* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 10 de abril de 2026).- No se cansa Petro de las verdades a medias para descalificar e incitar a la lucha de clases, incitación que gana votos, votos que necesita para instalar al sucesor que tape los escándalos de su gobierno y dé continuidad a su agenda progresista.

En su última “alocución” la emprendió contra la exportación de carne y animales, no porque él mismo crea en sus argumentos, sino para atacar a un objetivo de su oratoria exaltada: los ganaderos, para él terratenientes improductivos que, además, no pagan impuestos. Qué ironía, con los exorbitantes avalúos catastrales con los que se despide.

Que “las exportaciones de carne no pueden seguir porque no tenemos excedentes”. Falso. Las exportaciones no afectan el abastecimiento. El consumo de todas las carnes se incrementó notoriamente por el desbordado gasto público, en especial en nómina oficial. Pero mientras el cerdo y el pollo complementan su oferta con importaciones superiores a 207 mil toneladas en 2025, las de carne de res son despreciables y las exportaciones de 30.000 toneladas y 227.000 animales no afectan la oferta local, pues contamos con un hato de 30 millones de animales, número 13 del mundo y cuarto de Latinoamérica. 

Que “exportar a China hace subir los precios de la carne en el mercado local”. Falso. El aumento del precio en un 9.6% en 2025 es más una “recuperación”, pues en 2024 solo aumentó 0,68%. Es decir, no cubre la inflación de los dos periodos. Segundo: ese bajo incremento en 2024 se presentó con un volumen de exportaciones superior al de 2025, lo que demuestra que las exportaciones nada tuvieron que ver con el aumento del precio. Tercero: ese aumento de precio obedece a la recuperación de la demanda, reflejada en un incremento del sacrificio formal de 6,3%. Ante el crecimiento de la demanda el mercado reacciona y los precios suben: Economía básica.

Que con las exportaciones y, sobre todo, con las de hembras “estamos acabando nuestro hato ganadero”. Falso. Las exportaciones de carne equivalen solo al 4% de la producción y las de animales al 4% del hato, y en 2025 solo se exportaron 6.217 hembras hacia Venezuela cuando se creó la zona binacional en el Catatumbo, dizque para recuperar un hato que pasó de 18 a 7 millones de cabezas, gracias a la expropiación masiva de tierras ganaderas y al desastre económico del Socialismo del siglo XXI.

Que aun a costa de la balanza comercial, “es preferible que baje el precio de la carne para las y los colombianos, y eso no se puede si se sigue permitiendo la exportación”. Como se nota que Petro no habla de política económica, sino que hace política electoral. Sin ánimo de insultar, solo traigo a cuento la famosa frase de campaña de Clinton en 1992 ¡Es la economía, estúpido!

Pero, además, la preocupación por el hato ganadero es inconsistente con su ataque reiterado a la ganadería, como es inconsistente el ataque a las exportaciones ganaderas con el discurso de que las agropecuarias están llamadas a reemplazar la renta petrolera. Me quedo con la sensata respuesta de la ministra a los medios: “No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento”.

Finalmente, si de ayudar a los más desfavorecidos se trata, en lugar de perseguir las exportaciones, más haría el presidente apoyando la salvaguarda a las importaciones de leche desde Estados Unidos, en la que hemos insistido para salvar de la ruina a más de 300.000 ganaderos dedicados a la producción lechera, la mayoría campesinos minifundistas.

A este gobierno habría que ponerlo a repetir una plana: Menos odios…, más política pública…, menos política electoral.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 10 de abril de 2026).- En Colombia no está en discusión la necesidad de actualizar el catastro. El rezago es real. Lo que sí está en discusión es cómo se está haciendo y, sobre todo, cuándo puede cobrarse.

La Ley 2294 de 2023, artículo 49, autorizó al IGAC a realizar, por una sola vez, un ajuste masivo y automático de avalúos. Pero en la misma norma fijó la regla que hoy se pretende relativizar:

“Los valores catastrales (…) entrarán en vigencia a partir del 1° de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales.”

Aquí no hay interpretación posible. La ley diseñó un acto jurídico administrativo complejo, compuesto por tres momentos:

1. Determinación del avalúo (que puede ser automática).

2. Incorporación en la base catastral (obligatoria, material, predio a predio).

3. Efecto fiscal diferido (a partir del año siguiente).

Solo cuando se cumplen todas las etapas, el avalúo existe jurídicamente como base gravable.

