* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 1 de agosto de 2026).-

Blindar al productor colombiano frente al riesgo cambiario

“Con una TRM que ya se ubica por debajo de los $3.200 pesos por dólar y con perspectivas de continuar descendiendo, miles de productores agropecuarios y exportadores enfrentan una reducción directa de sus ingresos. Colombia no puede aspirar a ser potencia agroindustrial si deja que la volatilidad cambiaria determine, sin ninguna protección, la rentabilidad de quienes producen y generan divisas.”

En las últimas semanas hemos venido analizando una realidad que no siempre aparece reflejada en los grandes debates económicos del país: mientras una parte de Colombia celebra una tasa de cambio baja por sus efectos sobre el costo de las importaciones, en el campo colombiano esa misma situación representa una amenaza directa contra el ingreso y la rentabilidad de miles de productores.

Hoy, con una TRM por debajo de los $3.200 pesos por dólar, esta situación debe llamar la atención del sector agropecuario exportador. No porque un dólar bajo sea negativo para toda la economía, sino porque Colombia todavía no cuenta con instrumentos suficientes para proteger a quienes producen alimentos, generan empleo rural y aportan las divisas que necesita el país.

El productor colombiano no controla la tasa de cambio. No decide la política monetaria internacional, el comportamiento de los mercados financieros ni los flujos de capital que fortalecen o debilitan el peso. Sin embargo, termina asumiendo completamente las consecuencias cuando el dólar cae.

Esa realidad nos obliga a una reflexión: ¿cómo puede Colombia pretender competir en los mercados internacionales si el productor enfrenta solo uno de los mayores riesgos de cualquier actividad exportadora?

Las grandes potencias agroexportadoras entendieron hace décadas que la competitividad no depende únicamente de producir más y mejor. También depende de administrar adecuadamente los riesgos.

Chile, facilita herramientas de cobertura para sus exportadores;

Brasil cuenta con un mercado financiero desarrollado donde las empresas gestionan permanentemente sus exposiciones cambiarias y en, Estados Unidos y Europa la administración del riesgo hace parte integral de la actividad empresarial agropecuaria.

Colombia ya tuvo una experiencia exitosa. Entre 2011 y 2013, el Ministerio de Agricultura y FINAGRO implementaron programas de coberturas cambiarias que permitieron proteger más de USD 1.260 millones en exportaciones agropecuarias. En 2012 se cubrieron aproximadamente USD 607 millones, con compensaciones cercanas a $30.000 millones, demostrando que estos instrumentos funcionan cuando existe voluntad institucional.

La conclusión es evidente: estas herramientas son útiles. El problema es que Colombia las abandonó precisamente cuando más las necesita.

Por eso, dentro de la Agenda para la Competitividad y la Transformación del Agro Colombiano, propongo la creación del Sistema Nacional de Protección del Ingreso Agroexportador, una política pública permanente que permita administrar el riesgo cambiario y no simplemente reaccionar cuando la crisis ya llegó.

Este sistema debería involucrar al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Banco de la República, FINAGRO, Banco Agrario, La Previsora, el sector asegurador y los gremios productivos, con cuatro objetivos principales:

1. Recuperar y modernizar los programas de cobertura cambiaria para pequeños y medianos productores vinculados a cadenas exportadoras.

•  Facilitar que los grandes exportadores puedan cubrir sus operaciones mediante instrumentos financieros adecuados.

•  Diseñar un seguro especializado contra la volatilidad cambiaria que permita proteger parcialmente el ingreso del productor cuando movimientos abruptos de la TRM pongan en riesgo la viabilidad de su actividad.

• Estudiar la creación de un fondo de estabilización para sectores estratégicos exportadores, financiado con participación de las propias cadenas productivas, siguiendo modelos exitosos que Colombia ya conoce.

No se trata de subsidiar ineficiencias ni garantizar utilidades. Se trata de brindar herramientas modernas de administración del riesgo, las mismas que utilizan nuestros competidores internacionales.

Quienes conocemos el campo sabemos dónde se siente realmente este problema. No se analiza solamente desde un escritorio en Bogotá. Se vive desde el barro y la bosta del pequeño productor ganadero y agricultor que madruga todos los días, enfrenta el clima, los costos, las dificultades de comercialización y ahora una variable adicional que puede reducir sus ingresos sin que tenga ninguna capacidad de controlarla.

El impacto no se limita al exportador directo. Cuando disminuye la rentabilidad de las cadenas productivas, también se afecta el productor que abastece el mercado interno, porque se reduce la inversión, el empleo rural y la capacidad futura de producir alimentos para Colombia.

Exportar no es solamente vender en el exterior. Exportar significa construir una cadena competitiva donde el productor tenga condiciones para permanecer en el negocio.

Blindar al productor frente al riesgo cambiario es proteger el empleo rural, incentivar la inversión, fortalecer las exportaciones y convertir el campo colombiano en uno de los grandes motores del desarrollo económico nacional.

Esta propuesta está dirigida al Gobierno Nacional que asumirá la conducción del país, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda, a los gremios y a todos quienes tienen la responsabilidad de construir una política agropecuaria moderna.

El mensaje desde el campo es claro: la volatilidad cambiaria ya está afectando la rentabilidad de productores de todos los tamaños. Actuar oportunamente será fundamental para proteger la inversión, el empleo rural y la seguridad alimentaria de Colombia.

Esta es la primera propuesta de la Agenda para la Competitividad y la Transformación del Agro Colombiano.

Porque las grandes transformaciones del campo no comienzan con discursos. Comienzan con propuestas serias, sustentadas en evidencia y con la decisión política de convertirlas en realidad.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 24 de julio de 2026).- La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario acaba de concluir una Auditoría a la trazabilidad de las Guías de Movilización de Animales, el componente más crítico de la trazabilidad bovina, en el cual el ICA salió mal librado, con siete hallazgos, tres de ellos con presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia disciplinaria y penal.

El lío es grande, pues las Guías de Movilización, sin el control exigente que deben tener, terminan amparando ilícitos como el contrabando de animales, el abigeato, el sacrificio clandestino y la evasión o el robo del impuesto de degüello y la contribución parafiscal ganadera asociada al sacrificio. Para los programas del Fondo Nacional del Ganado, solo el sacrificio clandestino de más de un millón de animales representa una pérdida que supera los $80 mil millones anualmente.

Acaba de culminar también una auditoría de la Administración de Aduanas de China a nuestro sistema de sacrificio y sus mecanismos de control, con visitas al INVIMA, el ICA y varias plantas de sacrificio. La conclusión anticipada fue el rezago de nuestro sistema de trazabilidad frente a las exigencias del gobierno chino, lo cual pone en riesgo una década de negociaciones para llevar carne a ese mercado en 2024, el cual es hoy, apenas dos años después, nuestro principal destino con 18.700 toneladas exportadas en 2025.

Entonces el lío es aún más grande, pues no es casual que las dos auditorías señalen hacia el mismo punto: Seguimos sin un sistema de trazabilidad que garantice la inocuidad a nuestros consumidores, que no sirva para legalizar conductas ilícitas y, demasiado importante, que satisfaga las exigencias de los mercados.

Yo diría que el lío se origina en el síndrome muy colombiano de “la discusión perpetua” sobre lo que, de antemano, se sabe que es imperativo hacer…, pero no se hace.

Ya cumplió ¡22 años! la primera ley de trazabilidad (Ley 914/2004), impulsada por FEDEGÁN para estar listos frente a los TLC que se veían venir. En 2006 se firmó el contrato con el Ministerio de Agricultura, que delegó en FEDEGÁN el desarrollo de la trazabilidad y hace ¡17 años!, en 2009, entró en operación el primer Sistema de Identificación e Información del Ganado, SINIGÁN.

Sin embargo, en 2012, en lugar de avanzar, retrocedimos, cuando el gobierno Santos, unilateralmente y por razones políticas, después de quitarle a FEDEGÁN el manejo de las Guías de Movilización de Ganado, rescindió también el contrato de la trazabilidad, para empezar desde ceros, con una nueva ley y un nuevo sistema. Paradójicamente, ese año entró en vigor el TLC con Estados Unidos, pero… no estábamos listos.

¿Vamos a retroceder nuevamente? No podemos. Por el contrario, nuestra meta y el reto al que convocamos al nuevo gobierno es llegar al mercado de Estados Unidos. Sin embargo, el riesgo de perder a China, como la oportunidad de conservarla y de ganar a Estados Unidos, depende de solucionar, sin más discusiones perpetuas, el lío de la trazabilidad.

Con ánimo de construir, propongo que, precisamente, los hallazgos de la Contraloría a la gestión del ICA, así como las responsabilidades del INVIMA en su función de inspección y vigilancia a los establecimientos de sacrificio, desposte y distribución de carne, sean el insumo para una Mesa de Trabajo con estas dos entidades, con FEDEGÁN, el Ministerio de Agricultura y la Contraloría.

La tarea: definir una hoja de ruta de muy corto plazo para solucionar, de una vez por todas, las distorsiones del nuevo SINIGAN V-6, y así devolverles la confianza a los ganaderos, a los consumidores y a nuestros clientes de hoy y de mañana en todo el mundo…, sin lío.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Capitulo II – Agenda para la Competitividad del Agro Colombiano

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 24 de julio de 2026).- La semana anterior planteé una pregunta que generó debate entre productores, empresarios, académicos y dirigentes gremiales:

¿Quién protege el ingreso del productor colombiano cuando cae el dólar?

Las respuestas fueron diversas. Algunas defendieron, con razón, el comportamiento natural de una economía abierta; otras recordaron la existencia de instrumentos de cobertura cambiaria; incluso hubo quienes señalaron que un dólar más barato reduce el costo de algunos insumos importados.

Todas esas apreciaciones tienen parte de razón.

Sin embargo, después de escuchar los distintos argumentos, llegué a una conclusión:

El verdadero problema del agro colombiano no es el dólar.

El verdadero problema es que Colombia continúa enfrentando los desafíos del campo como coyunturas aisladas, mientras las grandes potencias agroexportadoras decidieron hace décadas convertir la competitividad en una política permanente de Estado.

Ahí está la diferencia.

Brasil no construyó su liderazgo agroexportador esperando un dólar favorable. Lo hizo mediante una estrategia sostenida de inversión en investigación, innovación, crédito rural, infraestructura, sanidad y desarrollo tecnológico.

La Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), uno de los motores de esa transformación, es una muestra de ello: en 2024 ejecutó un presupuesto cercano a 4,1 billones de reales, desarrolló más de mil proyectos de investigación e innovación y entregó nuevas soluciones tecnológicas al sector productivo.

No fue casualidad. Fue una decisión del Estado.

Hoy Brasil es una potencia mundial de alimentos porque entendió que la competitividad comienza mucho antes de llegar a los mercados internacionales: comienza en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Referencia en Colombia: AGROSAVIA

Australia y Nueva Zelanda siguieron caminos diferentes, pero llegaron a la misma conclusión: el productor no necesita que el Estado lo aísle del mercado; necesita instituciones capaces de darle herramientas para competir exitosamente dentro de él.

Por eso fortalecieron su sanidad animal, su logística, la apertura de mercados y los mecanismos de administración del riesgo.

La Unión Europea también deja una enseñanza que muchas veces simplificamos. La Política Agrícola Común (PAC) no es solamente un sistema de subsidios; es una estrategia de largo plazo que brinda estabilidad, promueve innovación, administra riesgos y permite que millones de productores planifiquen sus inversiones.

En todos estos casos existe un elemento común:

La competitividad dejó de depender del gobierno de turno. Se convirtió en una política de Estado.

Entonces surge la pregunta inevitable:

¿Qué tiene Colombia?

Mi respuesta es optimista.

Tenemos empresarios rurales extraordinarios. Durante los últimos años han demostrado una resiliencia pocas veces reconocida. Han enfrentado incertidumbre jurídica, fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña, altos costos de producción, dificultades logísticas, pérdida de mercados y una fuerte volatilidad cambiaria.

Y aun así continuaron produciendo, invirtiendo y exportando.

Ese mérito pertenece exclusivamente a quienes trabajan todos los días en el campo colombiano.

La resiliencia, por admirable que sea, no puede seguir siendo la principal política agropecuaria del Estado.

Colombia tiene instituciones valiosas: Ministerio de Agricultura, Banco Agrario, Finagro, Agrosavia, ICA, ProColombia, Planeación Nacional y gremios con enorme experiencia.

Tenemos las piezas.

Lo que aún no tenemos es el sistema.

Es momento de construir una Política Nacional para la Competitividad Agroexportadora, concebida como una política de Estado y no como un programa de gobierno.

Una estrategia que articule al Banco de la República, los ministerios de Hacienda, Comercio y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, Finagro, el Banco Agrario, ProColombia y los gremios productivos alrededor de un objetivo común:

proteger la competitividad del ingreso rural y fortalecer la capacidad exportadora de Colombia.

Esta política debe sustentarse en cinco pilares:

Primero, una estrategia moderna de administración del riesgo, incluyendo coberturas cambiarias y mecanismos de estabilización del ingreso exportador.

Segundo, crédito competitivo de largo plazo para impulsar productividad, innovación y transformación tecnológica.

Tercero, infraestructura y logística que reduzcan costos y acerquen al productor a los mercados.

Cuarto, fortalecimiento sanitario y diplomacia comercial para abrir nuevas oportunidades internacionales.

Quinto, estabilidad jurídica e institucional que permita inversiones de largo plazo.

No proponemos intervenir el mercado cambiario ni establecer un dólar preferencial.

Vamos más allá: construir una política pública que proteja la competitividad de quienes generan las divisas que fortalecen la economía colombiana.

Mientras Colombia sigue discutiendo el precio del dólar, las grandes potencias agroexportadoras invierten en aquello que nunca pierde valor: el conocimiento, las instituciones y la competitividad de sus productores.

Las grandes potencias agroexportadoras no nacieron de una buena cosecha ni de un dólar alto.

Nacieron de decisiones institucionales capaces de sobrevivir a los gobiernos.

La resiliencia del productor colombiano ha sido extraordinaria.

Ahora llegó el momento de que esa resiliencia sea acompañada por la resiliencia de las instituciones del Estado.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

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Propuesta para el debate nacional

Colombia necesita iniciar la construcción de una Política Nacional para la Competitividad Agroexportadora, liderada por el Gobierno Nacional y articulada entre el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura, Finagro, el Banco Agrario y los gremios del sector productivo.

Su propósito debe ser fortalecer la competitividad del agro colombiano, administrar integralmente los riesgos que enfrentan los exportadores y garantizar que el crecimiento de las exportaciones se traduzca en mayores ingresos para quienes producen desde el campo.

Fuentes para el debate:

Banco de la República; DANE; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Finagro; FAO; OCDE; Banco Mundial; Organización Mundial del Comercio (OMC); Comisión Europea (Política Agrícola Común); Embrapa (Brasil) y publicaciones oficiales de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Domingo 19 de julio de 2026).- “A las 12 ya tenía yo el agua a la tetilla y a las 2 de la mañana teníamos el agua al cuello, y como no estábamos sino el par de viejos, yo le dije a mi esposa: Mujer…, yo no aguanto más. Hágase la voluntad de Dios, y si este es el momento…” Así relató a un medio local Don Pedro, de 71 años, las horas angustiosas que vivió en la casa inundada de su finca, en Tame, Arauca. Se perdieron las herramientas…, los motores…, todo.  

Solo en Tame la alcaldía reportó 1.613 familias y 5.718 personas damnificadas, en tanto que las cifras de la UNGRD para todo el departamento dan cuenta de más de 9.000 familias afectadas y 6.000 más en Casanare. En toda la región, sumando Norte de Santander y Boyacá, la cifra sobrepasa las 16.000 familias, además de puentes colapsados, vías destrozadas, acueductos inservibles, niños sin escuela…

No ha sido fácil dimensionar la magnitud de la tragedia en una región rural y eminentemente ganadera, que suma 3.820.000 animales entre Arauca y Casanare, según datos del DANE soportados en cifras certificadas de vacunación suministradas por Fedegán. Sin embargo, con información muy preliminar, los técnicos de Fedegán han logrado establecer más de 191.000 animales desplazados en casi 233.000 hectáreas y más de 2.000 productores, que no solo perdieron animales, sino corrales, cercas, acueductos, herramientas, como Don Pedro, y lo más grave, sus tierras quedarán convertidas en lodazales cuando bajen las aguas y miles de hectáreas deberán ser renovadas desde cero.

