* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 5 de noviembre de 2025).- Empecé estas líneas con el “Por fin” entre interrogaciones para denotar escepticismo frente a metas inalcanzadas, pero me decidí por los signos de admiración, porque Fedegán está comprometido con los resultados de la “reconstrucción” actualizada de la plataforma tecnológica de trazabilidad que lanzaremos el 9 de diciembre con la ministra Carvajalino y la gerente del ICA, Paula Cepeda.

Primero un paréntesis para mis lectores no ganaderos. La trazabilidad bovina es un sistema sustentado en una plataforma tecnológica que, en lo fundamental, busca rastrear y registrar los datos de la vida de un animal, desde su nacimiento hasta que la leche y la carne –incluido el sacrificio en este caso– llegan al consumidor final.

Cerrado el paréntesis, quiero explicar por qué me referí atrás a una “reconstrucción. “Si algo funciona bien…, ¡no lo toques!”, es una máxima administrativa, de gobierno y de vida, que no le importó a Santos, cuando, en 2012, ordenó rescindir unilateralmente el convenio para el manejo operativo de las Guías Sanitarias de Movilidad, y un año después, “movilizó” al Congreso –una de sus experticias– para aprobar la ley 1659 de 2013, con el propósito de castigar a Fedegán por no apoyar las negociaciones con las Farc, quitándole la administración delegada de la trazabilidad. Ahí empezó la destrucción. 

Voy más atrás. En 1994, el recién creado Fondo Nacional del Ganado, de consuno con el Gobierno, definió como prioridad la erradicación de la fiebre aftosa para enrutar la vocación exportadora de la ganadería, meta que se alcanza en 2009, después de años de una exitosa alianza estratégica con el sector oficial y una inversión inmensa de los ganaderos a través de la parafiscalidad.

Desde 2002, Fedegán no solo se convierte en promotor de la primera ley de trazabilidad (Ley 914/2004), sino que, mediante convenios con el Ministerio de Agricultura y el ICA, desarrolló la primera plataforma tecnológica, el SINIGAN que hoy hemos reconstruido, y lo administró con éxito hasta el golpe de mano de Santos en 2013.

Vendría más. En 2016, el gobierno Santos se ensaña con Fedegán y le quita la administración del Fondo Nacional del Ganado. La totalidad de sus programas se suspenden con la excepción de los ciclos de vacunación contra fiebre aftosa, que quedan en manos de una administración espuria. Quizás el símbolo más grave de este proceso de destrucción fue la suspensión en 2016 y luego la pérdida en 2017, del estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa, cuya recuperación se convirtió en prioridad cuando Fedegán reasumió la administración de la parafiscalidad en 2019 y, muy rápidamente, el estatus sanitario en 2020.

La recuperación de la trazabilidad destruida se convirtió entonces en otro pendiente, en el que hemos trabajado con juicio, sistemáticamente, con prácticamente todos los ministros y gerentes del ICA desde el gobierno Duque.

De ahí la importancia que otorgamos al lanzamiento del nuevo SINIGAN, no solo para el fortalecimiento de la seguridad sanitaria, sino por su utilidad en otros campos, como la lucha contra el contrabando y el sacrificio clandestino, con serias implicaciones de salud pública, impacto ambiental y afectación de los ingresos de las entidades territoriales y del Fondo Nacional del Ganado.

Adicionalmente, la trazabilidad, como exigencia de los mercados, ha sido un escollo para exportar carne a Estados Unidos, un mercado próximo, de altos precios y desabastecido; una oportunidad que podremos aprovechar con mayor facilidad. 

La trazabilidad, entonces, no es un asunto menor, sino una historia de esfuerzos que requiere una acción interinstitucional articulada, en la cual la nueva plataforma tecnológica representa una promesa de valor que, ¡por fin!, dará resultados para beneficio del país y de sus ganaderos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 5 de diciembre de 2025).- Mientras el Gobierno Petro insiste en recitar discursos de “poder popular”, el campo real —el que produce, madruga y arriesga— enfrenta recortes históricos, improvisación jurídica y una expansión criminal sin precedentes. Los hechos no mienten: la política rural de este Gobierno es un fracaso estructural.

A esta altura del partido, ya no se trata de interpretaciones ni de discursos oficiales: se trata de hechos concretos y medibles. Esta semana quedó claro —otra vez— que el Gobierno Petro no tiene una política rural, sino una suma de ocurrencias sin soporte técnico, sin institucionalidad y sin autoridad sobre el territorio.

El hundimiento definitivo de la Jurisdicción Agraria es la prueba reina. No cayó por culpa de la oposición, como repiten en redes. Se desplomó porque era un proyecto improvisado, mal construido y peor explicado. Una jurisdicción sin impacto fiscal, sin carrera judicial, sin infraestructura y con riesgo real de convertirse en arma política para perseguir productores. El Congreso no la hundió: la dejó morir porque estaba muerta desde el borrador.

Y mientras ese proyecto fallido se caía a pedazos, el Gobierno seguía vendiendo la Reforma Agraria como si fuera el gran logro del siglo. Pero la realidad es tozuda: de los millones de hectáreas prometidas, apenas se han entregado unas cuantas decenas de miles, muchas sin riego, sin vías y sin ningún proyecto productivo que las haga viables. Es repartir tierra para la foto, no para producir. Lo digo sin rodeos: eso no es reforma agraria, es clientelismo con disfraz agrario.

En paralelo, la coca crece como nunca. Hoy hay más hectáreas de coca que de papa o yuca. ¿Cómo se llega a semejante absurdo? Fácil: un Gobierno que renunció a la autoridad territorial, desmontó la erradicación y cree que negociar simultáneamente con todos los grupos armados es construcción de paz. El resultado es uno solo: productores extorsionados, fincas sitiadas y vías donde manda la criminalidad. Y mientras tanto, desde los ministerios hablan de “transformación productiva” sin tener control ni siquiera de las carreteras terciarias.

A este panorama hay que sumarle el golpe más duro: el presupuesto 2026 recorta más del 60% del sector agropecuario. Sí, leyó bien: 60%. Se desploma el Ministerio de Agricultura, se recorta la ANT, el ICA queda debilitado y los distritos de riego quedan sin un peso nuevo. Es como si a un paciente en cuidados intensivos le quitaran el oxígeno. Nadie puede hablar de soberanía alimentaria recortando justamente a quienes producen alimentos.

Lo que ocurre hoy en el campo colombiano no es un accidente ni un descuido. Es consecuencia directa de gobernar desde Twitter, de despreciar la técnica y de confundir ideología con política pública. Se gobierna con micrófono y no con tractor; con slogans, no con cifras; con enemistad hacia los productores, no con alianzas de desarrollo.

El productor rural —ganadero, agricultor, palmero, arrocero, cacaotero— ya entendió el mensaje: estamos ante un Gobierno que no sabe, no escucha y no quiere corregir. La buena noticia es que el país sí sabe dónde está el daño y quién lo causa. El 2026 no será un año cualquiera. Será el momento en que el campo le pase la cuenta de cobro a un Gobierno que lo trató como enemigo.

El campo colombiano, ese que no se rinde, ya decidió que no va a esperar más discursos para sobrevivir.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Alejandro Peralta * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(Marcafab – Miércoles 3 de diciembre de 2025).- Los precios del cacao comenzaron la semana con un repunte de 12%, recuperándose tras haber caído a sus niveles más bajos en casi dos años. En Nueva York, los futuros volvieron a 5.550 USD por tonelada, mientras que en Londres se ubicaron cerca de 4.100 GBP por tonelada.

Aunque esta recuperación es fuerte, se considera que podría tratarse solo de una corrección temporal, ya que este tipo de rebote suele aparecer después de caídas prolongadas.

Datos recientes del mercado

Las llegadas de cacao a los puertos de Costa de Marfil siguen siendo elevadas, lo que indica una buena cosecha principal. Solo la semana pasada se entregaron alrededor de 100.000 toneladas.

La ICCO publicó por primera vez en nueve meses su balance del año agrícola 2024/25, revelando un superávit de 49.000 toneladas a nivel global.

¿Por qué hay superávit?

* La oferta mundial aumentó un 7,6% respecto al año anterior.

* La molienda, indicador de demanda, cayó un 4,3%.

* El superávit fue menor al esperado.

* El mercado anticipaba un superávit aproximadamente el doble.

La proyección previa de la ICCO estimaba incluso 142.000 toneladas. Este menor superávit sugiere que el mercado no está tan holgado como se creía, especialmente después del déficit histórico de 489.000 toneladas del año previo.

Perspectiva

La caída de precios reciente podría haber sido exagerada, y ahora el mercado observa con cautela si la actual recuperación tiene suficientes fundamentos para transformarse en una tendencia alcista sostenida. Las próximas semanas serán claves para saberlo.

Qué paso en noviembre

Después del fuerte desplome de octubre y la primera mitad de noviembre, esta semana el cacao finalmente mostró un respiro. Desde los mínimos cercanos a 4.924 USD/t, el mercado rebotó con fuerza hasta 5.5–5.6k, recuperando cerca del 9% en cuatro sesiones. El movimiento no cambia aún la tendencia bajista de fondo, pero sí marca un primer intento serio de estabilización tras la capitulación reciente.

Análisis técnico

En los últimos días, el precio formó un suelo técnico en 5.000 USD, rompió el último máximo menor en 5.300 y empezó a usar esa zona como soporte intradía.

Mientras el mercado se mantenga por encima de 5.000–5.100, el sesgo inmediato apunta a un rebote hacia 5.700–5.800. Perder esa zona volvería a activar el escenario de nuevos mínimos.

Análisis fundamental

1) En el plano fundamental, la narrativa que ha presionado todo noviembre sigue vigente:

* Expectativa de mayor oferta global en 2025/26

* Demanda de molienda debilitada por márgenes industriales ajustados

2) La ICCO ya señalaba desde octubre caídas de precio acompañadas de llegadas sólidas a puertos en Costa de Marfil, aunque ligeramente por debajo del año pasado, junto a un tono de “cauteloso optimismo” sobre la disponibilidad de grano.

3) Además, los grindings en Costa de Marfil comenzaron la campaña con un descenso del 25% interanual, reflejando presión en la industria local.

4) Sin embargo, en paralelo crece otra preocupación: los riesgos estructurales de producción. Reuters reportó que la cosecha principal de Costa de Marfil podría caer por tercer año consecutivo por falta de inversión, envejecimiento de plantaciones y clima irregular, situación que también amenaza a la cosecha intermedia.

 🇳🇬Nigeria —quinto productor mundial— anticipa además una caída de 11% en su producción 2025/26.

 El mercado descuenta un alivio de oferta a corto plazo, pero el colchón estructural sigue siendo muy frágil.

* A estos niveles, el cacao deja de ser el mercado en modo pánico que vimos por encima de 10.000 USD/t, pero tampoco estamos regresando al mundo cómodo de 2.500 USD/t. Estamos construyendo un nuevo rango de equilibrio entre 5.000 y 6.000 USD/t, con alta volatilidad y sensibilidad a cualquier noticia climática o productiva.

* Para productores, traders y chocolateros, este es un momento clave para:

* Mantener disciplina de cobertura,

* Optimizar costos de origen

* Diferenciarse en calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Quienes esperen “volver a la normalidad” pre-crisis probablemente verán cómo el mercado sigue moviéndose sin ellos o simplemente “viendo pasar el tren desde su ventana”

* Alejandro Peralta (Analítico y escritor), LATAM Business Developer and Expansion Specialist. Marketing & Comercio de Café & Cacao.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Martes 2 de noviembre de 2025).- Hermoso municipio quindiano y también legendario cacique pijao, a quien un bandido narcoterrorista le robó el nombre como su alias en el mundo criminal.

En 2024 fue detenido en un vehículo de la UNP, porque el gobierno lo había designado “gestor de paz”, como “Aldinever”, presunto   determinador del asesinato de Miguel Uribe, o “Samir”, presunto culpable del helicóptero derribado y la muerte de 13 soldados, y otros tantos que hacen la guerra y hoy dizque gestionan la paz.

En el operativo incautaron armas, ¡en un carro de la UNP!, pero, como explicó la fiscal General, fue dejado en libertad porque “no estaba cometiendo delitos de lesa humanidad”. Curiosa explicación, o peor, curiosa legislación la que permite a un bandido gestor de paz cometer delitos como el porte ilegal de armas, con pena mínima de prisión de 9 años para cualquier vecino, sin que las autoridades puedan detenerlo. ¿También podría cometer homicidio simple, me pregunto, que tampoco es de lesa humanidad?

Le confiscaron además computadores que estuvieron engavetados en la DIJÍN, como reconoció la fiscal, lo cual resultó gravísimo, porque un año después, no la DIJÍN ni la Fiscalía, sino un medio de comunicación destapa el hallazgo de unas grabaciones que comprometen a un alto oficial del ejército, a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y a la vicepresidenta de la República, en relaciones “non sanctas” con el bandido de marras para facilitarle sus acciones delictivas.

Surge entonces la pregunta de todos los escándalos, como el de la UNGRD, que amenaza con cárcel a los exministros Velasco y Bonilla; o el de las explosivas acusaciones entre Benedetti y Laura, premiadas con altos cargos, o el del robo de unas maletas millonarias, el acoso ilegal a una niñera indefensa y el triste desenlace de un oficial que -dicen- se suicidó, pero también se rumora que “lo suicidaron”.  Súmenle el reciente fallo del CNE, de financiación prohibida de la campaña Petro, que compromete la legitimidad de su presidencia y tiene sancionado y con investigación penal encima a Ricardo Roa, el gerente de Ecopetrol anclado a su cargo a pesar de su desastrosa administración…, y lo que falta.

¿Todo esto a espaldas del jefe de los mencionados?, es la pregunta, porque el escándalo ha sido la impronta del gobierno Petro, pero más parece una estrategia para atornillarse en el poder, pues lo que para unos es escándalo, para el “pueblo petrista”, alimentado con discursos de odio y promesas populistas que se cuentan en votos, son mentiras de la oligarquía y el imperialismo.

Porque el “perdón social” del “Pacto de la Picota”, la “paz total”, los “gestores”, los “tarimazos”, la reincorporación de oficiales cuestionados, la aparición de un oscuro licenciado en una posición estratégica de la inteligencia del Estado, la secuencia de sus también oscuros directores, uno de ellos prófugo con ayuda de la Cancillería, así como el ocultamiento de la SIJIN y la Fiscalía sin que nada pase, y la  estrategia de deslegitimar a la oposición, de la cual la injusta condena a Santiago Uribe, con testimonios que la defensa desbarató con pruebas que la justicia ignoró, es solo una muestra…; todo ello y algo más, son piezas del mismo rompecabezas: el de garantizar la permanencia de la izquierda en el poder, con recursos del Estado y apoyo del narcoterrorismo.  

Calarcá es un símbolo de coyuntura. Detrás están Mordisco, las disidencias atomizadas, los elenos, el Clan del Golfo en diálogos socio-jurídicos en Doha; en fin, centenares de bandas y más de 25.000 bandidos amenazando a 52 millones de colombianos. Como ha insistido María Fernanda Cabal, detrás está… “la democracia en peligro”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 28 de noviembre de 2025).- En Colombia el campo produce, trabaja y resiste… mientras en Bogotá siguen diseñando leyes que, en lugar de proteger al productor, abren la puerta a debilitar la propiedad privada. Ese es el caso de la llamada Jurisdicción Agraria y Rural: un proyecto que el Gobierno presentó como la “solución histórica a los conflictos de tierras”, pero que hoy —a pesar del ruido político— sigue empantanado, incompleto y sin posibilidad real de ponerse en marcha.-

Muchos celebraron como “hecho consumado” la aprobación de esta jurisdicción. Pero una cosa es que exista la ley estatutaria (ya avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-340 de 2025) y otra muy distinta es que pueda funcionar. No hay jueces agrarios, no hay tribunales agrarios, no hay reglas claras de procedimiento. Todo eso depende de la ley ordinaria que reglamenta la operación, y ese proyecto está hundido en la práctica: sin agenda, sin mayorías y sin fecha de discusión en el Senado.

En la Cámara, el debate se ha aplazado una y otra vez por falta de quórum, y en el Senado ni siquiera ha llegado a plenaria. Así funciona el “cambio”: grandes anuncios sin capacidad de ejecutar.

Una jurisdicción diseñada para desbordar al juez

Aunque el Gobierno insiste en que la jurisdicción agraria será “especializada”, lo cierto es que el proyecto le daría al juez agrario poderes extravagantes, ajenos a la lógica judicial:

Facultades administrativas para “corregir” el uso del suelo.

Intervenir en procesos productivos privados.

Modificar linderos y ordenar servidumbres de hecho.

Imponer medidas de ocupación o entrega provisional de predios sin condena definitiva.

Réplica de Okupas para inmigrantes de la Comunidad Europea.

Eso no es justicia: es intervencionismo estatal judicializado, con efectos directos sobre el productor y el propietario rural. El mensaje implícito es claro: “la tierra produce más si el Estado decide sobre ella”.

El fantasma de la expropiación administrativa temporal

A esto se suma la propuesta de la Agencia Nacional de Tierras para introducir una figura de “expropiación administrativa temporal”. En lenguaje campesino: quitarle a usted su predio por un tiempo mientras el Estado decide qué hacer. Todo eso sin juez competente, desconociendo los controles judiciales clásicos establecidos en la Constitución.

Es un atajo peligroso y contrario a la seguridad jurídica. En un país donde producir ya es riesgoso por clima, costos y orden público, pretender que además el Estado pueda apropiarse provisionalmente de predios es un golpe a la inversión rural.

El resultado real: fracaso acumulado

Mientras se empeñan en construir nuevas leyes que nadie puede aplicar, la Reforma Agraria que prometieron ya muestra fracaso:

Según las cifras más recientes del propio Gobierno, la ejecución de compra de tierras está por debajo del 20% de la meta anual.

El famoso acuerdo MinAgricultura–Fedegán, que prometía 3 millones de hectáreas en 12 años, ni siquiera ha logrado consolidar el primer 10%.

La ANT reconoce atrasos en los procesos de formalización y compra directa.

Las transferencias de tierras estatales están paralizadas por problemas internos de catastro y titulación.

El país rural no necesita más leyes enredadas. Necesita ejecución, seguridad jurídica y un Estado que cumpla lo que promete.

Un proyecto que amenaza, pero que no avanza

Entonces, ¿está hundida la Jurisdicción Agraria? Formalmente no; políticamente sí. La base legal existe, pero sin ley ordinaria no puede funcionar. El Gobierno no tiene votos, no tiene consenso y no tiene cómo avanzar.

Y mientras tanto, el productor sigue en lo mismo: impuestos altos, vías malas, inseguridad en aumento y un Estado que insiste en “redistribuir” en vez de producir.

La Jurisdicción Agraria, como está diseñada, no es justicia para el campo: es un riesgo para la propiedad privada, una puerta abierta al uso político de la tierra y otra muestra del desfase entre el Gobierno y el país rural que dice defender.

Si de verdad quieren apoyar al campo, que empiecen por ejecutar, no por inventar nuevas amenazas legales. La propiedad privada es la base de la productividad rural. Sin seguridad sobre la tierra, no hay inversión. Y sin inversión, no hay campo que aguante.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de noviembre de 2025).- “Si se sabía o si era posible saber, allí en el terreno, que había menores de edad reclutados…Si no se sabía, por qué no se sabía y si es que era inevitable saberlo… Si se sabía, qué previsiones se tomaron”. Esta fue la respuesta a los medios del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, a propósito de lo que buscan establecer las cinco investigaciones por bombardeos en que han muerto menores, aunque más parece un juego bizantino de palabras, al estilo de los teólogos que se devanaban los sesos en Constantinopla adivinando el sexo de los ángeles.

Es la discusión que enreda al país, con los medios atizando emociones y moviendo sintonía frente a la “incoherencia” de Petro, que hoy defiende lo que ayer condenaba, cuando acompañó la moción de censura contra el exministro Botero, promovida por el camaleónico Roy, que hoy jura que hace seis años no dijo lo que dijo.

En la mitad, el “centro movedizo”, desconcertado ante un viraje en la política de seguridad del gobierno Petro que no sabe si rechazar o defender, sin parecer incoherente ni arriesgar sus cálculos políticos hacia 2026.

No ayuda la Defensoría del Pueblo, arguyendo que la presencia de menores en los campamentos “con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, mientras condena el reclutamiento forzado que, según la Procuraduría, entre 2024 y lo corrido de 2025 suma más de 740 menores convertidos en combatientes. Es la misma posición ambivalente de las ONG de Derechos Humanos, que rechazan los bombardeos y defienden a ultranza la prioritaria protección de la niñez, mientras exigen respeto al DIH y el fin del reclutamiento forzado. ¿A quién se lo exigen…, acaso a Mordisco?  ¡Qué cinismo!

Pero bueno…, ¿qué dice el DIH? El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, establece que: “Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados…”, rango de edad compartido por la Corte Penal Internacional, que tipifica ese reclutamiento como crimen de guerra.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1990) definió que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años”, aunque deja la posibilidad a las Fuerzas Armadas de reclutar menores entre 15 y 18, pero lo prohíbe terminantemente a grupos armados que no pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado.

En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia no deja duda: Son niños las personas entre 0 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años, en tanto que el Código Penal tipifica como delito el reclutamiento de menores de 18 años.

Fin de la discusión. El mismo procurador Osuna del galimatías inicial, con algo más de juicio lo dejó claro: “Los niños reclutados siguen siendo niños, pero también son combatientes. Y, por tanto, si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes”.

Desde la Operación Berlín (2010-2011), cuando las Farc de Timochenko pretendían cruzar el país con un ejército de niños que fue interceptado y, según medicina legal, murieron 28 menores, aunque más de 70 para las narrativas de la izquierda, en ese entonces, como señala María Fernanda Cabal en uno de sus ensayos, “la izquierda abrió un juicio moral contra el Ejército, pero se le olvidó abrir un juicio moral contra quienes utilizaron a menores como escudos humanos para evitar la acción legítima de la Fuerza Pública”.

No se trata de una discusión nueva ni bizantina. Es una discusión interesada para deslegitimar y atar las manos de quienes deben defendernos porque la Constitución no solo lo autoriza, sino que lo ordena. Y punto.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de noviembre de 2025).- La inflación alimentaria y las políticas agrarias improvisadas han demostrado ser un lastre para el campo colombiano. El próximo presidente de centro-derecha debe aplicar una agenda moderna de economía de mercado, centrada en productividad, infraestructura, crédito y seguridad rural. Sin ello, seguiremos importando lo que deberíamos estar produciendo.

El agro colombiano está cansado de discursos y experimentos. La entrega de tierras sin planes productivos serios ha sido un error estratégico que hoy pagamos en los precios de los alimentos. No es teoría: mientras la inflación total alcanzó 5,51% en octubre de 2025, los alimentos subieron 6,64%, según el DNP. Y cuando la comida se encarece, no es porque “la reforma agraria está avanzando”, sino porque la producción está retrocediendo.

Aunque en 2024 el agro creció 8,1% según el DANE, ese crecimiento no es fruto de una política coherente, sino del esfuerzo de los productores que sobreviven a pesar de la falta de infraestructura, crédito y apoyo técnico. Como han señalado analistas de desarrollo rural, muchas de las tierras entregadas en la llamada reforma agraria carecen de riego, drenajes, electrificación y vías terciarias. Repartir tierra no es reforma: hacerla producir sí lo es.

La ganadería —columna vertebral del campo colombiano— tampoco ha recibido un trato responsable. En 2024 el subsector creció 5,6%, según MinAgricultura; sin embargo, continúa enfrentando inseguridad, sacrificio ilegal y competencia desleal de importaciones. El país cuenta con 30 millones de bovinos, produce 755.000 toneladas de carne y más de 7.700 millones de litros de leche, pero carece de un Estado que acompañe este potencial de forma estratégica.

Aun así, los productores han logrado avances notables. En 2024, las exportaciones ganaderas superaron los US$301 millones, y en el primer semestre de 2025 ya iban en US$216 millones, abriendo mercados como Rusia, Egipto y China. Lo que no ha avanzado es la diplomacia sanitaria para conquistar destinos clave como Estados Unidos o Venezuela, donde se requiere un gobierno que trate al sector no como adversario ideológico, sino como aliado económico.

En este contexto, el próximo presidente de centro-derecha —con visión de economía de mercado y enfoque orientado a resultados— debe implementar una agenda seria de transformación productiva.

1. Distribución de tierras con rigor técnico.

Asignación basada en vocación productiva, experiencia y planes verificables. No más clientelismo ni simbolismos. La tierra debe ir a quienes van a trabajarla y hacerla rentable.

2. Infraestructura rural inmediata.

El 90 % del área cultivable sin riego adecuado es una barrera directa a la productividad. Un verdadero gobierno de modernización rural invertirá en riego, drenajes, electrificación y vías terciarias como políticas de Estado, no como promesas.

3. Crédito accesible y seguro agrario.

Fortalecer las líneas del Banco Agrario, microfinanzas rurales y seguros climáticos obligatorios. La producción no puede depender de la suerte ni quedar expuesta a fenómenos como La Niña.

4. Tecnología y agroindustria.

El campo global compite con drones, semillas mejoradas, mecanización y agricultura de precisión. Colombia necesita un salto tecnológico que convierta la productividad en la nueva norma.

5. Comercialización moderna.

Contratos a futuro, plataformas “coseche y venda”, alianzas directas con la industria y el comercio. Un modelo de mercado donde el productor tenga herramientas, no intermediarios dominantes.

6. Impulso estratégico a la ganadería.

Sanidad animal, trazabilidad, genética, diplomacia sanitaria y fortalecimiento del ICA. La ganadería no puede seguir siendo un sector resiliente: debe ser un sector impulsado.

7. Seguridad rural firme y sostenida.

Sin presencia del Estado, no hay inversión. El abigeato, la extorsión y la criminalidad afectan hasta el 40 % de la producción ganadera en algunas zonas. Producir sin seguridad es imposible.

Esta agenda no es ideológica: es una hoja de ruta de centro-derecha con enfoque empresarial, diseñada para que Colombia produzca, compita y exporte. El país no necesita romanticismo agrario: necesita resultados. Necesita un Estado que acompañe y productores que prosperen.

El campo colombiano está listo para dar el salto. Solo necesita un gobierno que entienda que la seguridad alimentaria no nace de discursos, sino de productividad. Y ese será el desafío —y la oportunidad— del próximo presidente.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Sábado 15 de noviembre de 2025).- Estados Unidos ha anunciado oficialmente la eliminación de las tarifas reciprocas arancelarias al café de todos los orígenes. Esta es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y, en particular, para Colombia.

Agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos y a los senadores que nos escucharon con rigor, atendieron nuestro análisis técnico y entendieron la necesidad de proteger al consumidor americano y al productor en origen. Este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas, serias y permanentes con los actores clave del mercado internacional. Continuaremos persiguiendo mas y mejores acuerdos comerciales con el mercado mas importante para el café colombiano.

Desde la Federación Nacional de Cafeteros enviamos un mensaje de tranquilidad al país cafetero. Ratificamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, tal como lo hacemos con Medio Oriente, Asia, Oceanía y Europa. Con visión global, diplomacia técnica y presencia constante en los centros de decisión, seguimos defendiendo la competitividad de Colombia.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 14 de noviembre de 2025).- El 11 de noviembre la Corte Constitucional publicó su Sentencia C-340, avalando el Proyecto de Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, que definió su estructura y relacionamiento, es decir, el entramado burocrático que se sumará al de este país con poca justicia, pero muchas cortes, tribunales, magistrados y jueces.

Simultáneamente, el Proyecto de Ley ordinaria que reglamenta los procedimientos y competencias está para debate en plenaria de Cámara, en medio de acusaciones de dilación, de conflicto de intereses de algunos congresistas y de declaraciones de apoyo y rechazo desde diferentes sectores.

Escribí sobre este tema en diciembre de 2024, cuando el Proyecto había sido aprobado en comisiones primeras conjuntas, y reconocí que, tanto el Ministerio como el Congreso abrieron espacios de concertación y, como uno de sus resultados, entendí que se preservaba la fase judicial automática para los procesos agrarios.

Para unos sí, para otros no. Para algunos procesos la decisión administrativa de la ANT es de fondo si no hay oposición, pero en el precario entorno rural colombiano, afectado además por el control de grupos ilegales, también es precario el acceso libre a la justicia y, en esas condiciones, la no oposición puede esconder tremendas injusticias.

Para la extinción de domino persiste la fase judicial en la nueva jurisdicción, una de cuyas causas es la violación grave de las disposiciones ambientales. Surge entonces mi reparo de siempre: Si bien la extinción ambiental de dominio existe desde 1994…, ¿quién determina en primera instancia la violación y quién califica la gravedad? ¿Acaso nuestras autoridades ambientales “autónomas” y clientelistas?, ¿acaso las autoridades indígenas, hoy también ambientales? ¿Acaso las armas del narcoterrorismo?

Los procedimientos agrarios sobre baldíos fueron los peor librados, pues la ponencia, amparada en una decisión de la Corte Constitucional que ordenó su recuperación, es perentoria en que “serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo”. Sin embargo, en muchos casos y durante muchos años, el Estado mismo promovió la colonización de tierras consideradas “de nadie”, entregadas inclusive por decisiones judiciales que, equivocadas o no, generaron derechos que deberían poder defenderse ante un juez. 

Finalmente, una situación sobreviniente: Desde el proyecto inicial, el principio de la “Integración de los instrumentos de planificación territorial” se refiere a que las decisiones judiciales agrarias deberán estar en concordancia con los planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación, dentro de los cuales hoy aparecen las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) con las cuales el gobierno pretende el control centralizado de la producción agropecuaria, que va en contra de la autonomía regional, de la libertad de empresa y, además, puede derivar en una persecución a la ganadería.

No son temores infundados. En un especial del diario El País se lee con todas las letras que: “La figura solo busca que se dediquen a la agricultura las tierras aptas para ella, en lugar de la ganadería o la minería”. ¿Quién dijo que las tierras aptas para agricultura no lo son para la ganadería que produce carne y leche a base de pasturas?

Y en tan enrarecido ambiente, el director de la ANT presenta una demanda ante la Corte Constitucional, solicitando poderes temporales para obviar la fase judicial mientras se aprueba la jurisdicción, en un país donde lo temporal es antesala de lo permanente. 

La jurisdicción agraria… otra vez, considerada como instrumento para completar, a las malas, tres millones de hectáreas para cumplir el Acuerdo con las Farc. A propósito, ¿dónde están los billones anunciados para comprar tierras? ¿Por qué la Procuraduría alertó en diciembre de 2024 sobre 645 mil millones no ejecutados?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Viernes 14 de noviembre de 2025).- Hoy día, en medio de una de las mayores tensiones políticas y comerciales entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y su agresividad casi que demencial expuesta a través de nuevos aranceles para la mayoría de países y sus respectivas consecuencias sobre los acuerdos comerciales existentes.

Ha ahondado aún más, las profundas desventajas para los productores de nuestro país, lo cual sumado a los bajos precios del dólar que incentivan las importaciones, le facilitan a la industria reemplazar producción nacional por la de otros países. Así las cosas, uno de los renglones mayormente afectados es la leche, pues sumado a la sobre oferta del ciclo en épocas de invierno sin tener la capacidad suficiente para pulverizarla y guardarla, se verá atropellada con masivas importaciones de leche en polvo de otros países particularmente de Estados Unidos al finalizar el contingente arancelario en 2026, cuando no haya restricciones para importar leche en polvo, en detrimento de las compras nacionales; todo ello aprobado cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos el 22 de noviembre de 2006 siendo presidente Álvaro Uribe Vélez y que obligatoriamente debe cumplirse.

El presidente Petro a su llegada propuso renegociarlo, lo cual no se hizo por temor al impacto que dicha renegociación tuviese sobre otros sectores de la economía. Entonces, los ganaderos productores de leche tendrán que pagar los platos rotos e ideárselas para poder competir, mientras la industria láctea feliz importa leche en polvo barata. Por supuesto, que ello exige una mayor eficiencia de parte de los ganaderos colombianos; como lo anota Fedegan a través de su boletín oficial «Contexto Ganadero». Igualmente, es indispensable una unión gremial más fuerte y representativa, dinámica y audaz; y el agregado de un mejor manejo empresarial en las fincas. Actividades estás que se plantearon cuando se aprobó el CONPES LACTEO en el 2010, específicamente los documentos CONPES 3675 y 3676, para implementarse durante los 8 años siguientes y coadyuvar en el incremento en la productividad, mejorar la calidad de la leche y en la formación de clústeres lácteos, etc.

De lo anterior se logró mucho, pero no lo suficiente para alcanzar a prepararnos antes de la entrada en vigor de la apertura total en 2026, a pesar de haber recibido importantes recursos. Lo cierto es que cargar a cuestas con esta situación, es algo que el ganadero no puede hacer solo y requiere ahora más que antes, del apoyo del gobierno, con mayor razón tratándose del principal alimento de la nutrición infantil de los colombianos y de la necesidad de mantener la seguridad alimentaria en este renglón. Razón por la cual, se requiere con urgencia una convocatoria de alto nivel para rodear a los productores de leche de las condiciones y el acompañamiento requerido, de lo contrario, más temprano que tarde estaremos asistiendo lamentablemente a su desaparición, afectándose cerca de 500 mil familias dedicas a producir leche, la gran mayoría medianos y pequeños ganaderos.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima y exgerente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil de Colombia.