la Organización Internacional del Cacao (ICCO), apunta a que, con datos a 6 de febrero, su precio medio diario alcanzó los 4.214 dó(3.566 euros/t).

🇪🇸: Desde la Asociación Española del Dulce (Produlce) han apuntado a Efeagro que la “fuerte subida del cacao” en 2024 y 2025 generó “una presión muy importante en toda la cadena de valor”.

“Para nuestras empresas supuso un impacto directo” y ante esa subida tuvieron que reaccionar con acciones como, por ejemplo, “la optimización de procesos, el refuerzo de la eficiencia industrial o el incremento de la apuesta por la I+D+i”, ha citado como ejemplos.

Para esta patronal, “la bajada del precio aporta algo de estabilidad pero no implica cambios inmediatos en las recetas, ni elimina la necesidad de seguir innovando”.

* Alejandro Peralta (Analítico y Escritor), LATAM Business Developer and Expansion Specialist. Marketing & Comercio de Café & Cacao.