Y mientras en el oriente no escampa en el norte no llueve. Solamente en Sucre, por las altas temperaturas y la sequía extrema, han muerto más de 5.000 animales y por ahí pasa la cuenta, pues hay un gran subregistro entre los pequeños productores, que son el 70% de los 50.000 dedicados a la ganadería en el departamento.

Fedegán, al igual que los gremios ganaderos del oriente y los de la región Caribe, disparó las alarmas y, frente al riesgo de muerte y enfermedad de los animales, y la caída drástica de los ingresos, el reclamo es uno solo: ¿Dónde está el Gobierno?, ¿acaso esperando con los brazos cruzados a que termine su tiempo? Fueron cuatro años de peroratas presidenciales por el mundo, con un autoproclamado liderazgo internacional por la vida y la salvación del planeta, pero de soluciones aquí, en su tierra, nada; de prevención y reacción contra desastres predecibles, nada, porque la platica para gestionar ese riesgo se refundió entre la corrupción.

¿Qué piden los productores agropecuarios? Recojo la propuesta de los ganaderos de Casanare y Arauca, muy en la línea de la que Fedegán le presentó al Gobierno a raíz del desastre invernal en Córdoba. A partir de un censo de damnificados: 1. Reestructuración de créditos con 12 meses de tiempo muerto y hasta 5 años de plazo, con tasa preferencial o subsidiada. 2. Devolución de IVA en compra de insumos agropecuarios durante 12 meses. 3. Créditos con tasa diferencial, 12 meses de tiempo muerto y plazo extendido hasta 8 años para recuperación de praderas y de infraestructura de producción.

¿Qué piden adicionalmente los ganaderos? Algo que funcionó en el pasado con éxito, a partir de un convenio con Fedegán para la compra, almacenamiento y distribución subsidiada de silos y heno principalmente, porque los animales… no comen discursos. De hecho, la Junta Directiva de Fedegán ya se reunió con el ministro designado, Indalecio Dangond, y los dos desastres climáticos fueron, por supuesto, tema obligado. 

Esperamos soluciones, para que a la frustración del desastre no le sumemos la incertidumbre frente a la recuperación.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Capítulo I – Agenda para la Competitividad del Agro Colombiano

Agricultura & Ganadería

(MALA – Jueves 16 de julio de 2026).- Hay paradojas que un país no puede seguir ignorando.

Nunca Colombia había logrado consolidar una presencia tan importante en los mercados internacionales de productos agropecuarios. En 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales superaron los US$15.300 millones, el mayor registro de la historia reciente. La ganadería también abrió nuevos mercados y consolidó otros gracias al esfuerzo y resiliencia de miles de productores y empresarios rurales.

Sin embargo, detrás de esas cifras alentadoras se esconde una realidad que merece una discusión nacional.

Mientras el país celebra el crecimiento de las exportaciones, quienes producen esa riqueza comienzan a recibir cada vez menos pesos por los mismos dólares que generan.

Durante los últimos años, el sector agropecuario colombiano volvió a demostrar una capacidad de resiliencia verdaderamente extraordinaria. A pesar de la incertidumbre que afectó la inversión rural, del incremento de los costos de producción, de las deficiencias en infraestructura, de los efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña y de un ambiente de negocios que, en muchas ocasiones, generó más incertidumbre que confianza, los empresarios del campo siguieron sembrando, invirtiendo, produciendo y exportando.

El crecimiento del agro colombiano no puede explicarse únicamente por las estadísticas. Debe explicarse, sobre todo, por la determinación de miles de colombianos que nunca abandonaron el campo, aun cuando las condiciones no siempre les fueron favorables.

Pero precisamente porque el productor ha demostrado esa capacidad de sobreponerse a las dificultades, pareciera que el país hubiera asumido que siempre será capaz de resistir un obstáculo más.

Y ahí radica el problema.

La rápida apreciación del peso colombiano comienza a afectar de manera directa la competitividad del sector exportador. Es cierto que un dólar más barato reduce parcialmente el costo de algunos insumos importados. Pero ese alivio resulta marginal frente a la realidad económica del exportador, que vende en dólares mientras paga salarios, transporte, energía, impuestos y compra el ganado en pesos.

Un ejemplo es suficiente para entender la magnitud del desafío.

Una exportación por US$100.000, con una tasa de cambio de $4.500 por dólar, representa ingresos cercanos a los $450 millones. Si la TRM desciende hasta $3.300, la misma operación genera apenas $330 millones. Son $120 millones menos, sin que haya cambiado el volumen exportado ni el precio internacional del producto.

La pregunta entonces es inevitable:

¿Quién absorbe esa diferencia?

En la práctica, buena parte de esa presión termina trasladándose al productor mediante menores precios pagados por el ganado o por los productos agropecuarios en la finca. Paradójicamente, quien genera las divisas termina financiando con su propia rentabilidad la fortaleza del peso colombiano.

Sería injusto afirmar que Colombia no ha hecho esfuerzos para enfrentar esta realidad. Existen instrumentos importantes, como los programas de coberturas cambiarias administrados por Finagro, que constituyen un avance valioso.

Pero también sería un error conformarnos con ello.

El verdadero problema no consiste en la ausencia de herramientas.

El verdadero problema es que Colombia todavía no ha construido una política integral de competitividad para su agroexportador.

Mientras otras economías entienden que proteger la competitividad significa facilitar el acceso al financiamiento, promover coberturas frente al riesgo cambiario, incentivar la inversión, fortalecer la infraestructura y brindar estabilidad a quienes producen, nosotros seguimos confiando, casi exclusivamente, en la admirable capacidad de adaptación del empresario rural.

Y esa no puede seguir siendo la respuesta.

La resiliencia del productor colombiano no puede continuar siendo la principal política agropecuaria del Estado.

Si aspiramos a consolidarnos como una verdadera potencia agroexportadora, debemos comenzar a proteger no solamente las exportaciones, sino también el ingreso de quienes las hacen posibles.

Quisiera dejar esta reflexión al próximo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, al vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano y a todos quienes tendrán la responsabilidad de orientar la política económica del nuevo gobierno.

El gran desafío ya no consiste únicamente en abrir mercados.

El verdadero reto consiste en garantizar que nuestros productores permanezcan en ellos con rentabilidad, competitividad y reglas de juego que estimulen la inversión.

Porque el campo colombiano ya demostró que sabe resistir.

Ha llegado el momento de que el Estado demuestre que también sabe construir competitividad.

La próxima semana abordaré una pregunta que considero inaplazable: si el camino no es intervenir el mercado cambiario, ¿qué están haciendo Brasil, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea para proteger el ingreso de sus productores y qué lecciones debería aprender Colombia?

Agenda técnica

Las cifras y reflexiones aquí expuestas se apoyan en información oficial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro, Banco de la República y DANE. Las exportaciones agropecuarias alcanzaron en 2025 un máximo histórico superior a US$15.300 millones, mientras Finagro administra programas de apoyo a coberturas cambiarias para exportadores del sector. Precisamente porque existen estos avances, el debate ya no debe centrarse en crear instrumentos aislados, sino en articularlos dentro de una verdadera política de Estado que fortalezca la competitividad del agro colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 10 de julio de 2026).- Como si no tuviéramos suficiente con la impunidad de la JEP, las revelaciones de los medios sobre acuerdos secretos entre el Gobierno y bandas criminales –los congelados–, no son apenas otro de tantos escándalos con que este gobierno cierra con “broche de lata” su gestión, sino la evidencia de que, bajo el ropaje de la “Paz Total”, se construía un plan escondido de “Impunidad Total”, amparado en normas  para debilitar aún más la justicia y favorecer a los criminales que compartían tarima con el Gobierno.

Por esa razón, María Fernanda Cabal acudió nuevamente a la Corte Constitucional para demandar la Ley 2272 de 2022, mal llamada de “Paz Total”, por sus graves vicios de trámite y por las facultades inconstitucionales que le otorgó al Ejecutivo.

Los vicios de trámite fueron de bulto. La Ley nació en una plenaria casi clandestina, pasada la medianoche y citada con quince minutos de antelación, para votar una conciliación que revivía artículos derrotados. Además de omitir el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, aquello fue una burla a la deliberación democrática, pues se forzó una conciliación que desconoció la voluntad de la Cámara, que ya había negado unas facultades exorbitantes al Ejecutivo.

Tales facultades exorbitantes y, por ello, inconstitucionales, diluyeron la diferencia entre negociación política y sometimiento a la justicia, aunque, si me preguntan, ya no debería existir sino la segunda, porque ningún grupo armado dedicado al narcotráfico –y todos lo están– merece la prerrogativa de una negociación política.

El último intento, en el cual inclusive participé, fue con el ELN, pero ya está bien, pues la realidad es que hace años que en Colombia no existen “organizaciones insurgentes”, y no podemos repetir la vergüenza de la entrega total del Estado de Derecho que protagonizó Santos en las negociaciones con las Farc, con asalto a la democracia incluido por el desconocimiento de la voluntad popular en las urnas. De otra parte, la Ley 2272 más parece un manual práctico para sacar bandidos de las cárceles a negociar la paz mientras hacen la guerra.

De ahí la importancia de que esa norma se caiga por dictamen de inexequibilidad, para lo cual es menester que la Corte Constitucional, sin abandonar la consideración “en abstracto” de las normas frente al texto de la Carta, vuelva un poco los ojos a la realidad “concreta” de violencia que vive el país y a la urgencia de perseguirla con efectividad. Cabe recordar que, en su momento (2023), la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad total de la norma.

Abora bien, el presidente electo, como responsable exclusivo de la preservación del orden público y, por ello, de la dirección de los procesos de paz (Ley 418/97, art. 10), ha anunciado la suspensión de toda negociación en curso y la derogatoria de todas las providencias de suspensión de órdenes de captura, con lo cual se podría decir que la Ley 2272 de 2022, de la Paz Total, o mejor, de la Impunidad Total, se caería por sustracción de materia.

Sin embargo, una sentencia de inexequibilidad no sería apenas simbólica, sino el mensaje social de que la Ley, como expresión del Orden que pregona nuestro escudo y norma máxima de convivencia, no responde solamente a manipulados procesos legislativos y fríos exámenes de constitucionalidad en abstracto, sino a la realidad, expectativas y angustias de los ciudadanos …

Porque, además, en nuestro caso de paz esquiva y crónica violencia, ese ciudadano que la cumple…, también espera que la ley lo defienda de quienes no la acatan.

Nota Bene: Hablando de impunidad total, Timochenko en España… sin comentarios.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 10 de julio de 2026).- “El nuevo gobierno recibe un sector agropecuario con cifras históricas de crecimiento y exportaciones, soportado en la inconmensurable resiliencia de los Empresarios del Campo colombiano, pero también con desafíos estructurales que no admiten más aplazamientos. Los próximos cuatro años ofrecen una oportunidad única para convertir el agua, la productividad y la agroindustria en los pilares de una política de Estado que impulse a Colombia como una verdadera potencia agroalimentaria.

Las naciones que transformaron su agricultura no lo hicieron repartiendo tierra; lo lograron llevando agua, infraestructura, tecnología y mercados a sus productores. Colombia tiene hoy la oportunidad de recorrer ese mismo camino.”

El nuevo gobierno recibe un sector agropecuario que, pese a las dificultades, ha demostrado su enorme capacidad para impulsar la economía nacional. En 2025, el agro fue una de las actividades con mayor crecimiento del país y las exportaciones agropecuarias y agroindustriales alcanzaron un récord histórico de US$15.317 millones, equivalentes al 30,5 % de las exportaciones nacionales. A ello se suma que cerca de 4,8 millones de colombianos encuentran en el campo su principal fuente de empleo, confirmando que el agro es mucho más que un sector productivo: es un factor de estabilidad económica, cohesión social y seguridad alimentaria.

Sin embargo, estas cifras también ponen de manifiesto una gran paradoja. Colombia es una de las naciones con mayor disponibilidad de agua dulce del planeta, pero buena parte de su producción agropecuaria sigue dependiendo del comportamiento del invierno y del verano. La inseguridad rural, el rezago en infraestructura, la limitada tecnificación, el acceso insuficiente al crédito, la escasa asistencia técnica y la baja cobertura de riego continúan frenando un potencial que podría convertir al país en una despensa alimentaria para América y el mundo.

Por ello, la verdadera transformación del agro colombiano debe tener un eje claro: el agua como factor de productividad.

La reforma agraria del siglo XXI no debería medirse por el número de hectáreas adjudicadas, sino por el número de hectáreas que cuentan con agua, infraestructura, tecnología y acceso a los mercados. La tierra, por sí sola, no genera desarrollo. La tierra con agua genera productividad; la productividad crea riqueza; la riqueza impulsa empleo, agroindustria, exportaciones y bienestar.

Esa visión exige una política de Estado. Colombia necesita una Política Nacional del Agua para la Productividad, orientada a construir, recuperar y modernizar distritos de riego, culminar obras inconclusas, promover reservorios para pequeños y medianos productores y tecnificar el uso eficiente del recurso hídrico. Invertir en agua no es un gasto: es la inversión pública con mayor capacidad para multiplicar la productividad del campo.

En esa tarea, está llamada a convertirse en el gran motor de la transformación productiva del país. Si el Ministerio de Agricultura define la política pública, será la ADR la responsable de convertirla en resultados concretos mediante la adecuación de tierras, la expansión de los distritos de riego, el fortalecimiento de la asociatividad, la infraestructura productiva y el acompañamiento técnico y comercial a los productores. De su capacidad de gestión dependerá buena parte del éxito del nuevo modelo de desarrollo rural.

Pocas obras representan mejor ese desafío que la Represa de El Cercado, sobre el río Ranchería, en La Guajira. Colombia ya realizó una inversión de enorme magnitud para construir esta infraestructura; sin embargo, mientras no se culminen las redes secundarias e intraprediales que conduzcan el agua hasta las unidades productivas, buena parte de su potencial continuará desaprovechado. Finalizar ese proyecto permitiría irrigar miles de hectáreas, consolidar uno de los mayores polos de desarrollo agropecuario y agroindustrial del Caribe y aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de La Guajira para abastecer los mercados nacionales e internacionales. No se trata de una obra regional; se trata de una inversión estratégica para el desarrollo de Colombia.

Esta visión coincide plenamente con el espíritu del Proyecto Diamante Caribe, concebido por el doctor Rubén Darío Lizarralde, que propuso integrar infraestructura, logística, agroindustria y comercio exterior para convertir al Caribe colombiano en una plataforma exportadora de talla mundial. Hoy esa propuesta conserva plena vigencia y merece ser retomada como una estrategia de desarrollo para todo el norte del país.

Al finalizar este cuatrienio, el éxito de la política agropecuaria no debería medirse por el número de hectáreas entregadas ni por el monto de los recursos ejecutados. El verdadero indicador será el aumento de la productividad, el crecimiento de las exportaciones, la generación de empleo rural formal, la reducción de la pobreza en el campo y la consolidación de una agroindustria moderna, competitiva y sostenible.

Colombia posee tierra fértil, biodiversidad, talento humano, ubicación estratégica y abundancia de agua. Lo que históricamente ha faltado es una visión capaz de integrar esos activos bajo una política pública de largo plazo.

Los próximos cuatro años representan una oportunidad que no se puede desaprovechar. Si el Gobierno, el Congreso, los gremios, la academia y los productores logran construir una agenda común alrededor del agua, la productividad y la competitividad, Colombia podrá iniciar la mayor transformación agropecuaria de su historia.

El verdadero desafío no consiste en repartir más tierra. Consiste en lograr que cada hectárea produzca más riqueza, más empleo, más agroindustria y más exportaciones. Porque donde llega el agua, llega la productividad; donde llega la productividad, florecen el desarrollo, la prosperidad y la esperanza del campo colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Domingo 5 de julio de 2026).- Durante junio se produjeron en Colombia 1,30 millones de sacos, frente a 909 mil sacos en junio de 2025, lo que representa un crecimiento de +43%. 

Los resultados del segundo trimestre abr – jun de 2026, la producción alcanzó 3,06 millones de sacos, frente a 2,43 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento de +26%. Este comportamiento refleja los retrasos observados en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que afectó amplias zonas cafeteras del país. 

En el acumulado del primer semestre del año, la producción alcanzó 5,58 millones de sacos, frente a 6,21 millones registrados en igual periodo de 2025, lo que representa una disminución de -10%. Por su parte, la producción de los últimos 12 meses se ubicó en 13,04 millones de sacos, un -9% menos frente al mismo periodo anterior. 

Las exportaciones acumuladas durante el primer semestre del año alcanzaron 5,23 millones de sacos, una disminución de -18% frente al mismo periodo del año anterior. La Federación consolidó su posición, alcanzando una participación del 22,8% de las exportaciones totales del país durante el año corrido. 

Las importaciones estimadas de los últimos 12 meses se ubicaron en 1,57 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,31 millones de sacos. 

La principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 3 de julio de 2026).- “Para cumplir uno de sus últimos compromisos internacionales”, leí en un conocido medio digital. ¿Qué compromisos a un mes de terminar su mandato? Si eran compromisos de Estado y si, como afirma el boletín de Presidencia, su encuentro con León XIV era “Audiencia Oficial”, ¿por qué fue con la hija, los nietos y hasta… Vanessa Cortés, toda de negro hasta los pies vestida?

Da grima el Boletín, que califica la audiencia como “Uno de los momentos más relevantes de la agenda internacional”, cuando, realmente, fue el único relevante, por la investidura del pontífice, mas no porque lo haya sido para el país.

¿De qué hablaron?  Petro dice que le pidió ayuda para proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de reforma agraria, de las mafias que les quieren volver a quitar la tierra y tomarse nuevamente el Ministerio de Agricultura. ¡Vaya retahíla para soltársela a un Papa!, y hablaron además de “la situación sociopolítica del país y Latinoamérica, por el impacto de los conflictos, la delincuencia organizada y el cambio climático”. Una charla muy profunda y fructífera de… cerca de 20 minutos.

También se reunió con un cura que lucha contra las mafias, con el cardenal Parolin, secretario de Estado, y con monseñor Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, a quien ya conocía desde mayo de 2025, en su primera audiencia con León XIV, en esa ocasión con la entonces canciller Laura Sarabia, en la cual, para variar, según la Cancillería, se habló de “los principales retos de la región, la seguridad, los flujos migratorios y el cambio climático”.

Sin embargo, la “sapería” de su Oficina de Prensa compite con el ego del presidente, pues, continúa el boletín: “La visita reafirma el liderazgo de Colombia en escenarios estratégicos de diálogo global. En el marco de su agenda, el mandatario sostendrá encuentros con líderes y representantes de alto nivel en espacios orientados al diálogo político, diplomático y social”. ¡Uff!

En el siglo XVI los protestantes ingleses habrían colgado a Petro por “papista”, porque lo es, aunque solo por conveniencia. Con Francisco se reunió en 2015 cuando era alcalde; en 2022, como candidato presidencial, audiencia criticada por oportunista y por la candidez o la inclinación del papa jesuita hacia la izquierda. En enero de 2023, aunque dice haberse separado “hace muchos años”, mandó a Verónica como primera dama, y en diciembre a Francia Márquez.

Y mientras Petro visita la Sixtina y despotrica de Meloni y su gobierno porque “ni lo determinaron”, como dicen las señoras, En Colombia estallan a diario los escándalos: El juego de congelados del excomisionado Rueda, que recuerdo de niño como ¡estatua!, para inmovilizar al ejército y desatar las manos del Clan del Golfo, con la necesaria complicidad de Iván Velásquez, hoy embajador ante El Vaticano y anfitrión de Petro. Los 500.000 contratos por 32 billones en enero, antes de la Ley de Garantías, y los 145 más en 16 ministerios por $227 mil millones desde el 1º de mayo. Los $41 mil millones de regalías en “becas fantasma” de maestría y doctorado en Chocó, donde ni siquiera hay escuelas decentes; y los $29 mil millones en Magdalena, entre otros.

¿A qué fue Petro a Manta… a escribir un libro? ¿A qué fue a Panamá, Arabia Saudita, China, Cuba, Francia, España, México, etc.? ¿A qué fue a Roma?, ¿a visitar al Papa… o a Velázquez para cuadrar el posgobierno? Fueron más de 70 viajes; más del doble que sus antecesores, para hablar de lo mismo con los mismos.

Difícil la tiene el presidente De la Espriella para levantar la Patria Milagro, porque, terminado este gobierno… de milagro tenemos patria.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 3 de julio de 2026).- La auditoría que podría destapar el mayor escándalo administrativo del campo colombiano

“La transición entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella será la primera gran prueba de fuego para el sector agropecuario. Más allá del discurso de la Reforma Agraria, Colombia conocerá si uno de los mayores presupuestos destinados al campo en su historia reciente se tradujo en productividad, competitividad y bienestar para los productores, o si terminó atrapado entre la ineficiencia administrativa, la centralización del poder y presuntas irregularidades que ahora deberán ser esclarecidas por los organismos de control.”

El empalme entre el gobierno Petro y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella no puede reducirse a un simple intercambio de informes. El país tiene derecho a conocer qué ocurrió con los billonarios recursos destinados al agro colombiano y si ese esfuerzo fiscal produjo los resultados prometidos.

Durante este cuatrienio, el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas administraron uno de los presupuestos más altos de las últimas décadas para ejecutar la denominada Reforma Agraria. Sin embargo, el verdadero debate ya no gira alrededor de cuánto dinero se asignó, sino de qué tan eficiente fue su ejecución y cuál fue su impacto real sobre la productividad, la competitividad y la seguridad alimentaria. Diversos informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo evidenciaron rezagos importantes en varias metas estratégicas, mientras gremios del sector cuestionaron la brecha entre la ejecución presupuestal y los resultados obtenidos en el territorio.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) será, sin duda, el principal foco de auditoría. Las denuncias públicas sobre presuntas compras de predios con sobrecostos, tierras improductivas, inundables, con dificultades jurídicas o tributarias, así como los retrasos en su adjudicación, exigen una revisión integral por parte de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Si tales hechos llegan a comprobarse, Colombia podría estar frente a uno de los mayores escándalos administrativos en la historia reciente del agro.

Pero reducir el análisis únicamente a la ANT sería un grave error.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) deberá explicar los resultados de programas estratégicos como la asociatividad, extensión agropecuaria, transferencia tecnológica y proyectos de riego y drenaje. Informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo mostraron avances muy limitados en varias de estas metas, mientras miles de pequeños productores continúan esperando asistencia técnica, infraestructura y herramientas para mejorar su productividad.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) también tendrá que responder por los retrasos en la consolidación del sistema nacional de trazabilidad animal y la implementación del SINIGÁN V6, una herramienta indispensable para fortalecer el estatus sanitario del país y ampliar el acceso de la ganadería colombiana a los mercados internacionales.

AGROSAVIA merece un capítulo aparte. Mientras las principales potencias agrícolas incrementan sus inversiones en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, Colombia entrega una entidad que enfrentó restricciones presupuestales y dificultades para ampliar la transferencia de conocimiento hacia los productores. Sin ciencia, difícilmente podrá construirse un agro competitivo.

También será indispensable revisar el desempeño de VECOL, FINAGRO y el Banco Agrario, determinando si los recursos destinados al crédito rural, los incentivos financieros, la producción de biológicos y los instrumentos de fomento realmente beneficiaron al pequeño y mediano productor o terminaron absorbidos por la burocracia y la baja ejecución como al parecer fue.

Un capítulo que tampoco puede pasar inadvertido es el de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Tras más de una década de vigencia de la política de restitución creada por la Ley 1448 de 2011, el nuevo gobierno deberá evaluar no solo el número de sentencias y hectáreas restituidas, sino también la sostenibilidad de los procesos, el retorno efectivo de las familias, las condiciones de seguridad, la articulación institucional y la ejecución de las órdenes judiciales. La restitución no puede medirse únicamente por estadísticas; debe evaluarse por su capacidad de garantizar una reparación integral y duradera a las víctimas del despojo.

Pero existe una preocupación aún mayor.

Durante estos cuatro años, el Ministerio de Agricultura dejó de limitarse a orientar la política sectorial para asumir un modelo altamente centralizado en la administración de la tierra, la asignación de recursos y la ejecución de programas estratégicos. Desde una visión crítica, esa concentración fortaleció el control político sobre buena parte de la institucionalidad agropecuaria y generó enormes expectativas entre las comunidades rurales, muchas de las cuales hoy reclaman promesas incumplidas y resultados que nunca llegaron.

El empalme deberá establecer si la política agropecuaria fue concebida prioritariamente como una estrategia de desarrollo rural o si, por el contrario, terminó convirtiéndose en una plataforma de movilización política sustentada en expectativas que no se tradujeron en mejoras estructurales para el campo colombiano.

El verdadero juicio no será político. Será técnico, financiero y jurídico.

Si las auditorías encuentran irregularidades, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General determinar las responsabilidades individuales. Dependiendo de los hechos que logren demostrarse, podrían investigarse conductas como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato, falsedad documental o concierto para delinquir, siempre dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia.

El campo colombiano no puede seguir siendo escenario de experimentos ideológicos ni de promesas incumplidas. Ha llegado la hora de las auditorías, de la rendición de cuentas y de la verdad. Porque cada peso perdido por corrupción, ineficiencia o improvisación no solo afecta las finanzas públicas: le arrebata oportunidades a millones de campesinos que siguen esperando vías, distritos de riego, crédito, asistencia técnica, investigación, tecnología, restitución efectiva de sus derechos y acceso a los mercados. El nuevo gobierno tiene la obligación moral y constitucional de abrir los archivos, auditar cada contrato y devolverle al agro colombiano la confianza que nunca debió perder. Si hubo aciertos, deberán reconocerse; pero si hubo despilfarro, negligencia o corrupción, Colombia tiene derecho a conocer toda la verdad y a que los responsables respondan ante la ley. Porque la verdad será el primer paso para reconstruir el campo colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu