* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 7 de marzo de 2025).- Así califican los propietarios rurales de algunos departamentos el incremento exagerado de los avalúos catastrales y, por tanto, del Impuesto Predial.  En Sucre, un dirigente gremial reporta casos de predios que tenían avalúo de 500 millones y hoy aparecen con 2.500. “Entonces, si pagaban cinco millones en predial, ahora pagarán 25 o 30. Una locura”.

¿Qué pasó? En principio, cabe recordar que la formación catastral o avalúo inicial de un predio y su actualización son responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), directamente o por delegación en agentes catastrales; en tanto que el predial,  que se liquida a partir de ese avalúo, es un impuesto municipal, con la prerrogativa, en cabeza de los  respectivos concejos, de fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con valor inferior a 135 SMLV, y del 5 al 16 por mil para avalúos superiores.

Ahora bien, el reajuste anual de los avalúos, que es competencia del Gobierno Nacional, no puede ser superior a la meta de inflación y tiene en cuenta los Índices de Precios al Consumidor (IPC) y al Productor Agropecuario (IPPA). Para 2025 fue establecido por el Decreto 1609 de 2024, con un reajuste de 3% para predios rurales dedicados a actividades agropecuarias no formados y no actualizados durante la vigencia 2024.

Hasta ahí vamos bien, pero el mismo decreto exceptúa de ese incremento a los predios que hayan sido objeto de ajuste automático del avalúo catastral durante 2024 en virtud del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, cuyos avalúos “serán los establecidos mediante la aplicación de la metodología de actualización masiva de valores catastrales rezagados en zonas rurales definidas por el IGAC…”.

Ahí es donde ya no vamos bien, cuando nos encontramos otra vez con la Ley 2294 de 2023, la “Ley del Plan” del gobierno Petro, la que intentó quitarles a los propietarios de tierra los recursos jurídicos en procesos de expropiación y creó Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, como determinantes obligatorios de ordenamiento territorial, un atentado contra la libertad de emprendimiento rural y la autonomía regional.

Esa ley, que parece especializada en atentar contra la propiedad privada de la tierra, buscando remediar el fiasco de la implementación del Catastro Multipropósito, que el Acuerdo fariano planteó terminar en siete años, Duque prometió entregar al 60% y este gobierno reporta en 26,8% a diciembre de 2024, facultó al IGAC para “adoptar metodologías de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país…”.

Eso es lo que pasa en Sucre y pasará en todos los departamentos, pues, en promedio, el catastro tiene 16 años de desactualización en la zona rural. ¿La solución? Actualización “masiva” y “automática” con “modelos” impuestos a espaldas del país rural al que afectan, violando las normas que limitan el crecimiento desbordado del predial y, sobre todo, el artículo 9º de la Ley 101 de 1993, en donde queda claro que los avalúos de la tierra agropecuaria no pueden ser automáticos ni masivos, pues “no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios…”

No es en vano que un indignado ganadero sucreño denuncie que el Gobierno busca estrangular financieramente a los productores: “Nos están obligando a vender el ganado para pagar impuestos” y, si la situación continúa, lograrán lo que parece el objetivo de su catastrófico catastro: “arrinconar a los productores para que vendan sus tierras…”, una truculenta modalidad de reforma agraria expropiatoria.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 28 de febrero de 2025).- “Ayer el Consejo Gremial Empresarial (sic) le dijo (sic) una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia”. Ese fue el trino acusador del presidente Petro al Consejo Gremial Nacional, respaldado por el cuestionado exministro Velásquez, quien se despidió afirmando que la situación de orden público “no es tan dramática” y que los hechos de violencia se “maximizan” para desprestigiar al Gobierno.

Graves acusaciones; primero, porque el comunicado del CGN, en ninguna parte afirma que haya una “crisis de violencia”, aunque rechaza los actos de violencia y terrorismo en Cúcuta, una capital que tuvo que declarar toque de queda; en Chocó, donde los habitantes están aterrorizados, y en el Catatumbo, que vive una crisis humanitaria sin precedentes.  

Segundo, porque el Consejo Gremial no inventó nada; su rechazo está basado en la información que el país conoce por los medios. Sin embargo, el presidente, en un segundo trino, lo acusa de “desinformar a la opinión pública” y hasta de superficialidad: “La paz necesita datos objetivos y seriedad”.

Tercero, porque la gran mentira no está en reconocer y rechazar una realidad evidente de violencia, sino quizás en tratar de ocultarla o de desestimar su gravedad ante el país. No es cierto, como afirma el presidente, que la “violencia se mide por tasa de homicidios”, que puede haber disminuido durante su gobierno, pero la violencia no es solo una contabilidad de muertes…

Violencia es el temor de ser asaltado en una calle o extorsionado por bandas que venden dizque seguridad en campos y ciudades; violencia es la influencia de grupos armados ilegales en 809 municipios, como denunció la Defensoría del Pueblo. En Chocó, por ejemplo, aunque la Fuerza Pública recorrió los ríos e hizo presencia en los poblados para evitar mayores desgracias, no pudo evitar la desgracia, esa sí mayor, de sentir vulnerada la libertad de movilización, el derecho a educarse, a ganarse el sustento…, a vivir sin temor, porque el objetivo del paro armado es sembrar terror paralizante, el mismo que tiene confinados y desplazados a miles de pobladores del Catatumbo.

Y cuarto, porque esa evidente crisis de violencia tiene un factor común: el ELN, la razón por la que el Gobierno se aferra a desestimar la actual escalada de violencia, porque reconocer el estado terminal de las negociaciones con ese grupo criminal es un golpe a su política de Paz Total.

Ahora bien, el problema no es solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional y soberanía territorial.  La “guerra total” de los violentos ya no es para derrocar gobiernos, sino entre ellos para controlar territorios y proteger rentas ilícitas, sometiendo por el terror a la población, instrumentalizando, por las buenas o por las malas, a Juntas de Acción Comunal, minorías étnicas y “organizaciones comunitarias”; capturando recursos y votos en gobiernos locales y departamentales.

Por eso la guerra del ELN contra quienes le disputan el control del corredor oriental fronterizo, ruta de la cocaína hacia el mundo a través de Venezuela, donde solo es perseguido de boquilla por su aliado, un dictador armado, asustado y expansionista, que representa una amenaza para la soberanía nacional. Ni qué decir de la guerra en el corredor occidental (Chocó – sur del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo), por la minería ilegal y la coca con salida al Pacífico.

El país está siendo acorralado y, si vamos a las causas, la innegable crisis de violencia tiene una todavía cercana: la gran mentira histórica, el asalto a la democracia y el engaño de la paz estable y duradera de Santos y las Farc. Por eso estamos como estamos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de febrero de 2025).- Como una suerte de condena circular a la dicotomía tolstoiana entre guerra y paz, nuestro país sufre una violencia endémica que, por cuenta del ELN, amenaza con una “guerra total”, paradójicamente en el gobierno de la “paz total”.

La última alarma de la Defensoría da cuenta de 11 crisis humanitarias simultáneas, generadas por 10 grupos armados con influencia en 809 municipios, lo que representa un copamiento territorial casi total, una peligrosa pérdida de soberanía y una violencia que se irriga a las ciudades por miles de bandas de microtráfico y delincuencia común.

El ELN es el primero de la lista, y entonces uno se pregunta por qué, si hasta hace unos meses los diálogos con el Gobierno eran los de mostrar, con países garantes y acompañantes, incluidas la ONU y la Iglesia Católica, con 28 acuerdos firmados en dos años y hasta un flamante Comité Nacional de Participación.

La respuesta está en su historia y su ADN: 60 años de “violencia revolucionaria”, una bandera apenas simbólica que se resiste a arriar, pues justifica su “violencia narcoterrorista” y su reclamo al Gobierno por seguir en la lista de los Grupos Armados Organizados, porque ellos no son delincuentes, sino “luchadores por la libertad”.

Durante 50 años el ELN ha negociado con los gobiernos, en un ciclo de diálogo, incumplimiento, ruptura sangrienta y nuevo diálogo. Hoy estamos, y de qué manera, en fase de “ruptura sangrienta”, durante la cual, con cinismo, sus líderes cacarean voluntad de paz y un compromiso que suena a gracejo, de no ser por el drama que encierra: “El ELN firma para cumplir”, mientras incumple descaradamente y acusa al Gobierno de ser el incumplido. Ayer nomás, Antonio García denunció que las Fuerzas Militares son aliadas del Clan del Golfo y no lo combaten en Chocó, lo cual justifica otro paro armado que paraliza a la región.

La respuesta también está en su estrategia “geopolítica”. Primero, su transformación adaptativa, de guerrilla comunista-cristiana – ¡vaya combinación! -, a grupo armado binacional, narcoterrorista en Colombia y, sin dejar de serlo, paramilitar en Venezuela, aliado del dictador, aunque lo niegue de dientes para afuera.

Segundo, su estrategia expansiva de control territorial. Se habla de luchas por control territorial como lugar común, pero, así como el iceberg nos muestra solo su punta sobre las aguas, hay una amenaza latente que permanece oculta para el país.

El iceberg, de hecho, es imagen de la estrategia elena de “lucha y acumulación”, con la lucha armada por el control territorial como punta visible, bajo la cual se esconde “el acumulado” de sus otras luchas: la social y económica, la política, la ideológica, la ambiental y la diplomática, cuyo fin último es el socialismo, para lo cual, además de sojuzgar a la población, es necesario eliminar adversarios: Fuerza Pública, grupos armados que pretendan atravesarse y todo aquel que piense diferente.

Tampoco se trata de un control localizado, no es el Catatumbo solamente, sino el corredor de frontera, desde La Guajira hasta Vichada, y no solo para tener una retaguardia del otro lado de la frontera, sino para cuidarle la frontera al régimen venezolano, como una primera línea de defensa. Maduro padece el síndrome de invasión, y nada más peligroso que un dictador asustado con pretensiones expansionistas. De hecho, ya convocó elecciones para gobernador del nuevo Estado del Esequibo que pretende arrebatarle a Guyana.

No olvidemos que la población guajira es binacional, como el contrabando, el narcotráfico en el Catatumbo y hasta la cultura llanera en el resto de frontera. No sea que el ELN, de primera línea defensiva, también se transforme en… ejército de ocupación. No sobra advertirlo. 

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de febrero de 2025).- Desde octubre de 2024, el gobierno de Gustavo Petro introdujo el trámite de urgencia para acelerar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria. Este fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, donde se logró moderar el impacto de una propuesta que amenaza el derecho fundamental a la propiedad privada, la libre democracia, seguridad jurídica y socioeconómica del campo colombiano. Ahora, el proyecto está a la espera de ser debatido en las plenarias de ambas cámaras por separado.

Si bien hoy parece haber acuerdos con el Ministerio de Agricultura, se han realizado modificaciones clave, eliminando o ajustando los siguientes aspectos:

Expropiación exprés: Se estableció que el trámite deberá pasar por una fase judicial obligatoria antes que la ANT (Agencia Nacional de Tierras).

Extinción de dominio sin indemnización: Sólo se aplicará en casos de delitos, aunque en materia ambiental el debate sigue abierto.

Jurisdicción Agraria especializada: Aún falta resolver aspectos relacionados con el medio ambiente.

Asimetría a favor del sujeto de especial protección: Se eliminó la posibilidad de que el juez favorezca a una de las partes.

Principio del poseedor de buena fe: Se introdujo en el proyecto.

Creación de jueces móviles: Se estableció la obligación de garantizar acceso a la justicia en todas las veredas del país.

Eliminación del principio de equitativa distribución de la tierra.

El proyecto de Jurisdicción Agraria busca ejercer control sobre la propiedad del suelo como medio de producción, promoviendo una economía con dirección centralizada. A pesar de las modificaciones, persisten aspectos problemáticos, como la reversión de los baldíos adjudicados. Esta figura, vigente en la Ley 160 de 1994 y derogada por el Decreto 902 de 2017, pretende ser reintroducida en el artículo 12 del proyecto. La propuesta otorga a la ANT poderes absolutos, permitiendo que un acto administrativo prevalezca sobre el control judicial previo, lo que generaría una condición de inseguridad jurídica permanente y desincentivaría la inversión en el campo.

Además, el proyecto refleja un intento de tomar el control sobre el uso de la propiedad privada en el sector rural, atentando contra la libertad económica. La prohibición del fraccionamiento antieconómico de la propiedad restringe el derecho a la libre disposición de la tierra, generando incertidumbre y alejando la inversión del sector.

En el proceso legislativo que sigue, existe la posibilidad de mejorar el texto o, por el contrario, que se desconozcan los acuerdos alcanzados hasta ahora. Es fundamental prestar especial atención a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde el gobierno cuenta con amplias mayorías.

Las garantías procesales en la Jurisdicción Agraria, así como el manejo de la asimetría, distorsionan los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley. Esto pone a los propietarios en desventaja frente a las afirmaciones de la contraparte, quien es considerada sujeto de especial protección, como se establece en el artículo 34 del proyecto de ley.

Es necesario implementar un control judicial automático sobre las decisiones tomadas en la ANT, asegurando que los conflictos sobre tierras se manejen de manera independiente de la restitución de víctimas. Además, la extinción de dominio agrario por faltas ambientales es un tema crítico, ya que podría resultar más grave que la expropiación exprés, pues permitiría anular títulos de propiedad sin indemnización.

El proyecto de Jurisdicción Agraria debe centrarse en su función jurisdiccional, garantizando justicia en los temas agrarios. En el contexto actual, no hay condiciones adecuadas para aprobar un proyecto con estas características y una fuerte carga ideológica. Además, la estructura de la jurisdicción está fuertemente ligada al Ejecutivo, a través de la Agencia Nacional de Tierras, lo que refuerza la intención de centralizar la economía rural como un instrumento de control sobre los medios de producción, en particular la tierra.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 14 de febrero de 2025).- Hablar del poder regulador del libre mercado es sacrilegio para la izquierda, como hablar de economía centralizada por el gobierno es sacrilegio para quienes defendemos la libertad de emprendimiento dentro de unas normas compartidas. De ahí la importancia de que esas normas conserven el equilibrio entre la regulación necesaria y la mayor libertad posible.

En esa delicada línea se mueven las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), creadas en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, modificando el artículo 10 de la Ley 388 de1997, que establece los determinantes para los Planes de Ordenamiento Territorial, POT.

Como dicen por ahí, “nada tiene que ver el caldo con las tajadas”, y una cosa es el ordenamiento territorial, que obliga y es competencia de los municipios desde 1997, y otra muy diferente el ordenamiento del uso del suelo dentro de la frontera agrícola, que se incluye como nuevo determinante de los POT, con carácter de “norma de superior jerarquía”, obligatoria para los municipios y los privados.

El revuelo se armó en el suroeste antioqueño, al punto que el gobernador anunció demandas a la resolución que vulnera la autonomía local y regional. Si me preguntan, lo que debería demandarse es el artículo 32 del Plan de Desarrollo, porque vulnera, además, la libertad de emprendimiento, uno de los fundamentos de la economía de mercado. 

¿Qué pasa si tengo un predio en una APPA, pero no quiero sembrar alimentos, sino flores, o establecer una cría de caballos, porque me gustan y son un buen negocio? ¿Qué pasa si una APPA establece limitaciones a la ganadería? No es imposible, dadas las narrativas tendenciosas en su contra: que es causante del cambio climático, que el uso de tierra en ganadería es improductivo y debería orientarse a sembrar alimentos -la preferida del presidente Petro-, o simplemente, que hay mucha tierra en ganadería. 

¿Por qué hay mucha tierra en ganadería extensiva? Es el mercado, estúpido, como diría Clinton. Hace 60 años la Sabana de Bogotá estaba sembrada de cebada hasta que el precio y la calidad de la importada desplazaron la producción nacional y hoy tiene flores… y ganadería de leche. El sur del Cesar y Bolívar estaban sembrados de algodón, hasta que fue desplazado por el “COTTON USA” y hoy esas tierras… son ganaderas. En inmensas extensiones de la Orinoquia, a las grandes carencias del abandono se suma la baja calidad de la tierra, que no permite sino… ganadería extensiva, y la reconversión requiere de inmensas inversiones, imposibles sin una política seria de adecuación de tierras.

Además de la libertad, por supuesto… ¡es el mercado! Por eso las APPA no pueden incidir por norma obligatoria en la vocación productiva de una región, de un municipio o de una persona, que tome decisiones de uso de la tierra en el marco de la legalidad y dentro de la frontera agrícola.

En un campo sin las enormes carencias que hoy sufre, otra cosa sería que el Gobierno promoviera, no impusiera, la creación de clústeres, como los frutícolas en California o Chile, o para no ir tan lejos, como los lecheros en el oriente antioqueno y el altiplano cundiboyacense, que existen a pesar de un difícil mercado imperfecto de muchos vendedores y pocos compradores, que podría neutralizarse si el Gobierno, entre otras medidas, fomentara la ampliación de la capacidad pulverizadora.

Para 2026, cuando se liberen las importaciones de leche desde Estados Unidos, con APPA o sin APPA, y sin que el gobierno haya tomado medidas para evitarlo, habrá un desplazamiento hacia otras actividades en las regiones lecheras.

¡Dios no lo quiera!, pero al final… es el mercado. 

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 7 de febrero de 2025).- Los lectores habrán quedado “en Babia” con el título de esta columna, y aún más si les cuento que las APPA hacen parte de las AEIPDHA, que son, para empezar a desenredar, las “Áreas de Especial Interés para Proteger el Derecho Humano a la Alimentación”, en tanto que las APPA son las “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos” y las ZPPA, “Zonas de Protección para la Producción de Alimentos” son apenas una etapa preliminar de las anteriores. Un galimatías…, ganas de enredar, dirían las abuelas.

Pues bien, más allá del rifirrafe divulgado por los medios, entre el gobernador Rendón y las ministras Carvajalino y Muhamad, por el lanzamiento de la ZPPA del Suroeste antioqueño, cabe recordar que la creación de estas “Áreas” hace parte del compromiso del presidente con el Acuerdo con las Farc, germen de muchos de nuestros males de hoy, para lo cual utilizó nuevamente la Ley del Plan, como hizo con el famoso artículo 61, en un primer intento -ya van tres- por despojar a los propietarios de recursos judiciales en procesos de expropiación de tierras y extinción de dominio.

En este caso el Gobierno modificó la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para el Ordenamiento Territorial, para incluir las APPA como uno de ellos, aunque es claro que   su objetivo no es el ordenamiento territorial, sino el de la producción agropecuaria, lo cual no solo lesiona la autonomía local y regional, sino la libertad del individuo para elegir la orientación de su actividad productiva dentro de los límites de la frontera agrícola.

Ese era el alegato del gobernador, mientras las ministras insistían en que el objetivo es la protección de los suelos y la Resolución de la ZPPA no es un determinante ambiental ni productivo, sino apenas un referente, lo cual es cierto durante dos años máximo, después de los cuales el Ministerio establece oficialmente la APPA,  que sí es vinculante para los municipios, los departamentos y los individuos, e incorpora “dentro las categorías de protección del suelo rural las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales”.

En una lectura rápida del documento de la UPRA que soporta la resolución -casi 600 páginas- me quedaron preguntas: ¿Es confiable su determinación de áreas si 14 de los 22 municipios tienen retrasos catastrales superiores a 10 años? ¿En un entorno de satanización de la ganadería desde el Gobierno mismo, como un uso improductivo de la tierra, será objetiva la determinación de uso si en la mayoría de los municipios la destinación en pasturas es del orden del 50%? De hecho, la ministra Carvajalino descalificó a la ganadería con acusaciones infundadas de deforestación, cuando dijo que “…tienen que invertir millones de pesos en talar una hectárea para poner una vaca”. Finalmente, si un productor cambia de actividad agropecuaria atendiendo los designios de la APPA y fracasa, ¿quién responde?

En una reciente mesa de expertos, la ministra invitaba a “una apuesta conjunta y redistributiva de la tierra”, porque el Gobierno necesita tierras para distribuir y el Acuerdo con Fedegán para compra directa está quedando atrás por falta de recursos. ¿Qué le queda? La expropiación administrativa y la extinción de dominio por el uso inadecuado de la tierra, calificado fácilmente a partir de las determinaciones de uso de las APPA. No son en vano los intentos para dejar sin recursos judiciales a los propietarios y facilitar, sobre todo, la extinción de dominio, que le saldría gratis al Gobierno.

Más grave aún: ¿Acaso vamos hacia la economía rural centralizada, que fracasó estruendosamente con dramáticas hambrunas en los regímenes comunistas que la impusieron?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 7 de febrero de 2025).- En lo corrido del año, con corte a noviembre de 2024, el hato ganadero de Colombia asciende a 29.617.603 reses, de las cuales 19.440.908 son hembras. De este total, 8.707.488 vientres están en edad madura de reproducción, mientras que 3.313.163 están próximas a ser servidas, sumando así 12.020.651 hembras con capacidad reproductiva. Estas cifras permiten suplir la tasa de extracción del 15,1 % (equivalente a 4.472.258 reses) registrada en 2023.

El hato ganadero en Colombia está distribuido en 616.901 predios, de los cuales 489.096 (78,9%) tienen menos de 50 reses. Vale la pena destacar que 243.576 unidades (39,3% del total) cuentan con menos de 10 reses, lo que desvirtúa la idea de que el sector ganadero está dominado únicamente por grandes terratenientes.

Colombia produce anualmente 7.097 millones de litros de leche, cuyo valor en el mercado asciende a $12,8 billones o USD 3.305 millones. Una vez comercializada, la cadena de valor de la leche se incrementa hasta los $29 billones o USD 7.439 millones.

Sin embargo, el negocio de la leche en Colombia enfrenta un obstáculo que limita su estabilidad y rentabilidad: el mercado formal representa entre el 41% y el 45%, con muchos oferentes y pocos demandantes, configurando un oligopsonio. Esta concentración impide que los precios fluctúen libremente, lo que obliga a que el excedente se comercialice en el mercado informal. Allí, la leche cruda y los productos derivados se venden sin cumplir, en la mayoría de los casos, con los estándares mínimos de sanidad, lo cual es especialmente preocupante dado que se trata de un producto altamente perecedero.

Al cierre de noviembre de 2024, la industria formal había acopiado 3.070.931.387 millones de litros, con una producción proyectada de 3.050.106.977 millones de litros sobre un total estimado de 7.097 millones de litros. Uno de los principales problemas del sector es la limitada capacidad de acopio y transformación, lo que genera inestabilidad en los precios. Para superar este desafío, es fundamental ampliar la capacidad de almacenamiento formal para suplir la demanda en épocas de baja producción.

Asimismo, se debe incentivar el consumo nacional a través de campañas publicitarias que promuevan la incorporación de la leche y sus derivados en la dieta diaria de los colombianos. Además, el Estado, mediante entidades como el ICBF, DPS, UNGRD e INPEC, debería incluir los lácteos en la canasta básica obligatoria de alimentación, garantizando así un consumo estable y constante.

Otro aspecto relevante es la gestión del Ministerio de Comercio en conjunto con Fedegán. A través de la Resolución 271 del 16 de septiembre, se impusieron derechos compensatorios provisionales a la importación de leche en polvo proveniente de Estados Unidos. Esta medida establece un gravamen ad valorem del 4,86% sobre el precio FOB de importación por un período de cuatro meses. Como resultado, se ha reducido la entrada de leche estadounidense, y hasta la fecha no se han agotado los cupos de importación, que en años anteriores ya estarían copados a esta altura del año.

A la empresa lechera colombiana aún le falta avanzar en formalización, lo que garantizaría la sanidad de la leche y sus derivados para los consumidores. También es necesario mejorar en aspectos como genética, pasturas, sistemas de riego y drenaje, y alimentación suplementaria. Estos factores permitirían mantener una producción estable a lo largo del año, en lugar de la actual estacionalidad, que genera grandes fluctuaciones en los precios. Además, la producción sigue siendo vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, que afectan significativamente la oferta.

Exportación de ganado en pie y liderazgo gremial

Enero cerró con cifras cercanas a las 40.000 cabezas de ganado exportadas, lo que representa un incremento de 15.366 cabezas con respecto al mismo mes de 2024. En este contexto, se despide de la presidencia de AEXGAN el Doctor Juan Gonzalo Botero, quien deja sentadas las bases para el posicionamiento del gremio exportador como el subsector más importante de la ganadería de carne en términos de generación de divisas para el Estado. Buen viento y buena mar. A pesar de cualquier adversidad, la vida siempre le ha sonreído: un buen funcionario, un buen amigo y, sobre todo, una gran persona.

Reflexión final

Queda en el tintero un tema preocupante: la posibilidad de una expropiación exprés bajo el paraguas del Estado de excepción por conmoción interior. Es momento de estar alerta: nos están midiendo el aceite.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 1 de febrero de 2025).- A la gente hay que creerle, me decía Álvaro Gómez Hurtado, mi mentor en las épocas ya lejanas de las juventudes alvaristas. No era un ingenuo, pero sí un conciliador nato y un pragmático. La presidencia tripartita de la Asamblea que parió la Constitución de 1991 es un testimonio para la historia de esa condición, al lado de quienes eran sus enemigos políticos: el liberalismo clientelista en su máxima expresión y la guerrilla reinsertada que, inclusive, lo había tenido secuestrado.

Por ello, a los presidentes hay que creerles. La necesidad de un ejemplo me sirve para un paréntesis que tengo atravesado, a raíz del Decreto de Conmoción Interior 108 de 2025, que revive la expropiación administrativa de tierra que llaman “exprés”. El candidato Petro arremetió en campaña contra los propietarios de tierra y calificó de improductiva la utilizada en ganadería. El hoy presidente, aunque ofreció comprar la necesaria para reforma agraria y firmó con FEDEGÁN un acuerdo con ese propósito, no abandona su discurso activista contra los propietarios legítimos, ni los intentos -ya van tres- por disponer de un mecanismo de expropiación administrativa sumario, con el mínimo de recursos que garanticen el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio.

Cierro paréntesis para plantear que, ante la nueva realidad política de Estados Unidos, al presidente Trump hay que creerle; no en vano, a pesar de su fracaso reeleccionista en 2020, está sentado nuevamente en la Oficina Oval, con una victoria rotunda, con el triunfo republicano en Senado y Cámara y una Corte Suprema de mayoría conservadora, es decir, con un entorno de gobernabilidad completa para hacer realidad su lema de campaña: “promesa hecha, promesa cumplida”, comenzando con la de “Hacer a América grande otra vez”, que sin duda cautivó a millones de votantes que, durante la administración demócrata de Biden, sentían estar perdiendo su apreciado “american way of live”.

Trump podrá no ser el presidente más agradable; su personalidad y hasta su gestualidad no gusta a muchos, pero eso es adjetivo, porque lo cierto es que, primero, tiene claras sus prioridades: migración, lucha contra las drogas y el terrorismo, pragmatismo en las relaciones con Latinoamérica, ligado a la conveniencia con los intereses de su país; así como el desmantelamiento de la llamada “cultura woke” de su administración y de la política pública de Estados Unidos. Y segundo, está convirtiendo esas prioridades en decisiones y acciones a una velocidad vertiginosa, con 200 órdenes ejecutivas en su primer día como presidente.

Siempre habrá protestas, pero su pueblo le está creyendo. ¿Y nosotros? Con el rifirrafe por los deportados estuvimos al borde del abismo, pues la decisión inicial de Trump habría colapsado nuestra economía en pocos días, comenzando por el sector floricultor con el San Valentín encima.

Hay dos caminos: levantar la bandera sesentera del antiimperialismo yanqui y quemar en las calles la de las barras y las estrellas, optando por un peligroso enfrentamiento con quien ha sido nuestro principal socio comercial y aliado en temas estratégicos como la seguridad y la lucha contra el narcoterrorismo, o bien, entender que estamos ante una nueva era, no solo en Estados Unidos sino en muchos países que hoy se reencuentran con los valores de libertad y verdadera democracia que, a pesar de sus imperfecciones, permitieron el desarrollo y la prosperidad en occidente.

No se trata de arrodillarse ante nadie, sino de pragmatismo y actitud conciliadora, “a lo Álvaro”, frente a los intereses casi siempre opuestos de las naciones; se trata de un entorno geopolítico mundial en el que no somos protagonistas.

En últimas, se trata de entender la realidad de una nueva era.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 1 de febrero de 2025).- Los últimos acontecimientos en las relaciones bilaterales Colombia/Usa, nos deja en situación difícil, en particular para la ganadería de carne. Desde la firma del TLC y aun antes, hemos tenido en la perspectiva la entrada al mercado de Norteamérica con nuestras carnes, a hoy, las perspectivas hasta antes del impase fueron bastantes favorables (Esperamos las visitas de USDA, consecuencia de estas, se autorice el ingreso a Estados Unidos, “Fortaleciendo el comercio con USA”).

Parece nos estrellamos contra un muro, el presidente Petro con sus imprudentes manifestaciones a través de la Red X, provocaron la reacción del presidente Trump, imponiendo alzas en aranceles de importación inmediatos en 25%, con perspectivas a elevarlos en 50%, a productos colombianos. Gracias a la oportuna y sensata intervención del presidente Álvaro Uribe Vélez, a solicitud expresa de Laura Sarabia (Ordenada por Petro), se logra conjurar en parte las tensiones y suspender las decisiones de orden arancelarias.

Hoy contamos con admisibilidad sanitaria para el ingreso de carnes al mercado de China, el impacto sobre las exportaciones durante el año 2024 ha sido significativo, de enero a noviembre de 2024 las ventas de carne, según el Dane, totalizaron 21.359 toneladas por US$90,1 millones, que podrá estar bordeando US $98M, frente a 29.273 toneladas de carne y despojos por USD 114,8 millones, es decir, la caída estaría cerca al (16.7%).

Consecuencia de la entrada al mercado de la China, hoy es el segundo destino de las exportaciones de carne, luego de Rusia con 10.288 Tns por US$39,6 millones, China con 5.784 toneladas por US$24,8 millones; el tercer lugar, Chile que 1.814 toneladas por US$9,2 millones.

En lo que hace referencia a exportaciones de ganado en pie, encontramos una caída sostenida, en los dos últimos años pasamos del 2022, año de exportaciones récord del país, de 392.965 bovinos colocados, por US $310 millones, 2023, Colombia exportó 300.266 cabezas por US $ 229,4 millones; 2024, Aexgan reporta como cifra preliminar 233.900 reses por valor de US $ 176.828 millones, cayendo en 75.000 reses al 2023, aproximado a US $50 millones menos. 

Lo anterior encuentra causas en:

1. Falta de competitividad en la tasa de cambia con Brasil
2. Mejoramiento genético de razas propias, Nelore ciclo corto, permite lograr pesos ideales para exportación en menos de una tercera parte del tiempo (24/36 meses), consecuentemente bajar los costos de producción y colocar a mejores precios en los mercados globales,
3. Mejores pasturas adaptadas a sus condiciones naturales (Embrapa Brasil) y,
4. Falta de seguridad jurídica, comercial y financiera, para el exportador nacional e importador extranjero, al estar pendiente de manera permanente el cambio de regulaciones para las exportaciones de bovinos en pie.
5. A lo anterior hay necesariamente que sumarle la entrada en el mercado de jugadores como Venezuela y Ecuador.

El hato ganadero colombiano es de 29.617,000, cabezas, suficientes para abastecer el consumo nacional, exportaciones en pie y carnes transformadas, la tasa de extracción en 2023 fue del 15.1% suficientemente cubierta por la reproducción.

Con estas cifras aproximada las proyecciones son agridulces para la ganadería de carne. Se hace necesario, ante las actuales coyunturas de política internacional, de parte del Gobierno Nacional, Min Agricultura, Comercio, ICA, Procolombia y Fedegan, brindar mayor apoyo a Aexgan y asociados quienes hoy son referentes globales en bienestar y transporte animal  y, blindar con seguridad jurídica, comercial y financiera a las exportaciones de Ganado en pie y carne, que van direccionadas a mercados diferentes a USA (Por ahora), donde ya tenemos  asegurado entrada la nuestros productos, es absolutamente necesario retomar la diplomacia sanitaria para lograr ampliar las fronteras,  mayor penetración en los mercados cautivados y extendernos a mercados alternos.

En lo referente a las exportaciones en pie, es recomendable que aparezcan nuevos jugadores, exportadores en el tablero, ello traerá seguramente mejoras en los volúmenes de reses colocadas y necesariamente mayores ingresos de divisas al país y, como consecuencia directa, un efecto multiplicador de bienestar socioeconómico a los más de 300.000 pequeños proveedores de machos enteros con destino a la explotación en pie.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 24 de enero de 2025).- No relaciono estos tres temas por el simple prurito de estar en la ola de los acontecimientos, pues sin duda se trata de los que ocupan hoy el interés de la opinión pública, sino porque, efectivamente, están directamente relacionados.

¿Qué pasa en el Catatumbo? Que Norte de Santander es uno de los cuatro departamentos con más de 30.000 hectáreas de coca (UNODC 2023). Que el Catatumbo, con más de 27.000 hectáreas, y Tibú, con más de 22.000, son la región y el municipio con mayor área sembrada (UNODC 2022). Que el Catatumbo, además de zona de cultivo, limita con Venezuela y es corredor para la cocaína que sale al mundo por ese país. Que en el Catatumbo hacen presencia las disidencias de las Farc, y ha hecho presencia histórica el ELN, pionero de atentados a la infraestructura petrolera y, actualmente, un grupo narcoterrorista más.

¿Qué pasa con el ELN? Que es la última guerrilla comunista del país y del continente, con 50 años de negociaciones fallidas con los gobiernos. Que hoy es un grupo narcoterrorista binacional, que en Venezuela funge como grupo paramilitar aliado del régimen, aunque el régimen lo niegue, y en Colombia como un grupo armado ilegal, aunque reniegue de tal calificación y le exija al gobierno reconocer su condición “beligerante y subversiva”.

Que, en dos años de negociaciones con un gobierno de izquierda, afín a la ideología que dice tener, las torpedeó con una estrategia simultánea de negociación, incumplimiento y violencia, que derivó en la suspensión de los diálogos a raíz del ataque a la base militar de Puerto Rondón, Arauca, supeditando su reanudación a una “manifestación inequívoca” de voluntad de paz, que el ELN se negó a ofrecer.

Que, sin embargo, el gobierno insistió en buscar acercamientos, pero la respuesta fue un salvaje enfrentamiento con las disidencias de las Farc por el control territorial para preservar sus actividades ilícitas y su condición binacional, que le permitió movilizar tropas desde Arauca al Catatumbo, con las que vamos en un saldo de 80 muertos y 32.000 desplazados.

Epílogo: El gobierno suspende las negociaciones, el presidente declara que “El ELN no tiene ninguna voluntad de paz” y la fiscal Camargo reactiva las órdenes de captura contra su delegación, anunciando que “cualquiera de estas 31 personas, que aparecían como miembros negociadores, pueden ser capturados tanto en Colombia como en el exterior”, con lo cual el proceso queda literalmente sepultado.

¿Qué tiene que ver Trump con todo esto? Mucho. En su discurso de posesión afirmó que los carteles serán calificados como “organizaciones terroristas extranjeras”, y en una de sus órdenes ejecutivas declaró emergencia nacional para abordar el peligro de estas organizaciones, que trafican drogas, practican violencia extrema y funcionan como entidades cuasigubernamentales en vastas regiones de sus países.

No podemos olvidar que, a pesar del auge del fentanilo, la demanda de cocaína en Estados Unidos sigue creciendo y Colombia, primer productor mundial, es el proveedor del 90% de la que entra a Estados Unidos.

Frente a otra orden ejecutiva que suspende la asistencia extranjera por 90 días para evaluar su alineación con los objetivos políticos de Trump, enfrentamos el riesgo de mala calificación por no hacer la tarea, pues el área sembrada aumentó 10%, hasta 253.000 hectáreas en 2023, mientras la producción potencial de cocaína creció 53%, hasta 2.664 toneladas métricas.

Atrás queda la política de corresponsabilidad que marcó la ayuda a Colombia contra el narcotráfico, reemplazada por la seguridad nacional, los intereses políticos y la predisposición de Trump hacia un gobierno de izquierda y aliado de dictadores en la región.

Un cambio extremo de contexto que, seguramente, tendrá consecuencias.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie