* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 9 de mayo de 2025).- El Centro Democrático, mi partido, delegó en sus cinco precandidatos la definición de la forma y el momento para elegir al candidato oficial para las presidenciales de 2026.

Sin embargo, una carta dirigida al partido por José Obdulio Gaviria y otros miembros que dicen representar a la militancia, convirtió un asunto institucional y ya dirimido internamente, en un tema público, buscando presionar “desde afuera” su propuesta de seleccionar candidato antes de agosto, o sea ya, mediante encuestas y social listening.

En este punto debo hacer dos salvedades: la primera, que tengo intereses creados, pues mi esposa, María Fernanda Cabal, es una de las precandidatas, y la segunda, que no quisiera pecar por lo mismo, pero frente al hecho de una carta abierta y al margen de la decisión de los precandidatos, a mi juicio, la mejor opción es exactamente la contraria.

En cuanto a la forma, consulta popular en lugar de encuestas, porque la consulta la hace y garantiza un tercero: el Estado; porque no se limita a los miembros del partido, pues los simpatizantes de un precandidato, un partido o una ideología son muchos más que los carnetizados, lo cual da mayor legitimidad a unos resultados que, además, generan reposición de votos, sin duda recursos importantes para la campaña de 2026.

En cuanto al momento, no ya, ni en octubre, sino el 8 de marzo de 2026 con la votación para Senado y Cámara, porque las consultas de octubre, sin el gancho de una elección general, no convocan a los votantes.

En la carta se arguye que la consulta en marzo nos coloca en desventaja frente a otras coaliciones; que los nuestros no serán invitados a foros de candidatos; que daremos la falsa percepción de no tener candidato; que nuestros precandidatos serán contados por separado en las encuestas, aunque sumados superan a los punteros; que las estrategias engañosas de la izquierda avanzan mientras el CD está paralizado.

No hay tales desventajas. En principio, como bien dijo una de las precandidatas, “Primero son las propuestas y luego el candidato”; un candidato comprometido y capaz de honrar las promesas de valor del partido; promesas que se vienen construyendo en sus foros temáticos. Aquí no hay una competencia por inventar propuestas; somos una “colectividad” que las está construyendo colectivamente, y si llegamos a marzo con un Plan de Gobierno que, en el entretanto, los precandidatos vayan impulsando, en ese momento tomaremos la delantera. El CD no está paralizado.

Segundo: Si sumados hoy superamos a los punteros en las encuestas, lo mismo sucederá en marzo de 2026. Lo importante es que los precandidatos honren su compromiso de unirse al vencedor. Es un asunto de disciplina de partido y de ética individual.

Tercero: Si los precandidatos no son invitados a foros, no quiere decir que se les cierren las puertas de los medios y que no desarrollen su propia actividad mediática, como lo vienen haciendo.

Cuarto: Exponer prematuramente a un candidato del Centro Democrático a la acción devastadora de las bodegas de la izquierda, ese sí es un gran riesgo. No olvidemos que siempre seremos los más atacados, porque unidos somos el enemigo por vencer.

Quinto, y muy importante: Trabajar en los candidatos a Senado y Cámara. Ganaremos, pero una victoria sin gobernabilidad es media victoria. El Centro Democrático debe volver por sus fueros con una adecuada representación regional, como lo hizo en 2018, con 52 parlamentarios, menos no; y una vez más, con el expresidente Uribe como cabeza de lista cerrada al Senado.

“Piano piano si va lontano” dicen los italianos… “No por mucho madrugar amanece más temprano”, decimos nosotros… ¿Cuál es la prisa?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 2 de mayo de 2025).- La Constitución de 1991, pilar de la democracia colombiana, se sustenta en dos ejes: la democracia participativa (artículo 1) y la separación de poderes (artículo 113). Este último establece las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, junto a órganos autónomos, que colaboran armónicamente, pero deben mantener su independencia. Sin embargo, recientes decisiones de la Corte Constitucional y el proceso de selección de sus magistrados evidencian un preocupante fenómeno: el “gobierno de los jueces”, que amenaza el equilibrio constitucional.

Colombia consagra un presidencialismo extremo, donde el jefe de Estado ejerce poderes que lo asemejan a un monarca. Entre sus facultades está proponer candidatos a cargos clave, como el Fiscal General, el Procurador General y tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, junto a ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En teoría, este diseño evita que una sola instancia controle ideológicamente la Corte, cuyos magistrados son elegidos por el Senado para períodos no renovables de ocho años. No obstante, la práctica revela fallos graves.

Un ejemplo es la elección de magistrados como Vladimir Fernández, cuya moralidad jurídica está en entredicho por presuntas presiones económicas ligadas al escándalo de la UNGRD, y Miguel Efraín Polo Rosero, ternado por el Consejo de Estado. Este último, inexplicablemente alineado con el Ejecutivo, compromete la independencia que la Constitución busca garantizar. Estas designaciones sugieren una captura política de la Corte, debilitando su rol como guardiana del orden constitucional.

El 29 de abril de 2025, la Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el Decreto 062, que instauró el estado de conmoción interior en el Catatumbo. Mediante la “modulación de fallos”, mantuvo vigentes decretos que imponen cargas impositivas (impuesto de timbre, hidrocarburos y juegos de azar) más allá de los 90 días prorrogables establecidos por la Constitución, o los 90 adicionales con aval del Senado. Esta decisión contraviene el principio de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” y el artículo 38, literal L, de la Ley 137 de 1994, que limita la permanencia de tributos creados en conmoción interior a su vigencia, con una excepción de 90 días. En cambio, en estados de emergencia económica, los tributos pueden modificarse transitoriamente y, con aprobación del Congreso, adquirir carácter permanente.

Al avalar decretos derivados de uno inconstitucional, la Corte interfiere en la separación de poderes y desatiende la colaboración armónica que debería primar. Este patrón se repite en sentencias como la C-441/23 y C-161/24, que, bajo la modulación de fallos, permitieron la vigencia de medidas del Ejecutivo y el Legislativo en el estado de emergencia de La Guajira y la creación del Ministerio de la Igualdad. En ambos casos, la Corte ignoró vicios insubsanables que exigían declarar la inexequibilidad absoluta.

Estas actuaciones evidencian un preocupante activismo judicial. La Corte, en lugar de ser un contrapeso, parece avalar decisiones inconstitucionales del Ejecutivo, erosionando la democracia y el Estado de Derecho. Es imperativo que el Senado y la ciudadanía exijan transparencia en la elección de magistrados y que la Corte retome su rol de guardiana de la Constitución, antes de que el “gobierno de los jueces” consolide un quiebre irreversible del orden constitucional.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Germán Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(FNC – Miércoles 30 de abril de 2025).- En ese periodo Colombia exportó 3,59 millones de sacos de 60 kg de café, registrando un crecimiento del +20,1% frente al mismo periodo de 2024.

Colombia envía de esta manera un mensaje de confiabilidad como origen de café arábica de calidad, con el mejor comportamiento en Q1 de los últimos 5 años.

El café soluble y liofilizado creció un +30,2%, impulsando la categoría de industrializados.

El valor estimado de las exportaciones alcanzó USD 1.315 millones, un aumento del +64,5% frente a Q1 2024, explicado en parte por mejores precios y un mayor volumen.

La Federación Nacional de Cafeteros como administradora del FoNC, lideró el ranking con 706 mil sacos exportados. El total exportado por los principales diez exportadores sumó 2,77 millones de sacos, creciendo un +23,5% respecto a Q1 2024.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino con 1,44 millones de sacos, un crecimiento del 30,7%. Alemania (+76,3%), Canadá (+19,6%) y Bélgica (+15,4%) también mostraron incrementos significativos.

Buenaventura concentró el 61% del volumen exportado, con un aumento del +20,2%; Cartagena y Santa Marta también crecieron, aportando el 32% y 7%, respectivamente.

El desempeño del primer trimestre de 2025 evidencia una reactivación sólida de las exportaciones cafeteras colombianas. Este resultado refuerza la competitividad internacional del café colombiano, incluso en un contexto de desafíos logísticos y geopolíticos.

* Germán Bahamón Jaramillo, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). @GermanBahamon

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Ana María Gómez Montes * / Autora Invitada

Agricultura & Ganadería

(Asoleche – Martes 29 de abril de 2025).- El sector lácteo tiene un rol protagónico en la economía agrícola y alimentaria a nivel global. En Colombia, la producción anual de leche cruda alcanza un volumen cercano a los 7.000 millones de litros, constituyéndose en un generador de desarrollo para el país, cuyo aporte es decisivo para alcanzar las metas de crecimiento económico y seguridad alimentaria.

Sin embargo, el sector lácteo suele asociarse mayormente con la producción primaria y el campo, cuando en realidad es la articulación de la cadena completa la que permite que Colombia cuente hoy con un sector robusto y con buenas oportunidades de crecimiento. Ello es así gracias a que la industria procesadora y las redes de distribución y comercialización, se encargan de garantizar que este alimento esencial, que en estado natural es altamente inestable, se procese, bien sea como leche líquida o cualquiera de sus derivados.

Ya son lejanos los días en que la leche cruda se distribuía en cantinas, desde el hato ganadero a la puerta de los hogares. El crecimiento de la población, la expansión de los centros urbanos y las nuevas demandas del consumidor por productos innovadores en sabor y funcionalidad, han determinado la necesidad de evolucionar y adaptar la producción láctea para satisfacer estos requerimientos. Y ha sido la industria transformadora la que ha jugado un rol crucial, no solamente al diversificar la oferta en innovación, calidad y disponibilidad de los productos lácteos, sino aportando decisivamente a la sostenibilidad de toda la cadena.

Desde mediados del siglo XIX, cuando se comenzaron a desarrollar técnicas de pasteurización y homogenización de la leche, hasta hoy, a través de modernas tecnologías de transformación bajo estándares industriales, el eslabón procesador ha garantizado un portafolio lácteo amplio y seguro para el consumo humano, mediante la eliminación de los microorganismos que causan enfermedades como la tuberculosis y la fiebre tifoidea, entre otras.

Pero las bondades de la pasteurización y la ultra pasteurización van más allá del simple hecho de la higienización del producto, pues permiten que la leche y sus derivados estén disponibles en cadenas de suministro más largas, que en combinación con innovaciones en empaques que preservan la frescura, sabor y perfil nutricional, les garantizan una mayor vida útil.

Adicionalmente, las redes de distribución y comercialización estructuradas permiten que estos alimentos lleguen a todos los rincones del país en formatos y ofertas diferenciadas para los distintos perfiles de consumidores, permitiendo el acceso directo a la leche o a la diversidad de productos lácteos que ha desarrollado la industria como quesos, yogures, leche en polvo y bebidas lácteas funcionales.

Por otra parte, no es menor la importancia de las estrategias de publicidad y mercadeo que desarrolla la industria, pues se constituyen en el canal de comunicación ideal con el consumidor para la difusión de la variada oferta del producto lácteo y la educación sobre el importante rol de este grupo de alimentos en una sana nutrición.

En Colombia, contamos con un eslabón industrial diverso que incluye pequeñas, medianas y grandes empresas transformadoras de lácteos a nivel regional y nacional, cuyo encadenamiento productivo con el eslabón primario, genera el sustento de muchas familias campesinas y de trabajadores industriales, generando más de 790.000 empleos directos a lo largo de la cadena láctea, sin tener en cuenta los empleos indirectos que son generados en los eslabones de transporte y comercialización.

De acuerdo con información del Observatorio Colombiano de la Industria Láctea (OCILAC), el índice de generación de empleo en la elaboración de productos lácteos ha presentado un crecimiento sostenido desde 2022, por encima de la tendencia del índice de empleo del total de la industria nacional, lo que da cuenta del aporte de la cadena a la economía nacional.

En conjunto, estos factores no sólo benefician a la economía, sino que también mejoran la salud y el bienestar de la población. Es necesaria una visión amplia y transversal de la cadena láctea para romper algunos mitos y prejuicios que giran alrededor del procesamiento industrial de la leche.

Reconocer el valor agregado que las empresas transformadoras aportan desde la recolección de leche en las fincas hasta el procesamiento y distribución de productos lácteos al consumidor, potencia la generación de valor para todo el sector, pues cada eslabón de esta cadena se beneficia de la implementación de tecnologías avanzadas, y prácticas eficientes en el tratamiento de la leche y sus derivados.

La leche es un alimento vivo, mínimamente procesado, que se beneficia de la transformación industrial para prolongar su vida útil, facilitar su consumo, y asegurar que llegue fresca y con todos sus nutrientes a la mesa de los colombianos.

* Ana María Gómez Montes, Presidente Ejecutiva de Asoleche.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 26 de abril de 2025).- Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, miembro de la cúpula de las Farc y condenado en Estados Unidos a 60 años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos de ese país, recibió amnistía de la JEP por 20 delitos que le sumarían 40 años de cárcel en Colombia.

Se trata de una amnistía simbólica para cerrar el círculo de impunidad con que el Acuerdo Farc – Santos benefició a los cabecillas de las Farc, pues 40 años le faltan por purgar a Palmera en Estados Unidos, sin que haya prosperado la solicitud de indulto de Santos ante el primer gobierno Trump por exigencia de las Farc, ni la de Petro ante el gobierno Biden.

Palmera está vinculado a otros procesos, entre ellos el secuestro y asesinato de Consuelo Araújo y la masacre de Bojayá, los cuales, según la JEP, “pasan a una instancia de evaluación muy rigurosa”, para determinar si lo amnistían o lo vinculan a un macrocaso como responsable.

¡Qué más da!, si el resultado final sería impunidad disfrazada de “justicia restaurativa”, que sí disfrutarán sus camaradas hoy sentados en el Congreso. Ayer la JEP firmó un convenio con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, dotado con 50 mil millones inicialmente, para que los mayores asesinos, secuestradores, reclutadores y violadores de niños, cumplan en libertad y cómodamente sus condenas en proyectos de memoria, reparación simbólica y otras veleidades. Lástima la plática, que tanto se necesita para proyectos productivos en el campo.

Esa es la JEP; siete años transcurridos y todavía necesita una “evaluación rigurosa” para establecer si semejantes barbaridades son amnistiables y si tiene responsabilidad uno de los cabecillas en ese entonces. El juicio de Palmera en Estados Unidos duró ¡cuatro semanas!

“El país nunca volverá a ser el mismo”, afirmaba en 2018 el comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, cuando la cúpula de las Farc compareció ante la JEP en la apertura del Caso 01 sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes de las Farc.

Tenía razón, porque el país, siete años después, no es el mismo; es peor que el de 2018, en parte por el mensaje de impunidad a través de la gestión equívoca, negligente y sesgada de la justicia transicional creada en el Acuerdo con las Farc a su gusto y medida.

Esa es la JEP, que ni siquiera guarda las apariencias frente a sus evidentes sesgos. Además de las 9.700 amnistías otorgadas por Santos entre 2017 y 2018, la JEP ha tramitado 4.238 más a febrero de 2025, pero no ha dictado una sola sentencia condenatoria.

Un estudio de la ONG “Hijos de los Héroes” demostró como el esfuerzo comunicacional de la JEP se concentra en la Fuerza Pública y muy poco en las Farc; en el macrocaso 03 de falsos positivos y muy poco en el 01, de secuestro y otros crímenes de las Farc; y como se gasta el dinero en igual proporción, $851,9 millones en difundir el macrocaso 03 y apenas $170,1 para el 01.

Esa es la JEP, que entre 2018 y 2024 le costó al país 2,4 billones de pesos y con el presupuesto aprobado para 2025 sobrepasa los 3,2 billones…, y todavía le quedan ¡13 años de vida!

Esa es la JEP, que se conformó con la reparación simbólica y carga con el peso del silencio frente a las denuncias de la Corporación Rosa Blanca y el drama de más de 18.000 niños reclutados y violados por las Farc. 

Esa es la JEP, que amnistía a Simón Trinidad solo para hacerle saber al país que su justicia es más de lo mismo: impunidad.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 19 de abril de 2025).- …entre más chapalea, más se hunde”. Un dicho muy ganadero para ilustrar el lío fiscal en que se metió el Gobierno; lío que todos ven y advierten, pero que el gobierno desestima por una interpretación ideologizada de la realidad. Cuando se cree que todo es culpa de la “codicia capitalista”, las soluciones son peores que la enfermedad.

Desde 2023, la Contraloría General de la República ha advertido sobre la desfasada estimación de ingresos y gastos en el presupuesto, sobre la viabilidad de las metas de recaudo y su comportamiento efectivo.

Este mes, en la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que “la situación económica y fiscal es compleja”. La ejecución presupuestal en 2024 fue la menor en diez años, con lo cual crecen las reservas presupuestales, que son compromisos contraídos en una vigencia y pagados en otra, afectando la caja de la última. Entre 2022 y 2024 pasaron de 31,7 a 67,1 billones. El recaudo tributario fue el más bajo en seis años y, finalmente, la deuda del Gobierno Central llegó al 57% del PIB.

Esta semana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, fue también ácido en sus advertencias de incumplimiento de esta línea roja por una combinación de factores: Crecimiento del déficit fiscal primario -sin intereses-; caída de ingresos tributarios; aumento del gasto del Gobierno Central; caída histórica de los depósitos en el Banco de la República; costos de financiamiento crecientes y, como resultado, el aumento acelerado del riesgo país.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno? Tratar de meterle la mano al bolsillo a las personas y a los sectores económicos. Sin contar con los intentos de emergencia económica hasta por los brotes localizados de fiebre amarilla, la estrategia inició en 2022 con la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, y el reajuste de la retención en la fuente en 2023, que los expertos señalan como unas de las causas del hueco fiscal de 2024, que el Gobierno intentó tapar con una segunda reforma tributaria disfrazada de “Ley de Financiamiento”, hundida en el Congreso, con lo cual el presupuesto de 2025 quedó desfinanciado en los famosos 12 billones, que algunos analistas estiman hasta en 28 billones.

Llegamos a 2025 y el Gobierno, en un acto de desesperación y -dicen- de necesidad de velado financiamiento electoral con miras a 2026, lanza un aventado proyecto de decreto que aumenta tarifas de autorretención y bases de retención para ¡400 actividades económicas!

¿Qué les pasa a los sectores afectados? Es como si el banco les exigiera, de un día para otro, aumentar el valor de la cuota mensual de su préstamo…, porque sí, y en algunos casos en más del 100%, para lo cual dejarán de invertir, de contratar y hasta deberán endeudarse para anticipar un impuesto que no estaba en sus cuentas.   

¿Qué le pasa al Gobierno? Soluciona su crisis temporal de liquidez, pero en 2026 abre un hueco mayor, porque no recibe la plática que le adelantaron y deberá reintegrar un volumen mayor de saldos a favor, con lo cual se le va a descuadrar el presupuesto, que es “de caja”, es decir, de ingresos efectivos.

¿Qué vendrá después? ¿Otra reforma tributaria disfrazada, una emergencia económica por cualquier cosa o acaso una consulta popular ampliada? La solución ya la plantearon la Contraloría, el CARF, el Consejo Gremial Nacional, la Academia, expertos y exministros: ¡RECORTAR EL GASTO!

Pero un gobierno que ve la realidad distorsionada tampoco escucha los consejos de la “codicia capitalista”. El riesgo no es que se hunda la vaca en el pantano, sino que arrastre al país. 

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 11 de abril de 2025).- Dijo un medio que le dijeron que hubo “momentos de alta tensión” en la reunión con el empresariado convocada por la canciller Laura Sarabia para discutir una hoja de ruta de cara a los retos derivados de la actual guerra arancelaria mundial, reunión a la que asistieron también las ministras de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, y de Comercio encargada, Cielo Rusinque.

Dijo otro medio que le dijeron que la reunión solo buscaba tener un titular de apoyo de los gremios a una estrategia de reacción contra la crisis arancelaria, pero en la CELAC, que es una especie de OEA de la izquierda continental, cuya presidencia pro tempore acaba de asumir el presidente Petro durante el periodo 2025 – 2026. Dice el medio que le dijeron que los gremios fueron utilizados y que no hay interés del Gobierno en mejorar las relaciones con Estados Unidos.

Esa sesión de dimes y diretes a dos importantes medios se produjo terminada la reunión y tras las declaraciones del presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, y de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quienes, curiosamente, dijeron todo lo contrario.

En efecto, los dos dirigentes gremiales coincidieron en que la reunión fue productiva, como un primer paso para diseñar una hoja de ruta en busca de soluciones de corto plazo y una estrategia de seguimiento. Se habló de productos que podrían afectarse, como el aguacate Hass, pero también de los no afectados y hasta de oportunidades. Se habló de abrir nuevos mercados sin abandonar una posible negociación con Estados Unidos. Ninguno de los dos mencionó roces, ni respuestas airadas ni momentos de alta tensión.

¿Qué pasó? ¿Acaso los responsables de la filtración estuvieron en una reunión diferente a la que yo mismo asistí? Es sumamente grave la filtración de una mentira con evidente mala intención, que dejó a Camilo Sánchez y a María Claudia Lacouture como los mentirosos o los manipulados por el Gobierno.

Ahora mi percepción: adhiero totalmente a las declaraciones de Camilo y María Claudia. Percibí en la canciller una actitud positiva en busca de soluciones; no me sentí utilizado, aunque sí se manifestaron preocupaciones por eventuales declaraciones del presidente en la reunión de la CELAC en Tegucigalpa, con una presencia muy activa de China. Hubo diferencias, por supuesto, argumentos, contraargumentos y propuestas, pero en un entorno de cordialidad y respeto.

¿Qué nos deja este desapacible episodio? Primero: Quien lo generó quería hacer daño a la credibilidad, no solo de las personas, sino de las entidades que representan.

Segundo: La crisis de los aranceles es global y en ese contexto no nos fue mal, pero es importante evitar confrontaciones y, más bien, acudir a la instancia de la negociación con Estados Unidos, a la que muchos países están apelando.

Tercero: Hay, sin embargo, otros factores “irritantes”, de los cuales también se habló en la reunión, principalmente la migración, el terrorismo y el narcotráfico, que pesarán a la hora de una negociación país por país.

Cuarto: La crisis arancelaria ha desviado la atención sobre un riesgo mayor: La descertificación en la lucha antidrogas, con graves consecuencias en el flujo de ingresos para erradicación, lucha contra el narcoterrorismo y todo tipo de cooperación, a lo cual no ayuda el crecimiento desbordado de los cultivos, ni las contradicciones en el Gobierno entre glifosato otra vez y glifosato nunca.

Mi recomendación: Atender lo urgente: la crisis arancelaria, sin desatender lo importante: la certificación antidrogas, y recomponer el diálogo con el Gobierno, aprovechando la actitud asertiva de la canciller.

Y a quienes quisieron hacer daño: No es hora de mezquindades, sino de altura.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 4 de abril de 2025).- Como si fueran poco para el país la violencia desatada por el ELN en el Catatumbo y la de todos los grupos armados ilegales que siguen dorándole la píldora al Gobierno con su falso compromiso con la paz, mientras persisten en la guerra entre ellos y contra el país, un nuevo factor de violencia coge cada día más fuerza, con el apoyo del Gobierno, no reconocido, pero evidente: las guardias campesinas e indígenas.

El país está agobiado por la violencia. El secuestro regresó para quedarse. El viernes pasado visité al ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en Río de Oro, Cesar, en noviembre de 2024 y canjeado miserablemente en marzo por su hermana Clara, “retenida” por la fuerza. Antier nomás, cinco ganaderos también fueron “retenidos” en Casanare, investigados y procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por tener presuntos tratos con las disidencias de las FARC.

La extorsión, ese impuesto oculto que aterroriza y enmudece a sus víctimas, hoy afecta por parejo a productores rurales y emprendedores urbanos, en tanto que el abigeato es pan de cada día y, de un tiempo para acá, la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, hoy unidos en las Brigadas Solidarias y los Frentes Solidarios de Seguridad creados por FEDEGÁN, cuyo apoyo presencial a los afectados y su colaboración con las autoridades ha evitado invasiones o logrado el desalojo pacífico.

Tres factores se repiten en las últimas invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de algunas ONG que reúnen a comunidades rurales bajo la bandera de la “recuperación de la tierra”, como el llamado “Coordinador Nacional Agrario”, CNA, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi a finales de marzo, cuando los invasores  desarrollaban, según el CNA, “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.

Segundo: la presencia de agitadores profesionales enviados para difundir consignas comunistas (lucha de clases, anticapitalismo, la tierra para el que la trabaja, etc.), con el fin de exacerbar el odio contra los propietarios legítimos y, por esa vía, inducir las invasiones.

Tercero:  las Guardias Campesinas que, al igual que las indígenas, tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.

En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era con suficiencia en el artículo 64 original, como también los indígenas, a quienes la Carta del 91 los llenó de garantías para el uso y el abuso.

Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.

Tienen, además, justicia especial y el último regalo les llegó con el gobierno Duque, que abrió la llave de la contratación directa con sus organizaciones, por donde se han escurrido más de ¡537 mil millones de pesos! durante el gobierno Petro, para comprar apoyo callejero a sus reformas cuando y donde se necesite, y para generar ese ambiente de inestabilidad y “estallido” permanente, con el que ya ganó y espera ganar en 2026 para seguir gobernado en cuerpo ajeno.

Indígenas y campesinos… ¿acaso un nuevo poder para sostener la revolución petrista?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 4 de abril de 2025).- El departamento del Cesar se convirtió en el laboratorio donde las fuerzas al margen de la ley impulsaron la implementación de las propuestas de campaña del presidente Petro, quien plantea la tierra como un medio de producción para sacar de la precariedad a las clases rurales menos favorecidas, aquellas que no poseen tierra productiva o la tienen en cantidades insuficientes. Un ejemplo claro ocurrió el 21 de julio de 2022 en Curumaní, cuando fue ocupada ilegalmente la finca La Oka S.A.S. Los ganaderos del Cesar respondieron al llamado de Fedegán para rodear y apoyar a las autoridades y a la fuerza pública en la aplicación de la normatividad vigente. Este esfuerzo conjunto logró el desalojo de los ocupantes ilegales y marcó el nacimiento de las “Brigadas Solidarias Ganaderas”. A través de esta iniciativa, ganaderos de diversas regiones de Colombia acuden en apoyo de sus colegas ante la invasión de sus predios. Hasta la fecha, esta cooperación ha demostrado ser una respuesta contundente y efectiva frente al ataque constante contra la propiedad privada rural.

Durante el 39º Congreso Ganadero, en noviembre de 2022, el doctor José Félix Lafaurie, a solicitud del presidente Petro, fue designado como miembro negociador del gobierno en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo de facilitación entre Fedegán y el Ejecutivo, mediante el cual los ganaderos agremiados se comprometieron a vender tierras al Estado para que este las redistribuyera entre la población rural más necesitada. Como resultado de esta intervención, se han presentado hasta la fecha 1.434 fincas con una extensión total de 605.067 hectáreas. De estas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adquirido 62 predios, equivalentes a 19.887,8 hectáreas, y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 predios adicionales. En total, son 110 predios con un área de 42.944,54 hectáreas, todos ofertados por los ganaderos mencionados.

A pesar de estas cifras, resulta incomprensible que el 14 de marzo de 2025 el presidente Petro haya arremetido nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes que se niegan a vender sus tierras al Estado para implementar la Reforma Agraria. Esta reforma, según se plantea, se limita a la entrega de tierras sin la integralidad necesaria para que sean productivas y generen ingresos sostenibles a sus nuevos tenedores, más allá de una economía de mera subsistencia. Los discursos de Petro han encontrado un eco profundo y extendido en la población campesina, que ha retomado las vías de hecho, como la invasión, la ocupación ilegal y el avasallamiento de predios, ya sea por iniciativa propia, engaños o presiones de grupos al margen de la ley.

Hemos sido testigos de ocupaciones ilegales en el Cesar, como las de los predios La Sonora en Pailitas, “Las Carmelas” en la vereda Begonia, y el Centro de Investigación La Motilonia de Agrosavia, ambos en Codazzi, en las faldas del Perijá. Muchos de los ocupantes afirman haber sido víctimas de engaños y falsas promesas, creyendo que esas tierras ya pertenecían a la ANT.

Invito a reflexionar sobre las consecuencias que traería la aprobación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria, actualmente en trámite en el Congreso, tal como lo plantea el gobierno de Petro. Este proyecto coloca al campesino como sujeto de especial protección por parte del Estado, generando una asimetría procesal a su favor y estableciendo jueces agrarios que, en muchos casos, podrían estar ideológicamente sesgados. De concretarse, la protección constitucional del derecho a la propiedad privada (Art. 58 de la Constitución) desaparecería para los inmuebles rurales dedicados a la actividad agropecuaria.

Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales, ajustados de manera desproporcionada, parecen diseñados para forzar la entrega de predios en dación en pago, lo que constituye una forma de expropiación indirecta. Es imperativo recordarle a la ANT y al Ejecutivo que estos avalúos, establecidos por el IGAC, representan el precio mínimo de negociación para que el Estado adquiera la propiedad de predios rurales. Si no han logrado cumplir con las compras bajo los avalúos anteriores, mucho menos lo harán con los nuevos, que en muchos casos se han incrementado hasta diez veces su valor previo. Seamos sensatos: no se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 28 de marzo de 2025).- “Denunciamos enfáticamente la campaña comunicativa que busca estigmatizar y denigrar a nuestra senadora Sandra Ramírez, a partir de señalamientos y acusaciones sin fundamento por parte de Caracol Radio”. Así reza el comunicado del Partido Comunes, frente a la entrevista que Saray Giraldo le hizo a Daisy, quien hoy tiene 38 años, pero cuando era una niña fue reclutada por las Farc y abusada durante tres años.

¿Señalamientos y acusaciones sin fundamento? Así califican los honorables senadores sin votos el testimonio desgarrador de una mujer que, siendo niña y sin recuperarse del dolor por la separación de su familia, en su primera noche en las Farc, ¡a los 11 añitos!, le fue implantado por la fuerza un dispositivo intrauterino, la “T de cobre”; y sin recuperarse del dolor físico de semejante intervención, días después empezó a ser violada por los comandantes.

“Venimos por la muchacha…, o la entrega o le pegamos un tiro” fue la amenaza de Jair, comandante del frente 28.  Es el último recuerdo de niñez de Daisy, y el comienzo de una vida que, en sus palabras, las Farc le destruyeron; una vida de privaciones, de frustrante indignación por la falta de reconocimiento como víctima y de una justicia que castigue a sus victimarios; una vida sin verdad ni reparación alguna. Sus abusadores están en el Congreso…, ella es empleada doméstica, bregando por sacar adelante a cinco hijos, sufriendo la peor revictimización, la del olvido…, la del abandono de una sociedad indolente.

“La conocí en San Vicente del Caguán (…) hacía todo lo que el marido le dijera y nos humillaba, nos amenazaba, nos mandaba amarrar y hacía consejo de guerra a la niña que no quisiera”. ¿A quién se refiere Daisy? A Griselda Lobo, la honorable Sandra Ramírez, por quien el Partido Comunes se rasga las vestiduras y sale en indignada defensa.

“Hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años, para los comandantes del secretariado… Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante a que decidiera con quién iba a estar esa noche. Es decir, ella le llevaba las niñas, los domingos y los miércoles…, porque esos días eran los de tener sexo”. ¡Qué organización la de las Farc!

Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por interesada perversidad política, muchos todavía defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia a cambio de una porción de mermelada, el plato de lentejas del siglo XXI en Colombia.  

Indolente sociedad la que no hace de este testimonio, de los cientos de la Corporación Rosa Blanca y de los miles de historias como la de Daisy, 18.677 según la propia JEP, un motivo de rechazo multitudinario, sino que los deja pasar como una noticia más, en la era de los derechos de los niños, convertidos con indolencia en bandera política y nada más.

Indolente sociedad la que sigue tragándose el cuento de Santos y las Farc, jurando que las víctimas eran el centro de las negociaciones y del Acuerdo. Pregúntenle a Daisy. Indolente sociedad que no castiga tan aberrantes delitos, sino que los premia con altas dignidades.  Pregúntenle a la JEP, promotora de la impunidad y cómplice de la indolencia.

Como desgarrador es el testimonio de Daisy, cínica es la reacción de estos criminales en defensa de la “honorable Griselda”. “Ella debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso”. No lo digo yo…, lo dice Daisy.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie