* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 27 de febrero de 2026).- Actualizar el catastro rural es una deuda histórica del Estado y un paso necesario hacia la equidad tributaria. Pero convertir el impuesto predial en herramienta de presión productiva plantea interrogantes constitucionales y económicos que el país no puede eludir. El debate no es si se paga, sino cómo y bajo qué principios.

La actualización catastral en Colombia no admite mayor discusión: durante décadas, la desactualización ha generado inequidades evidentes, erosionando la base fiscal de los municipios y distorsionando la carga tributaria entre contribuyentes. Corregir ese rezago es una medida técnicamente necesaria e institucionalmente legítima.

Sin embargo, el debate comienza cuando el impuesto predial deja de concebirse exclusivamente como tributo fiscal y empieza a utilizarse como instrumento de política pública para inducir comportamientos productivos. Allí entramos en el terreno de la extrafiscalidad.

En teoría tributaria, la extrafiscalidad se presenta cuando un impuesto no solo busca recaudar, sino también orientar conductas económicas o sociales. Es una herramienta legítima en ciertos contextos —por ejemplo, en tributos ambientales o correctivos—, pero su uso exige proporcionalidad, razonabilidad y coherencia con los principios constitucionales que rigen el sistema tributario.

El predial es un tributo territorial cuya finalidad principal es financiar al municipio. Está sujeto a los principios de legalidad, equidad, progresividad y capacidad contributiva. Cuando se le asigna una función adicional de presión productiva, el análisis ya no es meramente fiscal: se convierte en constitucional.

El problema no es promover el uso eficiente de la tierra. Colombia no puede desconocer que existen rezagos históricos en materia de productividad rural. La función social de la propiedad es un mandato vigente. Pero la pregunta es si el camino adecuado para incentivar la productividad es aumentar la carga tributaria bajo el supuesto de subutilización.

La tierra rural tiene múltiples vocaciones: agrícola, pecuaria, forestal y ambiental. La ganadería regenerativa, los sistemas silvopastoriles o la conservación estratégica generan empleo, estabilidad territorial y servicios ecosistémicos. Reducir la discusión a un concepto uniforme de “uso adecuado” puede desconocer la aptitud real del suelo y la complejidad del territorio.

Existe además un elemento particularmente sensible en el marco de la reforma agraria. Cuando el Estado adjudica tierras, la formalización implica obligaciones tributarias. El nuevo propietario asume el pago del predial. Pero la tierra no genera liquidez inmediata. Sin infraestructura vial, distritos de riego, asistencia técnica y acceso efectivo a mercados, el potencial productivo tarda en materializarse.

En ese contexto, un incremento significativo del predial puede producir un efecto no deseado: que el beneficiario, ante la falta de flujo de caja, se vea obligado a enajenar el predio. La política pública no puede, por vía tributaria, generar dinámicas que terminan reproduciendo concentración.

La extrafiscalidad, cuando se aplica sin condiciones habilitantes, corre el riesgo de transformarse en presión económica antes que en incentivo productivo. El diseño tributario debe considerar la realidad económica del contribuyente y garantizar transiciones graduales que preserven la seguridad jurídica.

Si el objetivo es estimular la productividad rural, existen alternativas más eficaces: incentivos tributarios condicionados a inversión, reconocimiento de generación de empleo formal, estímulos por conservación ambiental o mejoras tecnológicas verificables. Premiar la inversión es sustancialmente distinto a penalizar la inactividad presunta.

La actualización catastral es una herramienta de ordenamiento necesaria. Pero su legitimidad dependerá de que fortalezca la equidad sin erosionar la confianza. La función social de la propiedad no puede interpretarse de manera aislada de la capacidad económica real.

La tierra puede ser instrumento de equidad.

Pero el impuesto no puede convertirse en atajo ideológico.

Cuando la extrafiscalidad sustituye la política productiva, el riesgo no es solo jurídico: es económico y social.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 27 de febrero de 2026).- Sí… Renuncié al Centro Democrático y, como era de esperarse, me tildan de mal perdedor. Estoy viejo para pataletas de envidioso, como me calificó Uribe Londoño, pero también para callar ante la opacidad, por lo que, respetuosa y reiteradamente solicité respuestas… que nunca llegaron.

Si hay crisis en el partido, era evidente aun antes del atentado contra Miguel Uribe y su posterior fallecimiento, y los entonces precandidatos lo saben. En octubre de 2024 aceptaron que Miguel se sumara en franca lid, aunque hubo desavenencias, hay que decirlo, porque, muy temprano empezó a gastar en asesores, eventos masivos y publicidad, a un ritmo que no estaba en las cuentas de sus compañeros, lo que generó una directriz del partido, incluido un almuerzo privado con el expresidente. 

Luego viene el fatal atentado y, entonces, todo fue confusión. Que si Miguel sobrevivía sería el candidato, no solo fue un anuncio dramático que contrariaba la realidad médica, sino la primera de más insólitas reacciones. Vendría la descabellada acusación de la viuda contra María Fernada Cabal y su puja con el padre por el favor de Álvaro Uribe, hasta que el expresidente acepta, no sin reparos, la precandidatura de Uribe Londoño.

A poco andar el nuevo precandidato empieza a demoler desde adentro. Asiste a los eventos del partido cuando quiere y rechaza a la encuestadora Atlas Intel, mientras sus asesores la contactan hasta lograr su renuncia para evitar “riesgos reputacionales”, con lo que se incumple la fecha del 28 de noviembre.

Empieza entonces un vaya-y-venga: que ya no encuesta y una nueva fecha para el anuncio oficial, el 6 de febrero, pero ya no de un candidato, sino de varios que irían a consulta interpartidista. A los pocos días ya no era el 6 de febrero, sino el 15 de diciembre, y volvimos a las encuestadoras, pero no una sino dos, contratadas a las carreras, para elegir el candidato oficial, todo en medio de la renuncia de Andrés Guerra por falta de garantías y la expulsión de Uribe Londoño por sus “acercamientos” a Abelardo en busca de ¡la vicepresidencia!

La elección de la última fecha fue otro atropello, días después del cierre de inscripciones a Congreso, lo que representó una expulsión de facto de las candidatas no triunfantes, y una confirmación del rechazo del expresidente a la propuesta de llevar a la segunda en votación como cabeza de lista a Senado. Paloma deberá recordarlo.

Ese 15 de diciembre se descorren las bambalinas y sale a escena uno de los artífices del entramado: José Obdulio, “asesor” del partido y promotor de Pinzón, el candidato de Santos, publica un libelo indignante para mi familia –“Sin Cabal, Uribe gana”–, en el cual celebra el triunfo de Paloma. El portal “Los irreverentes”, donde lo publica, hace una curiosa confesión de parte: lo fecha en su encabezado el 15 de diciembre y, a pie de página, aclara que se publicó al día siguiente ¿acaso se escribió antes de conocerse los resultados? ¿Cómo los supo?

Ahora sí… renuncié. Es un asunto de dignidad. Regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional, donde daré las batallas que exige la amenaza de continuidad de la izquierda en el poder.

También me tildarán de traidor, pero no traiciono mis convicciones. Lo que pienso lo digo; lo que digo lo escribo. En una anécdota atribuida a Camus, su impresor le advierte los riesgos de publicar un escrito en medio de la invasión alemana, y él responde: “Escribir es un acto de resistencia. Por eso debemos publicarlo. La lucidez no basta sin coraje.”

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie