* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Dora Inés Rey Martínez * / Autora Invitada      

Agricultura & Ganadería

(DIRM – Domingo 1 de junio de 2025).- De acuerdo con el más reciente informe del DANE sobre la inseguridad alimentaria en el país, en los centros poblados y zonas rurales dispersas, la inseguridad creció significativamente del 31,2% al 34,2% en 2024, en tanto que, en este mismo periodo, cayó de 24,7% a 23,0% en las cabeceras municipales, con una brecha de 11 puntos porcentuales entre lo rural y urbano. Estas cifras ponen en evidencia los retos estructurales que enfrentamos en política pública para atender las necesidades básicas de alimentación de todos los colombianos. 

Teniendo en cuenta este contexto y el reconocimiento constitucional del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, en el marco de la misión institucional de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) de formular lineamientos, criterios e instrumentos para el ordenamiento rural agropecuario, hemos venido trabajando particularmente en dos instrumentos que buscan la protección del suelo rural para la producción de alimentos: 1) la carta del paisaje agropecuario, y 2) las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA).

Las cartas del paisaje agropecuario creadas por la UPRA, son figuras de ordenamiento, planificación y gestión territorial, que tienen como objeto reconocer tradiciones, culturas, arraigos y actividades sostenibles de producción agropecuaria como eje de las dinámicas territoriales propias de comunidades campesinas. A la fecha, se cuenta con dos paisajes agropecuarios declarados mediante acto administrativo de los municipios de Paz de Ariporo (Casanare) y Acacías (Meta). A partir de la declaratoria de la carta del paisaje agropecuario de Paz de Ariporo, hoy se avanza en la declaratoria del primer Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FAO Colombia.

Son más de 512.000 hectáreas donde la cultura ganadera tradicional y el entorno natural han convivido durante generaciones, construyendo un territorio único y excepcional en Colombia y el mundo. Desde la UPRA, junto a la comunidad, las autoridades locales y otras entidades del Estado, trabajamos para que este paisaje sea reconocido en el mundo por su valor productivo, ambiental y cultural.

Por su parte, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), fueron creadas mediante la Ley 2294 de 2023, en la que se le da la facultad al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de declararlas, en tanto que la UPRA tiene la función de establecer los criterios técnicos para su identificación. Estas áreas, se constituyen en determinante de superior jerarquía para el ordenamiento territorial y buscan la protección de los mejores suelos productivos por sus características agrológicas, así como aquellos en los que se localiza la actividad asociada a la agricultura campesina, familiar y comunitaria que, según análisis de la UPRA, produce el 70 % de los alimentos que todos consumimos en el país. 

Son más de 100 municipios en donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico de la UPRA, está identificando y declarando las APPA, en departamentos como La Guajira, Antioquia, Tolima, Santander, Córdoba, Meta, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar y Cundinamarca, entre otros.

La inseguridad alimentaria en Colombia es una realidad y debemos tomar medidas para contrarrestar esta situación y garantizar la disponibilidad y el acceso a alimentos balanceados, saludables e inocuos en el marco del derecho humano a la alimentación adecuada de todos los colombianos. 

* Dora Inés Rey Martínez, Directora general (e) de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). @dorairey

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Domingo 1 de junio de 2025).- En 2022, el Gobierno de Gustavo Petro y Fedegán firmaron un acuerdo para facilitar la venta voluntaria de tres millones de hectáreas de tierras ganaderas, destinadas a la reforma agraria y al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, lo que parecía un avance hacia la democratización de la tierra ha tomado un rumbo preocupante con la introducción de los “Núcleos Territoriales” y el reciente Decreto 033/2025, que plantea serias dudas sobre la protección del derecho a la propiedad privada.

Los Núcleos Territoriales, ahora denominados “áreas priorizadas”, son zonas focalizadas por el Estado para adquirir predios y concentrar adjudicatarios de tierras, principalmente campesinos. Este enfoque, lejos de promover una reforma agraria equitativa, parece esconder una estrategia que limita el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus bienes, consagrado en el artículo 58 de la Constitución. El Decreto 033/2025, en su artículo 2.14.6.4.15, obliga a los propietarios de predios rurales en estas áreas, con dos o más Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) su intención de vender, otorgándole al Estado un derecho preferencial de compra en un plazo de apenas 15 días hábiles. Esta medida amplía y endurece la obligación establecida en el artículo 39 de la Ley 160 de 1994, que solo aplicaba a tierras adjudicadas por el Estado, extendiéndola ahora a cualquier predio en zonas estratégicas.

El problema radica en la falta de claridad sobre los conceptos de “utilidad pública” o “interés general” que justifiquen esta intervención del Estado. La Ley 160/1994, en su capítulo VI, contempla la expropiación por motivos de interés público, pero no la adquisición preferencial en áreas priorizadas. Esta confusión genera una contradicción que atenta contra los principios constitucionales de la propiedad privada. Además, no debemos mezclar la función social y ecológica de la propiedad —que obliga a usar los bienes en beneficio de la sociedad y el medio ambiente— con una supuesta obligación de vender al Estado. Estas son limitaciones al uso, no causales para imponer ventas forzadas.

Lo más alarmante es el contexto de las áreas priorizadas: regiones como el Magdalena Medio, Sur del Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y el Catatumbo, zonas de alta sensibilidad socioeconómica y de seguridad nacional. Estas coinciden sospechosamente con propuestas como la creación del “Departamento del Magdalena Medio” o el “Sur Caribe”, áreas de influencia de grupos armados ilegales y proyectos binacionales de desarrollo entre los gobiernos de Petro y Maduro. Este último, en medio de la crisis humanitaria del Catatumbo, ha propuesto una “zona económica binacional” con Norte de Santander, Táchira y Zulia, sin detalles claros sobre su implementación. ¿Es esto una casualidad o un plan concertado?

La reforma agraria no debe ser un pretexto para restringir derechos fundamentales ni para consolidar colonias agropecuarias en zonas estratégicas bajo lógicas políticas. Los ciudadanos debemos estar alerta ante lo que podría ser una “expropiación exprés recargada”, un mecanismo que, lejos de democratizar la tierra, podría servir a intereses que comprometen la soberanía y el desarrollo económico del país. Es hora de exigir transparencia y proteger la propiedad privada como pilar de una Colombia libre y justa.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 30 de mayo de 2025).- No dudo que 2026, que ya se asoma, vendrá con buenos tiempos para Colombia, cuando cese la “horrible noche” progresista; pero a los que hoy me referiré es a los que vienen para la ganadería, pese a las carencias del campo y la inseguridad que tampoco cesa.

Como ya lo hicimos en China, avicultores, porcicultores y ganaderos hicimos frente común en Arabia Saudita como oferentes de proteína animal al mercado mundial, y al regresar de otro viaje a la caza de mercados, la pregunta es la misma. ¿Por qué otros sí…, y nosotros no?

En 2004 la producción mundial de carne era de 63,1 millones de toneladas, y en 2024 de 77,2 millones, con un incremento del 22,3%; mientras que la población mundial pasó de 6.493 millones a 8.090 millones de personas, con un aumento apenas superior del 24,5%.

Se podría decir que nada cambió, pero si revisamos el comercio internacional de carne encontramos que se duplicó, ¡creció un 100%! entre 2004 y 2024, al pasar de 6,1 a 12,1 millones de toneladas, lo que en gran parte se explica por el aumento del consumo en Oriente y, principalmente, en China, país que, a partir de su pragmática mezcla de comunismo político y capitalismo económico, en 2021 logró acabar con la pobreza extrema y había sacado de la pobreza monetaria a 800 millones de personas; a lo que se suman los países de Oriente Medio, que no consumen cerdo por convicciones religiosas y, por ello, presentan una demanda creciente de carne bovina.

Compararse es el fundamento del benchmarking, para encontrar fortalezas y debilidades frente a las oportunidades y amenazas. Estados Unidos, con un hato de 87,2 millones de cabezas, produjo 11,9 millones de toneladas de carne en 2024, y aunque es también gran importador, exportó 1,29 millones de toneladas. China, con 95 millones de cabezas, produjo solo 7,7 millones de toneladas, no es autosuficiente y debe importar más de 3 millones de toneladas al año. ¡Ahí están las oportunidades!

Australia, con un hato similar al nuestro, de 29,2 millones de cabezas, produjo 2 millones de toneladas de carne en 2024 y es una estrella exportadora, mientras nosotros apenas ajustamos 750 mil. Ahí es donde debemos buscar las respuestas al por qué otros sí y nosotros no. ¡Ahí están los retos!

Sin embargo, como lo he reiterado en múltiples ocasiones, son retos que los ganaderos no podemos asumir sin el Estado; y eso limitándonos a lo técnico, es decir, sin tener en cuenta las enormes carencias de seguridad e infraestructura rural.

Necesitamos una estrategia diplomática para validar ante Estados Unidos y la Unión Europea el enorme esfuerzo de nuestros ganaderos para erradicar la fiebre aftosa y lograr acceso a esos mercados. Necesitamos trazabilidad, con realismo y progresividad, pero efectiva, para lo cual es importante el fortalecimiento del ICA, como quedó claro en un reciente debate de control político en la Comisión V del Senado.

Necesitamos apoyo del Estado a una realidad productiva en la cual Colombia, paradójicamente, es actor importante a nivel mundial: LA GANADERÍA SOSTENIBLE. Con Sistemas Silvopastoriles Intensivos doblaríamos el hato, de 30 a 60 millones de cabezas, en la misma tierra y sin impacto ambiental negativo, es decir, con una ganadería carbono neutral o, inclusive, positiva en captura de carbono.

Ahí están las oportunidades y los retos. ¿Cuáles son las metas? Otro factor de éxito es pensar en grande. ¿Por qué no alcanzar a Australia en 10 años? Producir 2 millones de toneladas y exportar un millón (¡5 mil millones de dólares!) a un mundo que, a pesar de modas y narrativas en contra, “no come cuento…, come carne”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 23 de mayo de 2025).- Cuando en los colegios enseñaban “educación cívica” y los abuelos en casa que “La pared y la muralla son el papel de la canalla”, los muros y monumentos de nuestras ciudades no eran pintarrajeados impunemente, como el pedestal de la estatua de Bolívar en Barranquilla, con la consigna de “Todo el poder pal pueblo” y el símbolo comunista de la hoz y el martillo, como telón de fondo de la violenta perorata del presidente Petro en el tal Cabildo Abierto, en el que, además, confesó que “Yo no estoy pidiendo el socialismo…, aunque quisiera”.

La verdad, no le creo mucho, y son cada día más los colombianos que tampoco le creen, si es que alguna vez lo hicieron. Parafraseando el conocido adagio del pato -Si camina como pato, nada como pato y grazna como pato… es un pato-; si Petro gobierna a Colombia como socialista, utiliza estrategias socialistas, como la lucha de clases, la tergiversación de la verdad y la ruptura de equilibrios en la democracia; si sus alocuciones son de un socialismo subido y, sobre todo, si confiesa que “quisiera” una Colombia socialista, pues el presidente no está pidiendo el socialismo, lo está imponiendo sin pedirlo… No lo duden.

Mi esposa, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, recorrió el país alertando a los colombianos sobre la amenaza que tenemos encima, aunque no queramos verla y sigamos de fiesta como la orquesta del Titanic. “La democracia en peligro”, es un ensayo de su autoría en el que nos muestra la ruta de lo que, efectivamente, está sucediendo desde que el comunismo abandonó la toma del poder por las armas en Latinoamérica y, por supuesto, en Colombia.

Financiación ilegal de campañas para acceder al poder, con petrodólares venezolanos o con narcodólares colombianos; alianzas con dictaduras y, sobre todo, con el narcodictador venezolano, “dialoguitis” con bandas criminales de todos los pelambres, deslegitimación de la Fuerza Pública y legitimación de guardias indígenas, campesinas y todo tipo de organizaciones financiadas con el presupuesto e instrumentalizadas para sus fines.

Es la ruta de la dominación socialista, la toma del poder desde adentro de la democracia como Caballo de Troya. El último capítulo del ensayo, “¿Hacia dónde vamos?: El Poder Popular Constituyente”, nos trae, precisamente, a la situación actual: inseguridad y violencia desbordadas, institucionalidad fracturada por el discurso de odio del presidente; desgobierno de un mandatario y un gabinete dedicados al activismo ideológico, una situación fiscal que nos asoma peligrosamente al default; corrupción y escándalos a la orden del día.

El último trago de este explosivo coctel sucede ahora mismo; el 1º de mayo en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 21 de mayo en el Paseo Bolívar en Barranquilla, y en todo el país desde marzo de 2024: Adobada con insultos y acusaciones, es la convocatoria del Poder Popular para reemplazar al Congreso que no le obedece al presidente; la amenaza de paro nacional. Lo dijo en Barraquilla con todas las letras: “Si toca ir a una huelga indefinida el presidente no atacará al pueblo jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo y, si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia…”

Una vez más el presidente negó la posibilidad de reelección, pero, como dicen los abogados, “Explicación no pedida, acusación manifiesta”. Por eso termino con una pregunta que se hace María Fernanda al final de su ensayo: ¿acaso el presidente quiere generar el caos de otro estallido social para erigirse luego en “salvador” del caos que él mismo propició? ¡Qué duda cabe?, nuestra democracia está en peligro.

¡Así NO presidente!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 23 de mayo de 2025).- Durante más de dos décadas, los gobiernos de Colombia, junto con Fedegan, han trabajado para abrir el mercado chino a la carne bovina colombiana. Este anhelo se materializó gracias a la Diplomacia Sanitaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, con el respaldo de Fedegan y el Fondo de Estabilización de Precios de la Carne y la Leche (FEP), liderados por José Félix Lafaurie y Augusto Beltrán Sagrera. La colaboración entre los ministerios de Agricultura, Comercio, Procolombia y Cancillería, se logró la aprobación del Protocolo de Admisibilidad Sanitaria, permitiendo la exportación de carne bovina a China. Es justo reconocer que la afinidad ideológica entre el gobierno chino y el de Gustavo Petro facilitó esta decisión, oficializada el 22 de septiembre de 2023.

Un aspecto destacable es que China confió en los controles sanitarios de Colombia, implementados por el INVIMA y el ICA, sin exigir inspecciones previas a las plantas de beneficio. Hoy, Minerva Foods lidera las exportaciones de carne bovina, con un 91% del total, desde sus plantas en Bucaramanga (Vijagual) y Ciénaga de Oro, Córdoba.

Con 1.400 millones de habitantes, China es el mayor consumidor de carne bovina del mundo. Las proyecciones indican que Colombia podría exportar hasta 250.000 toneladas anuales, alcanzando 140.000 toneladas en los primeros años. Al cierre del primer trimestre de 2025, las exportaciones de carne sumaron 11.177 toneladas por US$52,496 millones, y los despojos 1.883 toneladas por US$4,9 millones, totalizando 13.060 toneladas por US$57,396 millones. De estas, China adquirió 4.196 toneladas por US$19,071 millones, representando el 33,22% del total. Otros destinos destacados son Argelia (2.724 toneladas por US$14,757 millones) y Rusia (2.762 toneladas por US$11,477 millones).

Estos resultados reflejan el dinamismo del sector. En 2024, las exportaciones cárnicas cerraron en 24.769 toneladas por US$106,552 millones. Si mantenemos una proyección lineal, para 2025 podríamos alcanzar 44.708 toneladas por US$209,984 millones, duplicando los resultados del año anterior. En cuanto a animales vivos, se exportaron 88.825 reses por US$65,629 millones en el primer trimestre. Con una proyección lineal, podríamos cerrar 2025 con 355.300 reses por US$262,516 millones. En total, las exportaciones ganaderas (carne y animales vivos) podrían sumar US$472,5 millones, un logro que devuelve la esperanza al sector agropecuario, a pesar de la inseguridad jurídica y física que enfrentamos.

Para consolidar esta oportunidad, debemos enfocarnos en la trazabilidad, la mejora genética y las pasturas, orientándose hacia una ganadería de carne competitiva. Nuestra fortaleza está en la sostenibilidad: una ganadería de carne que cría a pasto, agua y sal, sin anabólicos ni modificadores. Esto nos posicionaría en el mediano plazo como un actor relevante en el mercado global, especialmente dada la desgravación de importaciones de leche en los próximos años.

Los mejores tiempos están por venir para la ganadería de carne colombiana. Con trabajo conjunto entre productores, gobierno y gremios, podemos consolidar un sector robusto, sostenible y protagonista en los mercados internacionales. La bandera de la sostenibilidad y la calidad de nuestra carne nos abre las puertas del mundo. ¡El futuro es prometedor!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 16 de mayo de 2025).- Hace dos siglos, el pueblo amotinado en la Plaza Mayor de un caserío grande llamado Santafé, se desgañitaba gritando ¡Cabildo Abierto!, azuzado por un autoproclamado tribuno del pueblo que lo amenazaba con grillos y cadenas si perdía ese “momento de efervescencia y calor”. La verdad, lo perdió, pues la independencia se quedó en “Grito”, la primera patria fue “boba” y la reconquista un río de sangre, hasta la gesta libertadora de 1819. 

Hoy el azuzador es el presidente de la República, el objetivo no es la independencia, sino desconocer a los legítimos representantes del pueblo y, con ello, a uno de los tres pilares de la democracia: el poder legislativo; y la amenaza en este caso no son las cadenas, sino la huelga general que el ministro del Interior confunde con “manifestación”; en fin, otro “estallido social”. Hoy no es el pueblo el que grita ¡Cabildo abierto! …, es el Gobierno.

Lo que pretende el presidente, según pude entender en medio de las acusaciones, insultos y amenazas de su “alocución” tras el hundimiento de la consulta popular, es, primero, convocar otra vez al pueblo a la protesta callejera que empieza pacífica y termina violenta, garantizando de antemano que la Fuerza Pública no pueda ni tocar a los vándalos por orden de su comandante. En el mejor de los casos, este país todavía considera “pacífico” el bloqueo de vías, vulnerando los derechos al trabajo, la educación y la movilización.

Con la presión en las calles, la segunda pretensión es lograr que todos los municipios se declaren en Cabildo Abierto -él prometió asistir al de Barranquilla- y se pronuncien sobre la consulta popular y sobre cualquier propuesta “que el mismo movimiento popular debe lanzar” y que él, simplemente…, obedecerá.

Esa respuesta popular será tranquila, alegre y sin violencia, algo que difícilmente puede garantizar, porque lleva tres años sembrando odio entre los colombianos, en un ambiente sostenido de hostilidad presidencial que también hace imposible el Acuerdo Nacional que tanto pregona y, a la vez, tanto destruye.

Ahora bien, se equivoca el presidente en varias cosas. Se equivoca al pensar que “el pueblo” son solo las mingas, cabildos, sindicatos y todas las “organizaciones sociales” que son auditorio de sus discursos de odio y el objeto de su generosidad presupuestal. Olvida que hay más, mucho más pueblo, y que él es el presidente de todos los colombianos, simpatizantes y contradictores.

Se equivoca al creer que un tumulto cualquier día y en cualquier esquina se puede declarar en Cabildo Abierto. Hasta el de 1810 tuvo un trámite de aprobación por parte del virrey Amar y Borbón. Por el contrario, el Cabildo Abierto, como uno de los mecanismos de participación ciudadana, y el único en corporaciones públicas, está reglamentado en la Ley 1757 de 2015.

Se le olvida al presidente que la norma, entre otras cosas, establece que el Cabido Abierto debe ser solicitado previamente a la corporación respectiva (Asamblea, Concejo, JAL) por el 5 x mil del censo electoral y que los intervinientes deben inscribirse previamente.

Y lo más importante, al presidente y a su ministro del Interior se les olvida que en los cabildos abiertos se consideran asuntos que los residentes soliciten, “siempre y cuando sean de competencia de la respectiva corporación”.

Es clarísimo que una Reforma Laboral que afecta a todos los colombianos no es competencia de una Asamblea, un Concejo o una JAL. Por lo tanto, la convocatoria presidencial a Cabildos Abiertos en todo el país “no tiene pies ni cabeza”.

Las leyes son para cumplirlas, pero… hay que leerlas primero, a menos que se pretenda encender la mecha de una confrontación violenta.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 16 mayo de 2025).- En días pasados, escuchamos al ministro de Gobierno, Armando Benedetti, afirmar con vehemencia: “La Consulta va porque va”. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, repitió el mensaje en cada espacio donde participó. El Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro no solo reiteró esta idea, sino que añadió una amenaza: si el Senado no aprueba la consulta popular, la convocará por decreto. En las últimas dos semanas, he abordado la composición de la Corte Constitucional y la posible injerencia del Ejecutivo al formar un bloque de magistrados que le asegure mayorías en esta institución, encargada de proteger la Constitución.

El 16 de mayo, la magistrada Cristiana Pardo S, termina su periodo. La terna para reemplazarla, presentada por el presidente Petro, está conformada por Karena Casallas, Didima Rico y Héctor Carvajal. Todo indica que el Senado elegiría a Carvajal, quien defiende a Petro ante el Consejo Nacional Electoral por presunta violación de topes electorales. Aunque Carvajal ha trabajado para Álvaro Uribe, esto no lo convierte automáticamente en candidato de su partido. La terna es de Petro, y el Senado debe elegir con base en la imparcialidad, formación académica y experiencia profesional de los candidatos, no en sus vínculos ideológicos con el Ejecutivo.

El Senado tiene dos opciones: aceptar la terna si cumple los requisitos de idoneidad o devolverla si considera que alguno de los candidatos no los satisface. Si se elige a Carvajal, el gobierno podría contar con tres votos seguros en la Corte Constitucional para validar sus actos jurídicos. Imaginemos un escenario donde Petro, apoyado en esta mayoría, convoque la consulta popular por decreto. La Corte, encargada del control de constitucionalidad, podría respaldarlo, interpretando de forma extensiva la “democracia participativa” de la Constitución de 1991 (artículos 1, 40 y 103). Esto, sumado a la costumbre de la Corte de “modular” fallos en decisiones clave, plantea un riesgo para el equilibrio institucional.

El tema de la consulta popular, rechazado ya por el Senado, sigue vivo. Petro insiste en presentarla nuevamente, ahora incluyendo preguntas sobre la reforma a la salud. Conociendo su forma de actuar, es probable que busque esta vía, confiado en las mayorías que podría lograr en una Corte Constitucional con una composición ideológica favorable. El Senado debe ejercer su facultad de devolver la terna tantas veces como sea necesario, priorizando magistrados que garanticen decisiones equilibradas y ajustadas al orden constitucional, no alineadas con la ideología del gobierno.

No podemos permitir que la “democracia participativa”, a la que Petro recurre constantemente, se convierta en un dique ideológico que desconozca la institucionalidad del Estado. La Corte Constitucional debe ser un garante de la Constitución, no un instrumento de mayorías al servicio del Ejecutivo. El Senado tiene en sus manos la responsabilidad de elegir con sensatez, asegurando que la justicia prevalezca sobre la política.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 10 de mayo de 2025).- Estamos a punto de perder la Patria, esa República que los colombianos hemos construido con esfuerzo y sacrificio durante más de 200 años de vida republicana. La amenaza no proviene de un enemigo externo, sino de un peligro interno que se gesta en las más altas esferas del poder: la posible captura ideológica de la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este 20 de mayo de 2025, el Senado de la República tiene en sus manos una decisión crucial: elegir, de una terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, a uno de los magistrados que integrará la Corte Constitucional. Sin embargo, los antecedentes recientes y la composición de la terna actual encienden todas las alarmas sobre el futuro de nuestra democracia.

La Corte Constitucional, como garante de la Constitución de 1991, está diseñada para ser un bastión de independencia y equilibrio. Según el artículo 113 de la Carta Magna, las ramas del poder público —legislativa, ejecutiva y judicial— deben colaborar armónicamente, pero mantener su autonomía. Para asegurar este equilibrio, la Corte Constitucional se compone de nueve magistrados: tres propuestos por la Corte Suprema de Justicia, tres por el Consejo de Estado y tres por el Presidente de la República, todos elegidos por el Senado para periodos no renovables de ocho años. Este diseño, en teoría, impide que una sola rama del poder público obtenga una mayoría que le permita controlar las decisiones de la Corte, ya que ninguna entidad nominadora puede superar tres votos en el pleno de nueve magistrados. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal.

Recientemente, hemos sido testigos de cómo la elección de magistrados ha estado marcada por criterios ideológicos y políticos, en detrimento de la idoneidad profesional y la independencia que debería primar. Un ejemplo claro es la selección del Dr. Miguel Efraín Polo Rosero, ternado por el Consejo de Estado y elegido por el Senado.

Este magistrado ha mostrado una clara afinidad ideológica con el gobierno de Petro, lo que compromete gravemente la imparcialidad de la Corte. A esto se suma la preocupación por la terna actual, presentada por la Corte Suprema de Justicia, en la que figura Héctor Carvajal, un abogado cercano al presidente Petro. De ser elegido, Carvajal se sumaría a Vladimir Fernández —quien también tiene vínculos con el Ejecutivo, habiendo sido su secretario jurídico—, consolidando una mayoría afín al gobierno dentro de la Corte. Esto significaría que, de los nueve magistrados, al menos cinco podrían estar alineados ideológicamente con el Ejecutivo, otorgándole un control indirecto sobre las decisiones de la Corte Constitucional.

El problema no radica únicamente en la afinidad ideológica de los candidatos, sino también en el proceso de selección de las ternas. La terna presentada por la Corte Suprema de Justicia no cumple con el espíritu de equilibrio que debería regir este mecanismo. El diseño constitucional de las ternas separadas busca garantizar que ningún proponente tenga control sobre las mayorías, pero la actual composición de la terna parece favorecer al Ejecutivo, lo que desvirtúa este principio. Es imperativo que el Senado actúe con responsabilidad y devuelva esta terna a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo una nueva lista que respete los principios de independencia e imparcialidad.

La situación que enfrentamos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante. En mi columna anterior, advertí sobre el fenómeno del “gobierno de los jueces”, un activismo judicial que ha llevado a la Corte Constitucional a avalar decisiones inconstitucionales del Ejecutivo, como la extensión de tributos más allá de los límites establecidos en estados de conmoción interior (sentencia del 29 de abril de 2025 sobre el Decreto 062 en el Catatumbo) o la creación del Ministerio de la Igualdad, ignorando vicios de fondo (sentencias C-441/23 y C-161/24). Estas decisiones evidencian que la Corte, en lugar de ser un contrapeso al poder, se está convirtiendo en un instrumento que legitima las acciones del Ejecutivo, erosionando el Estado de Derecho.

La elección del próximo magistrado no es un trámite más; es un momento definitorio para el futuro de Colombia. Si permitimos que el Ejecutivo consolide su influencia sobre la Corte Constitucional, estaremos entregando el control de nuestra democracia a una sola rama del poder, lo que abrirá la puerta a abusos de autoridad y a la pérdida de derechos fundamentales. La ciudadanía y el Senado deben actuar con urgencia: exigir transparencia en el proceso de selección, priorizar la idoneidad profesional sobre las afinidades políticas y garantizar que la Corte Constitucional recupere su rol como guardiana de la Constitución.

No podemos permitir que 200 años de vida republicana se desmoronen por la ambición de poder de unos pocos. La Patria está en juego, y este 20 de mayo el Senado tiene la oportunidad de demostrar que aún hay esperanza para nuestra democracia. Devolvamos la terna, exijamos un proceso transparente y salvemos la República antes de que sea demasiado tarde.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 9 de mayo de 2025).- El Centro Democrático, mi partido, delegó en sus cinco precandidatos la definición de la forma y el momento para elegir al candidato oficial para las presidenciales de 2026.

Sin embargo, una carta dirigida al partido por José Obdulio Gaviria y otros miembros que dicen representar a la militancia, convirtió un asunto institucional y ya dirimido internamente, en un tema público, buscando presionar “desde afuera” su propuesta de seleccionar candidato antes de agosto, o sea ya, mediante encuestas y social listening.

En este punto debo hacer dos salvedades: la primera, que tengo intereses creados, pues mi esposa, María Fernanda Cabal, es una de las precandidatas, y la segunda, que no quisiera pecar por lo mismo, pero frente al hecho de una carta abierta y al margen de la decisión de los precandidatos, a mi juicio, la mejor opción es exactamente la contraria.

En cuanto a la forma, consulta popular en lugar de encuestas, porque la consulta la hace y garantiza un tercero: el Estado; porque no se limita a los miembros del partido, pues los simpatizantes de un precandidato, un partido o una ideología son muchos más que los carnetizados, lo cual da mayor legitimidad a unos resultados que, además, generan reposición de votos, sin duda recursos importantes para la campaña de 2026.

En cuanto al momento, no ya, ni en octubre, sino el 8 de marzo de 2026 con la votación para Senado y Cámara, porque las consultas de octubre, sin el gancho de una elección general, no convocan a los votantes.

En la carta se arguye que la consulta en marzo nos coloca en desventaja frente a otras coaliciones; que los nuestros no serán invitados a foros de candidatos; que daremos la falsa percepción de no tener candidato; que nuestros precandidatos serán contados por separado en las encuestas, aunque sumados superan a los punteros; que las estrategias engañosas de la izquierda avanzan mientras el CD está paralizado.

No hay tales desventajas. En principio, como bien dijo una de las precandidatas, “Primero son las propuestas y luego el candidato”; un candidato comprometido y capaz de honrar las promesas de valor del partido; promesas que se vienen construyendo en sus foros temáticos. Aquí no hay una competencia por inventar propuestas; somos una “colectividad” que las está construyendo colectivamente, y si llegamos a marzo con un Plan de Gobierno que, en el entretanto, los precandidatos vayan impulsando, en ese momento tomaremos la delantera. El CD no está paralizado.

Segundo: Si sumados hoy superamos a los punteros en las encuestas, lo mismo sucederá en marzo de 2026. Lo importante es que los precandidatos honren su compromiso de unirse al vencedor. Es un asunto de disciplina de partido y de ética individual.

Tercero: Si los precandidatos no son invitados a foros, no quiere decir que se les cierren las puertas de los medios y que no desarrollen su propia actividad mediática, como lo vienen haciendo.

Cuarto: Exponer prematuramente a un candidato del Centro Democrático a la acción devastadora de las bodegas de la izquierda, ese sí es un gran riesgo. No olvidemos que siempre seremos los más atacados, porque unidos somos el enemigo por vencer.

Quinto, y muy importante: Trabajar en los candidatos a Senado y Cámara. Ganaremos, pero una victoria sin gobernabilidad es media victoria. El Centro Democrático debe volver por sus fueros con una adecuada representación regional, como lo hizo en 2018, con 52 parlamentarios, menos no; y una vez más, con el expresidente Uribe como cabeza de lista cerrada al Senado.

“Piano piano si va lontano” dicen los italianos… “No por mucho madrugar amanece más temprano”, decimos nosotros… ¿Cuál es la prisa?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 2 de mayo de 2025).- La Constitución de 1991, pilar de la democracia colombiana, se sustenta en dos ejes: la democracia participativa (artículo 1) y la separación de poderes (artículo 113). Este último establece las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, junto a órganos autónomos, que colaboran armónicamente, pero deben mantener su independencia. Sin embargo, recientes decisiones de la Corte Constitucional y el proceso de selección de sus magistrados evidencian un preocupante fenómeno: el “gobierno de los jueces”, que amenaza el equilibrio constitucional.

Colombia consagra un presidencialismo extremo, donde el jefe de Estado ejerce poderes que lo asemejan a un monarca. Entre sus facultades está proponer candidatos a cargos clave, como el Fiscal General, el Procurador General y tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, junto a ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En teoría, este diseño evita que una sola instancia controle ideológicamente la Corte, cuyos magistrados son elegidos por el Senado para períodos no renovables de ocho años. No obstante, la práctica revela fallos graves.

Un ejemplo es la elección de magistrados como Vladimir Fernández, cuya moralidad jurídica está en entredicho por presuntas presiones económicas ligadas al escándalo de la UNGRD, y Miguel Efraín Polo Rosero, ternado por el Consejo de Estado. Este último, inexplicablemente alineado con el Ejecutivo, compromete la independencia que la Constitución busca garantizar. Estas designaciones sugieren una captura política de la Corte, debilitando su rol como guardiana del orden constitucional.

El 29 de abril de 2025, la Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el Decreto 062, que instauró el estado de conmoción interior en el Catatumbo. Mediante la “modulación de fallos”, mantuvo vigentes decretos que imponen cargas impositivas (impuesto de timbre, hidrocarburos y juegos de azar) más allá de los 90 días prorrogables establecidos por la Constitución, o los 90 adicionales con aval del Senado. Esta decisión contraviene el principio de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” y el artículo 38, literal L, de la Ley 137 de 1994, que limita la permanencia de tributos creados en conmoción interior a su vigencia, con una excepción de 90 días. En cambio, en estados de emergencia económica, los tributos pueden modificarse transitoriamente y, con aprobación del Congreso, adquirir carácter permanente.

Al avalar decretos derivados de uno inconstitucional, la Corte interfiere en la separación de poderes y desatiende la colaboración armónica que debería primar. Este patrón se repite en sentencias como la C-441/23 y C-161/24, que, bajo la modulación de fallos, permitieron la vigencia de medidas del Ejecutivo y el Legislativo en el estado de emergencia de La Guajira y la creación del Ministerio de la Igualdad. En ambos casos, la Corte ignoró vicios insubsanables que exigían declarar la inexequibilidad absoluta.

Estas actuaciones evidencian un preocupante activismo judicial. La Corte, en lugar de ser un contrapeso, parece avalar decisiones inconstitucionales del Ejecutivo, erosionando la democracia y el Estado de Derecho. Es imperativo que el Senado y la ciudadanía exijan transparencia en la elección de magistrados y que la Corte retome su rol de guardiana de la Constitución, antes de que el “gobierno de los jueces” consolide un quiebre irreversible del orden constitucional.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu