* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Luis Sánchez Fernández * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(LSF – Viernes 29 de mayo de 2026).- La culpa es de… ¿la vaca? Urge debate ideológico cooperativo.

* Eficiencia empresarial y filosofía cooperativa son complemento.

* Falta integralidad para defender esencia del sector. Urge debate ideológico.

Hacer un debate ideológico cooperativo es urgente, pero también complejo. Pública y personalmente lo he sugerido y reiterado, como tratado con algunos representantes gremiales y cooperativos. Ellos, a su vez, también lo comentan en voz baja en los diferentes escenarios en los que se reúnen.

En ambos casos, es incontrovertible la sensibilidad que genera la propuesta. En esa gestión, he percibido un sutil tufillo a prudencia estratégica, a una complicidad silenciosa de neutralidad corporativa, pero con una alta expectativa frente a quién se atreve a dar el primer paso, como si ese hecho llevara taxativamente un señalamiento de censura y hasta un choque entre pares.

Es sabido por todos que, en el mundo empresarial, y no somos la excepción, hay celos corporativos y de jerarquía, (el Egocoop, que nos está matando, como lo dice Carlos Acero, presidente nacional de Confecoop) donde el estatus de representatividad es “clave”. Por ello he tratado insistentemente de motivar a los llamados a convocar.

Pero, como no se trata de entrar en una estéril polémica mediática, donde cada uno tiene los suficientes argumentos y objeciones para no avanzar, como lo evidencia la falsa dicotomía, absurda por demás, en que se han enfrascado los mal llamados “viejos” y “nuevos” actores de la “moderna administración”, simplemente quiero recordar y recalcar, que estamos cuestionando un axioma.

 La verdad de a puño, es que somos (por no decir que el único) un prestigioso sector que lleva intrínseca la filosofía, los principios y los valores cooperativos o solidarios; con Identidad, particularidades y estructuras propias. Son factores que lo determinan, no son caprichos, o simples opciones románticas de “constructores” de “empresas exitosas” en otrora, y por ello anacrónicas, hoy. Esa no es la discusión, es un sofisma.

Tampoco lo es entender y aceptar como obligatorio, el aplicar las modernas estrategias, técnicas, tecnologías, y todas las narrativas empresariales que la actualidad del mercado exige, para ser competitivos y sostenibles en función de la base social, obvio.

Además, la eficiencia administrativa empresarial y la filosofía cooperativa siempre han sido un complemento en el sector. De hecho, coexisten.

El meollo es la falta de integralidad para defender la esencia del sector que está siendo amenazada. Aquí, el pecado capital es la asimetría de poder. Los expertos conferencistas externos y los nuevos administradores invitados, son de otro sector, con otra “filosofía” o visión de empresa, con un sesgo de “formación”, convencidos de que el éxito radica en maximizar las ganancias de la empresa para los accionistas, y aquí no existe esa premisa.

Entonces, no basta con tener mucha experiencia en el sector tradicional, en inclusión financiera y ser un erudito banquero, para llegar a profetizar en un sector que no conocen y es opuesto, aunque se vean parecidos.

Sin embargo, sería injusto culpar de esa actitud solo al experto foráneo, quien con razón asume ese rol, de “maestro”, porque el mismo sector cree que es suficiente con que domine la temática, los procesos, y no se preocupa por darle una profunda y suficiente inducción, una verdadera contextualización del sector, que lo hace diferente al suyo. Aquí, la “enseñanza” es de doble vía”, ambos tienen que aprender y enseñar.

Por eso se ha vuelto común, incluso en algunos nutridos y versados (¿?)  cooperativistas, utilizar erróneamente el glosario del sector financiero tradicional en el sector cooperativo con actividad financiera. Por ejemplo: clientes, por asociados; utilidades o ganancias, por excedentes; distribución de utilidades, por distribución de excedentes; asamblea de accionistas, por asamblea de asociados; vamos a bancarizar a los asociados, por querer decir que la cooperativa lanzó una tarjeta de crédito …y tantos más. Y ahí, en esos aparentes e inofensivos términos, parecidos, pero no iguales, como estructuralmente opuestas, las empresas, ya se está desnaturalizando el sector.

Como se notará, hay mucha tela de donde cortar para volver a la esencia, al factor diferenciador, que es la gran fortaleza competitiva del sector. De lo contrario, se podría llegar a ser una mala copia de una empresa financiera tradicional.

Ese sí que es un motivador contundente, para la urgente convocatoria a un gran debate ideológico. Desde aquí, seguiremos en la tarea, convencidos. Ahí les dejo la reflexión.

* Luis Sánchez Fernández: Periodista cooperativo con más de 30 años visibilizando el sector de la economía solidaria. Jefe de prensa y comunicaciones diferentes cooperativas y gremios.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 22 de mayo de 2026).- Inés no es un personaje imaginario para llamar la atención sobre la profunda crisis de salud en que nos sumió este gobierno indolente, que acabó hasta con el servicio que tenían sus fervorosos seguidores del magisterio y también generosos financiadores desde FECODE, con una legalidad en entredicho.

No. Inés es una persona de carne y hueso; tiene apellidos: Martínez Sánchez; tiene un hogar con su esposo y su hijo. Inés trabaja en Fedegán, es contadora de profesión y maneja con diligencia los registros presupuestales del Fondo Nacional del Ganado. Inesita, como la llaman sus compañeros, es una de esas personas que pasan por la vida siendo amables…

Hoy enfrenta una delicada situación de salud que, si bien no es letal, afecta seriamente su calidad de vida. A partir de un episodio de vértigo en diciembre de 2023, en abril de 2024 fue diagnosticada de un tumor benigno en el oído medio, con compromiso de cavidad nasal y senos paranasales, que requiere de intervención quirúrgica, a riesgo de progresión de la enfermedad, afectando la audición, la voz, la masticación y la frecuencia del vértigo, entre otras complicaciones, como le explicaron en el Hospital San José de Bogotá, institución de nivel III a la que, finalmente, fue remitida en julio de 2025, después de exámenes, prescripciones y terapias sin mejoría alguna y, por el contrario, con síntomas agravados.

He querido compartir el caso de Inés con mis lectores, no solo porque la crisis de la salud es ya calamidad nacional que afecta a millones, sino porque, en este país anestesiado, sigue siendo otra noticia sin rostros, estadística sin historias de vida y, ahora mismo, tema de debate con promesas tasadas en votos; una preocupación que se apaga con el televisor…

Pero cuando la víctima de la indolencia estatal es un rostro conocido, con quien compartimos objetivos, momentos y cotidianeidad en el ámbito laboral o en cualquier otro, entonces entendemos el temor y la frustración de quienes no reciben sus medicamentos ni son atendidos; la angustiosa impotencia de familiares clamando por soluciones que se esfuman entre promesas de candidatos, agresivas acusaciones presidenciales y declaraciones altisonantes de un ministro… Eso no cura a nadie.

En septiembre de 2025, a casi dos años del primer vértigo, Compensar autorizó finalmente la cirugía de Inés, pero en noviembre, una junta médica determinó la necesidad de un procedimiento previo, también aprobado por Compensar.

Desde entonces, todo ha sido un vaya-y-venga de trámites en el hospital: La cirugía programada para el 28 de abril de 2026, fue reprogramada para el 3 de junio, sin que Inés tenga certeza de su realización, pues en el San José le dicen que falta un aval de Compensar, en Compensar que todo está aprobado, y en su más reciente cita en el hospital, le reiteraron que falta un aval sin aclaración alguna. Inés siente que le mienten, que “le están dorando la píldora”.

Es el “peloteo”, que me atrevo a calificar de criminal, entre autoridades y entidades prestadoras, el paseo de ventanilla en ventanilla sin orientación y, sobre todo, sin consideración hacia quien ya es vulnerable por su enfermedad.

Mientras la indolencia campea, Inés ya perdió el 60% de audición en su oído izquierdo, el vértigo y las náuseas son más frecuentes; tiene dificultad para masticar, pronunciar algunas palabras, leer, trabajar en computador y hasta conciliar el sueño.

A Inés, una mujer fuerte pero sensible, le angustia su trabajo, su familia… su mañana, mientras que, para el Gobierno, la salud es solo otra ficha en el ajedrez político y, para nosotros, mientras no nos afecte…, otra noticia sin rostros, otra estadística sin historias.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 22 de mayo de 2026).- Colombia no puede seguir enfrentando cada fenómeno climático con subsidios de emergencia mientras abandona la infraestructura que garantiza producción, agua y seguridad alimentaria. El próximo fenómeno de El Niño amenaza con golpear duramente la carne, la leche y el bolsillo de millones de colombianos, en un país distraído en debates ideológicos mientras el campo se seca y la seguridad alimentaria entra en riesgo.

Mientras el Gobierno anuncia $146.000 millones para enfrentar el fenómeno de El Niño, el campo colombiano vuelve a enfrentarse a la misma tragedia de siempre: actuar cuando la emergencia ya ha explotado. El problema no es ayudar al productor en medio de la sequía; el problema es que el Estado colombiano sigue confundiendo política agropecuaria con asistencialismo.

Llevamos décadas hablando de soberanía alimentaria, reforma agraria y apoyo al campesino, pero seguimos ignorando lo elemental: sin agua, drenajes, vías, crédito y comercialización, la tierra sola no produce riqueza. Produce pobreza administrada políticamente.

Eso lo he sostenido durante años y hoy la realidad vuelve a darme la razón.

En Colombia prácticamente desaparecieron las estaciones tradicionales. Ya no vivimos entre invierno y verano, sino entre fenómenos de El Niño y La Niña, cada vez más extremos y frecuentes. Y frente a esa realidad climática, el país sigue reaccionando tarde.

El impacto sobre la ganadería puede ser devastador.

El fenómeno de El Niño entre 2023 y 2024 dejó pérdidas multimillonarias para el sector ganadero colombiano, afectando especialmente la producción de leche y provocando mortandad de animales en varias regiones del país. Hoy el riesgo es incluso mayor porque venimos de un período de recuperación productiva que podría verse abruptamente frenado por una nueva sequía prolongada.

En 2025 Colombia alcanzó cifras históricas en producción de leche gracias a mejores condiciones climáticas y disponibilidad de pasturas. Pero precisamente allí está la advertencia: cuando el clima falla y no existe infraestructura hídrica suficiente, la producción se desploma, aumentan los costos de suplementación, se deterioran las praderas y el pequeño y mediano productor queda completamente expuesto.

Y cuando cae la producción ganadera, el golpe no se queda en el campo.

Sube el precio de la leche, carne, alimentos básicos.

Se deteriora la nutrición de millones de familias.

Y aumenta la dependencia alimentaria de Colombia en un contexto internacional cada vez más incierto.

Por eso preocupa profundamente que el país continúe atrapado en debates que hoy poco aportan a resolver la urgencia productiva nacional. Mientras el campo enfrenta la amenaza climática más seria de los últimos años, buena parte de la discusión pública se concentra en la Jurisdicción Agraria, un debate jurídico e ideológico que, aunque importante para algunos sectores, en nada resuelve el problema inmediato de producción, agua y seguridad alimentaria que se aproxima.

El país parece más concentrado en discutir quién resuelve los conflictos sobre la tierra que en garantizar que esa tierra produzca alimentos.

Y allí está el verdadero error estratégico.

Porque la verdadera reforma agraria no consiste únicamente en entregar hectáreas ni en crear nuevas estructuras judiciales; consiste en garantizar que esas hectáreas produzcan riqueza, empleo y alimentos.

Porque entregar tierra sin agua es condenar al campesino al fracaso.

Entregar tierra sin distritos de riego es sembrar frustración.

Entregar tierra sin vías terciarias es aislar la producción.

Entregar tierra sin crédito es inviabilizar la empresa rural.

Y entregar tierra sin comercialización es dejar al productor a merced de los intermediarios.

La Represa El Cercado, sobre el río Ranchería en La Guajira, simboliza perfectamente esa desidia nacional. Una obra llamada a transformar productivamente la región terminó atrapada entre burocracia, abandono y falta de voluntad política. Mientras millones de metros cúbicos de agua siguen subutilizados, productores y comunidades enteras enfrentan sequías recurrentes.

Aquí aparece la contradicción más grave del discurso oficial: se habla de soberanía alimentaria mientras se abandona la infraestructura que la hace posible.

La soberanía alimentaria no nace de discursos ideológicos ni de repartir tierras peladas.

Se construye con reservorios, distritos de riego, drenajes, vías terciarias, crédito competitivo y mercados funcionales.

Israel lo entendió hace décadas.

Brasil lo entendió.

Estados Unidos lo entendió.

Pero Colombia todavía cree que el agro se salva repartiendo subsidios cuando la sequía ya destruyó los cultivos y golpeó los hatos ganaderos.

Hoy más que nunca debemos entender una verdad elemental: el agua será el principal factor estratégico del desarrollo agropecuario en el siglo XXI.

Por eso insisto, una y otra vez, en algo aparentemente simple pero profundamente trascendental:

La agricultura se escribe con A de agua y con D de drenajes.

Todo lo demás es discurso.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 15 de mayo de 2026).- Se le acabó el tiempo a Petro, pero no sus afanes, ligados a sus yerros y, por esa vía, al empeño en deslegitimar las instituciones democráticas que buscan contenerlo. 

Su gran afán fue el presupuesto, pues luego de sobre endeudar al país, el Congreso le tumbó dos Leyes de Financiamiento, la Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia económica y el Consejo de Estado suspendió los artículos del Decreto 572/25, que modificaban la retención y autorretención en la fuente, con los que buscaba otros billoncitos; y también el que ordenaba trasladar $25 billones desde los fondos privados a Colpensiones.

Con el mismo afán, Petro decretó una segunda emergencia, justificada por las inundaciones en el Caribe, pero en la que reedita su obsesión por la tierra, después de que la plata no le alcanzó o no quiso comprársela a los ganaderos en virtud del acuerdo con Fedegán.

Aunque esa emergencia está en evaluación de constitucionalidad, el Gobierno expidió el Decreto 174/2026, provisionalmente suspendido en algunos artículos, aunque la Corte se quedó “corta” frente a una norma que, escondida en la emergencia, pretendía imponer la expropiación exprés ¡por cuarta vez!

La primera llegó en el Plan de Desarrollo (2023), con un mico que eliminaba la fase judicial del procedimiento único creado por el Decreto 902/2017 –uno de los compromisos de la Reforma Rural Integral–, fase obligatoria para los procesos agrarios definidos en la Ley 160/94 sobre expropiación, extinción de dominio, alinderamientos y baldíos; y necesaria para la defensa del propietario frente a las decisiones administrativas de la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

La Corte Constitucional declaró inexequible el mico, que resucitó en 2024 en el proyecto de Jurisdicción Agraria –segundo intento–, aprobado en primer debate por las comisiones primeras, después de un proceso de concertación que reconocí en su momento. El comunicado oficial anunció que “Esta jurisdicción les otorga poder a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios…”, exclusividad que pasa por no entregarle a la ANT las decisiones de fondo sobre procesos agrarios cuando, precisamente, se crea una jurisdicción para ello.

A pesar de esos compromisos, el director de la ANT hizo el mandado de demandar la constitucionalidad del D.L. 902/17, buscando, por tercera vez, eliminar la fase judicial de los procesos agrarios. La Corte, mediante sentencia C-099/2026, negó una vez más tan obsesiva pretensión.

Así que, atajado por la Corte el cuarto intento del Decreto 174/26, el Gobierno va por el quinto. Tras destrabar la Jurisdicción Agraria en el Congreso, empuja el segundo debate en plenarias, a trompicones en Cámara y sin muchas posibilidades en Senado, a pocas semanas de terminar la legislatura y en un ambiente de justificada desconfianza en las intenciones del Gobierno.

Termino con una reflexión sobre las expectativas de la ministra Carvajalino frente a la Jurisdicción Agraria como panacea: “…para que se le devuelva la dignidad al campesinado y que en Colombia podamos conjurar la guerra con la justicia y con la paz”.

Hoy escribo desde China, un país comunista que se apartó del desastre rural del “Gran Salto Adelante” alrededor del discurso de la tierra –política que mató por inanición a más de 40 millones de personas–, porque entendió que la dignidad y la paz no dependen de la mera posesión de un pedazo de tierra, sino de la reconversión del campo como inversión estratégica nacional. China invierte millones de dólares en investigación, trasferencia de tecnología, asistencia técnica, vías e infraestructura física y social en el campo para “construir dignidad”.

Cuando entendamos eso, avanzaremos hacia la dignidad campesina y hacia la paz. ¿Será mucho pedir?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 15 de mayo de 2026).- “Leche mal remunerada, exportaciones restringidas y un sistema que bloquea la movilización: tres decisiones que están cerrando el mercado al ganadero.”

En Colombia, el campo no sólo enfrenta el clima o la volatilidad de los precios. Hoy enfrenta algo más complejo: La combinación de decisiones públicas que, lejos de facilitar la producción, están presionando al ganadero desde distintos frentes.

1- Ajuste insuficiente en el precio de la leche frente al aumento de costos. De acuerdo con cifras del DANE, los costos asociados a transporte, insumos y operación rural han mostrado presiones sostenidas en los últimos periodos, muy por encima de los ajustes decretados al productor.

2- La intención de restringir la exportación de ganado en pie, pese a que esta representa una fracción reducida del total del hato nacional, según estadísticas sectoriales consolidadas por FEDEGAN.

3- Un sistema de movilización, que no está funcionando como debería.

Tres hechos distintos. Un mismo efecto: Menos mercado para el ganadero.

En el centro de esa ecuación está el Sinigan V6, presentado como modernización tecnológica, que en la práctica se ha convertido en un obstáculo para la comercialización.

La trazabilidad es un requisito indispensable para acceder a mercados exigentes, particularmente bajo esquemas regulatorios de control sanitario y origen del producto.

Pero no cualquier sistema cumple ese estándar. Se requiere identificación individual completa, registro continuo, integración de la cadena y auditoría confiable.

Hoy Colombia no cumple plenamente esas condiciones.

Con cerca de 30 millones de bovinos, según Fedegán, la cobertura efectiva de identificación y seguimiento sigue siendo parcial y heterogénea, especialmente en 80% de pequeños productores.

No hay hoy trazabilidad robusta que soporte acceso pleno a mercados internacionales.

En la práctica, SINIGAN opera como plataforma para expedir la Guía Sanitaria de Movilización Interna, instrumento obligatorio bajo regulación del Instituto Colombiano Agropecuario.

Pero ni siquiera ahí responde: Demoras, inconsistencias y bloqueos afectan la movilización.

Para el ganadero, esto no es técnico: es la diferencia entre vender o perder.

Genera pérdidas estimadas entre $100.000 y $300.000 por cabeza, además de sobrecostos logísticos y negocios que se caen, según reportes gremiales y testimonios recogidos por Fedegán.

El contraste es evidente. Mientras desde el discurso oficial se presenta como modernización, en la práctica está generando distorsiones operativas y comerciales.

Tres presiones sobre el mismo productor

El problema no es solo SINIGANV6. Es el contexto en el que opera.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha venido interviniendo el sector en tres frentes simultáneos:

Un mercado lácteo con incrementos que no compensan los costos reales (DANE).

Restricciones a la exportación de ganado en pie (MADR/ Lineamientos de política).

Un sistema de movilización que no fluye (ICA / SINIGAN)

Resultado:

Se reduce la rentabilidad. Limita el acceso a mercados externos. Bloquea la dinámica interna.

Esta línea no es aislada. La narrativa pública insiste en intervenir el mercado para controlar precios, desde un diagnóstico incompleto.

Se restringe la salida, pero no se garantiza la circulación interna. Interviene el mercado, pero no se corrigen los cuellos de botella.

No es percepción. Fedegán ha sido enfática en que la implementación es responsabilidad exclusiva del ICA, las fallas están generando traumatismos en el comercio legal del ganado.

Subastas, ferias, plantas de beneficio y transporte están siendo afectados, con pérdidas millonarias reportadas en la cadena, según pronunciamientos gremiales. Consecuencia de esto, advierte que estas fallas pueden reducir el abastecimiento presionando al alza el precio de la carne, en contravía de los objetivos de política pública.

El impacto ya es estructural, el resultado es previsible: cuando lo formal no funciona, crece lo ilegal.

Abigeato, sacrificio clandestino y carneo no solo afectan al productor, también generan riesgos de inocuidad y salud pública, advertidos por autoridades sanitarias como el ICA.

Defender al ganadero formal no es justificar la ilegalidad ni la deforestación. Esa lucha es indispensable y forma parte de los compromisos ambientales del país.

El pequeño ganadero no pide privilegios.

Pide poder trabajar.

Si tiene menos ingresos por la leche, menos acceso a exportaciones y además no puede movilizar su ganado, no estamos frente a una modernización. Estamos frente a un cierre progresivo del mercado ganadero. Todo apunta a golpear al ganadero por todos los flancos.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 8 de mayo de 2026).- En 2019, el gobierno Duque le restableció a FEDEGÁN la administración de la parafiscalidad ganadera y sus obligaciones en materia de salud animal, después de que, en 2016, Santos se las arrebatara por una persecución con motivaciones políticas. En tres años de administración directa del Ministerio de Agricultura a través de una figura espuria, entre muchos daños a la ganadería se registraron dos de gran calado: el primero fue la pérdida del estatus de país libre de fiebre aftosa, que se logró recuperar en 2020.

El segundo fue un sorprendente crecimiento del hato que reñía con los índices históricos de natalidad. La respuesta la dieron los resultados del primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa de 2019, con hallazgos, principalmente en zona de frontera, que presenté personalmente al presidente, la Fiscalía, la POLFA y el ICA, de predios con incrementos de más de 1.000 animales frente al ciclo anterior, y “fincas nuevas” con altísimos inventarios. No sé en qué pararon las investigaciones, pero la ilegalidad promovida desde el Estado permitió el ingreso de contrabando de más de 6 millones de animales, un negocio de aproximadamente 3.200 millones de dólares de la época.

Así empezaron los entuertos de la trazabilidad ganadera, un sistema de control sanitario que registra los principales eventos de un animal (nacimiento, vacunación, movilización y muerte); entuertos que hemos intentado enmendar en una acción conjunta del ICA, Ministerio de Agricultura y FEDEGÁN, después del “desguace” –así lo calificó una exgerente del ICA– del sistema durante la administración Santos, que permitió, además, el crecimiento del sacrificio clandestino, también apalancado en el cierre masivo de plantas por parte del INVIMA.

¿Por qué, después de 7 años de esfuerzos conjuntos, no ha podido operar la trazabilidad? ¿Cuál es la dificultad, hoy con mayores recursos tecnológicos, incluida la IA? La respuesta puede estar en que, además de su función de control sanitario, en Colombia la trazabilidad coadyuva al control de conductas ilegales que implican riesgo sanitario, como contrabando, abigeato, movilización y sacrificio ilegal de ganado y comercialización ilegal de carne, actividades asociadas al lavado de activos que rondan los 18 billones de pesos anuales.

Algunas precisiones sobre las competencias: La trazabilidad es competencia exclusiva del ICA, aunque antes de los atropellos de Santos podía ser delegada, como sucedió en 2002, cuando FEDEGÁN desarrolló el primer SINIGAN y lo administró con éxito, al igual que la expedición de Guías Sanitarias de Movilización, hasta 2012 – 2013, cuando ambos convenios fueron rescindidos.

Por mandato legal, FEDEGÁN opera los ciclos semestrales de vacunación contra Fiebre Aftosa, una operación de alta complejidad logística con coberturas actuales del 99% a partir de poblaciones marco establecidas por el ICA, con un nivel de confiabilidad que le permite a FEDEGÁN – FNG ser proveedor de información del DANE sobre inventario bovino y bufalino, certificado bajo Norma de Calidad NTC – PE 1000 – 2020.

Finalmente, aprecio la valiente honestidad de la gerente del ICA, Paula Andrea Cepeda, al reconocer públicamente las inconsistencias históricas de información reveladas por la FM con tono algo alarmista, a partir de la filtración de un informe interno del ICA. Aprecio también el reconocimiento de las dificultades iniciales de la nueva plataforma, SINIGAN 6, propias de este tipo de mutación, que han causado molestia entre ganaderos, plantas de sacrificio, subastas y demás integrantes de la cadena.

Pero más allá de la honesta aceptación, aprecio y me sumo al “honesto compromiso” para superar las dificultades y recuperar la confianza en la información.

La trazabilidad sigue siendo una necesidad y un reto para la modernización ganadera. De ahí el valor del compromiso ante las dificultades que no faltan.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 8 de mayo de 2026).- En plena antesala electoral, el Gobierno decidió intervenir el mercado ganadero con una medida de claro corte populista: restringir la exportación de ganado en pie para intentar bajar el precio de la carne. El problema es que no solo parte de un diagnóstico equivocado, sino que termina golpeando al pequeño productor, distorsionando el mercado y abriendo un frente jurídico innecesario para el país.

No es una medida aislada. Es la continuación de una línea: un gobierno de izquierda que ha tratado al ganadero como el enemigo a vencer. Ya nos golpearon con el precio de la leche, rezagado frente a los costos, y ahora avanzan sobre el ingreso clave del pequeño productor.

El gobierno decidió intervenir el mercado ganadero con una medida que, presentada como alivio al consumidor, termina golpeando al productor y desordenando toda la cadena: arancel del 10% a la exportación de ganado en pie, cupos, límites de edad, aportes y condicionamientos al Fondo de Estabilización de Precios.

La justificación es conocida: Las exportaciones estarían presionando el precio interno de la carne. El famoso 7.9%.

Este dato no resiste contraste.

Colombia tiene un hato de más de 30 millones de cabezas de ganado. Las exportaciones en pie rondan 230 mil animales al año. Eso es mucho menos del 1% del hato nacional.

No hay forma técnica, ni seria, de sostener que ese volumen marginal esté desabasteciendo el mercado interno o explicando el alza de precios de la carne en el gancho.

Eso lo entiende cualquiera que haya pisado un corral. No el qué toma decisiones desde cómodos escritorios en Bogotá. Lo entendemos los que calzamos botas pantaneras llenas de boñiga y barro.

Porque una cosa es modelar el mercado en un Excel, otra muy distinta es conocer cómo funciona la cadena en la práctica: ciclos ganaderos, tiempos biológicos, decisiones de retención de vientre y liquidez del pequeño productor.

El país hoy tiene un hato mayor que hace algunos años, sin embargo, exporta menos que su potencial.

La pregunta es elemental:

Si hay más ganado y las exportaciones son marginales, ¿dónde está realmente la presión sobre los precios?

No es en la exportación.

Está en la estructura del mercado interno.

Hoy, en Colombia, del precio del kilo de carne en el gancho, mostrador o góndola, al ganadero le llega menos del 50%. El resto se queda en intermediación, informalidad y fallas de comercialización. En Brasil captura cerca del 80% del precio al público.

Ahí está la distorsión.

Corregirlo exige trabajo técnico, decisiones difíciles y conocimiento del sector.

Intervenir en exportaciones, en cambio, es fácil. Y políticamente rentable a menos de un mes de las elecciones.

¿A quién golpea esta medida?

No afecta al gran exportador. Le pega duro al pequeño ganadero, que representa más del 80% del sector ganadero en Colombia, que vive de la leche y que depende de vender su becerro a fin de año, entre 160 y 200 kilos, su “Prima de Navidad”, para sostener su flujo de caja.

A ese becerro hoy le están bajando el precio, la prima se la están quitando, la están expropiando en la práctica.

Al pequeño ganadero lo están dejando sin margen, sin esa válvula de escape. Lo van a quebrar.

Quienes diseñan estas medidas, en muchos casos no han tenido que entrar a un corral y lidiar con un ternero en levante, ni entender que una decisión de política mal tomada se traduce en meses, o años, de pérdida al ganadero.

Así es como se cometen errores graves.

Y tampoco funciona por el lado del consumidor.

El Gobierno ignora un factor determinante: La demanda. El aumento del salario mínimo este año elevó la capacidad de consumo. Más demanda sobre una oferta relativamente rígida presiona los precios al alza.

Esto no se corrige cerrando exportaciones, se corrige aumentando la productividad.

Pero eso toma tiempo, no da los réditos electorales inmediatos qué busca Petro.

La contradicción es mayor cuando se mira la política comercial del propio Gobierno.

Se abrió el mercado China en este gobierno, Medio Oriente, Egipto entre otros, se hizo el trabajo diplomático y sanitario ahora, con ese esfuerzo hecho, se pretende restringir las exportaciones con intereses populistas electorales.

Los mercados no se abren para luego restringirlos.

Si así se hace, se pierden, recuperarlos toma años.

El frente jurídico es igual de delicado.

El proyecto de decreto introduce restricciones cuantitativas y cargas a la exportación qué violentan compromisos de la OMC, y el GATT 94, sin evidencia sólida de una circunstancia excepcional como la seguridad alimentaria.

En el plano interno, aunque la medida tenga presunción de legalidad, es perfectamente cuestionable ante el Consejo de Estado.

La desviación de poder, usar comercio exterior para intervenir precios internos, no es menor.

El resultado:

Demandas multimillonarias contra el Estado qué terminaremos pagando todos.

Síntesis: Estamos frente a una política construida desde los escritorios en Bogotá, que se pagará en las fincas ganaderas.

No es la exportación la que encarece la carne.

No es la tierra.

El problema de fondo es la productividad, la estructura de comercialización y la eficiencia del sistema.

Pero en lugar de corregir eso, el Gobierno opta por intervenir, restringir y castigar.

Es populismo económico en clave electoral para apoyar al candidato del Gobierno, imponiendo restricciones que afectan al pequeño ganadero.

Y como suele pasar con estas decisiones:

El que termina pagando no es el burócrata. Somos nosotros, los pequeños ganaderos, que sabemos cómo huele el campo, el barro y la boñiga, que hoy, una vez más, quedaremos asumiendo el costo de un error de política pública.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Jueves 30 de abril de 2026).- Teodomira, con sus 78 años, tenía derecho a vivir; José Edinson, con 26, tenía derecho a soñar; Jarol, de 40, tenía derecho a ver crecer a sus hijos. Con ellos, 18 personas más perdieron la vida en una macabra acción terrorista de las disidencias de Iván Mordisco… ¿Para qué? 

Para vengarse del Estado con un golpe que le doliera a la sociedad, no solo por la captura de sus cuatro hermanos, sino por la muerte de su compañera y madre de su hijo en un operativo militar en Vaupés a finales de marzo. Esa fue una primera hipótesis de la inteligencia militar.

Sin embargo, otro “para qué” tiene el presidente, quien ya con el sol a cuestas, arrecia su permanente y calumniosa intervención en política: Según él, esas vidas se perdieron “Para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan su frente de narcotraficantes (…) por eso no matan ya soldados, sino campesinos (…) Nos quieren sabotear las elecciones”.

Ahora resulta que, mientras el presidente insiste en que no hay caos en la seguridad, en tres días se cometen 31 ataques terroristas y en uno de ellos son asesinados 21 civiles; y semejante violencia es fruto de una conspiración de la derecha con ¡las disidencias de las Farc! para sabotear las elecciones. Es el mundo al revés de las narrativas de la izquierda.  

Ahora resulta que las disidencias de las Farc se aliaron con la derecha que las persiguió y que, de no ser por la traición de Santos, habría acabado con la maldición del narcotráfico y, con ella, por sustracción de recursos, con las Farc y sus disidencias… ¿o herederas?

Ahora resulta que la derecha se alió con el EMC de Mordisco, que apoyó la campaña Petro en sus zonas de control y hoy ejerce presión en favor de la izquierda, como todos los grupos narcoterroristas. La reciente encuesta de INVAMER revela que el 73.8% de los encuestados percibe que la Fuerza Pública perdió control en los territorios, y el 58% considera que allí los grupos armados presionan el voto. ¿Lo harán en favor de la derecha, que los perseguirá, o de la izquierda, con la que podrían seguir jugando a la Paz Total?

Pero si la inversión de la realidad y las falsas narrativas son formas de lucha que Petro conoce por su formación comunista, lo es también la del “enemigo externo” para canalizar la “rabia ciudadana” y ocultar al verdadero. Ahora resulta que el narcotráfico y todas las rentas ilícitas que mueven la violencia las maneja, desde Dubái, una “Junta del Narcotráfico” intangible, inatacable, que al parecer solo Petro conoce.

21 vidas perdidas… ¿para qué? ¿Acaso para tapar la corrupción y los escándalos de este gobierno agonizante? ¿Acaso para generar, con ayuda de quienes sí han sido sus aliados en el monte, un ambiente “prerrevolucionario” que tensione el debate electoral y justifique, inclusive, la suspensión de elecciones? ¿Acaso para imponer la Constituyente Popular que concentre el poder en el sucesor de Petro, con él tras bambalinas?

A esa Constituyente, convertida en consigna incendiaria de las manifestaciones que el mismo Petro está convocando para el 1º de Mayo, pretende incorporarle sus fracasos: la salud, las pensiones, el déficit, la Paz Total, etc., y también sus enemigos: el Banco de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, el empresariado, “la derecha”. ¿Estamos repitiendo el libreto de Venezuela 1999?

Para todo eso le sirven a Petro esas 21 vidas perdidas. Por ellas y por los miles que se ha llevado la violencia narcotraficante…; por la libertad, el orden y la democracia…, Colombia debe despertar el 31 de mayo.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Jueves 30 de abril de 2026).- “A semanas de elecciones, la apuesta por imponer una jurisdicción agraria sin reglas legales claras no corrige la deuda con el campo: la convierte en incertidumbre jurídica, riesgo productivo y tensión sobre el derecho de propiedad.”

A 30 días de las elecciones, el gobierno de Gustavo Petro ha decidido cruzar una línea peligrosa: sostener que la jurisdicción agraria puede operar sin una ley que defina su competencia y procedimiento. No es un debate técnico. Es la pretensión de imponer una jurisdicción de “facto” al margen del diseño constitucional.

La Constitución no deja espacio a esa tesis. El artículo 29 exige juez natural: autoridad competente definida previamente por la ley. El artículo 150 (numerales 1 y 2) reserva al Congreso la expedición de códigos y procedimientos judiciales. Y el artículo 116 permite jurisdicciones, pero no su funcionamiento sin desarrollo legal. La regla es clara: sin ley, no hay jurisdicción operativa.

La Corte Constitucional de Colombia ha sido consistente en su reciente sentencia C-099 de abril de 2026, ha puesto el freno necesario a esta pretensión. El fallo es contundente: no puede haber activación exprés ni saltos al vacío. La Corte ha reafirmado que la competencia debe ser previa, expresa y cierta. Sin esa certeza, se rompe el debido proceso y cualquier decisión queda expuesta a la nulidad, reafirmando lo dicho en anteriores pronunciamientos jurisprudenciales (C-713 de 2008; C-372 de 2011).

Pero el Gobierno no está leyendo solo la Constitución. Está leyendo el calendario electoral.

En un país donde, según el IGAC, el 1% de los propietarios concentra cerca del 45% de la tierra rural, anunciar “justicia agraria ya” tiene alto rendimiento político. El problema es que esa narrativa se está construyendo sin soporte legal completo. Ahí aparece el riesgo real.

Colombia no solo tiene un problema de tierra. Tiene un problema de producción. Según el DANE, el sector agropecuario representa cerca del 7% del PIB y es uno de los principales generadores de empleo rural. De acuerdo con Fedegán, la ganadería ocupa más de 38 millones de hectáreas y sostiene a cientos de miles de productores en todo el país.

Esto no es marginal. Es estructural.

Cuando se introduce incertidumbre jurídica sobre la tierra:

1-Se frena la inversión

2-Se restringe el crédito agropecuario

3-Se desacelera la producción

Y en consecuencia:

A- Se compromete el abastecimiento. El efecto no es solo jurídico. Es económico y social.

B- La inseguridad jurídica en la tierra termina traduciéndose en inseguridad alimentaria de la Nación. El Empresario del Campo (De cualquier tamaño), no invierte sobre reglas inciertas. Sin producción estable, no hay oferta suficiente ni precios sostenibles.

Una jurisdicción agraria sin ley clara puede derivar en afectaciones indirectas al derecho de propiedad. No mediante expropiación formal, sino a través de decisiones judiciales dispares, criterios cambiantes y ampliación discrecional del llamado “enfoque agrario”.

Eso tiene un nombre preciso: expropiación indirecta por vía de inseguridad jurídica.

Y es exactamente el tipo de fenómeno que destruye confianza, inversión y estabilidad rural.

Las consecuencias jurídicas también son previsibles:

1)      Conflictos de competencia entre jueces

2)      Nulidades procesales

3)      Tutelas masivas por violación del debido proceso

Es decir: más congestión, más incertidumbre y menos justicia efectiva.

Colombia necesita una jurisdicción agraria. Pero no una que nazca como herramienta electoral ni como imposición de facto. La necesita construida conforme a la Constitución: con ley, con competencia definida y con procedimientos claros.

Cuando la política se adelanta al derecho, lo que sigue no es justicia. Es desorden.

En el campo colombiano, el desorden siempre termina afectando lo más básico:  La Seguridad Alimentaria de la Nación, el plato de comida.

Pd.: Las heridas que más demoran en cicatrizar son las que se causan los hermanos. Paren bolas a lo que estamos haciendo, después no se quejen, con Cepeda vamos a extrañar a Petro.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Miércoles 29 de abril de 2026).- Durante los últimos 7 años, los caficultores han realizado un esfuerzo significativo de ahorro, aportando 0,5 centavos de dólar por libra exportada a una cuenta especial administrada por la Federación. Estos recursos han venido consolidándose en el FEPC, creado mediante la Ley 1969 de 2019, con el objetivo de proteger el ingreso del productor.

El contexto reciente ha sido particularmente desafiante. La caficultura ha enfrentado una combinación de factores adversos: condiciones climáticas que han afectado la productividad, la caída de la tasa representativa del mercado, la volatilidad de la cotización en la bolsa de Nueva York y, adicionalmente, presiones externas como las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, junto con disrupciones logísticas en el Golfo de Ormuz, que han incrementado de manera sustancial el costo de los fertilizantes.

Ante esta realidad, el Comité Nacional del FEPC ha aprobado la destinación de $40 mil millones, correspondientes exclusivamente a los rendimientos financieros generados en 2025, sin afectar el capital acumulado del Fondo. Estos recursos se suman a los $10 mil millones asignados por el Ministerio de Agricultura a través del programa FAIA Café, en una acción coordinada entre el Gobierno Nacional y el gremio cafetero.

Esta decisión se fundamenta en un principio técnico claro: proteger el ingreso del caficultor implica, necesariamente, proteger su productividad. En ese sentido, el programa está orientado a facilitar el acceso a fertilización oportuna y adecuada, condición indispensable para sostener y mejorar los niveles productivos del parque cafetero, especialmente en la antesala de un posible fenómeno de El Niño.

La medida representa un uso responsable, oportuno y coherente de los recursos del Fondo, alineado con su objeto legal. Asimismo, materializa un principio de equidad: los caficultores tienen derecho a beneficiarse de los ahorros que han construido colectivamente, particularmente en momentos en que las condiciones del mercado y de costos presionan de manera significativa sus ingresos.

Seguiremos trabajando en la implementación de instrumentos que fortalezcan la productividad, la resiliencia y la sostenibilidad de la caficultura colombiana.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros