* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 28 de noviembre de 2025).- En Colombia el campo produce, trabaja y resiste… mientras en Bogotá siguen diseñando leyes que, en lugar de proteger al productor, abren la puerta a debilitar la propiedad privada. Ese es el caso de la llamada Jurisdicción Agraria y Rural: un proyecto que el Gobierno presentó como la “solución histórica a los conflictos de tierras”, pero que hoy —a pesar del ruido político— sigue empantanado, incompleto y sin posibilidad real de ponerse en marcha.-

Muchos celebraron como “hecho consumado” la aprobación de esta jurisdicción. Pero una cosa es que exista la ley estatutaria (ya avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-340 de 2025) y otra muy distinta es que pueda funcionar. No hay jueces agrarios, no hay tribunales agrarios, no hay reglas claras de procedimiento. Todo eso depende de la ley ordinaria que reglamenta la operación, y ese proyecto está hundido en la práctica: sin agenda, sin mayorías y sin fecha de discusión en el Senado.

En la Cámara, el debate se ha aplazado una y otra vez por falta de quórum, y en el Senado ni siquiera ha llegado a plenaria. Así funciona el “cambio”: grandes anuncios sin capacidad de ejecutar.

Una jurisdicción diseñada para desbordar al juez

Aunque el Gobierno insiste en que la jurisdicción agraria será “especializada”, lo cierto es que el proyecto le daría al juez agrario poderes extravagantes, ajenos a la lógica judicial:

Facultades administrativas para “corregir” el uso del suelo.

Intervenir en procesos productivos privados.

Modificar linderos y ordenar servidumbres de hecho.

Imponer medidas de ocupación o entrega provisional de predios sin condena definitiva.

Réplica de Okupas para inmigrantes de la Comunidad Europea.

Eso no es justicia: es intervencionismo estatal judicializado, con efectos directos sobre el productor y el propietario rural. El mensaje implícito es claro: “la tierra produce más si el Estado decide sobre ella”.

El fantasma de la expropiación administrativa temporal

A esto se suma la propuesta de la Agencia Nacional de Tierras para introducir una figura de “expropiación administrativa temporal”. En lenguaje campesino: quitarle a usted su predio por un tiempo mientras el Estado decide qué hacer. Todo eso sin juez competente, desconociendo los controles judiciales clásicos establecidos en la Constitución.

Es un atajo peligroso y contrario a la seguridad jurídica. En un país donde producir ya es riesgoso por clima, costos y orden público, pretender que además el Estado pueda apropiarse provisionalmente de predios es un golpe a la inversión rural.

El resultado real: fracaso acumulado

Mientras se empeñan en construir nuevas leyes que nadie puede aplicar, la Reforma Agraria que prometieron ya muestra fracaso:

Según las cifras más recientes del propio Gobierno, la ejecución de compra de tierras está por debajo del 20% de la meta anual.

El famoso acuerdo MinAgricultura–Fedegán, que prometía 3 millones de hectáreas en 12 años, ni siquiera ha logrado consolidar el primer 10%.

La ANT reconoce atrasos en los procesos de formalización y compra directa.

Las transferencias de tierras estatales están paralizadas por problemas internos de catastro y titulación.

El país rural no necesita más leyes enredadas. Necesita ejecución, seguridad jurídica y un Estado que cumpla lo que promete.

Un proyecto que amenaza, pero que no avanza

Entonces, ¿está hundida la Jurisdicción Agraria? Formalmente no; políticamente sí. La base legal existe, pero sin ley ordinaria no puede funcionar. El Gobierno no tiene votos, no tiene consenso y no tiene cómo avanzar.

Y mientras tanto, el productor sigue en lo mismo: impuestos altos, vías malas, inseguridad en aumento y un Estado que insiste en “redistribuir” en vez de producir.

La Jurisdicción Agraria, como está diseñada, no es justicia para el campo: es un riesgo para la propiedad privada, una puerta abierta al uso político de la tierra y otra muestra del desfase entre el Gobierno y el país rural que dice defender.

Si de verdad quieren apoyar al campo, que empiecen por ejecutar, no por inventar nuevas amenazas legales. La propiedad privada es la base de la productividad rural. Sin seguridad sobre la tierra, no hay inversión. Y sin inversión, no hay campo que aguante.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de noviembre de 2025).- “Si se sabía o si era posible saber, allí en el terreno, que había menores de edad reclutados…Si no se sabía, por qué no se sabía y si es que era inevitable saberlo… Si se sabía, qué previsiones se tomaron”. Esta fue la respuesta a los medios del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, a propósito de lo que buscan establecer las cinco investigaciones por bombardeos en que han muerto menores, aunque más parece un juego bizantino de palabras, al estilo de los teólogos que se devanaban los sesos en Constantinopla adivinando el sexo de los ángeles.

Es la discusión que enreda al país, con los medios atizando emociones y moviendo sintonía frente a la “incoherencia” de Petro, que hoy defiende lo que ayer condenaba, cuando acompañó la moción de censura contra el exministro Botero, promovida por el camaleónico Roy, que hoy jura que hace seis años no dijo lo que dijo.

En la mitad, el “centro movedizo”, desconcertado ante un viraje en la política de seguridad del gobierno Petro que no sabe si rechazar o defender, sin parecer incoherente ni arriesgar sus cálculos políticos hacia 2026.

No ayuda la Defensoría del Pueblo, arguyendo que la presencia de menores en los campamentos “con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, mientras condena el reclutamiento forzado que, según la Procuraduría, entre 2024 y lo corrido de 2025 suma más de 740 menores convertidos en combatientes. Es la misma posición ambivalente de las ONG de Derechos Humanos, que rechazan los bombardeos y defienden a ultranza la prioritaria protección de la niñez, mientras exigen respeto al DIH y el fin del reclutamiento forzado. ¿A quién se lo exigen…, acaso a Mordisco?  ¡Qué cinismo!

Pero bueno…, ¿qué dice el DIH? El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, establece que: “Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados…”, rango de edad compartido por la Corte Penal Internacional, que tipifica ese reclutamiento como crimen de guerra.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1990) definió que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años”, aunque deja la posibilidad a las Fuerzas Armadas de reclutar menores entre 15 y 18, pero lo prohíbe terminantemente a grupos armados que no pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado.

En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia no deja duda: Son niños las personas entre 0 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años, en tanto que el Código Penal tipifica como delito el reclutamiento de menores de 18 años.

Fin de la discusión. El mismo procurador Osuna del galimatías inicial, con algo más de juicio lo dejó claro: “Los niños reclutados siguen siendo niños, pero también son combatientes. Y, por tanto, si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes”.

Desde la Operación Berlín (2010-2011), cuando las Farc de Timochenko pretendían cruzar el país con un ejército de niños que fue interceptado y, según medicina legal, murieron 28 menores, aunque más de 70 para las narrativas de la izquierda, en ese entonces, como señala María Fernanda Cabal en uno de sus ensayos, “la izquierda abrió un juicio moral contra el Ejército, pero se le olvidó abrir un juicio moral contra quienes utilizaron a menores como escudos humanos para evitar la acción legítima de la Fuerza Pública”.

No se trata de una discusión nueva ni bizantina. Es una discusión interesada para deslegitimar y atar las manos de quienes deben defendernos porque la Constitución no solo lo autoriza, sino que lo ordena. Y punto.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de noviembre de 2025).- La inflación alimentaria y las políticas agrarias improvisadas han demostrado ser un lastre para el campo colombiano. El próximo presidente de centro-derecha debe aplicar una agenda moderna de economía de mercado, centrada en productividad, infraestructura, crédito y seguridad rural. Sin ello, seguiremos importando lo que deberíamos estar produciendo.

El agro colombiano está cansado de discursos y experimentos. La entrega de tierras sin planes productivos serios ha sido un error estratégico que hoy pagamos en los precios de los alimentos. No es teoría: mientras la inflación total alcanzó 5,51% en octubre de 2025, los alimentos subieron 6,64%, según el DNP. Y cuando la comida se encarece, no es porque “la reforma agraria está avanzando”, sino porque la producción está retrocediendo.

Aunque en 2024 el agro creció 8,1% según el DANE, ese crecimiento no es fruto de una política coherente, sino del esfuerzo de los productores que sobreviven a pesar de la falta de infraestructura, crédito y apoyo técnico. Como han señalado analistas de desarrollo rural, muchas de las tierras entregadas en la llamada reforma agraria carecen de riego, drenajes, electrificación y vías terciarias. Repartir tierra no es reforma: hacerla producir sí lo es.

La ganadería —columna vertebral del campo colombiano— tampoco ha recibido un trato responsable. En 2024 el subsector creció 5,6%, según MinAgricultura; sin embargo, continúa enfrentando inseguridad, sacrificio ilegal y competencia desleal de importaciones. El país cuenta con 30 millones de bovinos, produce 755.000 toneladas de carne y más de 7.700 millones de litros de leche, pero carece de un Estado que acompañe este potencial de forma estratégica.

Aun así, los productores han logrado avances notables. En 2024, las exportaciones ganaderas superaron los US$301 millones, y en el primer semestre de 2025 ya iban en US$216 millones, abriendo mercados como Rusia, Egipto y China. Lo que no ha avanzado es la diplomacia sanitaria para conquistar destinos clave como Estados Unidos o Venezuela, donde se requiere un gobierno que trate al sector no como adversario ideológico, sino como aliado económico.

En este contexto, el próximo presidente de centro-derecha —con visión de economía de mercado y enfoque orientado a resultados— debe implementar una agenda seria de transformación productiva.

1. Distribución de tierras con rigor técnico.

Asignación basada en vocación productiva, experiencia y planes verificables. No más clientelismo ni simbolismos. La tierra debe ir a quienes van a trabajarla y hacerla rentable.

2. Infraestructura rural inmediata.

El 90 % del área cultivable sin riego adecuado es una barrera directa a la productividad. Un verdadero gobierno de modernización rural invertirá en riego, drenajes, electrificación y vías terciarias como políticas de Estado, no como promesas.

3. Crédito accesible y seguro agrario.

Fortalecer las líneas del Banco Agrario, microfinanzas rurales y seguros climáticos obligatorios. La producción no puede depender de la suerte ni quedar expuesta a fenómenos como La Niña.

4. Tecnología y agroindustria.

El campo global compite con drones, semillas mejoradas, mecanización y agricultura de precisión. Colombia necesita un salto tecnológico que convierta la productividad en la nueva norma.

5. Comercialización moderna.

Contratos a futuro, plataformas “coseche y venda”, alianzas directas con la industria y el comercio. Un modelo de mercado donde el productor tenga herramientas, no intermediarios dominantes.

6. Impulso estratégico a la ganadería.

Sanidad animal, trazabilidad, genética, diplomacia sanitaria y fortalecimiento del ICA. La ganadería no puede seguir siendo un sector resiliente: debe ser un sector impulsado.

7. Seguridad rural firme y sostenida.

Sin presencia del Estado, no hay inversión. El abigeato, la extorsión y la criminalidad afectan hasta el 40 % de la producción ganadera en algunas zonas. Producir sin seguridad es imposible.

Esta agenda no es ideológica: es una hoja de ruta de centro-derecha con enfoque empresarial, diseñada para que Colombia produzca, compita y exporte. El país no necesita romanticismo agrario: necesita resultados. Necesita un Estado que acompañe y productores que prosperen.

El campo colombiano está listo para dar el salto. Solo necesita un gobierno que entienda que la seguridad alimentaria no nace de discursos, sino de productividad. Y ese será el desafío —y la oportunidad— del próximo presidente.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Sábado 15 de noviembre de 2025).- Estados Unidos ha anunciado oficialmente la eliminación de las tarifas reciprocas arancelarias al café de todos los orígenes. Esta es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y, en particular, para Colombia.

Agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos y a los senadores que nos escucharon con rigor, atendieron nuestro análisis técnico y entendieron la necesidad de proteger al consumidor americano y al productor en origen. Este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas, serias y permanentes con los actores clave del mercado internacional. Continuaremos persiguiendo mas y mejores acuerdos comerciales con el mercado mas importante para el café colombiano.

Desde la Federación Nacional de Cafeteros enviamos un mensaje de tranquilidad al país cafetero. Ratificamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, tal como lo hacemos con Medio Oriente, Asia, Oceanía y Europa. Con visión global, diplomacia técnica y presencia constante en los centros de decisión, seguimos defendiendo la competitividad de Colombia.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 14 de noviembre de 2025).- El 11 de noviembre la Corte Constitucional publicó su Sentencia C-340, avalando el Proyecto de Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, que definió su estructura y relacionamiento, es decir, el entramado burocrático que se sumará al de este país con poca justicia, pero muchas cortes, tribunales, magistrados y jueces.

Simultáneamente, el Proyecto de Ley ordinaria que reglamenta los procedimientos y competencias está para debate en plenaria de Cámara, en medio de acusaciones de dilación, de conflicto de intereses de algunos congresistas y de declaraciones de apoyo y rechazo desde diferentes sectores.

Escribí sobre este tema en diciembre de 2024, cuando el Proyecto había sido aprobado en comisiones primeras conjuntas, y reconocí que, tanto el Ministerio como el Congreso abrieron espacios de concertación y, como uno de sus resultados, entendí que se preservaba la fase judicial automática para los procesos agrarios.

Para unos sí, para otros no. Para algunos procesos la decisión administrativa de la ANT es de fondo si no hay oposición, pero en el precario entorno rural colombiano, afectado además por el control de grupos ilegales, también es precario el acceso libre a la justicia y, en esas condiciones, la no oposición puede esconder tremendas injusticias.

Para la extinción de domino persiste la fase judicial en la nueva jurisdicción, una de cuyas causas es la violación grave de las disposiciones ambientales. Surge entonces mi reparo de siempre: Si bien la extinción ambiental de dominio existe desde 1994…, ¿quién determina en primera instancia la violación y quién califica la gravedad? ¿Acaso nuestras autoridades ambientales “autónomas” y clientelistas?, ¿acaso las autoridades indígenas, hoy también ambientales? ¿Acaso las armas del narcoterrorismo?

Los procedimientos agrarios sobre baldíos fueron los peor librados, pues la ponencia, amparada en una decisión de la Corte Constitucional que ordenó su recuperación, es perentoria en que “serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo”. Sin embargo, en muchos casos y durante muchos años, el Estado mismo promovió la colonización de tierras consideradas “de nadie”, entregadas inclusive por decisiones judiciales que, equivocadas o no, generaron derechos que deberían poder defenderse ante un juez. 

Finalmente, una situación sobreviniente: Desde el proyecto inicial, el principio de la “Integración de los instrumentos de planificación territorial” se refiere a que las decisiones judiciales agrarias deberán estar en concordancia con los planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación, dentro de los cuales hoy aparecen las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) con las cuales el gobierno pretende el control centralizado de la producción agropecuaria, que va en contra de la autonomía regional, de la libertad de empresa y, además, puede derivar en una persecución a la ganadería.

No son temores infundados. En un especial del diario El País se lee con todas las letras que: “La figura solo busca que se dediquen a la agricultura las tierras aptas para ella, en lugar de la ganadería o la minería”. ¿Quién dijo que las tierras aptas para agricultura no lo son para la ganadería que produce carne y leche a base de pasturas?

Y en tan enrarecido ambiente, el director de la ANT presenta una demanda ante la Corte Constitucional, solicitando poderes temporales para obviar la fase judicial mientras se aprueba la jurisdicción, en un país donde lo temporal es antesala de lo permanente. 

La jurisdicción agraria… otra vez, considerada como instrumento para completar, a las malas, tres millones de hectáreas para cumplir el Acuerdo con las Farc. A propósito, ¿dónde están los billones anunciados para comprar tierras? ¿Por qué la Procuraduría alertó en diciembre de 2024 sobre 645 mil millones no ejecutados?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Viernes 14 de noviembre de 2025).- Hoy día, en medio de una de las mayores tensiones políticas y comerciales entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y su agresividad casi que demencial expuesta a través de nuevos aranceles para la mayoría de países y sus respectivas consecuencias sobre los acuerdos comerciales existentes.

Ha ahondado aún más, las profundas desventajas para los productores de nuestro país, lo cual sumado a los bajos precios del dólar que incentivan las importaciones, le facilitan a la industria reemplazar producción nacional por la de otros países. Así las cosas, uno de los renglones mayormente afectados es la leche, pues sumado a la sobre oferta del ciclo en épocas de invierno sin tener la capacidad suficiente para pulverizarla y guardarla, se verá atropellada con masivas importaciones de leche en polvo de otros países particularmente de Estados Unidos al finalizar el contingente arancelario en 2026, cuando no haya restricciones para importar leche en polvo, en detrimento de las compras nacionales; todo ello aprobado cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos el 22 de noviembre de 2006 siendo presidente Álvaro Uribe Vélez y que obligatoriamente debe cumplirse.

El presidente Petro a su llegada propuso renegociarlo, lo cual no se hizo por temor al impacto que dicha renegociación tuviese sobre otros sectores de la economía. Entonces, los ganaderos productores de leche tendrán que pagar los platos rotos e ideárselas para poder competir, mientras la industria láctea feliz importa leche en polvo barata. Por supuesto, que ello exige una mayor eficiencia de parte de los ganaderos colombianos; como lo anota Fedegan a través de su boletín oficial «Contexto Ganadero». Igualmente, es indispensable una unión gremial más fuerte y representativa, dinámica y audaz; y el agregado de un mejor manejo empresarial en las fincas. Actividades estás que se plantearon cuando se aprobó el CONPES LACTEO en el 2010, específicamente los documentos CONPES 3675 y 3676, para implementarse durante los 8 años siguientes y coadyuvar en el incremento en la productividad, mejorar la calidad de la leche y en la formación de clústeres lácteos, etc.

De lo anterior se logró mucho, pero no lo suficiente para alcanzar a prepararnos antes de la entrada en vigor de la apertura total en 2026, a pesar de haber recibido importantes recursos. Lo cierto es que cargar a cuestas con esta situación, es algo que el ganadero no puede hacer solo y requiere ahora más que antes, del apoyo del gobierno, con mayor razón tratándose del principal alimento de la nutrición infantil de los colombianos y de la necesidad de mantener la seguridad alimentaria en este renglón. Razón por la cual, se requiere con urgencia una convocatoria de alto nivel para rodear a los productores de leche de las condiciones y el acompañamiento requerido, de lo contrario, más temprano que tarde estaremos asistiendo lamentablemente a su desaparición, afectándose cerca de 500 mil familias dedicas a producir leche, la gran mayoría medianos y pequeños ganaderos.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima y exgerente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil de Colombia.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 14 de noviembre de 2025).- Colombia se encuentra en un momento decisivo para su ganadería: la demanda global de carne y genética de calidad nos toca las puertas, y con nuestro vasto potencial forrajero, ubicación estratégica y vocación rural, podemos ser protagonistas indiscutibles. Pero para transformar esta oportunidad en realidad, debemos fusionar la visión exportadora con sostenibilidad y coherencia política.

El instrumento clave reside en crecer el hato bovino con inteligencia, repoblando no solo en números, sino en productividad y trazabilidad, para atender mercados como China, Rusia, los países árabes y Chile.

Solo así, pasaremos del discurso a la acción concreta. Las cifras de 2025, hasta septiembre, confirman el dinamismo: las exportaciones no mineras agropecuarias crecieron un 21,4% interanual, atenuando caídas en otros sectores. En el sector ganadero, el récord es histórico: en el primer semestre, superamos los 216 millones de dólares en envíos de carne, despojos, vísceras y ganado en pie, con China y Egipto como pilares. Entre enero y julio, exportamos 23.754 toneladas de carne por más de 105 millones de dólares, un salto que proyecta un 17,6% de crecimiento anual. Rusia absorbió miles de toneladas en enero, consolidando 9.924 toneladas anuales previas por Us $38 millones; Arabia Saudita abrió sus mercados halal este año tras esfuerzos sanitarios conjuntos; y Chile se afianza como destino premium.

Estos avances, impulsados por afinidades ideológicas con el gobierno de izquierda de Gustavo Petro (como los memorandos con la Ruta de la Seda, que elevaron el comercio bilateral un 14%), son pragmáticos, pero efímeros sin sustancia. Nuestro hato bovino, con 30 millones de cabezas a inicios de 2025 (el decimotercero más grande del mundo, distribuido en 736.972 predios y generando 1,09 millones de empleos permanentes directos), muestra vitalidad: el sacrificio creció 12% en el primer trimestre con 834.843 cabezas, y en el tercero alcanzó 880.183 cabezas, un 6,8% más que en 2024. Oscilando históricamente entre 24 y 30 millones, hoy suma 30 millones estables, pero insuficiente para la voraz demanda china (3.158 toneladas en 2024, en ascenso), o los nichos árabes. Para un crecimiento sostenido del 3,3% en producción de carne, como proyectan analistas, urge una política de repoblamiento: duplicar el hato en una década mediante mejoramiento genético adaptado al trópico, pastos rotativos y sanidad impecable. No expansión salvaje, sino eficiente: más vientres fértiles y toros de alto rendimiento, midiendo éxito en eficiencia por hectárea y calidad por canal.

Esta ecuación básica demanda instrumentos financieros focalizados. Las líneas de crédito de Finagro, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y seguros pecuarios subsidiados deben priorizar repoblamiento y genética, conectando fincas con mercados globales. Cada ternero debe ser una oportunidad exportadora, no una estadística.

Invertir en trazabilidad y sostenibilidad ambiental no es opción: es el sello para no presionar la frontera agrícola. Diversificar es el reto mayor. China, hito ideológico, demanda volúmenes y paga por calidad; Rusia busca proveedores confiables, árabes valoran halal constante, y Chile eleva nuestra reputación sanitaria.

El premio mayor: La admisibilidad en Estados Unidos. Tras inspecciones del USDA en enero de 2025 a tres plantas (un avance satisfactorio tras décadas de esfuerzo), estamos en la recta final, con visitas adicionales en febrero y marzo que evaluaron nuestro sistema de inspección. Ese mercado de 330 millones de consumidores premium diversificará riesgos y Crecimiento del Hato Bovino Colombiano será la Llave Maestra para Conquistar Mercados Internacionales

Bajo la centro-derecha, replicaremos la audacia china para abrir esta puerta, haciendo de la ganadería política de Estado, no rehén ideológica. En paralelo, un nicho complementario: la lechería especializada. Sus exportaciones saltaron 75% en 2025, con 7.162 toneladas por 25,6 millones de dólares en el primer semestre hacia Venezuela y EE.UU. Enfocada en quesos artesanales, leche orgánica de montaña o derivados funcionales de clústeres en Nariño, Antioquia, Boyacá —con inversión en frío y certificaciones—, conquista nichos gourmet en Asia y Oriente Medio. No volumen masivo, sino valor agregado sectorizado.

En conclusión, para conquistar el mundo, Colombia precisa un hato más grande, productivo y tecnificado. Los mercados claman; los instrumentos (crédito, genética, trazabilidad), están listos. Falta voluntad de país, articulada entre gobierno, Fedegán (hace su mayor y mejor esfuerzo), y productores. Ya sea bajo izquierda pragmática o centro-derecha visionaria, consolidemos avances y abramos EE.UU. Solo exportando confianza (sanitaria, económica y política), florecerá nuestro campo, alimentando al planeta y a nuestra gente.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábano 8 de noviembre de 2025).- Para mi infortunio, pero para fortuna del país ganadero, la celebración de la V Cena Gourmet del Programa “Una Vaca por la Paz” de la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, coincidió con uno de los eventos comerciales más importantes del mundo, la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shangai.

Si digo que “para fortuna del país ganadero” es porque, después de haber logrado el acceso de la carne bovina colombiana al mercado chino en 2024, se empiezan a consolidar resultados tras una década de esfuerzos en lo productivo, para ajustarnos a los requisitos internacionales, pero también en lo diplomático y, por supuesto, en lo comercial.

En efecto, cada vez con mayor seguridad en nuestro producto, hemos asistido sin falta al Salón Internacional de la Alimentación, SIAL, cuya versión 2025 fue también en Shangai en  el mes de mayo, y a grandes ferias comerciales, como la CIIE, en la que me encuentro; citas obligadas para países con productos competitivos, como nuestra carne, y con potencial para romper el cascarón de los mercados internos, porque es en  estos grandes eventos  donde los productos se dan a conocer y los negocios se cocinan. En mayo de 2024 llegaron a China las primeras 55 toneladas de carne colombiana y, en lo que va corrido de 2025, las exportaciones ya superan los 70 millones de dólares.

Y si digo que la coincidencia de los dos eventos es “para mi infortunio” es porque “Una Vaca por la Paz” es un programa de mis afectos, aunque lo son todos los de FEDEGÁN y de FUNDAGÁN, pero este, en particular, tiene un trasfondo social y de solidaridad efectiva que, la verdad, resulta conmovedor.

Esa solidaridad se concreta en la Gran Cena Gourmet, el evento al que no asistiré por primera vez y el que no me perdería, si no estuviera de por medio el porvenir de nuestra ganadería. ¿Por qué no me lo perdería? Primero, por su finalidad última: La Paz, mas no entendida como el silencio de los fusiles, sino como aquella que se puede construir cuando callen o, inclusive, mientras callan, con trasformaciones virtuosas en la vida de las personas.

Segundo, por su idea fuerza: la solidaridad efectiva y extendida. Cuando alguien dona una vaca preñada a un campesino en condición de pobreza, que se compromete a donar la primera cría a otro vecino en su misma condición, se crean verdaderas cadenas de solidaridad.

Tercero, por la estrategia: una “vaca”, como las que hacemos para organizar un paseo o ayudar a un amigo, cuando cada uno “se mete la mano al bolsillo” por una buena causa común.

Y cuarto, por su tono ganadero: Dicen que “la vaca” se originó en la colecta que hacían los peones de las haciendas coloniales mexicanas, para reponer el animal que mataban para alimentarse en las correrías marcando y recogiendo ganado. Pero, además, nuestra “Vaca por la Paz” no solo es una colecta de vacas preñadas, sino un verdadero “remate ganadero” en el que, al golpe del martillo, se subasta la generosidad de los asistentes, que en esta ocasión superó las 1.500 vacas, que multiplicaremos por dos cuando los primeros beneficiarios cumplan su compromiso solidario.

En este momento estoy donde están los intereses de la ganadería colombiana, en China, a más de 15.700 kilómetros y 13 horas por delante. Pero mis afectos están con ese ejercicio de solidaridad ganadera que apenas estará empezando en Bogotá cuando yo desayune el viernes en Shangai.

Entonces esperaré el resultado final, llenaré el espacio que dejé pendiente en estas líneas… y sonreiré con gratitud mientras en Bogotá cae la noche y la solidaridad descansa.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 7 de noviembre de 2025).- Mientras el Gobierno celebra su “soberanía alimentaria”, los hogares colombianos pagan los platos rotos de la improvisación. La inflación de alimentos se mantiene por encima del promedio nacional y los productores rurales enfrentan el alza de insumos, la inseguridad y la falta de estímulos. Lo que el Gobierno llama justicia agraria, el campo lo siente como incertidumbre. Lo que presentan como redistribución, en la práctica se traduce en menor productividad y más dependencia del exterior.

Un país que importa lo que antes producía

El artículo 65 de la Constitución es inequívoco: el Estado debe proteger la producción de alimentos y priorizar el desarrollo rural. Sin embargo, hoy Colombia se aleja de ese mandato. En vez de fortalecer la capacidad productiva, se ha optado por un modelo que confunde política agraria con política ideológica.

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el país importa más de 14 millones de toneladas de alimentos anuales. En paralelo, los costos de producción y transporte han crecido más del 30% en tres años. El resultado: la mesa de los colombianos se encarece, el productor pierde rentabilidad y el discurso oficial se vuelve una excusa a la economía de dirección y control centralizado.

Zappas y Appas: planificación desde el escritorio

El Gobierno pretende ahora implementar las Zonas Agroalimentarias Populares (Zappas y Appas), mecanismos de “planificación” que concentran en el Estado la decisión de qué, cómo y dónde producir. Una política vertical que ignora la diversidad del territorio y la libertad empresarial, violentando la autonomía municipal.

Detrás de ese proyecto se esconde un riesgo estructural: el reemplazo de la economía productiva por una economía dirigida. El campo no se gobierna con decretos, sino con confianza, infraestructura y crédito oportuno. Las Zappas y Appas son la antesala de un modelo donde la productividad cede ante la burocracia.

Expropiación administrativa: inseguridad disfrazada de justicia

La propuesta de expropiación administrativa, presentada como herramienta de “justicia agraria”, erosiona la seguridad jurídica. Ningún agricultor va a invertir en tecnificación, riego o mecanización si puede perder su tierra por decisión de un burócrata que declare “improductiva” su parcela.

Ese tipo de instrumentos no fortalecen la producción: la paralizan. Convertir la tierra en botín político es condenar al agro a la improductividad y al país a la dependencia. Sin propiedad segura, no hay crédito; sin crédito, no hay inversión; y sin inversión, no hay alimentos.

El campo no necesita control, necesita libertad

El verdadero problema no es la tierra sino la productividad. El Gobierno ha sustituido la política técnica por la propaganda ideológica. Prefiere planificar desde Bogotá antes que escuchar a quienes conocen el terreno. En lugar de abrir caminos, abre oficinas; en vez de generar confianza, impone controles.

El campo colombiano no pide subsidios: exige reglas claras, infraestructura y respeto a la propiedad. Cada peso gastado en burocracia es un peso menos en riego, investigación o vías terciarias. La seguridad alimentaria no se impone: se cultiva.

Sembrar futuro, no ideología

Colombia necesita un viraje serio, con visión productiva y sentido jurídico. Si el Gobierno insiste en intervenir, expropiar y dirigir, sólo cosechará desconfianza. El derecho a la alimentación —protegido por la Constitución— no se cumple con retórica, sino con producción.

Hoy el plato del colombiano promedio es el espejo del fracaso de la política agraria. Y si el rumbo no cambia, no solo seguiremos pagando más por la comida: estaremos hipotecando el futuro agrícola del país.

El Estado decidió sembrar ideología, cuando lo que el campo necesita es que lo siembren de futuro.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 1 de noviembre de 2025).- Un instrumento probado, modernizado y transparente puede impulsar el repoblamiento bovino, fortalecer el abastecimiento interno y ampliar la presencia de la carne colombiana en los mercados internacionales.

Colombia atraviesa un momento crucial para su ganadería. El mundo reconoce la calidad de nuestra carne bovina, con mercados como China, Rusia, Egipto y Emiratos Árabes, entre muchos más, abriendo sus puertas al producto colombiano. Pero ese reconocimiento trae un desafío mayor: abastecer simultáneamente el mercado nacional y los nuevos destinos internacionales, sin comprometer la sostenibilidad del hato ni la seguridad alimentaria interna.

El país cuenta hoy con un *hato bovino cercano a 30 millones de cabezas*, distribuidas en más de 613.000 predios ganaderos, según cifras de Fedegan, Minagricultura y el Sistema de Información de la Cadena Cárnica Bovina.

Este sector aporta alrededor del 1,4 % del PIB nacional, el 20% del PIB agropecuario y el 46% del PIB pecuario, generando más de 1 millón de empleos permanentes directos. Se trata, sin duda, de una de las actividades rurales más relevantes económica y socialmente.

En 2024, Colombia exportó más de 24.700 toneladas de carne bovina y 238.600 bovinos en pie, por un valor cercano a USD 301 millones, de acuerdo con Fedegán. Estas cifras reflejan una ganadería con dinamismo exportador, pero también una presión creciente sobre la capacidad de producción interna. Si el país no incrementa su hato y productividad, podría verse limitado para atender la doble demanda: la doméstica y la internacional.

Frente a este panorama, reactivar los Fondos Ganaderos surge como una solución estructural y moderna. Estos fondos, que décadas atrás impulsaron el crecimiento del sector mediante inversión colectiva, repoblamiento, asistencia técnica y acceso a genética, pueden volver a ser el motor del desarrollo rural si se actualizan bajo principios: transparencia, inclusión y sostenibilidad.

Una nueva etapa de los Fondos Ganaderos debe tener objetivos claros:

1. Gobernanza moderna y control riguroso. Los fondos deben operar bajo esquemas de auditoría permanente y participación activa de productores grandes, medianos y pequeños, garantizando el uso eficiente de los recursos.
2. Inclusión y equidad productiva. Es indispensable que los Fondos prioricen el acceso de pequeños y medianos ganaderos, permitiéndoles participar en programas de repoblamiento, mejoramiento genético y manejo tecnificado de praderas.
3. Abastecimiento equilibrado. Colombia no puede descuidar su mercado interno. El fortalecimiento del hato debe responder al doble propósito de garantizar el consumo nacional y atender la creciente demanda externa de carne y ganado en pie.
4. Transformación y empleo de calidad. La cadena cárnica no termina en la finca. Cada cabeza adicional representa más oportunidades de trabajo en la industria de procesamiento, transporte, exportación y trazabilidad. Reactivar los Fondos Ganaderos también significa generar empleo formal y calificado en las regiones rurales.
5. Sostenibilidad ambiental. Los nuevos fondos deben fomentar sistemas silvopastoriles, ganadería regenerativa y manejo responsable de los recursos naturales, alineados con los estándares internacionales y los compromisos climáticos del país.

Los Fondos Ganaderos no fracasaron por su concepto, sino por la falta de controles y visión empresarial. Hoy, con la tecnología, la trazabilidad y los mecanismos modernos de gobernanza, pueden renacer fortalecidos como el vehículo financiero del repoblamiento bovino que el país necesita.

El mundo está demandando carne colombiana; las oportunidades están servidas. Pero para mantenerlas, debemos producir más, con mejor calidad, y de forma sostenible e incluyente.

Reactivar los Fondos Ganaderos es apostarle al futuro de la ganadería colombiana, al empleo rural, a la seguridad alimentaria y a la proyección internacional de una carne que ya compite entre las mejores del mundo.

Atentos Fedegan, Minagricultura: El momento es ahora: reactivar los Fondos Ganaderos es garantizar el mañana del hato colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu