* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 27 de marzo de 2026).- “La lechería en Colombia no está en crisis por falta de vocación. Está en crisis porque se le obligó a competir sin condiciones, en un mercado distorsionado y sin reglas claras.

Hoy, con aranceles en cero, informalidad del 56% y acopiadores formales abandonando el negocio, insistir en el modelo actual no es proteger al pequeño productor. Es quebrarlo.”

En Colombia, producir leche dejó de ser un negocio. Hoy es, en muchos casos, una actividad de resistencia.

Mientras el salario mínimo creció 23.7% y la inflación 5,1%, el precio de la leche al productor, el Gobierno apenas lo reajustó 1,3% por resolución oficial. A esto se suman incrementos en insumos para la producción como concentrados, fertilizantes, transporte y mano de obra, que el productor no puede trasladar al precio final, además del impacto del contrabando de queso artesanal desde Venezuela.

El resultado: Precios en finca entre $1.800 y $2.200 por litro, muchas veces por debajo del costo real de producción.

La distorsión es aún más grave: En el mercado informal, la “leche caliente” se vende hasta en $1.000 litro en regiones del Caribe. Ese dato explica por qué el sistema formal está colapsando.

Más de 400.000 familias viven de esta actividad. Hoy, sobreviven en ella.

Competir sin defensa

Colombia produce cerca de 7.000 millones de litros de leche al año, pero lo hace sin condiciones para competir.

Con el TLC con Estados Unidos, los aranceles para lácteos han llegado a cero. Ese país produce más de 100 millones de toneladas anuales, bajo sistemas confinados, mecanizados y con respaldo estatal.

La consecuencia es evidente:

🔴En muchos casos, es más barato importar leche que producirla en Colombia.

🔴 El pequeño productor no compite contra otro ganadero, sino contra una industria.

Mercado roto: Informalidad y salida de los formales

Hoy, el 56% de la leche en Colombia se comercializa en la informalidad:

sin control sanitario

sin pago por calidad

sin trazabilidad

transformada principalmente en quesos artesanales sin cumplir estándares mínimos sanitarios.

Esto ha generado un efecto crítico:

Los acopiadores formales están saliendo del mercado.

Ya no recogen leche en muchas zonas porque no pueden competir con circuitos informales sin cargas regulatorias.

El pequeño productor queda atrapado: Vende barato en la informalidad o pierde mercado en la formalidad.

En ambos casos, pierde.

El error estructural

Colombia insiste en producir leche en todo el territorio.

El mundo no funciona así:

Estados Unidos industrializó la lechería

Nueva Zelanda la hizo eficiente

Brasil y Argentina se enfocaron en carne

Aquí se hace de todo, en todas partes, con baja productividad y altos costos.

La oportunidad ignorada

Mientras la leche pierde rentabilidad, el mundo demanda carne.

Colombia tiene ventajas reales:

Sistemas de ganadería sostenible a PAS (Pasto, Agua y Sal), Regenerativa, Silvopastoreo.

Adaptación al trópico

Potencial exportador de carne y ganado en pie

La vaca, más que ordeñarse, debe verse como lo que es: la fábrica del ternero.

El papel del del Estado y el Fondo Nacional del Ganado

Los ganaderos aportan a la seguridad alimentaria de la Nación (Carne, Leche y derivados), pagan la cuota parafiscal de leche y carne para mejorar la competitividad del sector.

La pregunta es obligada:

¿Dónde está ese respaldo del Estado y el FNG para el pequeño productor que hoy se está quebrando?

* El Fondo Nacional del Ganado debe ser el eje de la transformación:

* Financiar con apoyo financiero del Estado la reconversión hacia carne y doble propósito

* Garantizar flujo de caja en la transición

* Asistencia técnica en productividad y genética

* Acceso real a mercados

Sin esto, cualquier política es retórica.

La transición (o el colapso)

No se trata de acabar la lechería, sino de reordenarla:

Leche donde es eficiente (Sabana Cundiboyacense, Nariño, Antioquia y Caquetá)

Carne donde es viable

Formalidad que compita, no que asfixie

Esta no es una crisis nueva, se repite, año tras año, sin solución de fondo (Las subastas lecheras son temporales).

Hoy el pequeño productor ganadero no necesita discursos. Necesita decisiones.

Porque en Colombia, el problema ya no es producir leche.

Es que producirla… ya no garantiza sobrevivir.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 20 de marzo de 2026).- No podría describir el drama de los ganaderos productores de leche, sin contextualizar su realidad como eslabón primario de una cadena agroalimentaria estratégica para la seguridad alimentaria del país y la preservación del tejido social rural. 

La producción de leche bovina, en 2025, no solo superó la cota de los 8.000 millones de litros, desde 7.712 en 2024, sino que alcanzó 8.400 millones de litros; un crecimiento importante, fruto del esfuerzo ganadero.

Ahora veamos quiénes hacen ese esfuerzo: Un segmento ganadero, la “lechería especializada”, dedicado a producir leche a partir de razas también especializadas, sobre todo en zonas de altiplano, como el cundiboyacense; y también el de “doble propósito”, como su nombre lo indica, produce carne y leche. Ambos suman cerca de 400.000 ganaderos, de los cuales más de 230.000 tienen apenas 10 animales o menos. Esta es la realidad que quiero resaltar: Nuestra producción lechera está soportada en la microempresa familiar campesina.

Esos 400.000 ganaderos quisieran venderle su leche a la industria formal, que solo compró 3.449 millones de litros en 2025, apenas el 41% de la producción y, para colmo, solo 20 empresas compran casi el 70% de ese limitado acopio. Hay entonces muchísimos vendedores detrás de poquísimos compradores. ¿Qué sucede en estos mercados que los economistas llaman “oligopsonio”? Sencillo. Que los compradores “mangonean” con el precio, sin contar con que, para los pequeños productores que no logran venderle a la industria formal, el mangoneo en la informalidad es peor y los precios aún más bajos.

Para rematar, la industria, que tiene a su disposición 3.000 millones de litros, en 2025 importó ¡77.605 toneladas! de leche y derivados, equivalente a 653 millones de litros y al 18% del total de sus compras. Y hacia delante lo seguirá haciendo, si los precios internacionales, la tasa de cambio y la eliminación de aranceles con Estados Unidos a partir de 2026, convierten en mejor negocio comprarles a prósperos granjeros estadounidenses, que a empobrecidos campesinos colombianos. 

Y hay más; es decir: “tras de cotudos con paperas”, pues el Ministerio de Agricultura actualiza anualmente la Resolución 017/12, la cual establece precios de referencia de la leche cruda, y la situación es de no creer: El mismo gobierno que decreta un incremento del salario mínimo del 23%, que empuja hacia arriba los costos de producción, estima que el esfuerzo de los productores de leche, campesinos minifundistas en su mayoría, a los que dice defender, merece apenas un incremento del ¡1,3%!  

La “quincena lechera” es el sueldo de esos 230.000 pequeños ganaderos que no contratan, porque ellos son los trabajadores de sus microempresas, condenados a un aumento miserable, mientras los mayores ingresos del resto de los asalariados dispara la inflación y el costo de la canasta familiar, obligando al campesino ganadero, a la hora de mercar, a repartir sus ingresos entre la comida para su familia y el concentrado para sus animales.

¿Qué pensarán del discurso de la desigualdad que el Gobierno dice combatir? ¿Dónde queda el discurso del salario vital?, ¿Dónde el del campesinado sujeto de derechos?

Ni qué decir de los medianos productores, que contratan empleados, pagando 23% más en salarios y recibir solo 1,3% más por su leche. Las cuentas no dan.

Los problemas de la cadena láctea no son de hoy, son estructurales y afectan a su eslabón más importante y a la vez más débil: el que produce la leche. Desde hace más de 20 años los planteo en este espacio con propuestas de solución a todos los gobiernos.

Nada ha cambiado y, por el contrario, hoy enfrentamos una tragedia rural quizás irreparable y, lo que es peor…, anunciada.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 20 de marzo de 2026).- El asesinato del ganadero Fabio Lacouture Acosta el 20 de marzo de 1993 en zona rural de Becerril de los Campos (Cesar) no fue un hecho aislado. Fue parte de la violencia sistemática que durante décadas masacró al campo colombiano. Treinta y tres años después, mientras el país repite discursos de memoria, paz y justicia transicional, para miles de víctimas rurales, especialmente para los ganaderos del Cesar, la promesa de verdad, justicia y reparación sigue siendo una herida y burla abierta.

Ese 20 de marzo de 1993 fue asesinado mi padre, Don Fabio Lacouture. Han pasado treinta y tres años. Más de tres décadas en las que Colombia ha hablado hasta el cansancio de paz, reconciliación y justicia transicional. Para las víctimas del campo, todo eso es puro discurso vacío.

Mi padre no fue un actor del conflicto. Fue un hombre del campo, un ganadero que creía que trabajar la tierra y producir alimentos era la forma digna de construir país. Lo mataron porque las FARC-EP decidieron que el Departamento del Cesar les pertenecía.

Su asesinato con cevicia, crueldad extrema, fue obra del Frente 41 del Bloque Caribe, bajo la influencia de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad o Palmera, hoy preso en Estados Unidos. El crimen fue brutal y dejó una herida que nunca cicatriza en nuestra familia.

El conflicto convirtió el campo en un matadero. Informes de Fedegán y Fundagán —en el libro “La verdad de las víctimas ganaderas para acabar con el olvido”— documentan más de 6.202 ganaderos víctimas de secuestros, asesinatos, extorsiones y desplazamientos durante las décadas más cruentas del dominio de las Narcoguerrillas. Las fincas se volvieron territorios de terror. Las familias huyeron. Las economías rurales se destruyeron para siempre. Nuestro núcleo familiar fue perseguido inmisericordemente, sin piedad. Al año siguiente del crimen de mi padre, en 1994, secuestraron a Fabio Hernán, mi hermano. A mi mamá le hicieron varios atentados. Detonaron una bomba en el Edificio Lacouture de Valledupar el 14 de septiembre de 2001. Nos persiguieron sin descanso. No bastó el horror del asesinato de mi padre: a tantos otros familiares los acosaron solo por trabajar la tierra que nuestros ancestros enseñaron a respetar y a amar.

Treinta y tres años después, cada 20 de marzo el silencio del potrero cesarense me devuelve la mirada de mi padre: un ganadero que nunca pidió más que trabajar la tierra, criar ganado y ver crecer a sus hijos en paz. Se me escapan lágrimas al escribir está nota en mi soledad.

Mi voz no puede ser baja: grita con fuerza por verdad, justicia y reparación, tal como lo prometió el Acuerdo Santos-FARC y que, a la fecha, sigue siendo una burla cruel e incumplida para las víctimas del sector ganadero.

Con las próximas elecciones a la vista, si la izquierda gana y esta gente de las FARC, con Cepeda se empoderan en el Congreso, la JEP y el Gobierno, la traición se consumará: los mismos victimarios controlarán la verdad y la impunidad se convertirá en ley oficial. Para miles de familias rurales como la mía, la deuda de justicia se volverá eterna.

La paz verdadera no se construye con olvido ni con discursos baratos. Se construye cuando la verdad duele de frente, cuando la justicia no se negocia con asesinos y cuando la reparación llega de verdad a quienes todavía la reclamamos en silencio.

Mientras esa amenaza política y esa deuda judicial persistan, la memoria del campo colombiano, y la mía propia, seguirá gritando con rabia: ¡una verdad pendiente que NO toleraremos más!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Neil Eduardo Bustamante Sanchez * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(NB – Lunes 16 de marzo de 2026).- La baja en el precio de la leche y del queso se siente el doble cuando al mismo tiempo sube el salario mínimo, suben los combustibles, suben los medicamentos, suben los insumos y todo lo que necesitamos para producir.

El ganadero siempre ha sido el que aguanta, el que se ajusta, el que busca cómo seguir trabajando, el que no se rinde fácil. Cada problema lo soportamos y tratamos de buscarle salida, pero llega un momento en que uno se pregunta: ¿y ahora qué alternativa nos queda?

Lo que está pasando con el cierre del ferry de Salamina por parte de Corpamag es otro golpe más, y un golpe fuerte. Aquí no solo se afecta el ganadero que transporta leche todos los días o el que saca queso cada semana, también se afecta el que lleva ganado para sacrificio, el que trae concentrado, el que tiene que movilizar un enfermo, el que necesita ir a Barranquilla a un tratamiento, a una diálisis o a una cita médica.

Uno a las entidades no les está pidiendo que le resuelvan la vida al productor, pero por lo menos que no le estorben.

Cuando una autoridad toma una decisión sin dar una alternativa, termina siendo parte del problema.

La pregunta que muchos nos hacemos es si los daños y perjuicios que se están causando se pueden reclamar, porque cuando una decisión administrativa afecta la economía de toda una región, alguien tiene que responder.

Las pérdidas económicas no pueden quedar en el aire, y si por falta de previsión llegan a ocurrir situaciones graves o hasta fatales, eso también debería investigarse.

Lo lógico sería que la entidad responda por los perjuicios causados, y que, si hubo negligencia o mala decisión, exista también la acción correspondiente para que respondan los funcionarios responsables, como lo permite la ley.

Este no es un reclamo con rabia, es un llamado con respeto, pero con firmeza.

El campo no puede seguir cargando solo con todos los problemas, mientras las decisiones se toman desde un escritorio sin mirar la realidad de la región.

Ojalá se revise esta situación y se busquen soluciones rápidas, porque aquí no se está afectando a uno solo, se está afectando a toda una comunidad que vive del trabajo diario.

* Neil Eduardo Bustamante Sanchez, ganadero, criador de búfalos (El Encanto Negro).

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de marzo de 2026).- La persecución a la tierra en el gobierno Petro se convirtió en poco menos que un trágico sainete en tres actos:

Primer acto: Mayo 2023. El instrumento:  dos “micos” en la Ley de Plan. El argumento: “Facilitar la compra de tierras por oferta voluntaria”. La trampa: No era venta voluntaria, sino extorsión al propietario: o me vende la tierra…, o se la quito. ¿Cómo?: Sacando a los jueces del camino y dejando al propietario sin recursos de defensa, a merced de una decisión de la Agencia Nacional de Tierras.

Epílogo: Julio 2024. La Corte Constitucional declaró inexequibles los micos, al constatar que eran vicios “insubsanables, que afectaron gravemente el principio democrático (…), implicaron una elusión del debate respecto de la modificación del procedimiento único regulado por el Decreto Ley 902 de 2017 (…) En consecuencia, los procesos agrarios continuarán rigiéndose por el Decreto Ley 902 de 2017, expedido con el objeto de implementar el Punto 1 sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz”.

Segundo acto: Agosto 2024:  Léase: Me importa un comino la Corte Constitucional. El instrumento: El mismo mico con la misma trampa, ahora en el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Agraria, con un parágrafo que le entrega a la ANT las decisiones sobre procesos agrarios mediante acto administrativo, con lo cual se deroga de facto la Fase Judicial del Decreto Ley 902/17 para proteger los derechos del propietario. Además, una pregunta de bulto: Si el Gobierno presenta un Proyecto que define las competencias de los jueces agrarios, ¿por qué en el mismo proyecto se las quita para dárselas a la ANT?

Epílogo: En las consultas previas se logró, en principio, conservar la fase judicial de los procesos agrarios. Sin embargo, el riesgo persiste, mientras el Gobierno presiona para que el Congreso culmine el proceso legislativo, en el que todo puede pasar.

¿Por qué la desconfianza? Porque, en el entretanto, el Gobierno abre el telón al tercer acto: Febrero 2026. El instrumento: El Decreto 174/26, con medidas que afectan la propiedad rural. El argumento: una “buena causa”, la emergencia declarada en la costa Caribe. La trampa. La misma, derogar por la puerta de atrás la fase judicial de los procesos agrarios establecida en un Decreto Ley que, como anota la Corte, fue expedido a raíz del Acuerdo Final de Paz, del que tanto se exige su cumplimiento.

En esta ocasión, sin embargo, al Gobierno se le fue la mano, no solo al insistir en violar el derecho a la defensa, quitándole a los jueces competencias que les corresponden, para dárselas a la ANT, sino por la pretensión “delirante”, como la calificó el expresidente de la Corte, José Fernando Reyes, de hacer por decreto su reforma agraria en 15 días, atropellando también las competencias de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

Al proceso “expedito” –super exprés– del artículo 8°, le queda corto el calificativo del expresidente de la Corte: Apertura y notificación en 5 días; 5 días para aportar o solicitar pruebas –un atropello a la defensa–; omisión de pruebas, como la inspección física de predios, a discreción de la ANT; decisión de fondo en ¡3 días calendario!; Radicación calificación y registro de instrumentos en no más de un día.

El artículo 7° también expresa tan delirante pretensión de eficiencia: La ANT, podrá, ¡en un solo acto!, comprar tierra, registrar el negocio, incorporar el predio al Fondo de Tierras y hasta adjudicarlo a los beneficiarios. ¡Fácil!

Epílogo: Este país sería un paraíso si persiguiera la corrupción y castigara a los bandidos con la misma eficiencia con que se pretende atropellar la propiedad privada de la tierra.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 13 de marzo de 2026).- “Colombia habla de soberanía alimentaria, pero importa la base de su sistema productivo. El verdadero problema del agro colombiano no es la tierra: es la productividad.”

Colombia discute soberanía alimentaria mientras los barcos descargan maíz, trigo y soya en sus puertos.

La escena resume una paradoja nacional: un país con millones de hectáreas de vocación agropecuaria que depende crecientemente del exterior para sostener su sistema alimentario.

En Colombia la política suele moverse entre consignas. El campo, en cambio, se mueve con cifras.

Al cierre de 2025 el país importó entre 12 y 13 millones de toneladas de granos y oleaginosas, principalmente maíz, trigo y soya, insumos esenciales tanto para el consumo humano como para la producción pecuaria.

El contraste con la producción nacional es revelador.

Colombia produce apenas cerca del 20 % del maíz que consume, lo que significa que aproximadamente el 80 % del maíz utilizado en la economía proviene del exterior. En el caso del trigo, la dependencia es aún mayor: más del 95% del trigo consumido en el país es importado.

En soya y sus derivados, fundamentales para la fabricación de alimentos balanceados, la producción nacional es marginal, lo que obliga a importar prácticamente la totalidad de la torta de soya utilizada en la alimentación animal.

En otras palabras, buena parte de la proteína que produce el país —pollo, cerdo, huevos y leche— depende de granos que llegan en barcos desde el exterior.

La pregunta entonces es inevitable:

¿Puede hablarse de soberanía alimentaria cuando la base del sistema productivo depende del exterior?

El error del debate agrario

En el debate público colombiano, el atraso del campo suele explicarse casi exclusivamente por la distribución de la tierra.

Pero el problema estructural del agro colombiano es más complejo.

Colombia dispone de millones de hectáreas con vocación agropecuaria y, aun así, la productividad de buena parte de esas tierras sigue estando muy por debajo de los estándares internacionales.

Dicho de otra manera:

Colombia no tiene un problema de tierra. Tiene un problema de productividad.

Reducir el debate rural a la redistribución de la tierra, sin una política integral de productividad, corre el riesgo de crear una ilusión de solución donde en realidad persiste el problema.

Entregar tierra sin riego, sin vías terciarias, sin crédito, sin asistencia técnica y sin acceso a mercados no transforma al campesino en productor competitivo. Con frecuencia lo deja atrapado en economías de subsistencia que apenas permiten sobrevivir, pero no superar la pobreza rural.

Peor aún, una política de tierra sin productividad puede trasladar nuevas cargas económicas y fiscales a pequeños productores que difícilmente podrán sostenerlas.

La tierra sin productividad no saca al campesino de la pobreza: lo condena a la subsistencia.

La discusión que Colombia debe dar

Paloma, Abelardo: El verdadero cuello de botella del agro colombiano está en la infraestructura productiva que nunca llegó.

Durante décadas el país descuidó los elementos básicos que determinan cuánto puede producir una hectárea: distritos de riego y drenaje, vías terciarias, acceso al crédito productivo, infraestructura de comercialización y adopción tecnológica.

Sin resolver estos factores estructurales, ninguna política rural producirá alimentos en la escala que el país necesita.

Colombia tiene tierra, tiene productores y tiene vocación agrícola. Lo que no ha tenido es una política consistente de productividad rural.

Por eso hoy el país importa la mayor parte del maíz que consume, prácticamente todo el trigo que transforma y la soya que alimenta su producción pecuaria.

La verdadera discusión del agro colombiano no es ideológica.

Es productiva.

Porque la soberanía alimentaria no se proclama en discursos ni se decreta en reformas.

Se construye haciendo que la tierra produzca.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 6 de marzo de 2026).- Nuestra democracia enfrenta su primera contienda electoral de 2026, trascendental para el país, no solo porque la conformación del Congreso dibuja el mapa político del próximo cuatrienio y es, a la vez, una suerte de “primaria” hacia la primera vuelta presidencial, sino porque es mucho lo que está en juego.

En efecto, la izquierda, en cabeza de Petro desde la Presidencia y del Pacto Histórico en la arena política, adelanta una amenazante “estrategia integral” para atornillarse al poder, no hasta 2030, sino con la vocación de permanencia de los regímenes comunistas.

Su primer componente es deslegitimar, algo nada nuevo en Petro: A la Corte Constitucional que no aprueba sus reformas y al Consejo Nacional Electoral que lo investiga; deslegitimar al empresariado, al Congreso, a la Procuraduría y a toda persona o institución que se le atraviese.

Con las elecciones encima, Petro arremete contra el CNE por no dejarle repetir a Cepeda consulta interpartidista y, luego, por confirmar las multas a su campaña, que se voló los topes y usó financiación prohibida. “No aceptamos esa decisión administrativa”, fue su respuesta, algo así como “la Ley no es con nosotros”. 

Sus otros objetivos son la Registraduría y el sistema electoral. El 7 de febrero anuncia que no votará una consulta “manchada de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Días después, el Pacto Histórico, partido del cual es jefe supremo, anuncia sanciones a quienes la voten.

En su última alocución fue más lejos: lanzó un manto de duda sobre el software, calificó de ilegal el preconteo e instigó a la impugnación masiva de las 123.000 mesas. “Si son todas, todas”, lo que representaría un verdadero “estallido electoral”, un saboteo sin precedentes al proceso insignia de la democracia.

Al segundo componente de la estrategia ya me referí en anterior columna: la descarada utilización de recursos públicos con inocultable “oportunidad electoral”, mientras se envuelve de dignidad lanzando una campaña contra la compra de votos.

La feria del gasto populista inició con 235.000 empleos públicos creados en 2025; votos cautivos a los que se sumaron más de un millón con el subsidio a la “Colombia mayor”, y luego el “mínimo vital” agregó 4 millones más de posibles sufragantes agradecidos; incremento que generó el ataque al Consejo de Estado por la suspensión del decreto y un desacato por presentarlo nuevamente sin modificación alguna; para rematar enero con 165 mil contratos firmados por 15 billones, una burla a la Ley de Garantías.

En febrero, una rebaja de $500 por galón de gasolina es presentada como “regalo”, cuando en realidad es una restitución, pues al Gobierno se le fue la mano en los aumentos de precio en cerca de $4.000 por galón por encima del precio internacional y estábamos siendo, literalmente, robados. Hace apenas unos días se anuncia otra rebaja de 500 pesos, calificada de irresponsable por los expertos, en un momento de aumento mundial de precios por la guerra; pero no importa…, estamos en elecciones. 

En medio de inauguraciones, entrega de tierras y plata para universidades públicas, el Gobierno sale a remediar otro atraco a los colombianos ¡en 2023! con los precios del gas, ordenando a las empresas distribuidoras, a través de la CREG, devolver $150 mil millones a los consumidores. Falta ver si es cierto.

Deslegitimación, promesas y gasto populista a tutiplén, todo adobado con la publicidad del PH exaltando al Gobierno “que nos llenó la nevera”, mientras los violentos ponen candidatos en los territorios sin gastar un peso…, con sus armas en bandolera.

Entre tanto, quienes creemos en la democracia y sus instituciones, en la propiedad privada y el emprendimiento, salgamos a votar para garantizar nuestras libertades.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 6 de marzo de 2026).- “El día en que el avalúo activa $30 millones” no es una exageración retórica. Una actualización catastral puede no disparar el predial por sus límites legales, pero sí cruzar el umbral que activa el impuesto al patrimonio. El problema no es el valor en papel: es la obligación de pagar en efectivo, y hacerlo ahora.

En el sector agropecuario se discute con intensidad el aumento del predial. El debate necesita menos estridencia y más precisión jurídica. Pero cuando se mira completo, el rigor también inquieta.

El avalúo catastral no es el impuesto. El predial es un tributo municipal sometido a límites claros. El artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece que, tras actualización catastral, el incremento anual no puede superar el IPC más ocho (8) puntos porcentuales frente al año anterior. Ese tope es obligatorio.

El impacto verdadero, sin embargo, no termina en el municipio.

El Estatuto Tributario dispone que el patrimonio bruto está conformado por el total de bienes poseídos al 31 de diciembre por su valor fiscal. Si el avalúo sube, el patrimonio sube. Y cuando el patrimonio cruza ciertos umbrales, se activan nuevas obligaciones nacionales.

Supongamos que el Decreto Legislativo 0173 de 2026 fija un umbral de sujeción de $5.000 millones de patrimonio líquido y una primera tarifa del 0,5%.

Un productor tenía:

Patrimonio líquido total: $4.800 millones.

No estaba sujeto al impuesto al patrimonio.

Tras la actualización catastral, su predio aumenta de valor y su patrimonio líquido asciende a $6.000 millones.

¿Qué ocurre jurídicamente?

Primero, supera el umbral legal.

Segundo, se convierte en sujeto pasivo del impuesto.

Tercero, la tarifa se aplica sobre la base gravable definida por la norma.

Si la base corresponde a $6.000 millones, el cálculo es directo:

0,5% de $6.000 millones = $30 millones anuales.

Antes pagaba $0.

Ahora debe pagar $30 millones.

No sobre el excedente. Sobre la base gravable que la ley determine una vez superado el umbral.

Y aquí está el punto crítico: ese impuesto no se paga con avalúos. Se paga con liquidez.

No es una obligación teórica ni diferida. Se liquida dentro del mismo año fiscal y debe pagarse en las cuotas establecidas por el calendario tributario. El productor puede tener más patrimonio en el papel, pero no necesariamente más rentabilidad ni mayor flujo de caja. La productividad por hectárea no aumenta porque el catastro se actualice.

Sin embargo, la obligación sí es inmediata.

Además, cuando se cruza el umbral patrimonial no solo se activa el impuesto al patrimonio. También se amplía el universo de declarantes de renta y se incrementa la exposición fiscal.

Conviene una precisión técnica: “empresario” no es categoría tributaria. El sujeto pasivo lo define la ley y puede ser persona natural o jurídica. Si el patrimonio supera el umbral, queda dentro, sin importar la forma jurídica en que opere la actividad.

Por eso el debate no puede reducirse a si el predial “se disparó” o no. El debate serio es si el sistema tributario está midiendo capacidad contributiva real o valorización administrativa.

Cuando el avalúo crece sin que crezca el ingreso, el riesgo no es la histeria. El riesgo es la descapitalización silenciosa.

Porque el patrimonio puede aumentar en los registros.

Pero el impuesto se paga en efectivo.

Y se paga ya.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Jueves 5 de marzo de 2026).- Febrero confirma un importante ajuste en la oferta; el sector cafetero colombiano expresa preocupación por la afectación de la producción y los precios actuales.

La producción nacional de café en febrero alcanzó 869 mil sacos de 60 kg, con una caída -36% frente al mismo mes del año anterior. Menor disponibilidad de café, asociado a condiciones climáticas.

En los últimos doce meses (marzo de 2025 a febrero de 2026), la producción se ubica en 12,72 millones de sacos, una variación de -14% por debajo de los niveles observados un año atrás.

En materia de comercio exterior, las exportaciones preliminares de febrero cayeron -32% alcanzando 807 mil sacos. En el año cafetero, es decir de Oct a la fecha hemos exportado 5,06 millones de sacos (-14%) que representa una menor disponibilidad de café de colombia para el mundo.

Las importaciones de café en febrero se estiman en 116 mil sacos, mientras que en año móvil alcanzan 1,32 millones de sacos, principalmente para complementar abastecimiento industrial. Por su parte, el consumo interno se mantiene estable en 2,3 millones de sacos, ratificando la solidez estructural de la demanda local.

El reto inmediato será aplicar medidas contra cíclicas para seguir fortaleciendo productividad: fertilización y renovación de cafetales para consolidar el ciclo productivo en los próximos meses.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 27 de febrero de 2026).- Actualizar el catastro rural es una deuda histórica del Estado y un paso necesario hacia la equidad tributaria. Pero convertir el impuesto predial en herramienta de presión productiva plantea interrogantes constitucionales y económicos que el país no puede eludir. El debate no es si se paga, sino cómo y bajo qué principios.

La actualización catastral en Colombia no admite mayor discusión: durante décadas, la desactualización ha generado inequidades evidentes, erosionando la base fiscal de los municipios y distorsionando la carga tributaria entre contribuyentes. Corregir ese rezago es una medida técnicamente necesaria e institucionalmente legítima.

Sin embargo, el debate comienza cuando el impuesto predial deja de concebirse exclusivamente como tributo fiscal y empieza a utilizarse como instrumento de política pública para inducir comportamientos productivos. Allí entramos en el terreno de la extrafiscalidad.

En teoría tributaria, la extrafiscalidad se presenta cuando un impuesto no solo busca recaudar, sino también orientar conductas económicas o sociales. Es una herramienta legítima en ciertos contextos —por ejemplo, en tributos ambientales o correctivos—, pero su uso exige proporcionalidad, razonabilidad y coherencia con los principios constitucionales que rigen el sistema tributario.

El predial es un tributo territorial cuya finalidad principal es financiar al municipio. Está sujeto a los principios de legalidad, equidad, progresividad y capacidad contributiva. Cuando se le asigna una función adicional de presión productiva, el análisis ya no es meramente fiscal: se convierte en constitucional.

El problema no es promover el uso eficiente de la tierra. Colombia no puede desconocer que existen rezagos históricos en materia de productividad rural. La función social de la propiedad es un mandato vigente. Pero la pregunta es si el camino adecuado para incentivar la productividad es aumentar la carga tributaria bajo el supuesto de subutilización.

La tierra rural tiene múltiples vocaciones: agrícola, pecuaria, forestal y ambiental. La ganadería regenerativa, los sistemas silvopastoriles o la conservación estratégica generan empleo, estabilidad territorial y servicios ecosistémicos. Reducir la discusión a un concepto uniforme de “uso adecuado” puede desconocer la aptitud real del suelo y la complejidad del territorio.

Existe además un elemento particularmente sensible en el marco de la reforma agraria. Cuando el Estado adjudica tierras, la formalización implica obligaciones tributarias. El nuevo propietario asume el pago del predial. Pero la tierra no genera liquidez inmediata. Sin infraestructura vial, distritos de riego, asistencia técnica y acceso efectivo a mercados, el potencial productivo tarda en materializarse.

En ese contexto, un incremento significativo del predial puede producir un efecto no deseado: que el beneficiario, ante la falta de flujo de caja, se vea obligado a enajenar el predio. La política pública no puede, por vía tributaria, generar dinámicas que terminan reproduciendo concentración.

La extrafiscalidad, cuando se aplica sin condiciones habilitantes, corre el riesgo de transformarse en presión económica antes que en incentivo productivo. El diseño tributario debe considerar la realidad económica del contribuyente y garantizar transiciones graduales que preserven la seguridad jurídica.

Si el objetivo es estimular la productividad rural, existen alternativas más eficaces: incentivos tributarios condicionados a inversión, reconocimiento de generación de empleo formal, estímulos por conservación ambiental o mejoras tecnológicas verificables. Premiar la inversión es sustancialmente distinto a penalizar la inactividad presunta.

La actualización catastral es una herramienta de ordenamiento necesaria. Pero su legitimidad dependerá de que fortalezca la equidad sin erosionar la confianza. La función social de la propiedad no puede interpretarse de manera aislada de la capacidad económica real.

La tierra puede ser instrumento de equidad.

Pero el impuesto no puede convertirse en atajo ideológico.

Cuando la extrafiscalidad sustituye la política productiva, el riesgo no es solo jurídico: es económico y social.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu