* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 24 de abril de 2026).- Esta alusión a la obra más conocida de Kundera, con un título que siempre he considerado magistral en la literatura, aplica muy bien a la también insoportable superficialidad de ese mal necesario que son las redes sociales, a propósito de un video en el que dos hermanos vinculados a la cadena cárnica, pues su familia es ganadera y tiene un expendio de carnes en Ibagué, terminan replicando los argumentos espurios del presidente Petro contra las exportaciones cárnicas, que pretendió inclusive prohibir.

La protagonista, Alba Lucía García, es una joven tolimense muy preparada, exdirectora de la seccional de Fenalco y exsecretaria de Desarrollo de Ibagué, con aspiraciones políticas y gran actividad en redes, dos ámbitos en los cuales, infortunadamente, la verdad suele patinar en el piso resbaloso de los votos y los likes. No le adjudico siquiera mala intención, pero cuando el sensacionalismo riñe con la verdad y se suma, aún sin querer, a los ataques a Fedegán y a la ganadería, salgo en defensa, como me corresponde, de la reputación del gremio y de los 700.000 ganaderos que ya tienen suficiente con ser víctimas del abandono rural, de la violencia y de la estigmatización desde el gobierno mismo.

“Las exportaciones de carne no pueden seguir”, dijo Petro. “Los extranjeros nos están dejando sin carne”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Las exportaciones de carne en 2025 representaron apenas el 4% de la producción y las de animales el 0,7% del hato, lo que no le hace rasguños al abastecimiento.

Sin embargo, el hermano se atrevió a más: Refiriéndose al presunto crecimiento de las exportaciones, afirmó que “Estamos hablando del 300%, 400%”, lo cual no solo es mentira, pues en los últimos años las exportaciones han caído y hoy son casi imposibles con dólar a $3.500, sino que se sustenta en una gráfica con el logo de Fedegán, que no es oficial de la Federación. Sobre esta situación en particular no solicito, sino que exijo una disculpa y una rectificación. 

“Estamos acabando nuestro hato ganadero”, dijo Petro…, “Se está acabando el ganado”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Nuestro hato ha crecido consistentemente y hoy, con 30,5 millones de cabezas, es el cuarto de Latinoamérica y el número 13 del mundo.

“No tenemos excedentes de carne”, dijo Petro. “En Colombia no hay carne…”, dijo Alba Lucia. No es cierto. Con 812.000 toneladas, la producción formal de carne en 2025 aumentó un 7,8% frente al año anterior, porque el sacrificio formal también creció un 6,3% para un total de 3.486.000 cabezas. 

La producción de carne y el sacrificio formal crecieron porque también creció la demanda, pues el consumo per cápita pasó de 17,6 a 18,4 kilos, y cuando eso sucede los precios suben, una tendencia del ciclo económico a la que se sumó el alza en costos de producción y mano de obra. Ellos generan empleo y saben que el aumento del mínimo tocó cargárselo al precio del kilo de carne para conservar la rentabilidad del negocio familiar.

Así que, antes de acudir al inmediatismo en redes, a Alba Lucía, reconocida por su activismo en pro de un Tolima que “merece más” –algo encomiable–, le aconsejaría investigar el sacrificio clandestino en su departamento, un problema estimado en más de 1.100.000 reses a nivel nacional; como también la supervisión de las secretarias de salud al expendio de carnes y la afectación a la comercialización por el cierre de plantas municipales por el INVIMA, sin alternativas para el sacrificio formal.

Quizás allí encuentre respuestas ajustadas a la realidad, sin afectar a la cadena de valor de la que su propia familia hace parte.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 24 de abril de 2026).- “No están quitando la tierra: están cambiando las reglas para que sostenerla sea cada vez más difícil.”

Durante años, Colombia discutió el conflicto agrario como una pelea física por la tierra. Ese debate quedó atrás. Hoy el país entró en una fase mucho más compleja y peligrosa: El verdadero conflicto ya no es por la propiedad rural, sino por la inestabilidad de las reglas que la gobiernan.

Y esto no es una opinión; es un hecho jurídico.

La Corte Constitucional ha trazado una línea roja:

La administración no puede sustituir las garantías judiciales cuando se trata de afectar derechos de propiedad. En el contexto de la puesta en marcha de la jurisdicción agraria, ha reiterado que los conflictos estructurales sobre tenencia y acceso exigen control judicial efectivo y no pueden resolverse exclusivamente por vía administrativa.

Traducido al lenguaje del campo:

Una resolución de escritorio no basta para cambiar la realidad jurídica de un predio.

Esa advertencia es crucial mientras la reforma agraria sigue apoyándose, en gran medida, en instrumentos administrativos. La Corte pone límites; la realidad en territorio avanza por otro carril.

Tras las protestas de abril de 2026, el Gobierno del presidente Petro, firmó acuerdos para “revisar” los incrementos catastrales. Pero con un detalle que no puede pasar desapercibido: no se suspenden las actualizaciones.

El modelo sigue rodando mientras se “revisa”, trasladando el costo de los errores de política al productor rural.

Y aquí es donde la discusión deja de ser sólo jurídica y entra en lo esencial: la seguridad alimentaria del país.

Cuando el catastro multipropósito se aplica sin una realidad económica que lo respalde, con avalúos que en muchos casos han subido de hasta 500% y más en muchos casos, el productor rural queda atrapado en una ecuación de supervivencia que desarma cualquier proyecto productivo:

Incertidumbre operativa: si no sabe cuál será su carga fiscal el próximo ciclo, es imposible invertir en tecnificación o en cultivos de mediano plazo.

Desincentivo a la producción: ante una carga tributaria que erosiona la rentabilidad, la decisión racional no es crecer, sino reducir.

Riesgo de desabastecimiento: un productor que vive bajo incertidumbre jurídica y fiscal termina saliendo del sistema. Y un país que desincentiva su campo termina en abierta inseguridad alimentaria, dependiendo de mercados externos.

Lo que estamos viendo no es una expropiación directa, que sería jurídicamente atacable.

Es un mecanismo silencioso de desmonte de la propiedad rural.

Las reglas cambian. La incertidumbre crece. La inversión se frena.

Los acuerdos firmados tras las protestas reconocen que algo no está funcionando, pero no corrigen el problema de fondo. Apagan el incendio con mesas técnicas mientras dejan intacto el mecanismo que lo originó.

Colombia ya no enfrenta un nuevo conflicto por la tierra.

Está entrando en una crisis de confianza.

Y la confianza no se decreta.

Porque cuando un productor no sabe a qué atenerse, no deja de producir por falta de tierra.

Deja de producir por falta de certeza.

Un país que pierde la certeza en su campo no solo pierde productividad: empieza a perder su soberanía alimentaria sin darse cuenta.

Este no es un debate técnico. Es un debate de país.

Por eso, liderazgos como los de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, están llamados a poner este tema en el centro de la agenda pública.

Porque si Colombia no corrige a tiempo las reglas del campo, no habrá reforma agraria que alcance… ni seguridad alimentaria que resista.

Pd.: Las heridas que más demoran en cicatrizar son las causadas entre hermanos. Ojo pues.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 17 de abril de 2026).- En un post de X, red convertida en canal oficial del Gobierno, Petro insiste en su cantaleta de que el objetivo de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales es “que los ricos paguen impuestos” y también “ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz”.

Es cierto, la Ley 14 ¡de 1983! ordena actualizar cada cinco años los avalúos catastrales, y el Acuerdo fariano establece que, en máximo siete años, que se vencieron en 2023, se debía concretar “la formación y actualización del catastro rural…”. Sin embargo, ningún gobierno, por las razones que sea, ha logrado cumplir esa obligación legal.

Así que, frente a problemas que se evidencian estructurales, malas son las soluciones atropelladas, que no surgen de un análisis objetivo de la realidad, sino de percepciones ideologizadas y calenturientas. Cuando esa es la guía de la política pública, cuando el presidente reduce el problema a que, según él, “los terratenientes no quieren pagar impuesto” el riesgo es la chambonada y el caos… Y en esas estamos.

Primero fue el artículo 49 de la Ley del Plan, un “mico disfrazado”, pues la actualización de los avalúos es un objetivo legítimo y, quizás por ello, no alarmó a nadie, porque se esperaba que el Gobierno aplicara la gradualidad que él mismo recomienda en el parágrafo tercero, que ordena al Ministerio de Hacienda y al DNP elaborar un Proyecto de Ley para establecer “límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado derivado del reajuste del avalúo catastral, bajo los principios de progresividad…”. Sin embargo, ni se revisaron los actuales límites al crecimiento del predial, ni se aplicó gradualidad alguna, que es la gran chambonada, pues un error del Estado durante décadas no se puede solucionar “de golpe y porrazo”.

Vino luego la Resolución 1912/24, que estableció la metodología, un galimatías técnico que solo puedo juzgar por sus resultados, que se conocieron en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, publicada de afán en el Diario Oficial antes de que terminara el año, con el listado de porcentajes de incremento para casi 9.000 zonas homogéneas en 527 municipios; incrementos exorbitantes y que, en algunos casos, rayan en el absurdo.

El presidente sostiene que la medida no es para los pobres, pero, según información del IGAC, la actualización afecta a más de 1.600.000 predios, de los cuales el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que hablamos de una medida que arrasará con la mediana producción agropecuaria y de la cual no escapará el campesino minifundista, convertido en rico en el papel, como expresó una manifestante en La Calera, Cundinamarca.

Como era de esperarse, no los ricos que Petro persigue, sino esos campesinos y medianos productores salieron a protestar y se logró un acuerdo en Santander con mediación del gobernador; acuerdo que bien podría replicarse en otras regiones, pero una vez más la sensatez no fue invitada y el ministro del Interior dejó claro que eso no era posible, un mensaje “chambón” del que se infiere que para tener derecho a negociación y acuerdo hay que protestar primero.

La cosa se enreda aún más, porque, en lo que representa una confesión de la chambonada inicial y una “desmontada por las orejas”, la Dirección General del IGAC les trasladó “el chicarrón” de las soluciones para el apaciguamiento de las protestas a sus directores regionales, algo inaudito, pues lo que debería tener una solución centralizada, comenzando por la suspensión de la Resolución 2057, ahora dependerá de más protestas y tantas negociaciones como directores regionales tenga el IGAC.

Así pues, seguimos de chambonada en chambonada. Ya basta… ¡No más!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 17 de abril de 2026).- “El catastro dejó de ser un instrumento técnico: hoy está ampliando la base tributaria, encareciendo producir y empujando a los empresarios del campo fuera del sistema, expulsandolos del sector agropecuario”.

Colombia está ejecutando, sin debate legislativo de fondo, una de las reformas tributarias más profundas contra el sector agropecuario. No se presentó como ley estructural. No pasó por una discusión abierta.

Se está imponiendo vía avalúos.”

La actualización catastral masiva impulsada por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 tenía un objetivo válido: cerrar el rezago histórico de los avalúos rurales. Pero lo que debía ser gradual se convirtió en un shock fiscal inmediato, generalizado y regresivo.

Hoy se registran incrementos del impuesto predial del 300%, en distintas regiones. Y aunque la norma permite topes —hasta el 100% anual—, estos aplican sobre el impuesto, no sobre el avalúo. Cuando el avalúo se multiplica, el impacto estructural ya ocurrió.

Pero el problema de fondo no es el predial.

Más contribuyentes, más carga

El avalúo redefine la relación del productor con el Estado.

Estamos viendo una expansión silenciosa de la base tributaria:

●       Productores que no declarabán renta ahora deben hacerlo

●       Aumenta el patrimonio líquido sobre el papel

●       Se amplía la exposición a impuestos patrimoniales (hoy suspendidos, pero vigentes como figura)

●       Se incrementa la base de ganancia ocasional

Es decir: no solo se paga más, ahora más gente entra a pagar.

Y todo esto sin que haya mejorado el ingreso real del campo.

El golpe indirecto que pocos ven

El efecto no se limita a impuestos directos.

Cuando sube el avalúo:

●       Se disparan los costos notariales y registrales

●       Aumentan impuestos asociados a compraventas

●       Se encarecen sucesiones y formalización de la propiedad

En la práctica: tener, vender o heredar tierra en Colombia es hoy más costoso.

Pagar más y recibir menos

El nuevo avalúo también expulsa campesino y pequeños empresarios del campo de:

●       Subsidios

●       Programas de apoyo

●       Clasificación como pequeños productores

●       Acceso a crédito preferencial

El resultado es claro:

El productor paga más impuestos y pierde beneficios.

El impacto real: empleo y producción

Aquí está el punto que no se está diciendo con suficiente fuerza.

El predial no se paga con teoría económica.

Se paga con caja.

Según el DANE, el sector agropecuario genera cerca del 15% del empleo nacional, con más de 3,5 millones de personas ocupadas, en su mayoría mano de obra no calificada de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con Fedegán, la ganadería —una de las principales actividades rurales— opera con márgenes estrechos, altamente sensibles a costos y cargas adicionales.

¿Qué pasa entonces?

●       Se reducen jornales

●       Se aplazan contrataciones

●       Se frena la inversión

A esto se suma una realidad compleja: Escasez de mano de obra rural, aumento sostenido del costo laboral y distorsiones derivadas de la migración venezolana, que en muchas zonas ha tensionado —no reducido— el valor del trabajo.

El resultado es directo: Cuesta más y emplear se vuelve más difícil.

La carga que no aparece en la ley

Mientras el Estado aumenta la presión fiscal, en muchas regiones el productor sigue pagando:

●       Extorsión

●       Vacunas

●       Control territorial ilegal

Es decir, enfrenta una doble tributación: legal e ilegal.

Y ninguna política pública está integrando esa realidad.

¿Error técnico o decisión política?

Durante la campaña Petro pregonó “expropiación por vías distintas a la clásica”.

Hoy, lo que vemos se parece peligrosamente a una expropiación indirecta:

No te quitan la tierra.

Pero te hacen tan costoso sostenerla que te obligan a venderla o entregarla por la carga fiscal confiscatoria a través de altísimos Avalúos.

Esto hay que corregirlo

Lo que está ocurriendo no es solo una actualización catastral.

Es una Reforma Tributaria disfrazada.

Amplía la base, incrementa la carga, elimina beneficios y presiona la sostenibilidad del campo.

Este debe ser un tema central del país.

Llamado a Paloma Valencia y Juan Manuel Oviedo:

El campo colombiano necesita una corrección de fondo.

No se trata de frenar el catastro.

Se trata de impedir se convierta en mecanismo de asfixia económica. Si no se corrige, no solo se encarece la tierra, se pone en riesgo la producción, el empleo rural y la permanencia misma del campesino y los empresarios del campo de cualquier tamaño en Colombia, impactando directamente la Seguridad Alimentaria de la Nación.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 10 de abril de 2026).- No se cansa Petro de las verdades a medias para descalificar e incitar a la lucha de clases, incitación que gana votos, votos que necesita para instalar al sucesor que tape los escándalos de su gobierno y dé continuidad a su agenda progresista.

En su última “alocución” la emprendió contra la exportación de carne y animales, no porque él mismo crea en sus argumentos, sino para atacar a un objetivo de su oratoria exaltada: los ganaderos, para él terratenientes improductivos que, además, no pagan impuestos. Qué ironía, con los exorbitantes avalúos catastrales con los que se despide.

Que “las exportaciones de carne no pueden seguir porque no tenemos excedentes”. Falso. Las exportaciones no afectan el abastecimiento. El consumo de todas las carnes se incrementó notoriamente por el desbordado gasto público, en especial en nómina oficial. Pero mientras el cerdo y el pollo complementan su oferta con importaciones superiores a 207 mil toneladas en 2025, las de carne de res son despreciables y las exportaciones de 30.000 toneladas y 227.000 animales no afectan la oferta local, pues contamos con un hato de 30 millones de animales, número 13 del mundo y cuarto de Latinoamérica. 

Que “exportar a China hace subir los precios de la carne en el mercado local”. Falso. El aumento del precio en un 9.6% en 2025 es más una “recuperación”, pues en 2024 solo aumentó 0,68%. Es decir, no cubre la inflación de los dos periodos. Segundo: ese bajo incremento en 2024 se presentó con un volumen de exportaciones superior al de 2025, lo que demuestra que las exportaciones nada tuvieron que ver con el aumento del precio. Tercero: ese aumento de precio obedece a la recuperación de la demanda, reflejada en un incremento del sacrificio formal de 6,3%. Ante el crecimiento de la demanda el mercado reacciona y los precios suben: Economía básica.

Que con las exportaciones y, sobre todo, con las de hembras “estamos acabando nuestro hato ganadero”. Falso. Las exportaciones de carne equivalen solo al 4% de la producción y las de animales al 4% del hato, y en 2025 solo se exportaron 6.217 hembras hacia Venezuela cuando se creó la zona binacional en el Catatumbo, dizque para recuperar un hato que pasó de 18 a 7 millones de cabezas, gracias a la expropiación masiva de tierras ganaderas y al desastre económico del Socialismo del siglo XXI.

Que aun a costa de la balanza comercial, “es preferible que baje el precio de la carne para las y los colombianos, y eso no se puede si se sigue permitiendo la exportación”. Como se nota que Petro no habla de política económica, sino que hace política electoral. Sin ánimo de insultar, solo traigo a cuento la famosa frase de campaña de Clinton en 1992 ¡Es la economía, estúpido!

Pero, además, la preocupación por el hato ganadero es inconsistente con su ataque reiterado a la ganadería, como es inconsistente el ataque a las exportaciones ganaderas con el discurso de que las agropecuarias están llamadas a reemplazar la renta petrolera. Me quedo con la sensata respuesta de la ministra a los medios: “No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento”.

Finalmente, si de ayudar a los más desfavorecidos se trata, en lugar de perseguir las exportaciones, más haría el presidente apoyando la salvaguarda a las importaciones de leche desde Estados Unidos, en la que hemos insistido para salvar de la ruina a más de 300.000 ganaderos dedicados a la producción lechera, la mayoría campesinos minifundistas.

A este gobierno habría que ponerlo a repetir una plana: Menos odios…, más política pública…, menos política electoral.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 10 de abril de 2026).- En Colombia no está en discusión la necesidad de actualizar el catastro. El rezago es real. Lo que sí está en discusión es cómo se está haciendo y, sobre todo, cuándo puede cobrarse.

La Ley 2294 de 2023, artículo 49, autorizó al IGAC a realizar, por una sola vez, un ajuste masivo y automático de avalúos. Pero en la misma norma fijó la regla que hoy se pretende relativizar:

“Los valores catastrales (…) entrarán en vigencia a partir del 1° de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales.”

Aquí no hay interpretación posible. La ley diseñó un acto jurídico administrativo complejo, compuesto por tres momentos:

1. Determinación del avalúo (que puede ser automática).

2. Incorporación en la base catastral (obligatoria, material, predio a predio).

3. Efecto fiscal diferido (a partir del año siguiente).

Solo cuando se cumplen todas las etapas, el avalúo existe jurídicamente como base gravable.

Por eso, la tesis de que la expedición y publicación de una resolución general al cierre del año equivale a incorporación automática no se sostiene. La incorporación no es un acto formal ni presunto: es un hecho técnico y verificable, que implica registro individualizado en el sistema catastral.

Y este punto no es menor. El impuesto predial, aunque de creación general, se concreta en actos administrativos individuales. Cada liquidación debe apoyarse en una base cierta, vigente y oponible.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, ha sido reiterativo en que el impuesto predial se materializa en actos particulares sustentados en información catastral válida y vigente, y que la base gravable debe ser cierta y preexistente a la liquidación. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que, conforme al artículo 338 de la Constitución, los elementos del tributo deben estar definidos de manera previa, cierta y verificable (Sentencia C-776 de 2003).

Esto excluye cualquier posibilidad de cobros soportados en ficciones administrativas.

Ahora bien, una precisión necesaria: sí es posible aplicar los nuevos avalúos en 2027, pero solo si se cumple íntegramente el acto complejo. Es decir, si el avalúo fue determinado válidamente y si fue incorporado efectivamente durante 2026 en la base catastral, entonces podrá regir fiscalmente desde el 1° de enero de 2027.

Lo que no es jurídicamente admisible es anticipar efectos sin haber cumplido la incorporación, o pretender que esta se entiende surtida por el solo hecho de haber expedido un acto general.

Confundir la vigencia de una resolución con la existencia jurídica del avalúo es el error de fondo. Una cosa es que el acto administrativo general exista; otra, muy distinta, que haya producido todos los efectos necesarios para servir de base gravable.

El debate que empieza a darse en distintos escenarios jurídicos corre el riesgo de desviarse. Se pretende controvertir el problema atacando los actos individuales de liquidación del impuesto predial, cuando la discusión de fondo es anterior: la validez misma del avalúo como base gravable.

Esa aproximación fragmenta el problema y lo reduce a errores de forma o de trámite, cuando lo que está en juego es la existencia jurídica del elemento esencial del tributo. Si el avalúo no ha cumplido el proceso legal —determinación, incorporación y vigencia—, no hay base sobre la cual liquidar.

En esas condiciones, la discusión no es si el acto individual está bien notificado o motivado, sino si tiene soporte válido. Y cuando la base falla, lo demás no se corrige: se cae.

Por eso, los cobros de predial que se soporten en avalúos no incorporados —aunque gocen de presunción de legalidad— no resisten un control judicial de fondo. La presunción no suple la ausencia de los requisitos legales.

El debate no es ideológico ni coyuntural. Es estrictamente jurídico: el Estado no puede cobrar impuestos sin haber completado el proceso que la ley le exige.

En materia tributaria, el tiempo y la forma no los define la administración. Los define la ley. Y la ley, en este caso, es clara: sin incorporación previa, no hay avalúo; y sin avalúo, no hay impuesto.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Rafael Hernández Lozano * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(RHL – Martes 7 de abril de 2026).- El conflicto bélico en el golfo pérsico no puede verse como un hecho aislado por parte de los productores arroceros en Colombia, dado que esta situación geopolítica internacional tiene efectos directos sobre los costos de producción en nuestro país.

Irán ocupa un lugar estratégico en la producción y comercialización de insumos clave para la agricultura, especialmente fertilizantes nitrogenados, cuyo principal componente es el gas natural. Las alteraciones en el suministro energético, las restricciones logísticas o eventuales sanciones generan presiones alcistas en los precios internacionales. A ello se suman disrupciones en rutas marítimas críticas, encareciendo aún más los fletes y aumentando la incertidumbre en los mercados.

Para el sector arrocero, altamente dependiente de estos insumos, un incremento sostenido en los costos de fertilización puede afectar la rentabilidad del productor y, en última instancia, la estabilidad de la producción nacional.

Ante este panorama, Fedearroz ha venido insistiendo en un enfoque técnico, eficiente y preventivo. Más que reaccionar a la volatilidad, se trata de anticiparse a ella mediante prácticas que optimicen el uso de cada kilogramo de fertilizante.

El punto de partida es la planeación y el conocimiento. El diagnóstico químico y el análisis de suelos permiten entender con precisión qué nutrientes están realmente disponibles, evitando aplicaciones innecesarias. A partir de allí, la nutrición oportuna y fraccionada —especialmente de nitrógeno y potasio— asegura que la planta reciba lo que necesita en los momentos críticos de su desarrollo, mejorando la eficiencia de absorción.

Este esfuerzo debe complementarse con un manejo racional del agua. Mantener niveles adecuados después del macollamiento, no solo favorece la asimilación de nutrientes, sino que reduce pérdidas por evaporación. De igual forma, la micro nivelación de suelos se convierte en una herramienta clave para lograr una distribución uniforme del agua y los fertilizantes, evitando zonas con excesos o deficiencias.

La selección adecuada de variedades y la elección de la época óptima permiten maximizar el potencial productivo y el aprovechamiento de los nutrientes. Prácticas como el pre-abonamiento, por su parte, fortalecen el desarrollo inicial del cultivo y reducen la necesidad de intervenciones correctivas más costosas en etapas posteriores.

Finalmente, en un entorno de alta volatilidad el trabajo en equipo como gremio se vuelve fundamental. La organización de compras consolidadas entre productores y la adopción de herramientas de agricultura de precisión permiten reducir costos. Para adoptar estas estrategias es importante que los productores consulten con los directores y asistentes técnicos de Fedearroz, en la seccional más cercana a su lote.

Hoy, más que nunca, la sostenibilidad del sector arrocero depende de la capacidad de adaptarse a un entorno global incierto. La coyuntura internacional exige disciplina técnica, planeación y una visión de largo plazo, que son los elementos que hemos venido promoviendo con el programa AMTEC.

Convertir la tecnología y eficiencia en aliadas, es una respuesta inteligente y una necesidad impostergable para que el sector siga siendo fuente de seguridad alimentaria en el país.

* Rafael Hernández Lozano, Gerente General de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 4 de abril de 2026).- Todo lo que se hace “de mala leche” … sale mal. Así le ocurrió al Gobierno con el ajuste de los avalúos rurales con rezagos de actualización mayores a cinco años a la fecha de expedición de la Ley del Plan, no solo porque, basada en el odio a los “grandes terratenientes”, termina afectando a los pequeños propietarios, sino por el afán de implementarla a partir de 2026, para lo cual el Instituto Geográfico Agustín Cosazzi (IGAC), expidió la Resolución 2057 del 30 de diciembre, vigente desde su publicación en el Diario Oficial, que se produce, con inesperada eficiencia, el 31 de diciembre.

Sin embargo, en su afán, al Gobierno se le pasó un detalle: La Resolución 1912/24 del IGAC establece que los valores catastrales del ajuste automático entrarán en vigor “a partir del 1º de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales”; algo que se empezó a producir en los municipios en 2026 con la determinación del ajuste a cada predio. Por tanto, esos valores catastrales solo serán vigentes a partir del 1º de enero de 2027 y no podrán afectar el predial de 2026.

La actualización “a quemarropa” de los avalúos rurales ha sido promovida por el IGAC como una medida excepcional, masiva y automática.

Sin duda es excepcional, por una sola vez. Así la vende el Gobierno, como una de sus “bondades”, pero esa excepcionalidad lo que pretende es reparar el incumplimiento sistemático de la obligación legal de actualizar avalúos cada cinco años, poniendo a los propietarios a “pagar los platos” que rompieron los gobiernos durante décadas.

De lo “masivo y automático” siempre desconfío, porque esconde grandes injusticias. El IGAC reconoce que se afectarán 1.639.140 predios en 533 municipios, pero también que el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que, mientras Petro afirma que la medida no es para los pobres, las cifras del IGAC lo contradicen, pues el Estado mismo considera menos de 100 hectáreas como pequeña propiedad, al punto que las normas prediales la favorecen con incrementos que no pueden superar el 50% de lo liquidado el año anterior.     

Para el minifundio lechero de altiplano, que se mide en fanegadas (6.400 m2), la pequeña propiedad es más pequeña, pero en algunas zonas más valiosa. Un campesino con cinco fanegadas en el altiplano cundiboyacense, que soportan 10 animales y tampoco lo sacan de pobre, puede pasar, como por ensalmo, de pequeño a mediano productor, si su predio es afectado por incrementos promedio del avalúo superiores al 1.000% en Boyacá y Cundinamarca, con lo cual, entre otras cosas, perderá beneficios ante las entidades de crédito.

A las mayores limitaciones de acceso al crédito se suma el incremento del predial, que aun con las limitaciones a su aumento anual, afectará los ingresos de pequeños productores, pues sobre un avalúo que pretende actualizar décadas de descuido gubernamental, durante años pagarán aumentos no superiores al 50%, pero sobre una base cada vez mayor. Sumando el aumento vegetativo de los avalúos al ritmo del IPC, un campesino que pagó $1.000.000 en 2025, en apenas tres años pagaría más de $3.500.000.

Por fortuna, se malogró la intención de afectar la producción agropecuaria con la disculpa de fortalecer las finanzas municipales. Vendrá un nuevo gobierno que comprenda la realidad rural sin sesgos ideológicos, que modifique el despropósito de la actualización masiva y respete el artículo 9º de la Ley 101/93, para que los avalúos catastrales de predios destinados a la producción agropecuaria, como ordena la Ley, no tengan en cuenta “ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”.

¡Así debe ser…, que así sea!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 4 de abril de 2026).- “Mientras el país celebra la caída del desempleo, el campo colombiano empieza a enfriarse: cae la generación de empleo rural, la informalidad supera el 80% y la productividad sigue rezagada. En medio de una reforma agraria enfocada en repartir tierra, el verdadero debate —el de producir, invertir y generar ingresos sostenibles— sigue ausente. Ahí se define no solo el futuro del agro, sino el rumbo electoral del 2026.”

Colombia está a punto de reincidir en un error histórico: creer que el problema del campo es la tierra, cuando la evidencia demuestra que es la productividad. Y lo más delicado es que ese error ya empieza a reflejarse en el empleo rural.

Las cifras así lo muestran. Según el DANE, en el trimestre móvil más reciente, el país registra una tasa de desempleo cercana al 9%, pero con un dato que pasa casi inadvertido: el sector agropecuario perdió participación en la generación de empleo, con caídas en ocupación en ramas como agricultura y transporte rural. Es decir, el empleo nacional mejora, pero el campo deja de ser motor.

Esto contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando el sector agropecuario alcanzó cerca de 4,8 millones de ocupados, representando aproximadamente el 15% del empleo total del país. En ese momento, la tasa de desempleo rural se ubicaba alrededor del 6,7%, significativamente menor al promedio urbano. La conclusión era evidente: cuando el campo produce, el empleo responde.

Pero hay un dato aún más estructural: la informalidad rural en Colombia supera el 80%. En algunas actividades agrícolas, incluso

roza el 85%. Esto significa que 8 de cada 10 trabajadores del campo no tienen seguridad social, estabilidad ni ingresos sostenibles. Y esto no se resuelve repartiendo tierra: se resuelve haciendo productiva esa tierra.

En paralelo, la política pública ha tomado otro rumbo. El gobierno de Gustavo Petro ha priorizado la compra y adjudicación de tierras como eje de la reforma agraria. A 2025, se habían anunciado más de 1,3 millones de hectáreas en proceso de adquisición o negociación, en el marco del acuerdo con Fedegán.

Sin embargo, el cuello de botella no está en la tierra, sino en lo que viene después. El crédito agropecuario en Colombia apenas representa cerca del 4% del total de la cartera financiera nacional, y menos del 30% de los pequeños productores tiene acceso efectivo a financiamiento formal. Sin capital, no hay tecnología; sin tecnología, no hay productividad.

A esto se suma otro dato crítico: La productividad laboral del agro colombiano es menos de la mitad del promedio nacional. Mientras un trabajador urbano genera en promedio más del doble de valor agregado que uno rural, la brecha sigue ampliándose. Esa es la verdadera inequidad estructural.

Y aquí es donde el debate electoral deja de ser abstracto.

La pregunta no es quién reparte más tierra, sino quién garantiza que esa tierra produzca, genere ingresos y sostenga empleo. Y hoy, ese debate no está siendo liderado con claridad.

Ahí es donde una figura como Paloma Valencia tiene una oportunidad concreta de marcar diferencia programática.

Primero, poniendo la productividad en el centro. No como discurso, sino como política medible: tecnificación, asistencia técnica efectiva y acceso real a crédito. Si el agro crece al 3% anual, puede absorber cientos de miles de empleos; si se estanca, los destruye.

Segundo, vinculando la tierra a proyectos productivos. Cada hectárea adjudicada debe estar acompañada de un plan verificable de producción, acceso a mercados y sostenibilidad financiera. Sin eso, la reforma agraria no solo fracasa: profundiza la informalidad y consolida la pobreza.

Tercero, garantizando seguridad jurídica. La inversión agropecuaria en Colombia sigue rezagada: representa menos del 2% de la inversión total del país. Nadie invierte donde no hay reglas claras. Y sin inversión, no hay empleo.

El 2026 se va a definir en este terreno. Porque el campo no es marginal: más de 10 millones de colombianos dependen directa o indirectamente del sector agropecuario, y es allí donde se concentran los mayores niveles de pobreza multidimensional.

Mientras el gobierno insiste en un enfoque redistributivo, los datos empiezan a mostrar sus límites: el empleo rural se enfría, la informalidad persiste y la productividad no despega.

La oposición, fragmentada, aún no logra consolidar un relato. Pero el espacio está abierto.

Porque al final, la elección no se va a decidir en quién promete más tierra, sino en quién ofrece algo mucho más concreto y medible: más producción, más empleo y más ingresos en el campo.

Si Paloma Valencia logra encarnar esa agenda con rigor técnico, claridad política y respaldo estadístico, no solo entra en la conversación: la redefine.

Porque en Colombia, el problema no es la tierra.

Es lo que —o lo que no— se está haciendo con ella.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 27 de marzo de 2026).- En el último consejo de ministros el presidente Petro la emprendió nuevamente contra “la parrandada (sic) de terratenientes improductivos que no pagan impuesto sobre la tierra”.

FALSO. Todos los propietarios de tierra pagan impuesto, con pocas excepciones, una de ellas la de los indígenas terratenientes, ellos sí improductivos y además exentos, a quienes el Ministerio de Hacienda les paga el predial con la plata de nuestros impuestos.

La afirmación presidencial es poco menos que infame, pues no estamos ante contribuyentes ladrones, como sugiere Petro tendenciosamente, sino ante un Estado negligente. El propietario de tierra, grande, mediano o pequeño paga lo que le cobran, pero si las autoridades catastrales no hacen las actualizaciones a que están obligadas… ¿quién es el culpable?

El presidente se refirió a una convocatoria de paro por el incremento de los avalúos catastrales, resultado de la actualización masiva que ordena el artículo 49 de la Ley del Plan de Desarrollo. No sé de esa convocatoria, pero el artículo 49, aunque cree remediar un desfase histórico, termina siendo un despropósito, como la resolución del IGAC 2057/25, cuya metodología pongo en duda por sus resultados, que establecen porcentajes de incremento del avalúo catastral que rayan en el absurdo, para zonas rurales de 527 municipios.

Por ello, también pongo en duda que los ajustes realmente consulten el artículo 9º de la Ley Agraria (L. 101/93) la cual establece que cuando las normas sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios.

Los ejemplos son de Ripley: en la región 18 de Saravena, Arauca, el incremento supera el 2.500.000% (leyó bien: dos millones quinientos mil por ciento) y el promedio departamental el 201.000%. En Atlántico el promedio supera el 18.000% y siete departamentos tienen incrementos promedio superiores al 1.000%, lo que no es consuelo para Amazonas y Tolima con 900%, o para Nariño, departamento minifundista y agobiado por la violencia, con incremento promedio del 766%. Petro afirmó que la medida no era para los pobres, pero me temo que también es falso.

El anexo metodológico incluye una “confesión de parte” de esa culpabilidad del Estado: “El rezago… se relaciona con la falta de implementación de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 145 de 2011, que establece la obligación de las autoridades catastrales de actualizar los catastros en periodos de cinco años”. Esa “falta de implementación” es, sencillamente, el incumplimiento de una obligación legal…, sin que nada pase. Según el IGAC, el catastro rural presenta un rezago promedio de 15 años, pero hay municipios con 20 y 30 años sin actualización.

Es inobjetable que, ya sea por negligencia o falta de recursos, el rezago es un “error omisivo” del Estado durante años y, por tanto, su corrección no puede afectar “de golpe y porrazo” el bolsillo de los propietarios de tierra, sino que debe tener una gradualidad acorde con los tiempos del error estatal.

La afectación económica no es de poca monta, pues el predial, a pesar de las limitaciones legales a su aumento anual, tendrá una tendencia incremental durante varias vigencias, que debería atenuarse con una justa gradualidad en el incremento de los avalúos, y con la aplicación de tarifas mínimas por parte de los municipios.

La Resolución 2057 es, literalmente, una exacción que afectará al sector agropecuario con una carga impositiva que no consulta la situación del campo, donde todo falta y solo sobran el abandono y la violencia. Es un camino hacia la quiebra rural, un riesgo ante el cual…, debemos movilizarnos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie