Las cifras con calidad son semillas de oportunidad

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: B. Piedad Urdinola * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(BPU – Jueves 11 de septiembre de 2025).- La necesidad de prepararnos ante las eventualidades, en un mundo lleno de incertidumbres, fue la que dio vida a la medición consistente de cifras. En el Antiguo Egipto, la medición de las crecidas del Nilo permitió anticipar cosechas y organizar grandes obras, incluidas las pirámides que aún hoy nos asombran. Siglos después, civilizaciones como la China y Romana perfeccionaron el arte de censar y registrar a sus ciudadanos y estructurar un modelo de gobierno basado en la organización de su población y su territorio, e incluso en Sur América los Incas diseñaron un sistema de múltiples censos permanentes dentro de sus cuentas Quipú. 

Así como las grandes civilizaciones antiguas descubrieron en la medición una herramienta para organizarse y proyectarse, en la era moderna es una necesidad para la planeación estratégica e incluso un termómetro del desarrollo. Las economías modernas están, ahora, generando muchos más bienes intangibles que incluyen los datos y la información que nos ayudan a tomar decisiones a diario y, por ende, nos hacen más productivos.

En Colombia, desde 1953 el DANE tiene la misión de garantizar que cada cifra oficial no sea solo un porcentaje sobre la inflación, la desocupación, la carga ambiental de cierta actividad o la calidad de vida de las y los colombianos, sino también una semilla de prosperidad que abra oportunidades, oriente políticas públicas e impulse la economía con independencia técnica y transparencia.

Esa independencia técnica no es un privilegio institucional: es el prestigio construido a lo largo de más de siete décadas de historia en las que el DANE ha hecho de la confianza con la sociedad colombiana su mayor compromiso. Cada cifra publicada refleja con rigurosidad técnica y transparencia la realidad del país, más allá de cualquier circunstancia coyuntural o política.

Con la Ley 2335 de 2023, o ley estadística como la llamamos en el DANE, no solo el país subrayó la importancia de los principios de coherencia, exactitud, imparcialidad, transparencia y calidad de las cifras, sino que también reafirmó al DANE como el ente rector del Sistema Estadístico Nacional alineándolo con los más altos estándares internacionales.

De hecho, Colombia se posiciona en el top tres de las oficinas estadísticas de América Latina con una puntuación de 87,3 en el Índice de Desempeño Estadístico del Banco Mundial, luego de Costa Rica (88,5) y Chile (86,8), en la región, y acercándose a referentes como Japón (90,9) o Suiza (90,3).

Estos resultados se deben también al fortalecimiento en los últimos dos años de la infraestructura tecnológica del DANE con uno de los sistemas de ciberseguridad de primer nivel en el país y la región, el cual garantiza la calidad con la que se recoge cada dato y se procesa cada cifra.

Hoy, el DANE cuenta con un universo de datos autónomo y seguro, con soluciones en la nube que procesan millones de registros con rapidez y trazabilidad. Además, ha renovado más de 16.700 dispositivos móviles de captura, implementado la plataforma Genia para transmisión y trazabilidad en tiempo real, logrado interoperabilidad segura con 53 entidades públicas y abiertos tableros digitales para la consulta gratuita de cifras clave como el IPC, el PIB y las Estadísticas Vitales para toda la ciudadanía.

En tiempos en los que la confianza es un bien escaso, la tecnología se convierte en nuestro mejor aliado para ofrecer estadísticas producidas con imparcialidad e independencia técnica, tal como lo exige la Ley 2335. Cada avance tecnológico representa, en esencia, una garantía adicional de independencia, calidad y transparencia con cifras verificables.

Del mismo modo, hemos fortalecido nuestras prácticas éticas, la solidez metodológica y la apertura de los datos, entendiendo que lo que entregamos a la sociedad no son simples números transformados en porcentajes, sino certezas para orientar decisiones públicas y privadas.

Las cifras con calidad no son un fin en sí mismas: son semillas que germinan en confianza, florecen en decisiones ágiles y dan frutos en oportunidades para todos y todas. Así como las antiguas civilizaciones supieron medir para prosperar, hoy la tarea del DANE es seguir sembrando con rigor y transparencia las cifras que mañana serán la obra perdurable de un país que se reconoce en ellas y confía para trazar un futuro más próspero.

* B. Piedad Urdinola, Directora del DANE.

CAFÉ: Ciclo productivo desplazado mantiene impulso en agosto y exportaciones superan los 13,2 millones en el año móvil

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Domingo 7 de septiembre de 2025).- La producción nacional de café en agosto alcanzó 1,24 millones de sacos de 60 kg, con un crecimiento del +19% frente a agosto de 2024. Este resultado prolonga el impulso observado en julio y refleja el desfase en la cosecha del primer semestre, originado por las lluvias persistentes que desplazaron la recolección hacia el inicio del segundo semestre.

Con este desempeño, la producción acumulada en los últimos 12 meses (sep. 2024 – ago. 2025) ascendió a 14,79 millones de sacos, un incremento interanual del +18%. En lo corrido del año (ene.–ago. 2025) la producción suma 8,83 millones de sacos (+10%).

En materia de comercio exterior, Colombia exportó en agosto 1,13 millones de sacos, lo que representó un aumento de +10% respecto a agosto 2024. En el año móvil, las exportaciones alcanzaron 13,23 millones de sacos, con un crecimiento del +13% frente al periodo anterior. Las exportaciones de la FNC ascendieron a 2,59 millones de sacos (+18%), mientras que las de otros exportadores llegaron a 10,63 millones (+12%).

Las importaciones preliminares del mes fueron de 146 mil sacos, acumulando 776 mil en los últimos 12 meses. El consumo interno se mantiene estable con un estimado móvil de 2,25 millones de sacos anuales.

A medida que se acerca el cierre del año cafetero, la dinámica positiva de producción y exportaciones confirma la fortaleza del sistema cafetero colombiano. Sin embargo, es necesario advertir que tendremos un declive en la producción nacional en el trimestre de (Oct-Dic) de 2025. El pronóstico de cosecha estima un impacto de 1 millón de sacos menos, en comparación al 2024.

Finalmente, vuelvo a solicitar a las autoridades colombianas las herramientas de seguimiento a las importaciones debido a las diferencias arancelarias entre cafés de los distintos origenes establecidas por el gobierno de los estados unidos, estos son un incentivo para una nociva dinámica de importaciones, lo cual plantea la necesidad de revisar un marco para proteger la competitividad del Café de Colombia.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

¿Del lado equivocado de la historia?

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Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 5 de septiembre de 2025).- La diplomacia y la lógica de las relaciones entre los países da para todo. China y Estados Unidos se muestran los dientes y hacen ostentación de su capacidad militar, pero al final negocian, porque la “II Guerra Fría” que hoy protagonizan es comercial y el mercado su campo de batalla, donde se necesitan mutuamente.

A raíz de la presencia militar de Estados Unidos en aguas caribeñas, Brasil reiteró que no reconoce los resultados de las elecciones venezolanas, pero tiene una “relación de Estado” con ese país, porque “a los vecinos no se los elige”, y yo añado: vecinos que, además, se necesitan para mantener el Socialismo del Siglo XXI en la región y su cada vez más frágil institucionalidad multilateral: La CELAC, el ALBA, UNASUR…

En nuestro país, Petro, al igual que Lula, se resiste a declarar con nombre propio que no reconoce a Maduro como presidente, y se queda en el eufemismo equivalente de no reconocer los resultados hasta que se hagan públicas unas actas que nunca se harán públicas.

Sin embargo, en ese estado de interregno, de efectiva vacancia presidencial en Venezuela, Petro decide mantener relaciones diplomáticas con base en los lugares comunes de siempre: que somos países hermanos, que Bolívar y el sueño de la Gran Colombia, que el apoyo a la paz, que la frontera común…; pero también la comunión ideológica, la admiración al chavismo y, por supuesto, las rutas de la coca hacia Venezuela y el mundo desde el Catatumbo, con la protección del ELN a ambos lados de la frontera.

El Catatumbo y su coca: la verdadera razón detrás de la Zona Binacional, creada mediante un “Memorando de Intención” cuando ya era un hecho el despliegue militar de Estados Unidos hacia el Caribe; una zona que comprende a La Guajira, Cesar y Norte de Santander de nuestro lado, este último infestado por el narcotráfico y su violencia exacerbada.

Aun así, hace un mes Maduro declaraba que “La idea es que sea una zona de paz”, pero luego envía 15.000 efectivos a la frontera y agradece a Petro su decisión de arrimar 25.000 más de este lado, con lo cual, sin reconocer a Maduro como presidente, Petro legitima su narcorégimen y, más grave aún, pone a Colombia en la mira de la actual política antidrogas de Estados Unidos.

No puede olvidar Petro que Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por Maduro por delitos de narcotráfico, que se alimentan, queramos o no, con las 43.000 hectáreas de coca sembradas en la zona binacional. Así las cosas, estamos ante el riesgo de pasar de ser considerados socios de Estados Unidos en la lucha antidrogas, a cómplices del Cartel de los Soles y su cabecilla.

No puede olvidar Petro que en esta crisis Maduro se está quedando solo. Sus amigos en la región, el mismo Petro incluido, no lo reconocen como presidente y, aunque lo apoyan y rechazan con declaraciones diplomáticas cualquier tipo de bloqueo o intervención, no se involucrarán más allá de lo necesario.

Sus grandes aliados, China y Rusia principalmente, a quienes les debe hasta la camisa, igual declaran su apoyo y quizás estén más interesados en recuperar su dinero, …pero hasta ahí. China está ocupada en su guerra comercial con Estados Unidos y sus viejos litigios territoriales, con el de Taiwán en primer lugar. Rusia, ya sin el poder militar y económico de otros tiempos, tiene suficiente con la guerra de Ucrania, en tanto que Irán tiene metidas sus narices en el conflicto Israel – Palestina.

Estados Unidos va en serio y la historia es implacable. A quienes están del lado equivocado…, siempre los castiga.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

El golpe definitivo a las aspiraciones totalitarias de Petro: ¿qué nos espera en los últimos 10 meses?

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 5 de septiembre de 2025).- Lo sucedido el 3 de septiembre de 2025, con la elección del Dr. Carlos Camargo Assis como magistrado de la Honorable Corte Constitucional, representa, en mi opinión como opositor férreo a Gustavo Petro, es el golpe político más contundente contra las ambiciones de control absoluto sobre las ramas del poder público. Este exdefensor del Pueblo, elegido por el Senado con 62 votos, se impone como un baluarte de independencia judicial, frustrando los intentos del Pacto Histórico por someter la Corte a su ideología extremista de izquierda. Petro, en su reacción inmediata, declaró “No confío en él”, revelando su temor a un tribunal que no se pliegue a sus designios. Como abogado, subrayo, esta elección fortalece el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 CP (Constitución Política de Colombia), que establece ramas independientes: legislativa, ejecutiva y judicial, impidiendo la concentración autoritaria que Petro anhela.

¿Qué podemos esperar en estos últimos 10 meses de un gobierno zurdópata y violento?

Preparémonos para una escalada radical, ya que el fracaso en controlar la Corte Constitucional, desatará lo peor de este régimen socialista extremo:

A. Radicalización del Ejecutivo: Petro intensificará posiciones de izquierda extrema, bordeando el comunismo violento. Ante fracasos políticos, económicos y sociales, activará las “primeras líneas” —grupos armados de recordación ingrata—, y movilizará guardias indígenas y campesinas bajo jurisdicciones especiales (artículo 246 CN), pervirtiendo su protección estatal para reprimir disidencia. Esto viola el monopolio estatal de la fuerza (artículo 216 CP), generando caos y violencia.

B. Desconocimiento de resultados electorales: Petro ignorará elecciones nacionales (Presidencia, Senado), departamentales (Cámara, Asambleas) y locales (Concejos, JAL) si no favorecen su zurdopatía. Interferirá en selecciones internas de partidos (Ley 1475 de 2011), manipulando consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026. Como jurista, advierto que esto atenta contra el sufragio universal (artículo 258 CP) y podría constituir delitos electorales (Ley 1864 de 2017), exponiéndose a sanciones del Consejo Nacional Electoral.

C. Deslegitimación judicial: Desconocerá fallos de la Corte Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y CNE si no le convienen, generando inseguridad jurídica que ahuyentará inversiones. Esto contraviene el artículo 228 CP, que garantiza independencia judicial, y precedentes como la Sentencia SU-355/20, que sanciona el desconocimiento de decisiones constitucionales. El resultado: caos judicial y colapso económico.

D. Alineación con regímenes autoritarios: Fortalecerá lazos con Venezuela, Cuba, Nicaragua y exmandatarios como Morales, Correa y Kirchner, alimentando un enemigo externo en EE.UU. y Trump. Esta política exterior ideológica ignora el interés nacional (artículo 226 CP), priorizando alianzas comunistas que aíslan a Colombia.

E. Ataques a opositores: Intensificará persecuciones contra prensa, políticos, jueces y empresarios opositores. El aparato de inteligencia estatal se enfocará en vigilar disidentes, violando derechos fundamentales (artículo 15 CP sobre inviolabilidad de correspondencia y datos).

F. Propaganda masiva: Invertirá recursos públicos en campañas falaces para simular logros inexistentes, confundiendo votantes. Esto malversa fondos estatales (Ley 734 de 2002, Código Disciplinario), erosionando la democracia.

En conclusión, estos meses serán de turbulencia y violencia inminente. Como abogado y defensor de la República, llamo a la unión monolítica de la oposición —del centro a la derecha— para liquidar esta pesadilla en primera vuelta electoral. Ir a segunda es ruleta rusa con tres balas en el tambor: un suicidio político.

Alistemos escudos y espadas jurídicas para defender la República, el Estado de Derecho y la Democracia, contraatacando cualquier violación a nuestros derechos constitucionales.

¡La democracia no se negocia; se defiende con contundencia!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

La justicia… ¿utilizada?

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 29 de agosto de 2025).- En el siglo XVIII, el Barón de Montesquieu desarrolló el fundamento de la democracia moderna: la separación de tres poderes, entre los cuales, sin embargo, “La justicia es la virtud de las instituciones”. Nada nuevo. Aristóteles, hace 23 siglos, afirmaba que “En la justicia se encuentran en suma todas las virtudes” y es el centro del ordenamiento de la sociedad. 

No obstante, hoy se pretende despojarla de sus virtudes y utilizarla para repartir impunidad o como arma de persecución política. El autor de un magnicidio, menor de edad, pero con pleno uso de razón, estará siete años en una “institución especializada”, condenado por “intento de homicidio”, porque -vaya curiosidad de nuestras leyes- cuando aceptó cargos, Miguel Uribe aún vivía y, aunque parezca insólito, la ley está por encima de la tozuda realidad de la muerte.

Los responsables, según la JEP, del “reclutamiento y utilización sistemática” de 18.677 menores, incluido abuso sexual, esperan condena sentados en el Congreso y tranquilos, porque saben que serán apenas “restaurativas”. ¿Acaso impunidad como negación de justicia?

En 2012, el senador Cepeda acusó al también senador Álvaro Uribe de conformación de grupos paramilitares, a partir de testimonios de bandidos condenados, por lo cual el expresidente lo demandó ante la Corte Suprema por manipulación de testigos.

Seis años después la Corte cierra el caso contra Cepeda y, sorpresivamente, el acusador pasa a ser acusado. Es la Corte de los desacuerdos con el expresidente durante su mandato y de la cual hacía parte José Leónidas Bustos, su presidente en 2015 y hoy prófugo, acusado de corrupción con otros magistrados: el “Cartel de la Toga”. ¿Acaso la utilización de la justicia como venganza?

Desde entonces ha sucedido de todo: chuzadas ilegales y falta de garantías, renuncia al Senado del expresidente y traslado a la jurisdicción ordinaria, donde la justicia también se había quitado la venda de su neutralidad. ¿Qué siguió? La negación de dos solicitudes de preclusión por parte de los fiscales del caso y una tercera en el Tribunal, terminando con un juicio oral en el que, por fin, coinciden una fiscal y una juez que querían condenar a Uribe y no lo pudieron ocultar; juicio plagado de irregularidades que el país vio por televisión. ¿Acaso el ataque de una justicia sesgada?

La defensa del expresidente apela la condena a 12 años de cárcel e interpone tutela contra la reclusión inmediata de Uribe, que es fallada a su favor, a lo cual Cepeda contraataca buscando anulación, mientras que, gracias a su triunfo contra Uribe, que es de toda la izquierda, se catapulta como precandidato presidencial.

En el entretanto, el expresidente, sus hijos y el Centro Democrático denuncian su inconformidad con el juicio, así como la agresiva obsesión de Cepeda y sus nexos con las Farc y la llamada Farc-política, frente a la cual ha callado la justicia durante años.

Epílogo: Una nueva demanda del senador por injuria y calumnia contra Uribe, sus hijos y el director del partido. ¿Acaso es selectivo el derecho a denunciar y sentirse ofendido?, ¿acaso es la justicia utilizada como arma política?

Creo en la justicia como institución; creo, con el estagirita, que la justicia, como virtud esencial de la democracia, debe seguir siendo el eje del ordenamiento de la sociedad. Sin embargo, cuando se quita la venda de la neutralidad para ser selectiva o utilizada a conveniencia, afecta gravemente la confianza ciudadana y, entonces, cuando dejamos de creer, la justicia pasa de ser el centro del ordenamiento de la sociedad… a la causa de su desorden.

Sin justicia no hay ley ni orden…, sin orden no hay seguridad…, sin seguridad no hay verdadera libertad.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

La Reforma Agraria de Petro: Promesas incumplidas y ataques a la propiedad privada

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 29 de agosto de 2025).- El gobierno de Gustavo Petro ha enarbolado la reforma agraria como una de sus banderas populistas para afianzar su permanencia en el poder. Desde la época preelectoral, buscó capturar el voto rural con la promesa de entregar tierras a quienes no las poseen o las tienen en cantidad insuficiente. Para ello, juró distribuir tres millones de hectáreas en cumplimiento de sus compromisos de campaña.

Sin embargo, según datos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Presidencia, hasta agosto de 2025 se han gestionado alrededor de 647.000 hectáreas mediante recuperación, compra y formalización, de las cuales solo unas 250.000 han sido efectivamente entregadas a beneficiarios. Esto representa menos del 10% de lo prometido, y el tiempo se agota: el sol está a sus espaldas, y muy poco de lo anunciado se ha materializado. Incluso, en lo poco que ha avanzado, el gobierno actúa al margen de la ley. Un ejemplo flagrante es la hacienda Las Américas en el Cesar, donde, a sabiendas de la imposibilidad jurídica para repartir las tierras, Petro procedió a una entrega simbólica a más de mil familias.

Los propietarios ejercieron su derecho a la defensa y ganaron el pleito judicial, convirtiendo a esas familias en invasores ilegales. Recientemente, en agosto de 2025, un tribunal tumbó la venta de esta finca de 1.453 hectáreas, avaluada en más de 26.000 millones de pesos, confirmando la irregularidad y dejando en evidencia la irresponsabilidad presidencial que fomenta ocupaciones ilegales.

Durante el 39º Congreso Ganadero en noviembre de 2022, José Félix Lafaurie, a solicitud de Petro, fue designado negociador en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo entre Fedegán y el Ejecutivo: los ganaderos se comprometieron a vender tierras al Estado para distribuirlas entre la población rural necesitada. Hasta la fecha, se han ofertado 1.434 fincas con 605.067hectáreas.

La ANT ha adquirido 62 predios (19.887 hectáreas) y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 adicionales, totalizando 110 predios con 42.944 hectáreas de ganaderos.A pesar de esta colaboración, el 14 de marzo de 2025 Petro arremetió nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes renuentes a vender. Esta reforma se reduce a entregar tierras sin la integralidad para hacerlas productivas, condenando a los beneficiarios a una subsistencia precaria. Los discursos incendiarios de Petro han resonado en el campesinado, impulsando vías de hecho como invasiones y ocupaciones ilegales, a menudo orquestadas por grupos al margen de la ley.

En las últimas semanas, hemos visto un recrudecimiento de ataques a la propiedad rural. En Bolívar, en Arjona y Turbaco, ocupantes traídos de otras regiones, apoyados por motos de alto cilindraje y gama, camiones con equipo, se instalaron rápidamente en fincas, en acciones coordinadas que sugieren respaldo organizado. En Puerto Parra, Santander, invasores equipados desde fuera ocuparon predios ilegalmente. En Zarzal, Valle del Cauca, la ANT prefirió entregar tierras a afrodescendientes e indígenas de Cali, ignorando a los lugareños. En Tolima, las fincas Guamal y Tabor fueron invadidas; solo gracias a la Policía Nacional, con su componente de carabineros y el apoyo del gremio ganadero local, se logró el desalojo.

Como se aprecia, estas ocupaciones ilegales, al parecer, presuntamente son promovidas desde el gobierno mediante filtraciones de información sobre fincas ofertadas en venta, aún en proceso de compra por la ANT, sin cierre ni pago. Esto parece un esfuerzo por ganar adeptos políticos en el rural, generando “núcleos productivos” que, en realidad, son puntas de lanza para atacar la propiedad privada.

Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales del IGAC, inflados desproporcionadamente (hasta diez veces), parecen diseñados para forzar daciones en pago, configurando una expropiación indirecta. Recordemos a la ANT y al Ejecutivo: estos avalúos fijan el precio mínimo de negociación estatal. Si no cumplieron con los anteriores, menos lo harán ahora. No se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.

En conclusión, esta reforma agraria no es más que un fracaso legal y productivo que socava el Estado de derecho. se le debe exigir al gobierno Petro, aclarar si están presuntamente detrás de las invasiones y cesar de ser así, su promoción, respetar la propiedad privada y priorizar compras legales con apoyo técnico para verdadera productividad. De lo contrario, Petro no solo incumple, sino que siembra caos y divide al país. La ley debe prevalecer sobre el populismo.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Llamado de urgencia por la defensa del agro colombiano

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Leonardo Ariza Ramirez * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(Acosemillas – Jueves 28 de agosto de 2025).- Cada vez es más evidente la crisis cíclica que enfrenta el sector agropecuario colombiano. Hoy subsectores como el arroz, la papa y la leche han alzado su voz en medio de una realidad repetitiva: la sobreoferta, la caída de precios por debajo de los costos de producción y la ausencia de una política estructural que respalde al productor. Pero igual sucede cada rato con otros productos como la panela, el maíz, los cítricos, el plátano, la yuca, entre otros.

En el campo del arroz, según Fedearroz, la carga de 125 kg de arroz paddy verde se vende entre 170.000 y 185.000 pesos, mientras que los productores exigen un precio mínimo de 205.000 a 220.000 pesos para cubrir costos. La caída de precios de 11,8% en 2024 junto a un inventario nacional récord de más de 534.000 toneladas, casi un 68% por encima del promedio de la última década, lo que desencadenó paros que generaron bloqueos regionales y que afectaron a todos los sectores y a la comunidad en general. Paro y bloqueos que afortunadamente ya se han levantado pero que se mantiene la amenaza latente ante la incertidumbre de la aplicación real de las medidas y acuerdos planteados por el gobierno con los productores y la industria arrocera.

Por su parte la papa tiene su crisis por la baja en el consumo, el contrabando, la sobre oferta y las importaciones de papa procesada entre otras causas que han llevado al sector a un panorama desalentador que afecta a centenares de familias en varios departamentos. Los precios han disminuido en un 71,7 por ciento con respecto a los registrados a comienzos del año, cuando una carga se vendía entre $250.000 y $280.000, con un promedio de $265.000. En el último mes, ese mismo volumen se comercializa entre $70.000 y $80.000, con un promedio de $75.000… y hasta en menos.

En el sector lechero, el gremio Analac, gremio de los productores, alertó que grandes procesadoras han reducido la compra de leche en finca hasta un 15% desde febrero de 2024, en tanto que el precio pagado al productor cayó en al menos un 12,2%, intensificando la presión sobre miles de pequeñas familias rurales.

Asoleche, el gremio de los industriales de la leche advierte que el consumo de leche ha caído un 9% en 2022 y un 6% en 2023, lo que ha generado inventarios industriales equivalentes a unos 200 millones de litros y complicaciones financieras para la agroindustria del sector.

Estas cifras evidencian una urgencia, debemos consolidar una agenda común que movilice lo mejor del agro colombiano: su diversidad, su agroindustria, su talento técnico y su capacidad asociativa. Un campo productivo solo tiene futuro si su producción es acopiada, transformada y conectada con mercados formales y competitivos.

Lo preocupante no es solo la coyuntura, lo verdaderamente alarmante es que seguimos respondiendo con medidas de corto plazo a un problema que requiere una visión de Estado, una ruta clara de largo aliento para el fortalecimiento del agro. Es hora de dejar atrás la dispersión de esfuerzos y unirnos, como sociedad, en torno a una causa que nos concierne a todos: la defensa de la producción nacional de alimentos.

Esa unidad debe ser más que simbólica, implica compromisos reales del Gobierno y del Congreso, que deben mirar al agro con una perspectiva estratégica, lejos de cálculos electorales. Se necesitan políticas públicas estables, construidas con todos los actores del sector, que reconozcan y promuevan la diversidad de los sistemas productivos, desde los campesinos hasta los agroindustriales, con libertad para elegir modelos y tecnologías.

La agroindustria juega un papel clave en esta ecuación. Es el puente que permite transformar la producción primaria en valor agregado, generar empleo rural no agrícola, dinamizar las cadenas de abastecimiento y abrir oportunidades de exportación. Fortalecer la agroindustria no es competir con el agricultor; es darle sostenibilidad y sentido de futuro a la actividad agropecuaria.

Pero para que eso ocurra, necesitamos más inversión en infraestructura, en distritos de riego, vías terciarias, centros de acopio y secado. Requerimos acceso real a tecnología, digitalización, insumos de calidad y asesoría técnica permanente. Y, sobre todo, necesitamos apostarle en serio a la asociatividad: cooperativas, alianzas productivas, esquemas colaborativos que permitan generar economías de escala y mejorar el poder de negociación del productor frente al mercado.

Es por esto por lo que el llamado de urgencia se requiere para establecer lo siguiente:

⮚      Una política pública agropecuaria de estado, con visión a largo plazo y sin afectación de los tiempos electorales y los nuevos funcionarios de turno en el poder.

⮚      Una legislación que asegure la libre operación de todos los sistemas productivos, combinando incentivos a la inversión privada con respaldo no solo al pequeño productor sino a todos los actores de las cadenas productivas de alimentos.

⮚      Recursos efectivos para infraestructura física (vías terciarias, distritos de riego, centros de acopio, secadoras), crédito accesible, insumos de calidad y asistencia técnica profesional para el desarrollo integral de los proyectos productivos.

⮚      Una ruta de representación activa del Congreso, cimentada en alianzas entre bancadas, sin sesgos ideológicos, enfocada en proteger la producción nacional de alimentos.

⮚      Una agenda conjunta de gremios, asociaciones, agroindustria, academia y sociedad, capaz de diseñar estrategias integrales para estabilizar el mercado interno y proyectar exportaciones de valor agregado.

El agro colombiano no puede seguir a la deriva, atrapado entre la incertidumbre climática y la inestabilidad del mercado. Defenderlo es defender la seguridad alimentaria del país, la paz territorial y la economía rural. Ya no hay margen para la indiferencia, nos convoca la urgencia, pero también la oportunidad de hacer las cosas bien. El agro puede y debe ser motor de desarrollo, lo que necesitamos es decisión, coherencia y unidad.

* Leonardo Ariza Ramírez, Gerente general de Acosemillas.

Otra vez…    ¡Ojo con el 2026!

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 22 de agosto de 2025).- Un helicóptero de la Policía Nacional es derribado en Amalfi, Antioquia. Los primeros informes daban cuenta de al menos un muerto…, luego fueron seis…, luego ocho y al final doce.

Cali no cura aún el dolor de los atentados del 10 de junio ni sabe de tranquilidad desde el ataque narcoterrorista disfrazado de estallido social, y hoy un camión bomba explota cerca de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, con una cuenta que terminó en seis víctimas fatales.

Dios quiera que los heridos no aumenten la lista de 18 compatriotas que perdieron la vida en apenas unas horas de un mismo día. Sus nombres se publicarán y quizás sus historias, pero muy pronto solo sus familias y amigos los recordarán en un país aquejado de Alzheimer selectivo.

Las víctimas de Cali lo fueron de una guerra ajena para ellos, y los héroes de Amalfi de una contra el narcotráfico que perdió el norte cuando Santos, echando mano de argumentos incompletos de salud pública, cedió a la presión de Chávez en el oriente, de Correa en el sur y de las Farc en la mesa de negociaciones, para suspender la fumigación aérea y reabrirle la puerta al narcotráfico y la violencia que hoy acorralan a la democracia. Tremenda responsabilidad histórica.

Frente a esta ola de violencia, que no será la última, habrá consejos de seguridad, declaraciones oficiales, recompensas, explicaciones estrambóticas de Petro acusando a una Junta del Narcotráfico en Dubái que intenta asesinarlo, y hasta declaraciones de conmoción; pero, una vez más, en este país amnésico todo sucede… y nada pasa.

Que hay un contubernio internacional del narcotráfico, no me cabe duda, pero acá mismo y en la vecindad, surtido por los grupos armados ilegales colombianos que hoy, sin excepción, son mafias narcoterroristas, aunque sorprende que Petro haya solicitado al mundo declarar como tales al Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, cuidándose de excepcionar al ELN,  el grupo ilegal con probados vínculos con el dictador en Venezuela, donde funge como grupo paramilitar a su servicio, mientras acá es mafia narcotraficante, ejército de ocupación y financiador del terrorismo, como se comprobó en el tal estallido social en Cali.

Tampoco dudo que “estamos ante una ofensiva por la toma del Estado en buena parte de Latinoamérica por la mafia”, como trinó Petro en junio, a raíz del atentado contra Miguel Uribe, pero no se trata de una amenaza también lejana, porque Petro, aunque deba negarlo, hace parte de esa ofensiva que ha puesto presidentes progresistas en toda la región con recursos del narcotráfico, siguiendo el modelo de Chávez en Venezuela y las directrices del Foro de Sao Paulo, que ante el fracaso de la toma del poder por las armas, opta por el asalto a la democracia desde la democracia misma. En esas estamos en Colombia.

Es claro que ese contubernio narcotraficante está detrás de los ataques terroristas, para allanarle el camino a la continuidad del neocomunismo progresista en la próxima contienda electoral. Es claro que Estados Unidos tiene información sobre el Cartel de los Soles y su cabecilla, Nicolás Maduro, que soporta la bicoca de 50 millones de dólares de recompensa por el dictador y 25 por su compadre Diosdado.

Es claro que Trump no manda por capricho una armada con capacidad de ataque insospechada, como es claro que la tal zona binacional es un piloto de lo que sería el sueño compartido por Petro y Maduro de una Gran Colombia progresista y aliada de potencias terroristas.

Es claro que el narcoterrorismo seguirá atacando. Y si es tan claro…, ¿qué estamos haciendo? ¡Ojo con el 2026!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

“La paz no es impunidad, ni la seguridad es guerra”

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 22 de agosto de 2025).- La Constitución garantiza el derecho a elegir y ser elegido; negarlo, vulnerarlo o condicionarlo es quebrar la esencia misma de la democracia.

En lo poco que pude conocerlo, esta frase del entonces senador Miguel Uribe Turbay resume su pensamiento socio-político: un ideario enmarcado en la Seguridad Democrática que, bajo Álvaro Uribe Vélez, rescató a Colombia del narcoterrorismo que la asolaba desde finales del siglo XX.

Miguel retomó esas banderas y las defendió con estatura moral y política en tiempos adversos, frente a un gobierno encabezado por Gustavo Petro, antiguo miembro de grupos que, con violencia, pretendieron tomarse el poder, en una época en que la guerrilla servía al narcotráfico. Aquellos años dejaron tragedias como la toma y quema del Palacio de Justicia (1985), que acabó con casi toda la cúpula de la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Su legado es el de la entrega total a las causas nacionales, con coherencia y servicio. Su carrera fue vertiginosa: concejal de Bogotá, secretario de Gobierno, candidato a la Alcaldía, aspirante al Senado y, finalmente, senador más votado del último periodo legislativo, con 223.000 votos.

Nieto del presidente Julio César Turbay Ayala —creador del Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978), que permitió desarticular organizaciones subversivas—, fue presidente del Concejo de Bogotá y figura destacada del Centro Democrático.

Esa visibilidad despertó la ira presidencial. Entre el 1.º y el 20 de mayo de 2025, Petro dedicó 43 publicaciones en X y dos discursos públicos a atacarlo —uno el Día del Trabajo y otro en Barranquilla—. Ambos precedieron el atentado del 7 de junio de 2025 que, pese a los esfuerzos médicos, terminó con su vida.

Petro no disparó la pistola Glock usada en el crimen, pero con su retórica inflamó los ánimos y corrió simbólicamente la corredera, dejando lista el arma para que un fanático, enardecido por el lema “libertad o muerte”, apretara el gatillo.

Hoy, tras despedir a Miguel, corresponde exigir al gobierno garantías plenas para el ejercicio del derecho fundamental a elegir y ser elegido (art. 40 C.P.). Según la Registraduría Nacional, más de 39 millones de colombianos integran el censo electoral. Deben poder votar libres de miedo y coacción.

La historia enseña: no podemos permitir que en 2026 se repita el error de Venezuela, donde un cálculo político entregó el poder a un proyecto autoritario que lleva 26 años y 6 meses de narcodictadura disfrazada de democracia.

Los partidos y movimientos afines en lo ideológico deben abandonar intereses individuales —políticos, burocráticos o económicos— y acordar un mecanismo único de selección. La Ley 1475 de 2011 (art. 6) permite consultas interpartidistas para definir candidatos. La cita debe ser en marzo de 2026, para llegar a la primera vuelta con un solo aspirante de coalición.

Arriesgarse a una segunda vuelta con voto fragmentado es jugar a la ruleta rusa. La matemática política es implacable: 70 % dividido en diez partes es menos que un 30 % unificado. Y cuidado: una centroizquierda cohesionada (Fajardo o López, por ejemplo) podría superar fácilmente a una derecha dispersa y forzar una segunda vuelta favorable a la izquierda.

No hay excusas: el marco jurídico existe, la experiencia histórica advierte y las cifras confirman el riesgo. La unión no es una opción, es una obligación patriótica.

Soldado avisado no muere en guerra.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

“Su causa fue la seguridad”

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 15 de agosto de 2025).- La historia se repite… Ayer, un niño de 4 años pierde a su madre…, hoy, el hijo de ese niño pierde a su padre, y en medio de esa historia repetida, la entereza de una esposa y madre a pesar del dolor…, y el dolor de un padre convertido en dignidad, compungido, pero con la frente en alto para hablarle sin ambages al país.

¿Por qué esta tragedia se repite en una familia, como se repite, una y otra vez, la dolorosa historia de Colombia, acaso condenada por un dios perverso a cargar cuesta arriba la pesada roca de la violencia, sin alcanzar nunca la cima de la paz?

La historia se repite porque hoy, cuando es asesinado Miguel Uribe, como hace 34 años, cuando lo fue su madre, Diana Turbay, el enemigo es el mismo: el narcotráfico, lo que responde a la primera certeza de Miguel Uribe Londoño: “No tenemos duda de dónde viene la violencia”.

Sin embargo, en este país de paradojas, en la misa fúnebre estaba ausente, por arbitraria decisión de la justicia, el presidente que rescató del narcotráfico a un país al borde del abismo; pero estaba presente y glorificado por el mundo el que, buscando lograr a toda costa la paz que se firma en un papel, no la que siguen esperando los colombianos, le devolvió al narcoterrorismo un país que ya estaba a las puertas de la redención y de un mejor futuro.

Doloroso que así sea, pero en medio de la tristeza de la familia y del país, la despedida de Miguel Uribe fue un momento “político”. No podía ser de otra manera, y no es un irrespeto a su memoria o su familia, pues no dudo que Miguel habría querido que su muerte tuviera ese significado.

Y en ese entorno “político” se habló de paz, sempiterno anhelo de los colombianos, pero no de negociaciones, de perdón social, de justicias restaurativas o de “Paz total”. De lo que sí se habló fue de justicia, de lucha contra el crimen; se habló de… SEGURIDAD.

El expresidente Uribe, en su mensaje leído en el Salón Elíptico –se puede encerrar al hombre, pero no a sus ideas– lo tenía muy claro, no solo cuando exaltó a Miguel, un joven “espiritualmente preparado para ejercer la Presidencia de la República con decoro, con nobleza en la acción y en la palabra. También con la firmeza necesaria para desarticular el crimen…”, sino cuando, haciendo referencia al magnicidio de Galán, afirmó que entonces se gobernaba “con respeto a la Constitución y con vocación de enfrentar al terrorismo, lo cual contrasta con lo que vivimos de un gobierno más preocupado por la alianza terrorista que por la erradicación del crimen”.

Lo tenía claro María Claudia Tarazona cuando le recordó al país que “Miguel siempre creyó en la seguridad y la justicia como pilares fundamentales para conseguir la paz…”

Lo tenía clarísimo Miguel padre al devolverles, con gallardía –palabra que usó una juez para agredir a quien juzgaba– a Álvaro Uribe Vélez y al Centro Democrático las ideas de Miguel; ideas con la impronta del Partido que sabrán honrar sus compañeros: Paloma, Paola, María Fernanda y Andrés, y honrará quien, al final, sea ungido “para emprender la lucha más grande de todos los tiempos para el restablecimiento de la paz”.

Por eso, al final, invitó al país a defender el triunfo de quien tome esas banderas para que vuelva la seguridad, porque “Sin seguridad nunca habrá paz; sin seguridad nunca habrá nada; sin seguridad no habrá una Colombia posible”. Ese fue un propósito de vida para Miguel…, “su causa fue la seguridad”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie