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Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 17 de abril de 2026).- En un post de X, red convertida en canal oficial del Gobierno, Petro insiste en su cantaleta de que el objetivo de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales es “que los ricos paguen impuestos” y también “ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz”.
Es cierto, la Ley 14 ¡de 1983! ordena actualizar cada cinco años los avalúos catastrales, y el Acuerdo fariano establece que, en máximo siete años, que se vencieron en 2023, se debía concretar “la formación y actualización del catastro rural…”. Sin embargo, ningún gobierno, por las razones que sea, ha logrado cumplir esa obligación legal.
Así que, frente a problemas que se evidencian estructurales, malas son las soluciones atropelladas, que no surgen de un análisis objetivo de la realidad, sino de percepciones ideologizadas y calenturientas. Cuando esa es la guía de la política pública, cuando el presidente reduce el problema a que, según él, “los terratenientes no quieren pagar impuesto” el riesgo es la chambonada y el caos… Y en esas estamos.
Primero fue el artículo 49 de la Ley del Plan, un “mico disfrazado”, pues la actualización de los avalúos es un objetivo legítimo y, quizás por ello, no alarmó a nadie, porque se esperaba que el Gobierno aplicara la gradualidad que él mismo recomienda en el parágrafo tercero, que ordena al Ministerio de Hacienda y al DNP elaborar un Proyecto de Ley para establecer “límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado derivado del reajuste del avalúo catastral, bajo los principios de progresividad…”. Sin embargo, ni se revisaron los actuales límites al crecimiento del predial, ni se aplicó gradualidad alguna, que es la gran chambonada, pues un error del Estado durante décadas no se puede solucionar “de golpe y porrazo”.
Vino luego la Resolución 1912/24, que estableció la metodología, un galimatías técnico que solo puedo juzgar por sus resultados, que se conocieron en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, publicada de afán en el Diario Oficial antes de que terminara el año, con el listado de porcentajes de incremento para casi 9.000 zonas homogéneas en 527 municipios; incrementos exorbitantes y que, en algunos casos, rayan en el absurdo.
El presidente sostiene que la medida no es para los pobres, pero, según información del IGAC, la actualización afecta a más de 1.600.000 predios, de los cuales el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que hablamos de una medida que arrasará con la mediana producción agropecuaria y de la cual no escapará el campesino minifundista, convertido en rico en el papel, como expresó una manifestante en La Calera, Cundinamarca.
Como era de esperarse, no los ricos que Petro persigue, sino esos campesinos y medianos productores salieron a protestar y se logró un acuerdo en Santander con mediación del gobernador; acuerdo que bien podría replicarse en otras regiones, pero una vez más la sensatez no fue invitada y el ministro del Interior dejó claro que eso no era posible, un mensaje “chambón” del que se infiere que para tener derecho a negociación y acuerdo hay que protestar primero.
La cosa se enreda aún más, porque, en lo que representa una confesión de la chambonada inicial y una “desmontada por las orejas”, la Dirección General del IGAC les trasladó “el chicarrón” de las soluciones para el apaciguamiento de las protestas a sus directores regionales, algo inaudito, pues lo que debería tener una solución centralizada, comenzando por la suspensión de la Resolución 2057, ahora dependerá de más protestas y tantas negociaciones como directores regionales tenga el IGAC.
Así pues, seguimos de chambonada en chambonada. Ya basta… ¡No más!
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie
