* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 19 de julio de 2025).- El 9 de julio el presidente Petro le retiró el reconocimiento como negociador a alias “Zarco Aldinever”, por serios indicios de haber ordenado el asesinato de Miguel Uribe; muy serios para que Petro rompa con un delincuente matriculado en la “Paz Total”.

Con la muerte de Santrich y El Paisa, y la no comprobada de Iván Márquez, hoy el Zarco es el líder de la Segunda Marquetalia, disidencia a la que se vinculó después de desmovilizarse en 2016, por lo que fue expulsado de la JEP. Sin embargo, en febrero de 2024, Petro inicia diálogos con esta disidencia y la Fiscalía levanta las órdenes de captura.

Aunque se recibe con alivio el regreso del Zarco a la justicia ordinaria, para el país era claro que la Segunda Marquetalia, al incumplir el Acuerdo, cerró la puerta a una nueva negociación y a la justicia transicional, por eso, otra oportunidad para ese bandido me generó doble indignación por lo que relato a continuación.

En noviembre de 2021, en medio de una sesión de Junta de Fedegán, encontré varias llamadas del presidente Duque y, cuando le respondí, me dijo que tenía problemas de seguridad y que el general Vargas, director de la Policía, se comunicaría conmigo. Así fue y me pidió esperar una llamada del general Mujica, director de Inteligencia de la Policía, quien me habló de una información crítica que involucraba a mi familia y que prefería darme personalmente.

Ese mismo día la familia estaba reunida con el general en nuestra casa. La historia era esta: A raíz del asesinato de dos agentes encubiertos se inició otra operación en Venezuela para dar con los culpables y averiguar por la condición de Iván Márquez, uno de cuyos resultados “marginales” fue la información sobre el ofrecimiento de 1.000 millones a quienes habían asesinado a los agentes, para que también asesinarán a algún miembro de nuestra familia, para lo cual ya conocían nuestras vulnerabilidades.

Aunque no es fácil reaccionar ante semejante noticia, a mediados del año siguiente nuestros hijos salieron del país y mi esposa, la senadora María Fernanda Cabal, para entonces también precandidata presidencial, dio algunas declaraciones muy generales sobre las amenazas, siguiendo la recomendación del general Mujica.

A finales de agosto de 2022, el presidente Petro nos sorprendió con una invitación a su despacho para hablar de nuestra seguridad y ofrecernos protección, lo cual agradecimos, pero también nos dejó claro que había sido informado de lo que hoy relato, que no fue relevante en ese momento, pero indignante en 2024, cuando supimos de la gabela otorgada a quien quería asesinarnos, y doblemente indignante cuando el gobierno mismo informa de “indicios serios” sobre la autoría intelectual de El Zarco en el atentado a Miguel Uribe.

El gobierno conocía la peligrosidad del criminal; sabía de una operación contra nuestra familia con móviles políticos; entendía que podría volver a atentar contra candidatos de la oposición y, aun así, le otorgó la condición de negociador, desató sus manos y pasó el lamentable atentado a Miguel Uribe.

El asesinato político es selectivo por definición, pues la víctima es seleccionada para desestabilizar y generar perturbación colectiva. El país lo vivió entre agosto de 1989 y abril de 1990, cuando el narcotráfico asesinó, entre muchos colombianos, a los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

¿Vuelve acaso el asesinato selectivo como arma política? Nuestro corazón sigue con Miguel y su familia, pero el Zarco está libre y el peligro es latente para otros candidatos.

Que el Estado nos proteja; es su obligación, o si no…, que Dios nos guarde, pero no dejaremos de luchar por un mejor país.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 19 de julio de 2025).- La rama ejecutiva del poder público, liderada por el Presidente y sus ministros (Art. 115, Constitución Política de Colombia), tiene la facultad de emitir actos administrativos —decretos, resoluciones, entre otros— para dinamizar la gestión administrativa. Estos deben cumplir estrictas formalidades constitucionales y legales para ser válidos (Art. 189, numeral 11, Constitución). La verificación de su legalidad recae en la rama judicial: la Corte Constitucional, mediante el control de constitucionalidad (Art. 241), y el Consejo de Estado, a través de acciones de nulidad o inexequibilidad (Art. 237). Por regla general, este control es posterior a la entrada en vigor de la norma, salvo en leyes estatutarias, que requieren revisión previa (Art. 241, numeral 8).

El principio de presunción de legalidad (Art. 90, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, Ley 1437 de 2011) presume que los actos son conformes a derecho hasta que una autoridad judicial declare lo contrario. Sin embargo, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado pueden suspender provisionalmente un acto si se evidencia una violación flagrante de la Constitución, afectando derechos fundamentales o a un número plural de personas (Art. 238, Constitución; Art. 152, CPACA). Esta facultad es crucial para proteger el Estado de Derecho frente a abusos del poder ejecutivo. Lamentablemente, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha emitido reiteradamente actos jurídicos que transgreden el orden constitucional, evidenciando un desprecio sistemático por las normas que rigen la formación de decretos y leyes. A continuación, se presentan ejemplos ilustrativos:

Decretos de emergencia en La Guajira: La Corte Constitucional declaró inexequibles varios decretos (Sentencia C-008/2023) por ausencia de causas sobrevinientes que justificaran el estado de excepción (Art. 215, Constitución). La modulación de fallos permitió que ciertas disposiciones permanecieran vigentes por un año, generando caos jurídico y efectos irreversibles.

Ley del Ministerio de la Igualdad: Presentada por iniciativa del Ejecutivo, la Ley 2281 de 2023 fue declarada inexequible (Sentencia C-255/2024) por vicios de trámite (Art. 157, Constitución). Su vigencia temporal, por modulación del fallo, compromete la seguridad jurídica hasta el fin del gobierno.

Decretos de estado de excepción en el Catatumbo: Al igual que en La Guajira, varios fueron declarados inexequibles (Sentencia C-123/2023) por falta de causa justificada o incumplimiento de formalidades, como la firma de todos los ministros (Art. 189, numeral 11).

Decreto 0639/2025 (Consulta Popular): Emitido en franca violación del orden constitucional, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado (Auto 2025-00123, Art. 238, Constitución), evidenciando un abuso deliberado del Ejecutivo.

Reforma Pensional (Ley 2841/2025): La Corte Constitucional, mediante Auto 841/2025, suspendió provisionalmente esta ley por trasgredir el Art. 157, al omitirse el cuarto debate en la Cámara de Representantes. La falta de notificación del auto y la ausencia de firmas de tres magistrados, junto con intentos del Ejecutivo por “corregir” el vicio sin base legal, agravan la incertidumbre jurídica.

Decreto 0799/2025: Este traslada la competencia para conocer tutelas contra el presidente del Consejo de Estado a jueces de circuito, violando el Art. 113 del CPACA, que exige consulta previa a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Este acto, claramente inconstitucional, justifica una suspensión provisional inmediata (Art. 238, Constitución), incluso sin demanda de nulidad.

Estos ejemplos revelan un patrón alarmante: el gobierno Petro, con dolo y a sabiendas, emite actos jurídicos que violan la Constitución y la ley, generando efectos inmediatos y daños irreparables. Estas normas, que solo caen “hasta que las cortes las tumben”, producen perjuicios que derivan en demandas y costosas indemnizaciones pagadas por los contribuyentes. Este proceder no solo socava el Estado de Derecho, sino que atenta contra la estabilidad institucional y los derechos fundamentales de los colombianos. Es inaceptable que un gobierno actúe con tal desdén por la legalidad, confiando en que sus actos ilegales persistan hasta ser anulados. Exigimos un Ejecutivo que respete la Constitución, garantice la seguridad jurídica y proteja el bienestar de la nación, sin trasladar el costo de su irresponsabilidad a los ciudadanos.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Lunes 14 de julio de 2025).- Comencemos por decir que las siembras de arroz correspondientes al primer semestre de este año en Casanare, Tolima, Meta, Huila y el resto de los departamentos, registraron una disminución por lo menos del 12%, en comparación con el mismo periodo del año 2024, atribuible a los bajos precios experimentados en la cosecha anterior, a la restricción del crédito y a las condiciones climáticas; entre otros factores. Así las cosas, «el leve repunte de precios observado desde marzo de 2025 probablemente se revirtió en el mes de junio, ante la expectativa del inicio de la cosecha y el consecuente y relativo aumento de la oferta. De ahí, la probabilidad de que el precio promedio nacional al productor no vaya a cambiar de tendencia sino hasta él mes de septiembre de 2025 una vez se haya recolectado aproximadamente el 75% de la cosecha, tal como se observó en el 2021.» / Fuente: Agrobursatil.S.A.

Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural dice que los inventarios son altos y que hay un exceso de oferta de arroz que no está absorbiendo el sistema de comercialización actual, cuando en realidad se trata de una sobre oferta estacional transitoria. Además, las cifras del DANE indican un crecimiento del 6% en el consumo per cápita de arroz a nivel nacional el cual se estima en aproximadamente 46 kilogramos al año, con un aumento progresivo en comparación con años anteriores.

Una de las “soluciones” que se anuncian, es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a partir de julio de 2025, compraría el arroz que requieren sus programas sociales, como igualmente deben hacerlo, si es acaso no lo hacen ya, el ejército y las cárceles; no obstante, el volumen que ellos compran es apenas una mínima parte del total, mientras de fondo las medidas que deben tomarse son de carácter estructural. Entre tanto, las reuniones llevadas a cabo en la Presidencia como en Yopal, con la presencia de delegados del Gobierno y congresistas de la región, no fueron suficientes para llegar a un acuerdo. Luego, la Cartera de Agricultura publicó para comentarios, un borrador de resolución con la que sometería al régimen de libertad regulada de precios al arroz paddy verde. Pero la opinión de los analistas es que el Intervencionismo en este caso es una medida que surge a última hora, luego de convencerse de que no supieron resolver el problema aun teniendo los instrumentos a la mano.

Los agricultores advierten que no levantarán el paro mientras el precio no reaccione. Entre tanto, la Bolsa Nacional Agropecuaria hoy Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), y la Asociación Nacional de Comisionistas de Bolsas de Productos (ACBP), debo sugerirlo respetuosamente, les obliga una participación más activa de la Institución bursátil en la elaboración de los pronósticos de cosechas, la formación de precios; el Incentivo al Almacenamiento, en los Contratos Forward, en los REPOS sobre Bonos de Prenda representativos de mercancías, y en los mecanismos de cobertura, todos ellos tan necesarios de manera integral en estas circunstancias y que hoy parecen haberse olvidado.

Hace 32 años se creó el marco jurídico para cubrir los precios en el mercado de futuros (Ley 101 de 1993) qué permite implementar instrumentos para mitigar la caída de los precios, así como el incentivo al almacenamiento de arroz, el cual operó eficientemente durante 25 años y que solo habría que hacerle algunos ajustes para adecuarlo.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 12 de julio de 2025).- Estas fueron las palabras más utilizadas en el alegato final del expresidente Uribe, con el cual concluyó el juicio oral en su contra.  En un ejercicio contundente de “disección persuasiva” desmenuzó mentiras, inconsistencias, contradicciones y hasta yerros de la fiscal del caso, para dejar al desnudo la verdad y en claro su inocencia.

Reiteró también su afirmación de “ni mentir, ni callar”, refiriéndose a la instrucción a sus defensores y, en especial, al abogado Cadena en relación con las gestiones de este último, en su nombre, sí, pero no para sobornar testigos, sino para “verificar” los testimonios que el senador Cepeda, en 2012, autoinvestido y camuflado como defensor de derechos humanos, se dedicó a recoger en las cárceles para inculpar al expresidente de conformación de grupos paramilitares.

Sin embargo, aunque “quedó claro” que Álvaro Uribe es inocente y, por el contrario, en entredicho la inocencia y las intenciones del senador Cepeda, la fiscal insistió tozudamente en la solicitud de condena, en oposición a la de absolución presentada por la Procuraduría y precedida por las de preclusión de sus antecesores, los fiscales Javier Cárdenas en 2022 y Gabriel Jaimes en 2021.

Pareciera entonces que el juicio habría necesitado tantos fiscales como fueran necesarios para lograr solicitud de condena. Hay una famosa frase atribuida a Alfonso X, “El sabio”, pero con versión más reciente de Konrad Adenauer, primer canciller alemán de la posguerra: “En política -y en la justicia en este caso-, lo importante no es tener razón, sino que te la den”.

Quisiera sumarme sin reservas a la frase de cajón con la que políticos y hasta personas injustamente inculpadas suelen responder en entrevistas de ocasión: “creo en la justicia colombiana”. Yo quisiera creer, pero me cuesta. ¿Cómo hacerlo en un país donde criminales confesos de miles de secuestros, asesinatos, reclutamiento y violación de menores y cuanto lo quepa al Código Penal, están en el Congreso sin recibir condena alguna y, cuando la reciban, será de mentirillas? 

¿Cómo creer si, mientras la impunidad ronda el 90% y hasta se paga por no matar, la razón se niega contra toda evidencia? Recuerdo otra lapidaria de Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, y añado: donde hay poca justicia y la poca que hay se politiza para atacar adversarios en los estrados judiciales, el Estado de Derecho y la democracia tambalean.

Quedó claro que el juicio contra Uribe fue político y pasará a la historia, no solo por la insigne condición del inculpado, sino por las contradicciones y mentiras, pruebas perdidas y manipuladas y testigos que no aparecen a conveniencia; por el sitio preferencial de una presunta víctima compartiendo mesa con la Fiscalía, por sus “señitas” a los declarantes y los papelitos que se dejan caer…

Quedó claro que, al margen del fallo, las fuerzas civilistas del país, que aún somos mayoría -Academia, gremios, partidos, medios- debemos unirnos en una suerte de Acuerdo Nacional desde la sociedad civil para salvar la democracia a partir de la restauración de la justicia.

Quedó claro para el senador estadounidense Bernie Moreno, que “Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe”.

La juez del caso -es de esperarse- fallará en derecho y tendrá en sus manos la oportunidad de reivindicar la autonomía y credibilidad de la justicia que el país reclama. 

Porque la justicia es la médula espinal de la democracia liberal y un daño irreparable en la primera puede paralizar y hasta matar a la segunda. Porque la justicia… es la última trinchera del hombre libre ante el asedio a la democracia amenazada.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 4 de julio de 2025).- El pasado 11 de abril, a raíz de una reunión de los gremios y la canciller sobre la crisis arancelaria, advertí en este mismo espacio – “No es hora de mezquindades” – que dicha crisis desviaba la atención sobre un riesgo mayor: la eventual descertificación en la lucha antidrogas, que se produciría en septiembre, con graves consecuencias para la cooperación de Estados Unidos en todos los campos, a lo cual no ayudaba el crecimiento de cultivos y de producción de cocaína.

Me aventuré entonces a recomendar algo que parecía obvio: Atender lo urgente: la crisis arancelaria buscando negociación directa, como han hecho muchos países, sin desatender lo importante: la recertificación, evitando la confrontación con una contraparte muy sensible a ella; recomendación que no resultó tan obvia para un Gobierno que ha ideologizado las relaciones internacionales y, en consecuencia, desatiende mensajes diplomáticos y claras advertencias, y además propicia la confrontación con el país que encarna la “codicia capitalista”.

El 15 de enero, el confirmado secretario de Estado, Marco Rubio lanzó la primera advertencia al calificar como organizaciones narcoterroristas al ELN y las disidencias de las Farc, grupos armados ilegales protegidos al amparo de negociaciones con el gobierno en el marco de la “paz total”. En su discurso de posesión, el 20 de enero, Trump ratificó la calificación de los carteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”, y en una orden ejecutiva declaró emergencia nacional para enfrentarlas.

Luego vendría la crisis de los migrantes, cuando Petro impidió el aterrizaje de dos aviones con colombianos deportados en condiciones que, si bien pueden considerarse denigrantes, eran las mismas en que habían regresado al país centenares de compatriotas durante el gobierno Biden. Trump reaccionó con alza de aranceles del 25%, a lo cual Petro, cual David sin cauchera, ripostó con 25% a los productos estadounidenses. Basta conocer la balanza comercial para saber quién perdía. Afortunadamente, gracias a los buenos oficios de la canciller y “una manita” inesperada, se conjuró lo que habría representado el colapso de la economía.

El 1° de abril, la Oficina para Control de Drogas de la Casa Blanca publicó el “Statement of Drug Policy Priorities”, en el que se deja claro que “Donde un país fuente no tome acciones, la Administración ejercerá sus poderes económicos para exigir cambios”. ¿Más claro…?

Sin embargo, días después se produce la reunión de Petro con la secretaria de Seguridad Kristi Noem, que la alta funcionaria calificó de “discusión polémica” por el tono de ácida crítica del presidente, que remató con la valoración de los delincuentes del Tren de Aragua como “personas que solo necesitan amor y comprensión”.

Súmenle a este explosivo coctel la “escapada” a una peligrosa ciudad de Ecuador sin explicación convincente, después de asistir a la posesión del presidente Noboa, cuya elección no había reconocido días antes; y la suspensión de la extradición de alías “HH” de los Comuneros del Sur y alias “Mocho Olmedo” cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, que Petro justificó por hacer parte de ¡avanzadas! conversaciones de paz. Y para rematar, aparecen los audios de Leyva y el enésimo golpe de Estado, esta vez con presunta participación de senadores estadounidenses y hasta del secretario de Estado.

Epílogo: Se llenó la copa. Marco Rubio llama a consultas al encargado de negocios, pues ni embajador tienen desde hace tres años, y otra vez David le lanza un pedrusco a Goliat, llamando también a consultas a nuestro embajador.

Ya suspendieron visas a funcionarios colombianos. Y ahora… ¿acaso los temidos aranceles y la debacle económica, acaso el septiembre negro de la descertificación? ¡Ah… los tiempos de la diplomacia!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

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Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 4 de julio de 2025).- La Ley 2381/2024, que reformó el sistema pensional, permanece en un limbo jurídico tras el Auto 841/2025 de la Corte Constitucional. Este auto ordenó devolver el proyecto al Congreso para subsanar un vicio de forma: la omisión del debate en la plenaria de la Cámara sobre la proposición de la representante Pizarro, incumpliendo el artículo 157 de la Constitución Política. Sin embargo, hasta la fecha, solo se conoce un comunicado de prensa con la parte resolutiva y una síntesis de la motivación junto a la aclaración de los magistrados Ibáñez, Reyes y Cortes, sin acceso al texto completo del auto. Esta falta de transparencia genera incertidumbre sobre la legitimidad del proceso subsiguiente.

El 27 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0747/2025, convocando sesiones extraordinarias para atender la orden de la Corte. Ese mismo día, el presidente de la Cámara citó a la plenaria a las 7:00 p.m., una premura que impidió reunir el quórum deliberatorio exigido por el artículo 145 de la Constitución. Al día siguiente, el 28, tras interpretaciones dispares —y hasta risibles— de lo ordenado, los representantes aprobaron la proposición de Pizarro sin debatir el articulado. Luego, en una contradicción evidente, discutieron el proyecto por bloques, pese a haberlo acogido previamente sin análisis. Este trámite caótico vulnera el principio de consecutividad legislativa, consagrado en los artículos 157, 160 y 162 de la Constitución. La celeridad del proceso es cuestionable. Aunque la Constitución (art. 138) y la Ley 5ª de 1992 (art. 85) no fijan un plazo mínimo de antelación para convocar sesiones extraordinarias, la práctica parlamentaria suele respetar un margen razonable —generalmente de al menos tres días hábiles— para permitir que los congresistas, muchos en sus regiones, se preparen para un debate serio. Una citación a pocas horas atenta contra el decoro legislativo y la calidad del trámite. Además, el Auto 841/2025, al ser interlocutorio, solo produce efectos tras su notificación a las partes (Artículo 13 del Decreto 2067 de 199, Artículos 113 a 119 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012).

No hay evidencia de que dicha notificación haya ocurrido al momento del decreto, lo que invalida el procedimiento. Adopto como propia, la interpretación del doctor Julio José Orozco, quien sostiene que el Auto 841/2025 conduce a que la Ley de Pensiones adolece de un vicio insubsanable y es sujeto a un Incidente de Nulidad que tendrá que ser resuelto por la misma Corte Constitucional. La Ley 2381/2024, presentada el 21 de marzo de 2023 y aprobada el 14 de junio de 2023, es una ley ordinaria que debía completar su trámite en dos legislaturas (julio 2023 – junio 2024), según los artículos 157, 160, 162, 165, 167 y 375 de la Constitución, y el artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.  La excepción a la regla son las leyes estatutarias.

La Corte, al ordenar la devolución de una ley ordinaria para corregir vicios formales, excede su competencia. A diferencia de las leyes estatutarias o tratados internacionales, cuyo control previo incluye vicios de forma y fondo (art. 241, nums. 1 y 2, Constitución), las leyes ordinarias no están sujetas a este mecanismo. El vicio señalado —falta de debate— es insubsanable, reconocido por la Corte Constitucional en el Auto 841/2025, acepta  la grosera, vulgar transgresión a la carta, pues el plazo legislativo expiró el 20 de junio de 2024.

Como indica Orozco, el proyecto feneció, y resucitarlo es jurídicamente inviable. La Corte, lejos de guardar la Constitución, la transgrede al forzar un trámite extemporáneo. Este despropósito ridiculiza las instituciones democráticas. La Ley 2381/2024 es un cadáver insepulto, seco, irreparable. Su única vía es un nuevo trámite legislativo, limpio y ajustado a la Constitución. La Corte y el Congreso deben respetar los principios de consecutividad, transparencia para darle seguridad jurídica a todos, colombianos y extranjeros, en rigor para preservar el Estado de Derecho.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 20 de junio de 2025).- En una encrucijada se cruzan varios caminos que representan opciones. En un callejón “sin salida” las únicas son: estrellarse, detenerse… o retroceder.

¿Cuál es la situación de las finanzas públicas? Un Gobierno que culpa de todo a la pandemia y la codicia capitalista, decide brincarse la Regla Fiscal reconociendo la encrucijada en que se encuentra, pero elige el camino hacia el callejón sin salida.

La deuda pública ascendía en agosto de 2022 a 805 billones y en febrero de 2025 ya sumaba 1.035,4 billones, con un crecimiento de 230,4 billones concentrado en la deuda interna, que creció 45,7%, al pasar de 481,6 a 701,8 billones. Según el ministro, la deuda cerrará 2025 en 63% del PIB, a mitad de camino entre el límite ancla de la Regla Fiscal (55% del PIB), es decir, donde debería parar, y el límite riesgoso del 71%.

La deuda se dispara cuando la plata no alcanza por varias razones: Primera: Desborde del gasto: Para la muestra algunos botones: Ministerio de la Igualdad, embajadas innecesarias, subsidios absurdos como el de “pagar por no matar”, generosos convenios con minorías étnicas que aplauden al presidente y desbordamiento de la prestación de servicios, con cerca de 230 mil contratos por más de 9 billones, mientras se sataniza esa contratación en la Reforma Laboral.

Segunda: Presupuestos inflados: El de 2022 equivalía a un 23% del PIB y en 2025 alcanzó un 30%, con metas de ingreso incumplidas, incluyendo las de la Reforma Tributaria de 2022, con ingresos promedio estimados en 23 billones anuales.

Tercera: Anticipo de impuestos: El Gobierno modificó en 2023 las bases y tasas de retención, lo cual, en la práctica era un anticipo de impuestos de 2024, que afectó los ingresos de esa vigencia y fue, inclusive, reconocido por el presidente como un error que generó un recorte presupuestal de 28 billones, que debió ser de hasta 40 billones según muchos expertos.

A todo lo anterior hay que sumarle el “rezago presupuestal”, que son facturas impagadas de 2024, pero que no están en el presupuesto y, por tanto, al pagarlas lo disminuyen automáticamente. En 2025, esos rezagos, por 61 billones, son “otra pata que le nace al cojo”.

Al final, esa suma de males generó dos efectos económicos concretos:  El primero, una crisis de caja para atender gastos ordinarios, con un mínimo histórico de 8,8 billones en junio, aunque el Gobierno, siempre optimista, o siempre ciego, asegura que cerrará 2025 con más de 20 billones en sus arcas. El segundo, un déficit fiscal del 7,1% del PIB, el segundo más alto en más de 100 años, después del generado en 2021 por la pandemia (7,8%).

Y ahora el efecto sobre el clima de los negocios, que reproduce la crisis y empuja hacia la “sin salida”: Es LA INCERTIDUMBRE que arrastra el mayor costo de la deuda y el crédito en general, la pérdida de confiabilidad, el aumento de riesgo país, la menor inversión y la caída del crecimiento que es la base del pago de impuestos.

¿Cuál es el camino del Gobierno ante tal encrucijada?: Más de lo mismo. Un decreto que aumenta nuevamente la retención desde junio, quitándole ingresos al próximo gobierno y golpeando al aparato productivo; y otra reforma tributaria que espera “raponearle” a los contribuyentes entre 19 y 25 billones, aunque sean pocas sus posibilidades en el Congreso. 

¿Cuál es el camino para que la economía no se estrelle, se detenga o retroceda ante un callejón sin salida? NO al manejo ideológico de la economía…, SÍ A LA REDUCCIÓN DEL GASTO, un clamor nacional que no escuchan los oídos sordos del populismo progresista.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de junio de 2025).- La violencia “se volvió paisaje” en Colombia. Ya no es noticia la del nororiente del país en el Catatumbo, que inició apenas hace unos meses y aún no detiene su contador de muertes: 135 a la fecha y más de 90.000 personas afectadas.

Hoy el turno es para el suroccidente en Cauca y el Valle. Un comunicado de la Policía Nacional del 10 de junio informa que, en las 24 horas de ese día, se cometieron 24 atentados terroristas en estos dos departamentos, con saldo de 7 personas muertas y 28 heridas.

Pero hay más comunicados de la misma fecha circulando en redes sin certeza de veracidad, pero haciendo ruido, como todo en las redes: uno del ELN (Frente Urbano Camilo Torres) adjudicándose los atentados en Cali, y otro de las disidencias de las Farc de alias “Mordisco”, con recomendaciones a la población civil para… ¡protegerse de sus atentados! Y en medio de esa confusión el Gobierno, en declaraciones del ministro Benedetti, ya sea porque tiene indicios ciertos o pensando en rescatar las negociaciones con el ELN, se inclina hacia la autoría de las disidencias de “Mordisco”, no solo de la oleada terrorista, sino de una presunta relación con el atentado contra Miguel Uribe.

Sean quienes fueren los autores de la barbarie terrorista en el suroccidente y del cobarde atentado; sea que estén relacionados o no, lo cierto es que, en mi sentir, “les salió el tiro por la culata”, pues el atentado contra el joven precandidato desató un efecto contrario al de sembrar zozobra paralizante entre los colombianos.

El temor no desaparece, pero el atentado contra Miguel parece haber roto ese entorno, no de indiferencia, sino de “impotencia resignada” frente a una violencia creciente y una reacción gubernamental inversamente proporcional, quizás para seguir dándole espacio a su fallida Paz Total. En efecto, alrededor de las esperanzas de su recuperación se han despertado, no solo una ola de espiritualidad -todos oramos por el milagro- y una inmensa solidaridad hacia él y su familia, sino el rechazo a la violencia indiscriminada y, en particular, a la violencia política sembrada en la mentira, el insulto y la instigación al odio, estrategia de lucha del populismo socialista, cuyo principal exponente es hoy el presidente Petro.

Son muchas las iniciativas ciudadanas que le piden al presidente “bajarle al tono”, una de ellas liderada por la Iglesia Católica, que incluyó una reunión con el cardenal Rueda, arzobispo de Bogotá, en la que se habló de desescalar las tensiones políticas y de una próxima reunión que bien podría ser un paso hacia el Acuerdo Nacional que tanto promueve y, a la vez, tanto bombardea Petro en sus “alocuciones” y decisiones de Gobierno.

Pero más se demoró el presidente en despedirse del cardenal que en llegar a Cali a retar al Congreso con la firma del decreto de convocatoria a la Consulta Popular, y a incendiar los ánimos de otro auditorio construido a punta de transporte, refrigerios y generosos convenios con organizaciones “populares” que lo aplauden por encargo.

Esa manifestación en Cali, como un concierto en Bogotá, expresan una desconexión con el sentir del país y la falta de mínima consideración con la familia de Miguel. “Nuestros pensamientos están con Miguel Uribe Turbay, su familia y Colombia”, fue el ejemplar mensaje con el que el embajador británico suspendió la fiesta con motivo del cumpleaños del rey Carlos III. ¿Dónde están los pensamientos del Gobierno, me pregunto, que no quiso suspender el concierto, dizque “de la esperanza”, en un momento en que un país “desesperanzado” no estaba para fiestas?

Mi pensamiento está con Colombia repitiendo sin cesar… ¡Fuerza Miguel!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 6 de junio de 2025).- Si Moliere escribiera hoy su Tartufo encontraría modelos por doquier entre nuestra fauna política y, particularmente, entre el “petro-santismo”, cuya existencia, por supuesto, niegan tanto Petro como Santos, pero “ahí está… ahí está”, evidente y monumental como la Puerta de Alcalá, con la que, nomás con levantar la vista, se encuentran Ana Belén y Víctor Manuel en su famosa canción.

Ahí está, imbricado en el nefasto gobierno del socialismo progresista. Cómo negarlo, si ahí están o por ahí han pasado Barreras, Benedetti, Velasco, Prada, Rivera, Cristo, etc., y ahora el fiscal de bolsillo del presidente Nobel, Eduardo Montealegre, quien, desde su bien paga “sabiduría jurídica” y su prometido Ministerio de Justicia, funge de vocero jurídico oficial de Petro y pretende sustentar el atropello a la democracia que representa una consulta popular convocada por decreto.

Es, sin embargo, una defensa contraevidente y en solitario, cual golondrina refundida, pues el agresivo anuncio del presidente -como todos los suyos- y la osada interpretación jurídica del exmagistrado y exfiscal, han generado un frente común que cierra filas en defensa de las instituciones democráticas y en contra de lo que, para Montealegre, no es un mero “capricho presidencial”.

Y no lo es, en efecto, porque de lo que se trata es de un “capricho dictatorial” de Petro; de un Golpe de Estado, o mejor, de un Golpe AL Estado desde adentro, pues no se está derrocando al Gobierno, pero sí se pretende derrocar de facto  al Congreso  de la República con una carga de profundidad a la separación y autonomía de los poderes, y con ello, a la estructura institucional de la democracia; algo que nos lleva a Chávez, Maduro, Ortega y al depuesto Castillo, quien fracasó en el intento y hoy está tras las rejas.  Así que la consigna es ¡a cerrar filas!, como ya lo están haciendo todos los sectores de la sociedad.

Paradójicamente, el convocante a los expresidentes a cerrar filas fue el mismísimo “Juanma”, eso sí, tratando de sepultar cualquier comparación con el asalto a la democracia de 2016, tan evidente como otra Puerta de Alcalá o el elefante de monseñor Rubiano. Ayer, como a Santos no le gustó la decisión del pueblo, acudió a un Congreso complaciente. Hoy, como a Petro no le gustó la decisión de un Congreso independiente, pretende acudir al pueblo, con el argumento populista de que es “el único dueño del poder”. Sí…, claro, y con ese poder absoluto eligió a quienes lo representan en el Congreso. 

Cerró filas el empresariado a través del Consejo Gremial Nacional, manifestando su profundo rechazo y, con actitud civilista, invitando al Gobierno a “respetar el marco constitucional…, y a propiciar un diálogo genuino, sin descalificaciones ni imposiciones…”

Cerraron filas ocho partidos -Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, de la U y ASI- para los que “La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un Golpe de Estado”.

Cerraron filas otras asociaciones y centros de pensamiento, que manifestaron con acierto: “No estamos ante un asunto ideológico ni una controversia política pasajera. Se trata de un desafío directo al orden constitucional”.

Cerró filas el presidente del Senado, cuando afirmó que el decreto “será demandado inmediatamente” y que, dada la certificación ante la Registraduría de que el Senado sí se pronunció, “no hay manera de que el registrador acepte llamar a una consulta popular”.

Cerraron filas los medios -menos uno: RTVC-, y debe cerrar filas el país entero, pues pesa en el aire la amenaza: Cuando, a juicio del presidente – ¡y qué juicio! – las instituciones van en contra del pueblo, simplemente… “las instituciones se van”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 6 de junio de 2025).- El Barón de Montesquieu debe revolcarse en su tumba. Su teoría de la separación de poderes, plasmada en El Espíritu de las Leyes (1748) e inspirada en Locke, forjó las democracias modernas al dividir el poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, equilibrados por pesos y contrapesos. Este principio, pilar de la Revolución Francesa y las constituciones occidentales, se desmorona en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, quien, con una interpretación tramposa de la Constitución de 1991, perpetra un asalto al orden institucional.

La Constitución de 1991, aunque presidencialista, nunca contempló un Ejecutivo que avasallara otras ramas del poder. Los presidentes, hasta ahora, respetaron los límites del Estado de Derecho, con roces ocasionales. Petro, en cambio, cruza líneas rojas. Los artículos 103 y 104 C.N., consagran la consulta popular, pero exigen la aprobación del Senado. El 14 de mayo de 2025, el Senado rechazó la solicitud de Petro, respaldada por sus ministros, para convocar una consulta. Alegando un tecnicismo —que no se leyó íntegramente el texto en la votación—, Petro declaró “inexistente” el acto del Senado, desconociendo su validez jurídica en un acto de arrogancia sin precedentes.

El Consejo de Estado admitió la demanda contra la decisión del Senado, trasladándola a la Sección Quinta para resolver su legalidad. El 3 de junio, el presidente del Congreso notificó al Registrador Nacional que la consulta fue negada, buscando bloquear recursos y su inclusión en el calendario electoral. Sin embargo, Petro planea convocarla por decreto presidencial, violando la Constitución y la ley. Más grave aún, busca manipular el control de constitucionalidad, dirigiendo el caso a una Corte Constitucional con magistrados afines, eludiendo la competencia del Consejo de Estado (art. 237.2 C.N) y la suspensión provisional de sus actos (art. 238 C.N). Esta maniobra no es un error; es un desafío calculado al Estado de Derecho.

¿Tiene Petro facultades para pisotear la Carta? No. Todo funcionario está sujeto al marco normativo, sólo puede hacer lo que la norma le permita. Sus actos, aunque gocen de presunción de legalidad, pueden ser anulados por los órganos judiciales, como ocurrirá con esta consulta si insiste en su cruzada. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, aliado de Petro, ha reconocido la premura de la consulta — la programarian  entre julio y septiembre de 2025—, poniendo en riesgo inminente para la separación de poderes. Voces en el Congreso y la sociedad civil advierten que esta consulta, de concretarse, legitimaría un populismo autoritario, desatando protestas y fracturando la estabilidad republicana.

Petro no improvisa; su estrategia es deliberada. Viste de legalidad un ataque al orden institucional, manipulando normas y cortes a su antojo. Si el Consejo de Estado o la Corte Constitucional no suspende los decretos a tiempo, ya sea por competencia directa o vía tutela, enfrentaremos hechos consumados que socavarán la democracia. Estamos a un paso de la tiranía, donde la Constitución será un papel decorativo. Magistrados, congresistas y ciudadanos deben actuar. No podemos permitir que el capricho de un hombre desbarate siglos de lucha por la libertad. La historia no absolverá a quienes callan ante este autoritarismo. ¡Colombia exige una defensa feroz de sus instituciones!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu