20 de marzo: La verdad pendiente del campo colombiano

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 20 de marzo de 2026).- El asesinato del ganadero Fabio Lacouture Acosta el 20 de marzo de 1993 en zona rural de Becerril de los Campos (Cesar) no fue un hecho aislado. Fue parte de la violencia sistemática que durante décadas masacró al campo colombiano. Treinta y tres años después, mientras el país repite discursos de memoria, paz y justicia transicional, para miles de víctimas rurales, especialmente para los ganaderos del Cesar, la promesa de verdad, justicia y reparación sigue siendo una herida y burla abierta.

Ese 20 de marzo de 1993 fue asesinado mi padre, Don Fabio Lacouture. Han pasado treinta y tres años. Más de tres décadas en las que Colombia ha hablado hasta el cansancio de paz, reconciliación y justicia transicional. Para las víctimas del campo, todo eso es puro discurso vacío.

Mi padre no fue un actor del conflicto. Fue un hombre del campo, un ganadero que creía que trabajar la tierra y producir alimentos era la forma digna de construir país. Lo mataron porque las FARC-EP decidieron que el Departamento del Cesar les pertenecía.

Su asesinato con cevicia, crueldad extrema, fue obra del Frente 41 del Bloque Caribe, bajo la influencia de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad o Palmera, hoy preso en Estados Unidos. El crimen fue brutal y dejó una herida que nunca cicatriza en nuestra familia.

El conflicto convirtió el campo en un matadero. Informes de Fedegán y Fundagán —en el libro “La verdad de las víctimas ganaderas para acabar con el olvido”— documentan más de 6.202 ganaderos víctimas de secuestros, asesinatos, extorsiones y desplazamientos durante las décadas más cruentas del dominio de las Narcoguerrillas. Las fincas se volvieron territorios de terror. Las familias huyeron. Las economías rurales se destruyeron para siempre. Nuestro núcleo familiar fue perseguido inmisericordemente, sin piedad. Al año siguiente del crimen de mi padre, en 1994, secuestraron a Fabio Hernán, mi hermano. A mi mamá le hicieron varios atentados. Detonaron una bomba en el Edificio Lacouture de Valledupar el 14 de septiembre de 2001. Nos persiguieron sin descanso. No bastó el horror del asesinato de mi padre: a tantos otros familiares los acosaron solo por trabajar la tierra que nuestros ancestros enseñaron a respetar y a amar.

Treinta y tres años después, cada 20 de marzo el silencio del potrero cesarense me devuelve la mirada de mi padre: un ganadero que nunca pidió más que trabajar la tierra, criar ganado y ver crecer a sus hijos en paz. Se me escapan lágrimas al escribir está nota en mi soledad.

Mi voz no puede ser baja: grita con fuerza por verdad, justicia y reparación, tal como lo prometió el Acuerdo Santos-FARC y que, a la fecha, sigue siendo una burla cruel e incumplida para las víctimas del sector ganadero.

Con las próximas elecciones a la vista, si la izquierda gana y esta gente de las FARC, con Cepeda se empoderan en el Congreso, la JEP y el Gobierno, la traición se consumará: los mismos victimarios controlarán la verdad y la impunidad se convertirá en ley oficial. Para miles de familias rurales como la mía, la deuda de justicia se volverá eterna.

La paz verdadera no se construye con olvido ni con discursos baratos. Se construye cuando la verdad duele de frente, cuando la justicia no se negocia con asesinos y cuando la reparación llega de verdad a quienes todavía la reclamamos en silencio.

Mientras esa amenaza política y esa deuda judicial persistan, la memoria del campo colombiano, y la mía propia, seguirá gritando con rabia: ¡una verdad pendiente que NO toleraremos más!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

La situación del ganadero cada día se aprieta más

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Neil Eduardo Bustamante Sanchez * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(NB – Lunes 16 de marzo de 2026).- La baja en el precio de la leche y del queso se siente el doble cuando al mismo tiempo sube el salario mínimo, suben los combustibles, suben los medicamentos, suben los insumos y todo lo que necesitamos para producir.

El ganadero siempre ha sido el que aguanta, el que se ajusta, el que busca cómo seguir trabajando, el que no se rinde fácil. Cada problema lo soportamos y tratamos de buscarle salida, pero llega un momento en que uno se pregunta: ¿y ahora qué alternativa nos queda?

Lo que está pasando con el cierre del ferry de Salamina por parte de Corpamag es otro golpe más, y un golpe fuerte. Aquí no solo se afecta el ganadero que transporta leche todos los días o el que saca queso cada semana, también se afecta el que lleva ganado para sacrificio, el que trae concentrado, el que tiene que movilizar un enfermo, el que necesita ir a Barranquilla a un tratamiento, a una diálisis o a una cita médica.

Uno a las entidades no les está pidiendo que le resuelvan la vida al productor, pero por lo menos que no le estorben.

Cuando una autoridad toma una decisión sin dar una alternativa, termina siendo parte del problema.

La pregunta que muchos nos hacemos es si los daños y perjuicios que se están causando se pueden reclamar, porque cuando una decisión administrativa afecta la economía de toda una región, alguien tiene que responder.

Las pérdidas económicas no pueden quedar en el aire, y si por falta de previsión llegan a ocurrir situaciones graves o hasta fatales, eso también debería investigarse.

Lo lógico sería que la entidad responda por los perjuicios causados, y que, si hubo negligencia o mala decisión, exista también la acción correspondiente para que respondan los funcionarios responsables, como lo permite la ley.

Este no es un reclamo con rabia, es un llamado con respeto, pero con firmeza.

El campo no puede seguir cargando solo con todos los problemas, mientras las decisiones se toman desde un escritorio sin mirar la realidad de la región.

Ojalá se revise esta situación y se busquen soluciones rápidas, porque aquí no se está afectando a uno solo, se está afectando a toda una comunidad que vive del trabajo diario.

* Neil Eduardo Bustamante Sanchez, ganadero, criador de búfalos (El Encanto Negro).

La propiedad rural atropellada: Cero y van tres

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de marzo de 2026).- La persecución a la tierra en el gobierno Petro se convirtió en poco menos que un trágico sainete en tres actos:

Primer acto: Mayo 2023. El instrumento:  dos “micos” en la Ley de Plan. El argumento: “Facilitar la compra de tierras por oferta voluntaria”. La trampa: No era venta voluntaria, sino extorsión al propietario: o me vende la tierra…, o se la quito. ¿Cómo?: Sacando a los jueces del camino y dejando al propietario sin recursos de defensa, a merced de una decisión de la Agencia Nacional de Tierras.

Epílogo: Julio 2024. La Corte Constitucional declaró inexequibles los micos, al constatar que eran vicios “insubsanables, que afectaron gravemente el principio democrático (…), implicaron una elusión del debate respecto de la modificación del procedimiento único regulado por el Decreto Ley 902 de 2017 (…) En consecuencia, los procesos agrarios continuarán rigiéndose por el Decreto Ley 902 de 2017, expedido con el objeto de implementar el Punto 1 sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz”.

Segundo acto: Agosto 2024:  Léase: Me importa un comino la Corte Constitucional. El instrumento: El mismo mico con la misma trampa, ahora en el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Agraria, con un parágrafo que le entrega a la ANT las decisiones sobre procesos agrarios mediante acto administrativo, con lo cual se deroga de facto la Fase Judicial del Decreto Ley 902/17 para proteger los derechos del propietario. Además, una pregunta de bulto: Si el Gobierno presenta un Proyecto que define las competencias de los jueces agrarios, ¿por qué en el mismo proyecto se las quita para dárselas a la ANT?

Epílogo: En las consultas previas se logró, en principio, conservar la fase judicial de los procesos agrarios. Sin embargo, el riesgo persiste, mientras el Gobierno presiona para que el Congreso culmine el proceso legislativo, en el que todo puede pasar.

¿Por qué la desconfianza? Porque, en el entretanto, el Gobierno abre el telón al tercer acto: Febrero 2026. El instrumento: El Decreto 174/26, con medidas que afectan la propiedad rural. El argumento: una “buena causa”, la emergencia declarada en la costa Caribe. La trampa. La misma, derogar por la puerta de atrás la fase judicial de los procesos agrarios establecida en un Decreto Ley que, como anota la Corte, fue expedido a raíz del Acuerdo Final de Paz, del que tanto se exige su cumplimiento.

En esta ocasión, sin embargo, al Gobierno se le fue la mano, no solo al insistir en violar el derecho a la defensa, quitándole a los jueces competencias que les corresponden, para dárselas a la ANT, sino por la pretensión “delirante”, como la calificó el expresidente de la Corte, José Fernando Reyes, de hacer por decreto su reforma agraria en 15 días, atropellando también las competencias de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

Al proceso “expedito” –super exprés– del artículo 8°, le queda corto el calificativo del expresidente de la Corte: Apertura y notificación en 5 días; 5 días para aportar o solicitar pruebas –un atropello a la defensa–; omisión de pruebas, como la inspección física de predios, a discreción de la ANT; decisión de fondo en ¡3 días calendario!; Radicación calificación y registro de instrumentos en no más de un día.

El artículo 7° también expresa tan delirante pretensión de eficiencia: La ANT, podrá, ¡en un solo acto!, comprar tierra, registrar el negocio, incorporar el predio al Fondo de Tierras y hasta adjudicarlo a los beneficiarios. ¡Fácil!

Epílogo: Este país sería un paraíso si persiguiera la corrupción y castigara a los bandidos con la misma eficiencia con que se pretende atropellar la propiedad privada de la tierra.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Soberanía alimentaria o dependencia alimentaria

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 13 de marzo de 2026).- “Colombia habla de soberanía alimentaria, pero importa la base de su sistema productivo. El verdadero problema del agro colombiano no es la tierra: es la productividad.”

Colombia discute soberanía alimentaria mientras los barcos descargan maíz, trigo y soya en sus puertos.

La escena resume una paradoja nacional: un país con millones de hectáreas de vocación agropecuaria que depende crecientemente del exterior para sostener su sistema alimentario.

En Colombia la política suele moverse entre consignas. El campo, en cambio, se mueve con cifras.

Al cierre de 2025 el país importó entre 12 y 13 millones de toneladas de granos y oleaginosas, principalmente maíz, trigo y soya, insumos esenciales tanto para el consumo humano como para la producción pecuaria.

El contraste con la producción nacional es revelador.

Colombia produce apenas cerca del 20 % del maíz que consume, lo que significa que aproximadamente el 80 % del maíz utilizado en la economía proviene del exterior. En el caso del trigo, la dependencia es aún mayor: más del 95% del trigo consumido en el país es importado.

En soya y sus derivados, fundamentales para la fabricación de alimentos balanceados, la producción nacional es marginal, lo que obliga a importar prácticamente la totalidad de la torta de soya utilizada en la alimentación animal.

En otras palabras, buena parte de la proteína que produce el país —pollo, cerdo, huevos y leche— depende de granos que llegan en barcos desde el exterior.

La pregunta entonces es inevitable:

¿Puede hablarse de soberanía alimentaria cuando la base del sistema productivo depende del exterior?

El error del debate agrario

En el debate público colombiano, el atraso del campo suele explicarse casi exclusivamente por la distribución de la tierra.

Pero el problema estructural del agro colombiano es más complejo.

Colombia dispone de millones de hectáreas con vocación agropecuaria y, aun así, la productividad de buena parte de esas tierras sigue estando muy por debajo de los estándares internacionales.

Dicho de otra manera:

Colombia no tiene un problema de tierra. Tiene un problema de productividad.

Reducir el debate rural a la redistribución de la tierra, sin una política integral de productividad, corre el riesgo de crear una ilusión de solución donde en realidad persiste el problema.

Entregar tierra sin riego, sin vías terciarias, sin crédito, sin asistencia técnica y sin acceso a mercados no transforma al campesino en productor competitivo. Con frecuencia lo deja atrapado en economías de subsistencia que apenas permiten sobrevivir, pero no superar la pobreza rural.

Peor aún, una política de tierra sin productividad puede trasladar nuevas cargas económicas y fiscales a pequeños productores que difícilmente podrán sostenerlas.

La tierra sin productividad no saca al campesino de la pobreza: lo condena a la subsistencia.

La discusión que Colombia debe dar

Paloma, Abelardo: El verdadero cuello de botella del agro colombiano está en la infraestructura productiva que nunca llegó.

Durante décadas el país descuidó los elementos básicos que determinan cuánto puede producir una hectárea: distritos de riego y drenaje, vías terciarias, acceso al crédito productivo, infraestructura de comercialización y adopción tecnológica.

Sin resolver estos factores estructurales, ninguna política rural producirá alimentos en la escala que el país necesita.

Colombia tiene tierra, tiene productores y tiene vocación agrícola. Lo que no ha tenido es una política consistente de productividad rural.

Por eso hoy el país importa la mayor parte del maíz que consume, prácticamente todo el trigo que transforma y la soya que alimenta su producción pecuaria.

La verdadera discusión del agro colombiano no es ideológica.

Es productiva.

Porque la soberanía alimentaria no se proclama en discursos ni se decreta en reformas.

Se construye haciendo que la tierra produzca.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Una amenaza “integral”

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 6 de marzo de 2026).- Nuestra democracia enfrenta su primera contienda electoral de 2026, trascendental para el país, no solo porque la conformación del Congreso dibuja el mapa político del próximo cuatrienio y es, a la vez, una suerte de “primaria” hacia la primera vuelta presidencial, sino porque es mucho lo que está en juego.

En efecto, la izquierda, en cabeza de Petro desde la Presidencia y del Pacto Histórico en la arena política, adelanta una amenazante “estrategia integral” para atornillarse al poder, no hasta 2030, sino con la vocación de permanencia de los regímenes comunistas.

Su primer componente es deslegitimar, algo nada nuevo en Petro: A la Corte Constitucional que no aprueba sus reformas y al Consejo Nacional Electoral que lo investiga; deslegitimar al empresariado, al Congreso, a la Procuraduría y a toda persona o institución que se le atraviese.

Con las elecciones encima, Petro arremete contra el CNE por no dejarle repetir a Cepeda consulta interpartidista y, luego, por confirmar las multas a su campaña, que se voló los topes y usó financiación prohibida. “No aceptamos esa decisión administrativa”, fue su respuesta, algo así como “la Ley no es con nosotros”. 

Sus otros objetivos son la Registraduría y el sistema electoral. El 7 de febrero anuncia que no votará una consulta “manchada de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Días después, el Pacto Histórico, partido del cual es jefe supremo, anuncia sanciones a quienes la voten.

En su última alocución fue más lejos: lanzó un manto de duda sobre el software, calificó de ilegal el preconteo e instigó a la impugnación masiva de las 123.000 mesas. “Si son todas, todas”, lo que representaría un verdadero “estallido electoral”, un saboteo sin precedentes al proceso insignia de la democracia.

Al segundo componente de la estrategia ya me referí en anterior columna: la descarada utilización de recursos públicos con inocultable “oportunidad electoral”, mientras se envuelve de dignidad lanzando una campaña contra la compra de votos.

La feria del gasto populista inició con 235.000 empleos públicos creados en 2025; votos cautivos a los que se sumaron más de un millón con el subsidio a la “Colombia mayor”, y luego el “mínimo vital” agregó 4 millones más de posibles sufragantes agradecidos; incremento que generó el ataque al Consejo de Estado por la suspensión del decreto y un desacato por presentarlo nuevamente sin modificación alguna; para rematar enero con 165 mil contratos firmados por 15 billones, una burla a la Ley de Garantías.

En febrero, una rebaja de $500 por galón de gasolina es presentada como “regalo”, cuando en realidad es una restitución, pues al Gobierno se le fue la mano en los aumentos de precio en cerca de $4.000 por galón por encima del precio internacional y estábamos siendo, literalmente, robados. Hace apenas unos días se anuncia otra rebaja de 500 pesos, calificada de irresponsable por los expertos, en un momento de aumento mundial de precios por la guerra; pero no importa…, estamos en elecciones. 

En medio de inauguraciones, entrega de tierras y plata para universidades públicas, el Gobierno sale a remediar otro atraco a los colombianos ¡en 2023! con los precios del gas, ordenando a las empresas distribuidoras, a través de la CREG, devolver $150 mil millones a los consumidores. Falta ver si es cierto.

Deslegitimación, promesas y gasto populista a tutiplén, todo adobado con la publicidad del PH exaltando al Gobierno “que nos llenó la nevera”, mientras los violentos ponen candidatos en los territorios sin gastar un peso…, con sus armas en bandolera.

Entre tanto, quienes creemos en la democracia y sus instituciones, en la propiedad privada y el emprendimiento, salgamos a votar para garantizar nuestras libertades.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Más patrimonio en papel, más impuestos en caja

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 6 de marzo de 2026).- “El día en que el avalúo activa $30 millones” no es una exageración retórica. Una actualización catastral puede no disparar el predial por sus límites legales, pero sí cruzar el umbral que activa el impuesto al patrimonio. El problema no es el valor en papel: es la obligación de pagar en efectivo, y hacerlo ahora.

En el sector agropecuario se discute con intensidad el aumento del predial. El debate necesita menos estridencia y más precisión jurídica. Pero cuando se mira completo, el rigor también inquieta.

El avalúo catastral no es el impuesto. El predial es un tributo municipal sometido a límites claros. El artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece que, tras actualización catastral, el incremento anual no puede superar el IPC más ocho (8) puntos porcentuales frente al año anterior. Ese tope es obligatorio.

El impacto verdadero, sin embargo, no termina en el municipio.

El Estatuto Tributario dispone que el patrimonio bruto está conformado por el total de bienes poseídos al 31 de diciembre por su valor fiscal. Si el avalúo sube, el patrimonio sube. Y cuando el patrimonio cruza ciertos umbrales, se activan nuevas obligaciones nacionales.

Supongamos que el Decreto Legislativo 0173 de 2026 fija un umbral de sujeción de $5.000 millones de patrimonio líquido y una primera tarifa del 0,5%.

Un productor tenía:

Patrimonio líquido total: $4.800 millones.

No estaba sujeto al impuesto al patrimonio.

Tras la actualización catastral, su predio aumenta de valor y su patrimonio líquido asciende a $6.000 millones.

¿Qué ocurre jurídicamente?

Primero, supera el umbral legal.

Segundo, se convierte en sujeto pasivo del impuesto.

Tercero, la tarifa se aplica sobre la base gravable definida por la norma.

Si la base corresponde a $6.000 millones, el cálculo es directo:

0,5% de $6.000 millones = $30 millones anuales.

Antes pagaba $0.

Ahora debe pagar $30 millones.

No sobre el excedente. Sobre la base gravable que la ley determine una vez superado el umbral.

Y aquí está el punto crítico: ese impuesto no se paga con avalúos. Se paga con liquidez.

No es una obligación teórica ni diferida. Se liquida dentro del mismo año fiscal y debe pagarse en las cuotas establecidas por el calendario tributario. El productor puede tener más patrimonio en el papel, pero no necesariamente más rentabilidad ni mayor flujo de caja. La productividad por hectárea no aumenta porque el catastro se actualice.

Sin embargo, la obligación sí es inmediata.

Además, cuando se cruza el umbral patrimonial no solo se activa el impuesto al patrimonio. También se amplía el universo de declarantes de renta y se incrementa la exposición fiscal.

Conviene una precisión técnica: “empresario” no es categoría tributaria. El sujeto pasivo lo define la ley y puede ser persona natural o jurídica. Si el patrimonio supera el umbral, queda dentro, sin importar la forma jurídica en que opere la actividad.

Por eso el debate no puede reducirse a si el predial “se disparó” o no. El debate serio es si el sistema tributario está midiendo capacidad contributiva real o valorización administrativa.

Cuando el avalúo crece sin que crezca el ingreso, el riesgo no es la histeria. El riesgo es la descapitalización silenciosa.

Porque el patrimonio puede aumentar en los registros.

Pero el impuesto se paga en efectivo.

Y se paga ya.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Preocupación por producción y precios en el sector cafetero

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Jueves 5 de marzo de 2026).- Febrero confirma un importante ajuste en la oferta; el sector cafetero colombiano expresa preocupación por la afectación de la producción y los precios actuales.

La producción nacional de café en febrero alcanzó 869 mil sacos de 60 kg, con una caída -36% frente al mismo mes del año anterior. Menor disponibilidad de café, asociado a condiciones climáticas.

En los últimos doce meses (marzo de 2025 a febrero de 2026), la producción se ubica en 12,72 millones de sacos, una variación de -14% por debajo de los niveles observados un año atrás.

En materia de comercio exterior, las exportaciones preliminares de febrero cayeron -32% alcanzando 807 mil sacos. En el año cafetero, es decir de Oct a la fecha hemos exportado 5,06 millones de sacos (-14%) que representa una menor disponibilidad de café de colombia para el mundo.

Las importaciones de café en febrero se estiman en 116 mil sacos, mientras que en año móvil alcanzan 1,32 millones de sacos, principalmente para complementar abastecimiento industrial. Por su parte, el consumo interno se mantiene estable en 2,3 millones de sacos, ratificando la solidez estructural de la demanda local.

El reto inmediato será aplicar medidas contra cíclicas para seguir fortaleciendo productividad: fertilización y renovación de cafetales para consolidar el ciclo productivo en los próximos meses.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

Catastro y productividad: ¿herramienta fiscal o presión social?

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 27 de febrero de 2026).- Actualizar el catastro rural es una deuda histórica del Estado y un paso necesario hacia la equidad tributaria. Pero convertir el impuesto predial en herramienta de presión productiva plantea interrogantes constitucionales y económicos que el país no puede eludir. El debate no es si se paga, sino cómo y bajo qué principios.

La actualización catastral en Colombia no admite mayor discusión: durante décadas, la desactualización ha generado inequidades evidentes, erosionando la base fiscal de los municipios y distorsionando la carga tributaria entre contribuyentes. Corregir ese rezago es una medida técnicamente necesaria e institucionalmente legítima.

Sin embargo, el debate comienza cuando el impuesto predial deja de concebirse exclusivamente como tributo fiscal y empieza a utilizarse como instrumento de política pública para inducir comportamientos productivos. Allí entramos en el terreno de la extrafiscalidad.

En teoría tributaria, la extrafiscalidad se presenta cuando un impuesto no solo busca recaudar, sino también orientar conductas económicas o sociales. Es una herramienta legítima en ciertos contextos —por ejemplo, en tributos ambientales o correctivos—, pero su uso exige proporcionalidad, razonabilidad y coherencia con los principios constitucionales que rigen el sistema tributario.

El predial es un tributo territorial cuya finalidad principal es financiar al municipio. Está sujeto a los principios de legalidad, equidad, progresividad y capacidad contributiva. Cuando se le asigna una función adicional de presión productiva, el análisis ya no es meramente fiscal: se convierte en constitucional.

El problema no es promover el uso eficiente de la tierra. Colombia no puede desconocer que existen rezagos históricos en materia de productividad rural. La función social de la propiedad es un mandato vigente. Pero la pregunta es si el camino adecuado para incentivar la productividad es aumentar la carga tributaria bajo el supuesto de subutilización.

La tierra rural tiene múltiples vocaciones: agrícola, pecuaria, forestal y ambiental. La ganadería regenerativa, los sistemas silvopastoriles o la conservación estratégica generan empleo, estabilidad territorial y servicios ecosistémicos. Reducir la discusión a un concepto uniforme de “uso adecuado” puede desconocer la aptitud real del suelo y la complejidad del territorio.

Existe además un elemento particularmente sensible en el marco de la reforma agraria. Cuando el Estado adjudica tierras, la formalización implica obligaciones tributarias. El nuevo propietario asume el pago del predial. Pero la tierra no genera liquidez inmediata. Sin infraestructura vial, distritos de riego, asistencia técnica y acceso efectivo a mercados, el potencial productivo tarda en materializarse.

En ese contexto, un incremento significativo del predial puede producir un efecto no deseado: que el beneficiario, ante la falta de flujo de caja, se vea obligado a enajenar el predio. La política pública no puede, por vía tributaria, generar dinámicas que terminan reproduciendo concentración.

La extrafiscalidad, cuando se aplica sin condiciones habilitantes, corre el riesgo de transformarse en presión económica antes que en incentivo productivo. El diseño tributario debe considerar la realidad económica del contribuyente y garantizar transiciones graduales que preserven la seguridad jurídica.

Si el objetivo es estimular la productividad rural, existen alternativas más eficaces: incentivos tributarios condicionados a inversión, reconocimiento de generación de empleo formal, estímulos por conservación ambiental o mejoras tecnológicas verificables. Premiar la inversión es sustancialmente distinto a penalizar la inactividad presunta.

La actualización catastral es una herramienta de ordenamiento necesaria. Pero su legitimidad dependerá de que fortalezca la equidad sin erosionar la confianza. La función social de la propiedad no puede interpretarse de manera aislada de la capacidad económica real.

La tierra puede ser instrumento de equidad.

Pero el impuesto no puede convertirse en atajo ideológico.

Cuando la extrafiscalidad sustituye la política productiva, el riesgo no es solo jurídico: es económico y social.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Ahora sí …, renuncié

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 27 de febrero de 2026).- Sí… Renuncié al Centro Democrático y, como era de esperarse, me tildan de mal perdedor. Estoy viejo para pataletas de envidioso, como me calificó Uribe Londoño, pero también para callar ante la opacidad, por lo que, respetuosa y reiteradamente solicité respuestas… que nunca llegaron.

Si hay crisis en el partido, era evidente aun antes del atentado contra Miguel Uribe y su posterior fallecimiento, y los entonces precandidatos lo saben. En octubre de 2024 aceptaron que Miguel se sumara en franca lid, aunque hubo desavenencias, hay que decirlo, porque, muy temprano empezó a gastar en asesores, eventos masivos y publicidad, a un ritmo que no estaba en las cuentas de sus compañeros, lo que generó una directriz del partido, incluido un almuerzo privado con el expresidente. 

Luego viene el fatal atentado y, entonces, todo fue confusión. Que si Miguel sobrevivía sería el candidato, no solo fue un anuncio dramático que contrariaba la realidad médica, sino la primera de más insólitas reacciones. Vendría la descabellada acusación de la viuda contra María Fernada Cabal y su puja con el padre por el favor de Álvaro Uribe, hasta que el expresidente acepta, no sin reparos, la precandidatura de Uribe Londoño.

A poco andar el nuevo precandidato empieza a demoler desde adentro. Asiste a los eventos del partido cuando quiere y rechaza a la encuestadora Atlas Intel, mientras sus asesores la contactan hasta lograr su renuncia para evitar “riesgos reputacionales”, con lo que se incumple la fecha del 28 de noviembre.

Empieza entonces un vaya-y-venga: que ya no encuesta y una nueva fecha para el anuncio oficial, el 6 de febrero, pero ya no de un candidato, sino de varios que irían a consulta interpartidista. A los pocos días ya no era el 6 de febrero, sino el 15 de diciembre, y volvimos a las encuestadoras, pero no una sino dos, contratadas a las carreras, para elegir el candidato oficial, todo en medio de la renuncia de Andrés Guerra por falta de garantías y la expulsión de Uribe Londoño por sus “acercamientos” a Abelardo en busca de ¡la vicepresidencia!

La elección de la última fecha fue otro atropello, días después del cierre de inscripciones a Congreso, lo que representó una expulsión de facto de las candidatas no triunfantes, y una confirmación del rechazo del expresidente a la propuesta de llevar a la segunda en votación como cabeza de lista a Senado. Paloma deberá recordarlo.

Ese 15 de diciembre se descorren las bambalinas y sale a escena uno de los artífices del entramado: José Obdulio, “asesor” del partido y promotor de Pinzón, el candidato de Santos, publica un libelo indignante para mi familia –“Sin Cabal, Uribe gana”–, en el cual celebra el triunfo de Paloma. El portal “Los irreverentes”, donde lo publica, hace una curiosa confesión de parte: lo fecha en su encabezado el 15 de diciembre y, a pie de página, aclara que se publicó al día siguiente ¿acaso se escribió antes de conocerse los resultados? ¿Cómo los supo?

Ahora sí… renuncié. Es un asunto de dignidad. Regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional, donde daré las batallas que exige la amenaza de continuidad de la izquierda en el poder.

También me tildarán de traidor, pero no traiciono mis convicciones. Lo que pienso lo digo; lo que digo lo escribo. En una anécdota atribuida a Camus, su impresor le advierte los riesgos de publicar un escrito en medio de la invasión alemana, y él responde: “Escribir es un acto de resistencia. Por eso debemos publicarlo. La lucidez no basta sin coraje.”

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

“Cerrar exportaciones no baja el precio de la carne”

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 21 de febrero de 2026).- El precio en finca no es el precio en la góndola del expendio. Cerrar exportaciones es populismo, no política pública.

“Al cierre de 2025, la ganadería colombiana exportó cerca de USD 400 millones en carne, ganado en pie y despojos. Suspender ese flujo no incrementa la oferta interna estructural ni reduce costos de producción. Sí reduce empleo rural, liquidez en finca y confianza inversionista. Pretender que cerrar mercados externos abarata la carne es un argumento políticamente útil en año electoral, pero técnicamente equivocado.”

Colombia cerró el 2025 con 29,4 millones de bovinos. De ese total, 11,8 millones son vientres en edad reproductiva efectiva. Con una tasa promedio nacional de natalidad del 58%, el país produjo 6,9 millones de terneros durante el año.

La extracción anual fue de 4,1 millones de animales, equivalente al 13,9% del inventario, nivel compatible con sostenibilidad del hato y reposición natural.

De esos 4,1 millones: 3,82 millones se destinaron al beneficio para consumo interno y exportación de carne y 280.000 animales se exportaron en pie.

La exportación en pie representa 0,95% del inventario nacional y 6,8% del total extraído. No existe una presión estructural sobre el hato atribuible al comercio exterior.

En términos de valor, las exportaciones de carne bovina, ganado en pie, despojos y derivados alcanzaron USD 368,9 millones con corte a noviembre, proyectando un cierre cercano a USD 390–400 millones en 2025.

Ese monto no es marginal. Es el flujo que permite absorber excedentes que el mercado interno no puede incorporar sin generar distorsiones.

Colombia tiene 642.000 predios ganaderos, y 451.000 (70,2%) poseen menos de 25 reses. La mayoría de estos pequeños productores participa en la etapa de cría. Muy pocos —menos del 12%— realizan el ciclo completo.

El sistema opera por especialización:

1. Cría: nacimiento hasta 200 kg.

2. Levante: 200 a 300 kg.

3. Preceba: 300 a 380 kg.

4. Ceba: 380 a 520 kg antes del beneficio.

De los 6,9 millones de terneros nacidos, cerca de 4,1 millones provienen de pequeños y medianos criadores que dependen de la compra por parte de levante y ceba para convertir su producción en ingreso.

Si se suspenden exportaciones, el efecto no es una reducción automática del precio al consumidor. Lo que ocurre es:

* Caída del precio en finca por sobreoferta temporal.

* Desaceleración en compra de terneros.

* Reducción en inversión en genética y manejo.

* Menor rotación en las fases de levante y ceba.

El precio al consumidor final depende de transporte, intermediación, procesamiento, carga tributaria y costos logísticos urbanos. La participación del ganado en pie dentro del precio final es solo una fracción del valor total en góndola.

Cerrar exportaciones no reduce costos de combustibles, energía, transporte, impuestos. Por tanto, no corrige la estructura de costos que explica el precio final.

Lo que sí hace es retirar del sistema cerca de USD 400 millones anuales.

Con una relación estimada de 1 empleo directo por cada 90 animales movilizados, la extracción anual de 4,1 millones de bovinos sostiene alrededor de 45.500 empleos rurales directos, sin contar frigoríficos, logística portuaria, certificación sanitaria y transporte especializado.

La ganadería colombiana compite con atributos diferenciadores: producción mayoritaria a pasto, bajo uso de granos importados, sistemas silvopastoriles en expansión y ganado criado con pasto, agua y sal. No es una carne industrial confinada. Es un modelo extensivo con valor ambiental y territorial.

El debate técnico no es clausurar exportaciones. Es elevar la productividad por vientre, reducir edad al sacrificio y mejorar la eficiencia logística.

En un sistema con 11,8 millones de vientres, 6,9 millones de nacimientos y 4,1 millones de extracción anual, suspender exportaciones no es una medida económica estructural.

Es una señal política.

Y en economía rural, las señales equivocadas se pagan en empleo, inversión y confianza.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Nota Técnica (NB):

Inventario bovino 2025: 29,4 millones de cabezas.

Vientres productivos: 11,8 millones.

Tasa de natalidad promedio nacional: 58 %.

Nacimientos 2025: 6,9 millones de terneros.

Extracción anual: 4,1 millones de animales (13,9 % del hato).

Exportación en pie: 280.000 animales (0,95 % del inventario).

Exportaciones ganaderas totales (carne, ganado en pie, despojos y derivados) 2025: USD 368,9 millones a noviembre; proyección cierre anual: USD 390–400 millones.

Predios ganaderos: 642.000; 70,2 % con menos de 25 reses.