Por eso, la tesis de que la expedición y publicación de una resolución general al cierre del año equivale a incorporación automática no se sostiene. La incorporación no es un acto formal ni presunto: es un hecho técnico y verificable, que implica registro individualizado en el sistema catastral.

Y este punto no es menor. El impuesto predial, aunque de creación general, se concreta en actos administrativos individuales. Cada liquidación debe apoyarse en una base cierta, vigente y oponible.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, ha sido reiterativo en que el impuesto predial se materializa en actos particulares sustentados en información catastral válida y vigente, y que la base gravable debe ser cierta y preexistente a la liquidación. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que, conforme al artículo 338 de la Constitución, los elementos del tributo deben estar definidos de manera previa, cierta y verificable (Sentencia C-776 de 2003).

Esto excluye cualquier posibilidad de cobros soportados en ficciones administrativas.

Ahora bien, una precisión necesaria: sí es posible aplicar los nuevos avalúos en 2027, pero solo si se cumple íntegramente el acto complejo. Es decir, si el avalúo fue determinado válidamente y si fue incorporado efectivamente durante 2026 en la base catastral, entonces podrá regir fiscalmente desde el 1° de enero de 2027.

Lo que no es jurídicamente admisible es anticipar efectos sin haber cumplido la incorporación, o pretender que esta se entiende surtida por el solo hecho de haber expedido un acto general.

Confundir la vigencia de una resolución con la existencia jurídica del avalúo es el error de fondo. Una cosa es que el acto administrativo general exista; otra, muy distinta, que haya producido todos los efectos necesarios para servir de base gravable.

El debate que empieza a darse en distintos escenarios jurídicos corre el riesgo de desviarse. Se pretende controvertir el problema atacando los actos individuales de liquidación del impuesto predial, cuando la discusión de fondo es anterior: la validez misma del avalúo como base gravable.

Esa aproximación fragmenta el problema y lo reduce a errores de forma o de trámite, cuando lo que está en juego es la existencia jurídica del elemento esencial del tributo. Si el avalúo no ha cumplido el proceso legal —determinación, incorporación y vigencia—, no hay base sobre la cual liquidar.

En esas condiciones, la discusión no es si el acto individual está bien notificado o motivado, sino si tiene soporte válido. Y cuando la base falla, lo demás no se corrige: se cae.

Por eso, los cobros de predial que se soporten en avalúos no incorporados —aunque gocen de presunción de legalidad— no resisten un control judicial de fondo. La presunción no suple la ausencia de los requisitos legales.

El debate no es ideológico ni coyuntural. Es estrictamente jurídico: el Estado no puede cobrar impuestos sin haber completado el proceso que la ley le exige.

En materia tributaria, el tiempo y la forma no los define la administración. Los define la ley. Y la ley, en este caso, es clara: sin incorporación previa, no hay avalúo; y sin avalúo, no hay impuesto.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Rafael Hernández Lozano * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(RHL – Martes 7 de abril de 2026).- El conflicto bélico en el golfo pérsico no puede verse como un hecho aislado por parte de los productores arroceros en Colombia, dado que esta situación geopolítica internacional tiene efectos directos sobre los costos de producción en nuestro país.

Irán ocupa un lugar estratégico en la producción y comercialización de insumos clave para la agricultura, especialmente fertilizantes nitrogenados, cuyo principal componente es el gas natural. Las alteraciones en el suministro energético, las restricciones logísticas o eventuales sanciones generan presiones alcistas en los precios internacionales. A ello se suman disrupciones en rutas marítimas críticas, encareciendo aún más los fletes y aumentando la incertidumbre en los mercados.

Para el sector arrocero, altamente dependiente de estos insumos, un incremento sostenido en los costos de fertilización puede afectar la rentabilidad del productor y, en última instancia, la estabilidad de la producción nacional.

Ante este panorama, Fedearroz ha venido insistiendo en un enfoque técnico, eficiente y preventivo. Más que reaccionar a la volatilidad, se trata de anticiparse a ella mediante prácticas que optimicen el uso de cada kilogramo de fertilizante.

El punto de partida es la planeación y el conocimiento. El diagnóstico químico y el análisis de suelos permiten entender con precisión qué nutrientes están realmente disponibles, evitando aplicaciones innecesarias. A partir de allí, la nutrición oportuna y fraccionada —especialmente de nitrógeno y potasio— asegura que la planta reciba lo que necesita en los momentos críticos de su desarrollo, mejorando la eficiencia de absorción.

Este esfuerzo debe complementarse con un manejo racional del agua. Mantener niveles adecuados después del macollamiento, no solo favorece la asimilación de nutrientes, sino que reduce pérdidas por evaporación. De igual forma, la micro nivelación de suelos se convierte en una herramienta clave para lograr una distribución uniforme del agua y los fertilizantes, evitando zonas con excesos o deficiencias.

La selección adecuada de variedades y la elección de la época óptima permiten maximizar el potencial productivo y el aprovechamiento de los nutrientes. Prácticas como el pre-abonamiento, por su parte, fortalecen el desarrollo inicial del cultivo y reducen la necesidad de intervenciones correctivas más costosas en etapas posteriores.

Finalmente, en un entorno de alta volatilidad el trabajo en equipo como gremio se vuelve fundamental. La organización de compras consolidadas entre productores y la adopción de herramientas de agricultura de precisión permiten reducir costos. Para adoptar estas estrategias es importante que los productores consulten con los directores y asistentes técnicos de Fedearroz, en la seccional más cercana a su lote.

Hoy, más que nunca, la sostenibilidad del sector arrocero depende de la capacidad de adaptarse a un entorno global incierto. La coyuntura internacional exige disciplina técnica, planeación y una visión de largo plazo, que son los elementos que hemos venido promoviendo con el programa AMTEC.

Convertir la tecnología y eficiencia en aliadas, es una respuesta inteligente y una necesidad impostergable para que el sector siga siendo fuente de seguridad alimentaria en el país.

* Rafael Hernández Lozano, Gerente General de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 4 de abril de 2026).- Todo lo que se hace “de mala leche” … sale mal. Así le ocurrió al Gobierno con el ajuste de los avalúos rurales con rezagos de actualización mayores a cinco años a la fecha de expedición de la Ley del Plan, no solo porque, basada en el odio a los “grandes terratenientes”, termina afectando a los pequeños propietarios, sino por el afán de implementarla a partir de 2026, para lo cual el Instituto Geográfico Agustín Cosazzi (IGAC), expidió la Resolución 2057 del 30 de diciembre, vigente desde su publicación en el Diario Oficial, que se produce, con inesperada eficiencia, el 31 de diciembre.

Sin embargo, en su afán, al Gobierno se le pasó un detalle: La Resolución 1912/24 del IGAC establece que los valores catastrales del ajuste automático entrarán en vigor “a partir del 1º de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales”; algo que se empezó a producir en los municipios en 2026 con la determinación del ajuste a cada predio. Por tanto, esos valores catastrales solo serán vigentes a partir del 1º de enero de 2027 y no podrán afectar el predial de 2026.

La actualización “a quemarropa” de los avalúos rurales ha sido promovida por el IGAC como una medida excepcional, masiva y automática.

Sin duda es excepcional, por una sola vez. Así la vende el Gobierno, como una de sus “bondades”, pero esa excepcionalidad lo que pretende es reparar el incumplimiento sistemático de la obligación legal de actualizar avalúos cada cinco años, poniendo a los propietarios a “pagar los platos” que rompieron los gobiernos durante décadas.

De lo “masivo y automático” siempre desconfío, porque esconde grandes injusticias. El IGAC reconoce que se afectarán 1.639.140 predios en 533 municipios, pero también que el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que, mientras Petro afirma que la medida no es para los pobres, las cifras del IGAC lo contradicen, pues el Estado mismo considera menos de 100 hectáreas como pequeña propiedad, al punto que las normas prediales la favorecen con incrementos que no pueden superar el 50% de lo liquidado el año anterior.     

Para el minifundio lechero de altiplano, que se mide en fanegadas (6.400 m2), la pequeña propiedad es más pequeña, pero en algunas zonas más valiosa. Un campesino con cinco fanegadas en el altiplano cundiboyacense, que soportan 10 animales y tampoco lo sacan de pobre, puede pasar, como por ensalmo, de pequeño a mediano productor, si su predio es afectado por incrementos promedio del avalúo superiores al 1.000% en Boyacá y Cundinamarca, con lo cual, entre otras cosas, perderá beneficios ante las entidades de crédito.

A las mayores limitaciones de acceso al crédito se suma el incremento del predial, que aun con las limitaciones a su aumento anual, afectará los ingresos de pequeños productores, pues sobre un avalúo que pretende actualizar décadas de descuido gubernamental, durante años pagarán aumentos no superiores al 50%, pero sobre una base cada vez mayor. Sumando el aumento vegetativo de los avalúos al ritmo del IPC, un campesino que pagó $1.000.000 en 2025, en apenas tres años pagaría más de $3.500.000.

Por fortuna, se malogró la intención de afectar la producción agropecuaria con la disculpa de fortalecer las finanzas municipales. Vendrá un nuevo gobierno que comprenda la realidad rural sin sesgos ideológicos, que modifique el despropósito de la actualización masiva y respete el artículo 9º de la Ley 101/93, para que los avalúos catastrales de predios destinados a la producción agropecuaria, como ordena la Ley, no tengan en cuenta “ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”.

¡Así debe ser…, que así sea!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 4 de abril de 2026).- “Mientras el país celebra la caída del desempleo, el campo colombiano empieza a enfriarse: cae la generación de empleo rural, la informalidad supera el 80% y la productividad sigue rezagada. En medio de una reforma agraria enfocada en repartir tierra, el verdadero debate —el de producir, invertir y generar ingresos sostenibles— sigue ausente. Ahí se define no solo el futuro del agro, sino el rumbo electoral del 2026.”

Colombia está a punto de reincidir en un error histórico: creer que el problema del campo es la tierra, cuando la evidencia demuestra que es la productividad. Y lo más delicado es que ese error ya empieza a reflejarse en el empleo rural.

Las cifras así lo muestran. Según el DANE, en el trimestre móvil más reciente, el país registra una tasa de desempleo cercana al 9%, pero con un dato que pasa casi inadvertido: el sector agropecuario perdió participación en la generación de empleo, con caídas en ocupación en ramas como agricultura y transporte rural. Es decir, el empleo nacional mejora, pero el campo deja de ser motor.

Esto contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando el sector agropecuario alcanzó cerca de 4,8 millones de ocupados, representando aproximadamente el 15% del empleo total del país. En ese momento, la tasa de desempleo rural se ubicaba alrededor del 6,7%, significativamente menor al promedio urbano. La conclusión era evidente: cuando el campo produce, el empleo responde.

Pero hay un dato aún más estructural: la informalidad rural en Colombia supera el 80%. En algunas actividades agrícolas, incluso

roza el 85%. Esto significa que 8 de cada 10 trabajadores del campo no tienen seguridad social, estabilidad ni ingresos sostenibles. Y esto no se resuelve repartiendo tierra: se resuelve haciendo productiva esa tierra.

En paralelo, la política pública ha tomado otro rumbo. El gobierno de Gustavo Petro ha priorizado la compra y adjudicación de tierras como eje de la reforma agraria. A 2025, se habían anunciado más de 1,3 millones de hectáreas en proceso de adquisición o negociación, en el marco del acuerdo con Fedegán.

Sin embargo, el cuello de botella no está en la tierra, sino en lo que viene después. El crédito agropecuario en Colombia apenas representa cerca del 4% del total de la cartera financiera nacional, y menos del 30% de los pequeños productores tiene acceso efectivo a financiamiento formal. Sin capital, no hay tecnología; sin tecnología, no hay productividad.

A esto se suma otro dato crítico: La productividad laboral del agro colombiano es menos de la mitad del promedio nacional. Mientras un trabajador urbano genera en promedio más del doble de valor agregado que uno rural, la brecha sigue ampliándose. Esa es la verdadera inequidad estructural.

Y aquí es donde el debate electoral deja de ser abstracto.

La pregunta no es quién reparte más tierra, sino quién garantiza que esa tierra produzca, genere ingresos y sostenga empleo. Y hoy, ese debate no está siendo liderado con claridad.

Ahí es donde una figura como Paloma Valencia tiene una oportunidad concreta de marcar diferencia programática.

Primero, poniendo la productividad en el centro. No como discurso, sino como política medible: tecnificación, asistencia técnica efectiva y acceso real a crédito. Si el agro crece al 3% anual, puede absorber cientos de miles de empleos; si se estanca, los destruye.

Segundo, vinculando la tierra a proyectos productivos. Cada hectárea adjudicada debe estar acompañada de un plan verificable de producción, acceso a mercados y sostenibilidad financiera. Sin eso, la reforma agraria no solo fracasa: profundiza la informalidad y consolida la pobreza.

Tercero, garantizando seguridad jurídica. La inversión agropecuaria en Colombia sigue rezagada: representa menos del 2% de la inversión total del país. Nadie invierte donde no hay reglas claras. Y sin inversión, no hay empleo.

El 2026 se va a definir en este terreno. Porque el campo no es marginal: más de 10 millones de colombianos dependen directa o indirectamente del sector agropecuario, y es allí donde se concentran los mayores niveles de pobreza multidimensional.

Mientras el gobierno insiste en un enfoque redistributivo, los datos empiezan a mostrar sus límites: el empleo rural se enfría, la informalidad persiste y la productividad no despega.

La oposición, fragmentada, aún no logra consolidar un relato. Pero el espacio está abierto.

Porque al final, la elección no se va a decidir en quién promete más tierra, sino en quién ofrece algo mucho más concreto y medible: más producción, más empleo y más ingresos en el campo.

Si Paloma Valencia logra encarnar esa agenda con rigor técnico, claridad política y respaldo estadístico, no solo entra en la conversación: la redefine.

Porque en Colombia, el problema no es la tierra.

Es lo que —o lo que no— se está haciendo con ella.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 27 de marzo de 2026).- En el último consejo de ministros el presidente Petro la emprendió nuevamente contra “la parrandada (sic) de terratenientes improductivos que no pagan impuesto sobre la tierra”.

FALSO. Todos los propietarios de tierra pagan impuesto, con pocas excepciones, una de ellas la de los indígenas terratenientes, ellos sí improductivos y además exentos, a quienes el Ministerio de Hacienda les paga el predial con la plata de nuestros impuestos.

La afirmación presidencial es poco menos que infame, pues no estamos ante contribuyentes ladrones, como sugiere Petro tendenciosamente, sino ante un Estado negligente. El propietario de tierra, grande, mediano o pequeño paga lo que le cobran, pero si las autoridades catastrales no hacen las actualizaciones a que están obligadas… ¿quién es el culpable?

El presidente se refirió a una convocatoria de paro por el incremento de los avalúos catastrales, resultado de la actualización masiva que ordena el artículo 49 de la Ley del Plan de Desarrollo. No sé de esa convocatoria, pero el artículo 49, aunque cree remediar un desfase histórico, termina siendo un despropósito, como la resolución del IGAC 2057/25, cuya metodología pongo en duda por sus resultados, que establecen porcentajes de incremento del avalúo catastral que rayan en el absurdo, para zonas rurales de 527 municipios.

Por ello, también pongo en duda que los ajustes realmente consulten el artículo 9º de la Ley Agraria (L. 101/93) la cual establece que cuando las normas sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios.

Los ejemplos son de Ripley: en la región 18 de Saravena, Arauca, el incremento supera el 2.500.000% (leyó bien: dos millones quinientos mil por ciento) y el promedio departamental el 201.000%. En Atlántico el promedio supera el 18.000% y siete departamentos tienen incrementos promedio superiores al 1.000%, lo que no es consuelo para Amazonas y Tolima con 900%, o para Nariño, departamento minifundista y agobiado por la violencia, con incremento promedio del 766%. Petro afirmó que la medida no era para los pobres, pero me temo que también es falso.

El anexo metodológico incluye una “confesión de parte” de esa culpabilidad del Estado: “El rezago… se relaciona con la falta de implementación de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 145 de 2011, que establece la obligación de las autoridades catastrales de actualizar los catastros en periodos de cinco años”. Esa “falta de implementación” es, sencillamente, el incumplimiento de una obligación legal…, sin que nada pase. Según el IGAC, el catastro rural presenta un rezago promedio de 15 años, pero hay municipios con 20 y 30 años sin actualización.

Es inobjetable que, ya sea por negligencia o falta de recursos, el rezago es un “error omisivo” del Estado durante años y, por tanto, su corrección no puede afectar “de golpe y porrazo” el bolsillo de los propietarios de tierra, sino que debe tener una gradualidad acorde con los tiempos del error estatal.

La afectación económica no es de poca monta, pues el predial, a pesar de las limitaciones legales a su aumento anual, tendrá una tendencia incremental durante varias vigencias, que debería atenuarse con una justa gradualidad en el incremento de los avalúos, y con la aplicación de tarifas mínimas por parte de los municipios.

La Resolución 2057 es, literalmente, una exacción que afectará al sector agropecuario con una carga impositiva que no consulta la situación del campo, donde todo falta y solo sobran el abandono y la violencia. Es un camino hacia la quiebra rural, un riesgo ante el cual…, debemos movilizarnos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 27 de marzo de 2026).- “La lechería en Colombia no está en crisis por falta de vocación. Está en crisis porque se le obligó a competir sin condiciones, en un mercado distorsionado y sin reglas claras.

Hoy, con aranceles en cero, informalidad del 56% y acopiadores formales abandonando el negocio, insistir en el modelo actual no es proteger al pequeño productor. Es quebrarlo.”

En Colombia, producir leche dejó de ser un negocio. Hoy es, en muchos casos, una actividad de resistencia.

Mientras el salario mínimo creció 23.7% y la inflación 5,1%, el precio de la leche al productor, el Gobierno apenas lo reajustó 1,3% por resolución oficial. A esto se suman incrementos en insumos para la producción como concentrados, fertilizantes, transporte y mano de obra, que el productor no puede trasladar al precio final, además del impacto del contrabando de queso artesanal desde Venezuela.

El resultado: Precios en finca entre $1.800 y $2.200 por litro, muchas veces por debajo del costo real de producción.

La distorsión es aún más grave: En el mercado informal, la “leche caliente” se vende hasta en $1.000 litro en regiones del Caribe. Ese dato explica por qué el sistema formal está colapsando.

Más de 400.000 familias viven de esta actividad. Hoy, sobreviven en ella.

Competir sin defensa

Colombia produce cerca de 7.000 millones de litros de leche al año, pero lo hace sin condiciones para competir.

Con el TLC con Estados Unidos, los aranceles para lácteos han llegado a cero. Ese país produce más de 100 millones de toneladas anuales, bajo sistemas confinados, mecanizados y con respaldo estatal.

La consecuencia es evidente:

🔴En muchos casos, es más barato importar leche que producirla en Colombia.

🔴 El pequeño productor no compite contra otro ganadero, sino contra una industria.

Mercado roto: Informalidad y salida de los formales

Hoy, el 56% de la leche en Colombia se comercializa en la informalidad:

sin control sanitario

sin pago por calidad

sin trazabilidad

transformada principalmente en quesos artesanales sin cumplir estándares mínimos sanitarios.

Esto ha generado un efecto crítico:

Los acopiadores formales están saliendo del mercado.

Ya no recogen leche en muchas zonas porque no pueden competir con circuitos informales sin cargas regulatorias.

El pequeño productor queda atrapado: Vende barato en la informalidad o pierde mercado en la formalidad.

En ambos casos, pierde.

El error estructural

Colombia insiste en producir leche en todo el territorio.

El mundo no funciona así:

Estados Unidos industrializó la lechería

Nueva Zelanda la hizo eficiente

Brasil y Argentina se enfocaron en carne

Aquí se hace de todo, en todas partes, con baja productividad y altos costos.

La oportunidad ignorada

Mientras la leche pierde rentabilidad, el mundo demanda carne.

Colombia tiene ventajas reales:

Sistemas de ganadería sostenible a PAS (Pasto, Agua y Sal), Regenerativa, Silvopastoreo.

Adaptación al trópico

Potencial exportador de carne y ganado en pie

La vaca, más que ordeñarse, debe verse como lo que es: la fábrica del ternero.

El papel del del Estado y el Fondo Nacional del Ganado

Los ganaderos aportan a la seguridad alimentaria de la Nación (Carne, Leche y derivados), pagan la cuota parafiscal de leche y carne para mejorar la competitividad del sector.

La pregunta es obligada:

¿Dónde está ese respaldo del Estado y el FNG para el pequeño productor que hoy se está quebrando?

* El Fondo Nacional del Ganado debe ser el eje de la transformación:

* Financiar con apoyo financiero del Estado la reconversión hacia carne y doble propósito

* Garantizar flujo de caja en la transición

* Asistencia técnica en productividad y genética

* Acceso real a mercados

Sin esto, cualquier política es retórica.

La transición (o el colapso)

No se trata de acabar la lechería, sino de reordenarla:

Leche donde es eficiente (Sabana Cundiboyacense, Nariño, Antioquia y Caquetá)

Carne donde es viable

Formalidad que compita, no que asfixie

Esta no es una crisis nueva, se repite, año tras año, sin solución de fondo (Las subastas lecheras son temporales).

Hoy el pequeño productor ganadero no necesita discursos. Necesita decisiones.

Porque en Colombia, el problema ya no es producir leche.

Es que producirla… ya no garantiza sobrevivir.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 20 de marzo de 2026).- No podría describir el drama de los ganaderos productores de leche, sin contextualizar su realidad como eslabón primario de una cadena agroalimentaria estratégica para la seguridad alimentaria del país y la preservación del tejido social rural. 

La producción de leche bovina, en 2025, no solo superó la cota de los 8.000 millones de litros, desde 7.712 en 2024, sino que alcanzó 8.400 millones de litros; un crecimiento importante, fruto del esfuerzo ganadero.

Ahora veamos quiénes hacen ese esfuerzo: Un segmento ganadero, la “lechería especializada”, dedicado a producir leche a partir de razas también especializadas, sobre todo en zonas de altiplano, como el cundiboyacense; y también el de “doble propósito”, como su nombre lo indica, produce carne y leche. Ambos suman cerca de 400.000 ganaderos, de los cuales más de 230.000 tienen apenas 10 animales o menos. Esta es la realidad que quiero resaltar: Nuestra producción lechera está soportada en la microempresa familiar campesina.

Esos 400.000 ganaderos quisieran venderle su leche a la industria formal, que solo compró 3.449 millones de litros en 2025, apenas el 41% de la producción y, para colmo, solo 20 empresas compran casi el 70% de ese limitado acopio. Hay entonces muchísimos vendedores detrás de poquísimos compradores. ¿Qué sucede en estos mercados que los economistas llaman “oligopsonio”? Sencillo. Que los compradores “mangonean” con el precio, sin contar con que, para los pequeños productores que no logran venderle a la industria formal, el mangoneo en la informalidad es peor y los precios aún más bajos.

Para rematar, la industria, que tiene a su disposición 3.000 millones de litros, en 2025 importó ¡77.605 toneladas! de leche y derivados, equivalente a 653 millones de litros y al 18% del total de sus compras. Y hacia delante lo seguirá haciendo, si los precios internacionales, la tasa de cambio y la eliminación de aranceles con Estados Unidos a partir de 2026, convierten en mejor negocio comprarles a prósperos granjeros estadounidenses, que a empobrecidos campesinos colombianos. 

Y hay más; es decir: “tras de cotudos con paperas”, pues el Ministerio de Agricultura actualiza anualmente la Resolución 017/12, la cual establece precios de referencia de la leche cruda, y la situación es de no creer: El mismo gobierno que decreta un incremento del salario mínimo del 23%, que empuja hacia arriba los costos de producción, estima que el esfuerzo de los productores de leche, campesinos minifundistas en su mayoría, a los que dice defender, merece apenas un incremento del ¡1,3%!  

La “quincena lechera” es el sueldo de esos 230.000 pequeños ganaderos que no contratan, porque ellos son los trabajadores de sus microempresas, condenados a un aumento miserable, mientras los mayores ingresos del resto de los asalariados dispara la inflación y el costo de la canasta familiar, obligando al campesino ganadero, a la hora de mercar, a repartir sus ingresos entre la comida para su familia y el concentrado para sus animales.

¿Qué pensarán del discurso de la desigualdad que el Gobierno dice combatir? ¿Dónde queda el discurso del salario vital?, ¿Dónde el del campesinado sujeto de derechos?

Ni qué decir de los medianos productores, que contratan empleados, pagando 23% más en salarios y recibir solo 1,3% más por su leche. Las cuentas no dan.

Los problemas de la cadena láctea no son de hoy, son estructurales y afectan a su eslabón más importante y a la vez más débil: el que produce la leche. Desde hace más de 20 años los planteo en este espacio con propuestas de solución a todos los gobiernos.

Nada ha cambiado y, por el contrario, hoy enfrentamos una tragedia rural quizás irreparable y, lo que es peor…, anunciada.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 20 de marzo de 2026).- El asesinato del ganadero Fabio Lacouture Acosta el 20 de marzo de 1993 en zona rural de Becerril de los Campos (Cesar) no fue un hecho aislado. Fue parte de la violencia sistemática que durante décadas masacró al campo colombiano. Treinta y tres años después, mientras el país repite discursos de memoria, paz y justicia transicional, para miles de víctimas rurales, especialmente para los ganaderos del Cesar, la promesa de verdad, justicia y reparación sigue siendo una herida y burla abierta.

Ese 20 de marzo de 1993 fue asesinado mi padre, Don Fabio Lacouture. Han pasado treinta y tres años. Más de tres décadas en las que Colombia ha hablado hasta el cansancio de paz, reconciliación y justicia transicional. Para las víctimas del campo, todo eso es puro discurso vacío.

Mi padre no fue un actor del conflicto. Fue un hombre del campo, un ganadero que creía que trabajar la tierra y producir alimentos era la forma digna de construir país. Lo mataron porque las FARC-EP decidieron que el Departamento del Cesar les pertenecía.

Su asesinato con cevicia, crueldad extrema, fue obra del Frente 41 del Bloque Caribe, bajo la influencia de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad o Palmera, hoy preso en Estados Unidos. El crimen fue brutal y dejó una herida que nunca cicatriza en nuestra familia.

El conflicto convirtió el campo en un matadero. Informes de Fedegán y Fundagán —en el libro “La verdad de las víctimas ganaderas para acabar con el olvido”— documentan más de 6.202 ganaderos víctimas de secuestros, asesinatos, extorsiones y desplazamientos durante las décadas más cruentas del dominio de las Narcoguerrillas. Las fincas se volvieron territorios de terror. Las familias huyeron. Las economías rurales se destruyeron para siempre. Nuestro núcleo familiar fue perseguido inmisericordemente, sin piedad. Al año siguiente del crimen de mi padre, en 1994, secuestraron a Fabio Hernán, mi hermano. A mi mamá le hicieron varios atentados. Detonaron una bomba en el Edificio Lacouture de Valledupar el 14 de septiembre de 2001. Nos persiguieron sin descanso. No bastó el horror del asesinato de mi padre: a tantos otros familiares los acosaron solo por trabajar la tierra que nuestros ancestros enseñaron a respetar y a amar.

Treinta y tres años después, cada 20 de marzo el silencio del potrero cesarense me devuelve la mirada de mi padre: un ganadero que nunca pidió más que trabajar la tierra, criar ganado y ver crecer a sus hijos en paz. Se me escapan lágrimas al escribir está nota en mi soledad.

Mi voz no puede ser baja: grita con fuerza por verdad, justicia y reparación, tal como lo prometió el Acuerdo Santos-FARC y que, a la fecha, sigue siendo una burla cruel e incumplida para las víctimas del sector ganadero.

Con las próximas elecciones a la vista, si la izquierda gana y esta gente de las FARC, con Cepeda se empoderan en el Congreso, la JEP y el Gobierno, la traición se consumará: los mismos victimarios controlarán la verdad y la impunidad se convertirá en ley oficial. Para miles de familias rurales como la mía, la deuda de justicia se volverá eterna.

La paz verdadera no se construye con olvido ni con discursos baratos. Se construye cuando la verdad duele de frente, cuando la justicia no se negocia con asesinos y cuando la reparación llega de verdad a quienes todavía la reclamamos en silencio.

Mientras esa amenaza política y esa deuda judicial persistan, la memoria del campo colombiano, y la mía propia, seguirá gritando con rabia: ¡una verdad pendiente que NO toleraremos más!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Neil Eduardo Bustamante Sanchez * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(NB – Lunes 16 de marzo de 2026).- La baja en el precio de la leche y del queso se siente el doble cuando al mismo tiempo sube el salario mínimo, suben los combustibles, suben los medicamentos, suben los insumos y todo lo que necesitamos para producir.

El ganadero siempre ha sido el que aguanta, el que se ajusta, el que busca cómo seguir trabajando, el que no se rinde fácil. Cada problema lo soportamos y tratamos de buscarle salida, pero llega un momento en que uno se pregunta: ¿y ahora qué alternativa nos queda?

Lo que está pasando con el cierre del ferry de Salamina por parte de Corpamag es otro golpe más, y un golpe fuerte. Aquí no solo se afecta el ganadero que transporta leche todos los días o el que saca queso cada semana, también se afecta el que lleva ganado para sacrificio, el que trae concentrado, el que tiene que movilizar un enfermo, el que necesita ir a Barranquilla a un tratamiento, a una diálisis o a una cita médica.

Uno a las entidades no les está pidiendo que le resuelvan la vida al productor, pero por lo menos que no le estorben.

Cuando una autoridad toma una decisión sin dar una alternativa, termina siendo parte del problema.

La pregunta que muchos nos hacemos es si los daños y perjuicios que se están causando se pueden reclamar, porque cuando una decisión administrativa afecta la economía de toda una región, alguien tiene que responder.

Las pérdidas económicas no pueden quedar en el aire, y si por falta de previsión llegan a ocurrir situaciones graves o hasta fatales, eso también debería investigarse.

Lo lógico sería que la entidad responda por los perjuicios causados, y que, si hubo negligencia o mala decisión, exista también la acción correspondiente para que respondan los funcionarios responsables, como lo permite la ley.

Este no es un reclamo con rabia, es un llamado con respeto, pero con firmeza.

El campo no puede seguir cargando solo con todos los problemas, mientras las decisiones se toman desde un escritorio sin mirar la realidad de la región.

Ojalá se revise esta situación y se busquen soluciones rápidas, porque aquí no se está afectando a uno solo, se está afectando a toda una comunidad que vive del trabajo diario.

* Neil Eduardo Bustamante Sanchez, ganadero, criador de búfalos (El Encanto Negro).