“Por la libertad y la democracia”

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Lunes 11 de agosto de 2025).-Con ese lema el Centro Democrático convocó a los colombianos a marchar el 7 de agosto, con un éxito que, para el gobierno, la izquierda y el centro-santismo, -el que Santos dice que no existe, pero ahí está-, fue inesperado y, claro, también desestimado; éxito que, por el contrario, no sorprendió al partido ni al número cada vez mayor de colombianos que se confiesan “uribistas” o que lo son sin confesarlo; todos los que comulgan con la lucha por la libertad y la democracia.

¿Por qué nuestra confianza? Porque tenemos claro, y también los cientos de miles de marchantes, que la encarnación de esa lucha por la libertad y la democracia en Colombia tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez, quien nos devolvió la una y la otra cuando estuvimos a punto de perderlas y el mundo empezaba a vernos como un “país fallido”.

Porque en ese orden de ideas, o mejor, de convicciones, los marchantes tenían igualmente claro que la lucha por la libertad y la democracia es una causa gemela a la del rechazo a la libertad arrebatada al expresidente. Por eso el grito era uno solo ¡URIBE INOCENTE!, en legítimo reclamo a una justicia en la que quiero seguir creyendo, pero en la que poco o nada creen los colombianos, y esa es la principal amenaza para una democracia.

Es difícil creer en la justicia después de seguir el juicio contra Uribe, con sus chuzadas ilegales que se legalizan como quien saca un conejo de un sombrero, con sus testigos ausentes, sus señitas a testigos entrenados, sus papelitos que se dejan caer, sus justificaciones espurias a la conducta criminal del testigo estrella – ¡pobrecito! – y la descalificación a destajo y sin fórmula “de juicio” a las pruebas y alegatos de la defensa; con sus “juicios” de valor con evidente animadversión contra Uribe y su familia. En fin, hasta con sus teléfonos que, sencillamente…, se pierden.

Sin embargo, aunque nos cueste creer en la justicia, no queremos sumar a la desconfianza que pesa sobre su independencia. Las marchas no pretendían presionar la segunda instancia, que restituirá el equilibrio perdido -no lo dudo-, pero sí fueron un acto de fe en la inocencia de Uribe, con todo lo que ello representa como “hecho político”, en respuesta a un juicio que fue antijurídico en lo formal y “político-vengativo” en sus objetivos. Por ello, parodiando una tradicional frase española con paternidad discutida, tras las marchas podemos ripostarles a la izquierda y a los enemigos gratuitos del expresidente y del Centro Democrático: “el enemigo político que vos matasteis…, goza de cabal salud”.

Sin duda, esa expresión espontánea y multitudinaria, en un día feriado, lluvioso en Bogotá y, además, sin almuerzos, buses, ni artistas invitados, es un incuestionable hecho político con peso de cara a las elecciones de 2026. Las guerrillas comunistas, la izquierda “democrática” devenida en gobierno progresista y el narcotráfico, no cejarán en su ataque obsesivo contra Álvaro Uribe, sin reparar, quizás cegados por el odio gratuito, que cada ataque, cada agravio que el expresidente responde con la indignación que amerita, pero con la dignidad que lo acompaña, lo convierte en mártir vivo de la democracia y mejora aún más su inquebrantable salud política.

Ni la injusta detención domiciliaria frenará este proceso de fortalecimiento político, porque el expresidente no necesita salir de su casa, ni hablar siquiera. Su ideario retumba en el sentir de los colombianos, en un momento en que la violencia, los escándalos y el desgobierno siembran la desesperanza.

Por ello, la lucha por la libertad y la democracia, la lucha por la esperanza… continúa y triunfará en 2026.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Lenguaje y diplomacia de las flores

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Por: Augusto Solano Mejía * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(ASM – Lunes 4 de agosto de 2025).- Hoy, la conversación que predomina en el mundo —y especialmente en Colombia— está marcada por la polarización, los conflictos y la intolerancia. Nos cuesta escucharnos y reconocernos. Por eso, más que nunca, necesitamos lenguajes que nos acerquen, que no necesiten traducción; y símbolos que inspiren respeto, empatía y esperanza.

Sin duda, nuestras flores se han convertido en un lenguaje universal: hablan sin palabras, pero con una fuerza emocional que atraviesa fronteras. Además, el esfuerzo de cientos de miles de trabajadores rurales se ha convertido en un símbolo internacional de progreso, equidad y sostenibilidad.

En Japón, una rosa colombiana puede ser un gesto de gratitud. En Canadá, un crisantemo puede acompañar un momento de duelo con respeto. En Estados Unidos, un ramo de alstroemerias puede decir “te extraño” o “te quiero”. Así, sin hablar el mismo idioma, desde nuestros suelos se conectan corazones. Ese poder simbólico y emocional es una forma de diálogo entre culturas, y un lenguaje silencioso con el que recorremos el mundo.

Y es precisamente por esa fuerza que, en más de 100 países, quienes compran y reciben estas expresiones de nuestra tierra encuentran en ellas mucho más que belleza: reconocen un símbolo de respeto por los ecosistemas, por todas las formas de vida, y por el compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales.

Esa percepción se ha construido a lo largo de los años, alrededor del mundo, gracias al trabajo constante, la responsabilidad ambiental y el compromiso social de este sector de la economía nacional.

Un claro ejemplo de este lenguaje universal se encuentra en la Feria de las Flores de Medellín. Miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, descubren una certeza: estas obras naturales no solo son ornamento. Son cultura viva, historia contada con colores, identidad que se lleva a la espalda como lo hacen los silleteros. Son también arte, tradición, trabajo digno, y emisarias silenciosas del esfuerzo, la biodiversidad y la creatividad de nuestro país.

En una globalización que necesita relaciones internacionales más humanas y cercanas, también las ciudades empiezan a reclamar espacios que no solo ofrezcan belleza, sino que restablezcan el vínculo esencial del ser humano con la naturaleza y con la memoria rural que habita en sus raíces.

De allí que nacional e internacionalmente, en cada intervención urbana que el sector realiza, en cada evento cultural que apoya, reafirma que va mucho más allá de la exportación: es una forma de contarnos, de valorarnos y de mostrarnos al mundo.

Así, se ha cultivado una forma de diplomacia silenciosa, profunda y constante. A través de Asocolflores, el país tiene una voz activa en los principales escenarios y asociaciones internacionales del sector. Además, Colombia participa en el Summit que reúne a las nueve principales asociaciones florales de Estados Unidos y forma parte de espacios estratégicos en Europa.

Estos vínculos internacionales, construidos con seriedad y visión gremial, han consolidado alianzas técnicas y comerciales, al tiempo que proyectan al país como un actor comprometido con la Agenda 2030, el comercio justo y la cooperación global.

Sin embargo, esta diplomacia no se ejerce solo en mesas de trabajo ni en foros internacionales. También ocurre de forma cotidiana, cuando un consumidor en cualquier parte del mundo elige un tallo colombiano. Ese gesto activa una cadena de reconocimiento que asocia a nuestro país con la conservación de los ecosistemas, la generación de empleo digno y el desarrollo rural sostenible.

Por eso las flores colombianas no solo cruzan fronteras: tienden puentes. Lo hacen con la delicadeza de lo bello, pero con la potencia de lo auténtico. Por eso, hoy más que nunca, se han convertido en nuestras mejores embajadoras ante el mundo.

Solo resta decir que, en tiempos donde las palabras muchas veces dividen, ellas siguen uniendo. Son lenguaje que acaricia, diplomacia que no impone, y símbolo de un país que apuesta por la belleza con propósito y por la sostenibilidad con sentido humano.

Porque al final, lo que prospera no es solo un sector económico: es una forma de país que dialoga con el mundo a través del respeto, el trabajo, la sostenibilidad y la esperanza.

* Augusto Solano, Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).

Elogio de… la dignidad

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Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 1 de agosto de 2025).- Con el sarcasmo como recurso, Erasmo de Róterdam escribió el “Elogio de la locura”, convirtiendo a la locura misma en protagonista –la estulticia–, para criticar a la sociedad y a la Iglesia de su tiempo.

Con la indignación como recurso, esquivo el debate sobre las irregularidades del juicio a Álvaro Uribe y el ladrillo que la juez puso en uno de los platos de la balanza que simboliza el equilibrio de la justicia, para intentar un “Elogio de la dignidad”, hoy personificada en el expresidente Uribe, en medio del odio y los insultos de unos cuantos, contra él, su legado y lo que representa para Colombia.

Quizás algunos colombianos se pregunten por qué Álvaro Uribe, que dedicó su vida al servicio público hasta llegar al máximo honor de dirigir los destinos del país, con resultados que, además, fueron tabla de salvación cuando la violencia extrema y multiforme nos había llevado a la condición de país inviable ante el mundo, no declaró entonces su misión cumplida para dedicarse a dar conferencias, a recuperar tiempo con su familia…, con sus nietos.

¿Por qué? Por patriotismo, que no es agitar una bandera en un estadio o colgarla de cualquier ventana el 20 de julio, sino amar de veraz a este país imperfecto y emproblemado, sí, pero el de nuestros abuelos y nuestros padres, y el que les estamos dejando a nuestros hijos y nuestros nietos; razón suficiente para no sentarse a descansar cuando nuestro país se desmorona y nos necesita. Álvaro Uribe lo tiene claro.

¿Por qué? Por coherencia, que no es otra cosa que obrar de acuerdo con lo que hablamos, hablar de acuerdo con lo que pensamos y ser fieles a esos fundamentos ideológicos. Se puede cambiar de opinión frente a coyunturas diferentes, pero nunca de principios. Álvaro Uribe lo tiene claro. En medio del saltimbanquismo político que cambia de principios como de camisa, es inamovible su discurso del imperio de la ley y la seguridad como cimientos del libre emprendimiento y la equidad.

¿Por qué? Por coraje, y Uribe sí que lo tiene, pues en este país la coherencia entraña riesgos contra la libertad y la vida, proporcionales al compromiso patriótico, pero también al número de quienes confunden la diferencia ideológica con el odio a muerte.

Y todo eso, más la humildad del conocimiento y la sencillez, la honestidad y la transparencia, arroja un resultado virtuoso: LA DIGNIDAD, que no se compra, se nace con ella y la vida es una lucha por preservarla. Muchos la pierden en el camino, la juegan o la cambian por un espejismo, la dan en usufructo o la regalan, como Stepansky en el poema de León de Greiff.

La dignidad le permitió a Uribe enfrentar a la justicia con la entereza de quien se sabe inocente, cuando muchos escapan del país con la tolerancia de las autoridades.

La dignidad le impidió a Uribe atender el consejo malintencionado de acogerse a la justicia de un acuerdo espurio, porque una justicia que regala impunidad a los criminales no tiene nada que ofrecer a un inocente.

La dignidad le permitió y le seguirá permitiendo a Uribe enfrentar a la justicia con respeto, aunque sienta que a esa institución fundante de la democracia haya que limpiarle muchas telarañas.

El legado de Uribe, más vivo y necesario que nunca en un país arrastrado a la violencia y el desgobierno, es el muro de contención para detener a quienes buscan sembrar el caos y destruir nuestra democracia con ayuda del narcotráfico.

El único camino es recobrar el patriotismo, la coherencia y el coraje, para enfrentar la amenaza… CON DIGNIDAD.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

¿Hacia una Gran Colombia narcoprogresista?

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 25 de julio de 2025).- “Están muy…, muy interesados”. ¿Quiénes? “China, India, los turcos, los rusos…”. ¿En qué? En invertir en la nueva zona binacional entre Colombia y Venezuela. Esas fueron las declaraciones del dictador Maduro. Así que… ¿“por ahí va el agua al molino”? ¿Qué hay detrás de la zona binacional?

Los anuncios del presidente Petro y de Saade, su actual “hombre eco”, están marcados por la opacidad. Generan mucha suspicacia la reticencia a publicar el documento y la actitud de Saade ante los medios, su discurso aprendido, sus evasivas y su insulto a la inteligencia de los empresarios no consultados, invitándolos a limitarse, sin preguntas, a esperar el paraíso anunciado de los grandes negocios.

En cuanto a las declaraciones de Petro, en principio desconfío de todo aquello que se pretende justificar con LA PAZ, como sucedió con la “estable y duradera” de Santos para justificar hasta un ataque a la democracia y un Acuerdo de impunidad, verdad segmentada, COCA y víctimas estafadas…, de disidencias y reincidencias.

Desconfío de su obsesión bolivariana y grancolombiana. En la reciente Reunión Ministerial de Energía de la CELAC, esa OEA de izquierda y sin Estados Unidos que hoy preside Colombia, Petro proclamó que el proyecto de Bolívar “puede comenzar por la integración de la Gran Colombia en términos energéticos limpios…”. Así puede comenzar y… ¿cómo puede continuar?, ¿acaso con una zona binacional ensanchada hasta fusionarse en una Gran Colombia progresista?

No estoy delirando. Si las declaraciones de Petro son preocupantes, las del dictador lo son aún más, pues no tiene que andarse con eufemismos ni cuidarse de ataduras, porque ya la democracia recibió la estocada en Venezuela y Maduro puede exclamar, como el Rey sol: ¡El Estado soy yo!

El dictador no le importa si es Memorando de Intenciones o Acuerdo. Mientras el gobierno colombiano habla de un piloto con Norte de Santander y los estados Zulia y Táchira, Maduro marcó en el mapa un “gran círculo” que, además del Catatumbo, incluye al Cesar y La Guajira. Es más, continuó bajando por el mapa y afirmó que estaban estudiando otras zonas en regiones como Arauca, enfrentada al estado Apure, y nuestros departamentos de Guainía y Vichada con el estado Amazonas en Venezuela, una zona que “es importante para la conservación de la selva amazónica, rescatarla de la depredación de la minería ilegal”.

Ahora bien, más allá de si, en el plano de lo formal, un Memorando de Intenciones compromete o no, pues como su nombre lo indica, es un documento con una clara “intención”, con la que ambos gobiernos están “comprometidos”.

Frente a la realidad, vuelven las suspicacias. Nuestra zona piloto no solo es la de mayor concentración de cultivos de coca en el mundo, aunque Saade se haya atrevido a la mentira de que el 75% del Catatumbo ya está recuperado, sino que suministra la cocaína que pasa fácil a Venezuela para ser distribuida a los mercados de Estados Unidos y Europa principalmente. La realidad es la presencia también binacional del ELN como grupo armado ilegal en Colombia y paramilitar en Venezuela.

La realidad es que el Cartel de los Soles no es fantasía y que, entre Maduro, Diosdado y Padrino, suman 65 millones de dólares en recompensas ofrecidas por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y, por lo tanto, a ese régimen le importan poco o nada la erradicación del narcotráfico y la minería ilegal.

Es el inició del sueño de Bolívar, Chávez Maduro y Petro, decía emocionado Saade. ¿Cuál sueño?, ¿el de una Gran Colombia narcoprogresista, donde florezcan las muy interesadas inversiones de China, India, los turcos, los rusos y los iraníes?

¡Dios nos libre!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

¿Vuelven el 89 y el asesinato selectivo?

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 19 de julio de 2025).- El 9 de julio el presidente Petro le retiró el reconocimiento como negociador a alias “Zarco Aldinever”, por serios indicios de haber ordenado el asesinato de Miguel Uribe; muy serios para que Petro rompa con un delincuente matriculado en la “Paz Total”.

Con la muerte de Santrich y El Paisa, y la no comprobada de Iván Márquez, hoy el Zarco es el líder de la Segunda Marquetalia, disidencia a la que se vinculó después de desmovilizarse en 2016, por lo que fue expulsado de la JEP. Sin embargo, en febrero de 2024, Petro inicia diálogos con esta disidencia y la Fiscalía levanta las órdenes de captura.

Aunque se recibe con alivio el regreso del Zarco a la justicia ordinaria, para el país era claro que la Segunda Marquetalia, al incumplir el Acuerdo, cerró la puerta a una nueva negociación y a la justicia transicional, por eso, otra oportunidad para ese bandido me generó doble indignación por lo que relato a continuación.

En noviembre de 2021, en medio de una sesión de Junta de Fedegán, encontré varias llamadas del presidente Duque y, cuando le respondí, me dijo que tenía problemas de seguridad y que el general Vargas, director de la Policía, se comunicaría conmigo. Así fue y me pidió esperar una llamada del general Mujica, director de Inteligencia de la Policía, quien me habló de una información crítica que involucraba a mi familia y que prefería darme personalmente.

Ese mismo día la familia estaba reunida con el general en nuestra casa. La historia era esta: A raíz del asesinato de dos agentes encubiertos se inició otra operación en Venezuela para dar con los culpables y averiguar por la condición de Iván Márquez, uno de cuyos resultados “marginales” fue la información sobre el ofrecimiento de 1.000 millones a quienes habían asesinado a los agentes, para que también asesinarán a algún miembro de nuestra familia, para lo cual ya conocían nuestras vulnerabilidades.

Aunque no es fácil reaccionar ante semejante noticia, a mediados del año siguiente nuestros hijos salieron del país y mi esposa, la senadora María Fernanda Cabal, para entonces también precandidata presidencial, dio algunas declaraciones muy generales sobre las amenazas, siguiendo la recomendación del general Mujica.

A finales de agosto de 2022, el presidente Petro nos sorprendió con una invitación a su despacho para hablar de nuestra seguridad y ofrecernos protección, lo cual agradecimos, pero también nos dejó claro que había sido informado de lo que hoy relato, que no fue relevante en ese momento, pero indignante en 2024, cuando supimos de la gabela otorgada a quien quería asesinarnos, y doblemente indignante cuando el gobierno mismo informa de “indicios serios” sobre la autoría intelectual de El Zarco en el atentado a Miguel Uribe.

El gobierno conocía la peligrosidad del criminal; sabía de una operación contra nuestra familia con móviles políticos; entendía que podría volver a atentar contra candidatos de la oposición y, aun así, le otorgó la condición de negociador, desató sus manos y pasó el lamentable atentado a Miguel Uribe.

El asesinato político es selectivo por definición, pues la víctima es seleccionada para desestabilizar y generar perturbación colectiva. El país lo vivió entre agosto de 1989 y abril de 1990, cuando el narcotráfico asesinó, entre muchos colombianos, a los candidatos Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

¿Vuelve acaso el asesinato selectivo como arma política? Nuestro corazón sigue con Miguel y su familia, pero el Zarco está libre y el peligro es latente para otros candidatos.

Que el Estado nos proteja; es su obligación, o si no…, que Dios nos guarde, pero no dejaremos de luchar por un mejor país.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

“Hasta que las Cortes los Tumben”

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Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 19 de julio de 2025).- La rama ejecutiva del poder público, liderada por el Presidente y sus ministros (Art. 115, Constitución Política de Colombia), tiene la facultad de emitir actos administrativos —decretos, resoluciones, entre otros— para dinamizar la gestión administrativa. Estos deben cumplir estrictas formalidades constitucionales y legales para ser válidos (Art. 189, numeral 11, Constitución). La verificación de su legalidad recae en la rama judicial: la Corte Constitucional, mediante el control de constitucionalidad (Art. 241), y el Consejo de Estado, a través de acciones de nulidad o inexequibilidad (Art. 237). Por regla general, este control es posterior a la entrada en vigor de la norma, salvo en leyes estatutarias, que requieren revisión previa (Art. 241, numeral 8).

El principio de presunción de legalidad (Art. 90, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, Ley 1437 de 2011) presume que los actos son conformes a derecho hasta que una autoridad judicial declare lo contrario. Sin embargo, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado pueden suspender provisionalmente un acto si se evidencia una violación flagrante de la Constitución, afectando derechos fundamentales o a un número plural de personas (Art. 238, Constitución; Art. 152, CPACA). Esta facultad es crucial para proteger el Estado de Derecho frente a abusos del poder ejecutivo. Lamentablemente, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha emitido reiteradamente actos jurídicos que transgreden el orden constitucional, evidenciando un desprecio sistemático por las normas que rigen la formación de decretos y leyes. A continuación, se presentan ejemplos ilustrativos:

Decretos de emergencia en La Guajira: La Corte Constitucional declaró inexequibles varios decretos (Sentencia C-008/2023) por ausencia de causas sobrevinientes que justificaran el estado de excepción (Art. 215, Constitución). La modulación de fallos permitió que ciertas disposiciones permanecieran vigentes por un año, generando caos jurídico y efectos irreversibles.

Ley del Ministerio de la Igualdad: Presentada por iniciativa del Ejecutivo, la Ley 2281 de 2023 fue declarada inexequible (Sentencia C-255/2024) por vicios de trámite (Art. 157, Constitución). Su vigencia temporal, por modulación del fallo, compromete la seguridad jurídica hasta el fin del gobierno.

Decretos de estado de excepción en el Catatumbo: Al igual que en La Guajira, varios fueron declarados inexequibles (Sentencia C-123/2023) por falta de causa justificada o incumplimiento de formalidades, como la firma de todos los ministros (Art. 189, numeral 11).

Decreto 0639/2025 (Consulta Popular): Emitido en franca violación del orden constitucional, fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado (Auto 2025-00123, Art. 238, Constitución), evidenciando un abuso deliberado del Ejecutivo.

Reforma Pensional (Ley 2841/2025): La Corte Constitucional, mediante Auto 841/2025, suspendió provisionalmente esta ley por trasgredir el Art. 157, al omitirse el cuarto debate en la Cámara de Representantes. La falta de notificación del auto y la ausencia de firmas de tres magistrados, junto con intentos del Ejecutivo por “corregir” el vicio sin base legal, agravan la incertidumbre jurídica.

Decreto 0799/2025: Este traslada la competencia para conocer tutelas contra el presidente del Consejo de Estado a jueces de circuito, violando el Art. 113 del CPACA, que exige consulta previa a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Este acto, claramente inconstitucional, justifica una suspensión provisional inmediata (Art. 238, Constitución), incluso sin demanda de nulidad.

Estos ejemplos revelan un patrón alarmante: el gobierno Petro, con dolo y a sabiendas, emite actos jurídicos que violan la Constitución y la ley, generando efectos inmediatos y daños irreparables. Estas normas, que solo caen “hasta que las cortes las tumben”, producen perjuicios que derivan en demandas y costosas indemnizaciones pagadas por los contribuyentes. Este proceder no solo socava el Estado de Derecho, sino que atenta contra la estabilidad institucional y los derechos fundamentales de los colombianos. Es inaceptable que un gobierno actúe con tal desdén por la legalidad, confiando en que sus actos ilegales persistan hasta ser anulados. Exigimos un Ejecutivo que respete la Constitución, garantice la seguridad jurídica y proteja el bienestar de la nación, sin trasladar el costo de su irresponsabilidad a los ciudadanos.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Segundo paro arrocero

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Lunes 14 de julio de 2025).- Comencemos por decir que las siembras de arroz correspondientes al primer semestre de este año en Casanare, Tolima, Meta, Huila y el resto de los departamentos, registraron una disminución por lo menos del 12%, en comparación con el mismo periodo del año 2024, atribuible a los bajos precios experimentados en la cosecha anterior, a la restricción del crédito y a las condiciones climáticas; entre otros factores. Así las cosas, «el leve repunte de precios observado desde marzo de 2025 probablemente se revirtió en el mes de junio, ante la expectativa del inicio de la cosecha y el consecuente y relativo aumento de la oferta. De ahí, la probabilidad de que el precio promedio nacional al productor no vaya a cambiar de tendencia sino hasta él mes de septiembre de 2025 una vez se haya recolectado aproximadamente el 75% de la cosecha, tal como se observó en el 2021.» / Fuente: Agrobursatil.S.A.

Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural dice que los inventarios son altos y que hay un exceso de oferta de arroz que no está absorbiendo el sistema de comercialización actual, cuando en realidad se trata de una sobre oferta estacional transitoria. Además, las cifras del DANE indican un crecimiento del 6% en el consumo per cápita de arroz a nivel nacional el cual se estima en aproximadamente 46 kilogramos al año, con un aumento progresivo en comparación con años anteriores.

Una de las “soluciones” que se anuncian, es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a partir de julio de 2025, compraría el arroz que requieren sus programas sociales, como igualmente deben hacerlo, si es acaso no lo hacen ya, el ejército y las cárceles; no obstante, el volumen que ellos compran es apenas una mínima parte del total, mientras de fondo las medidas que deben tomarse son de carácter estructural. Entre tanto, las reuniones llevadas a cabo en la Presidencia como en Yopal, con la presencia de delegados del Gobierno y congresistas de la región, no fueron suficientes para llegar a un acuerdo. Luego, la Cartera de Agricultura publicó para comentarios, un borrador de resolución con la que sometería al régimen de libertad regulada de precios al arroz paddy verde. Pero la opinión de los analistas es que el Intervencionismo en este caso es una medida que surge a última hora, luego de convencerse de que no supieron resolver el problema aun teniendo los instrumentos a la mano.

Los agricultores advierten que no levantarán el paro mientras el precio no reaccione. Entre tanto, la Bolsa Nacional Agropecuaria hoy Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), y la Asociación Nacional de Comisionistas de Bolsas de Productos (ACBP), debo sugerirlo respetuosamente, les obliga una participación más activa de la Institución bursátil en la elaboración de los pronósticos de cosechas, la formación de precios; el Incentivo al Almacenamiento, en los Contratos Forward, en los REPOS sobre Bonos de Prenda representativos de mercancías, y en los mecanismos de cobertura, todos ellos tan necesarios de manera integral en estas circunstancias y que hoy parecen haberse olvidado.

Hace 32 años se creó el marco jurídico para cubrir los precios en el mercado de futuros (Ley 101 de 1993) qué permite implementar instrumentos para mitigar la caída de los precios, así como el incentivo al almacenamiento de arroz, el cual operó eficientemente durante 25 años y que solo habría que hacerle algunos ajustes para adecuarlo.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima.

“Quedó claro…”

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 12 de julio de 2025).- Estas fueron las palabras más utilizadas en el alegato final del expresidente Uribe, con el cual concluyó el juicio oral en su contra.  En un ejercicio contundente de “disección persuasiva” desmenuzó mentiras, inconsistencias, contradicciones y hasta yerros de la fiscal del caso, para dejar al desnudo la verdad y en claro su inocencia.

Reiteró también su afirmación de “ni mentir, ni callar”, refiriéndose a la instrucción a sus defensores y, en especial, al abogado Cadena en relación con las gestiones de este último, en su nombre, sí, pero no para sobornar testigos, sino para “verificar” los testimonios que el senador Cepeda, en 2012, autoinvestido y camuflado como defensor de derechos humanos, se dedicó a recoger en las cárceles para inculpar al expresidente de conformación de grupos paramilitares.

Sin embargo, aunque “quedó claro” que Álvaro Uribe es inocente y, por el contrario, en entredicho la inocencia y las intenciones del senador Cepeda, la fiscal insistió tozudamente en la solicitud de condena, en oposición a la de absolución presentada por la Procuraduría y precedida por las de preclusión de sus antecesores, los fiscales Javier Cárdenas en 2022 y Gabriel Jaimes en 2021.

Pareciera entonces que el juicio habría necesitado tantos fiscales como fueran necesarios para lograr solicitud de condena. Hay una famosa frase atribuida a Alfonso X, “El sabio”, pero con versión más reciente de Konrad Adenauer, primer canciller alemán de la posguerra: “En política -y en la justicia en este caso-, lo importante no es tener razón, sino que te la den”.

Quisiera sumarme sin reservas a la frase de cajón con la que políticos y hasta personas injustamente inculpadas suelen responder en entrevistas de ocasión: “creo en la justicia colombiana”. Yo quisiera creer, pero me cuesta. ¿Cómo hacerlo en un país donde criminales confesos de miles de secuestros, asesinatos, reclutamiento y violación de menores y cuanto lo quepa al Código Penal, están en el Congreso sin recibir condena alguna y, cuando la reciban, será de mentirillas? 

¿Cómo creer si, mientras la impunidad ronda el 90% y hasta se paga por no matar, la razón se niega contra toda evidencia? Recuerdo otra lapidaria de Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, y añado: donde hay poca justicia y la poca que hay se politiza para atacar adversarios en los estrados judiciales, el Estado de Derecho y la democracia tambalean.

Quedó claro que el juicio contra Uribe fue político y pasará a la historia, no solo por la insigne condición del inculpado, sino por las contradicciones y mentiras, pruebas perdidas y manipuladas y testigos que no aparecen a conveniencia; por el sitio preferencial de una presunta víctima compartiendo mesa con la Fiscalía, por sus “señitas” a los declarantes y los papelitos que se dejan caer…

Quedó claro que, al margen del fallo, las fuerzas civilistas del país, que aún somos mayoría -Academia, gremios, partidos, medios- debemos unirnos en una suerte de Acuerdo Nacional desde la sociedad civil para salvar la democracia a partir de la restauración de la justicia.

Quedó claro para el senador estadounidense Bernie Moreno, que “Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe”.

La juez del caso -es de esperarse- fallará en derecho y tendrá en sus manos la oportunidad de reivindicar la autonomía y credibilidad de la justicia que el país reclama. 

Porque la justicia es la médula espinal de la democracia liberal y un daño irreparable en la primera puede paralizar y hasta matar a la segunda. Porque la justicia… es la última trinchera del hombre libre ante el asedio a la democracia amenazada.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Hacia un septiembre… ¿negro?

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Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 4 de julio de 2025).- El pasado 11 de abril, a raíz de una reunión de los gremios y la canciller sobre la crisis arancelaria, advertí en este mismo espacio – “No es hora de mezquindades” – que dicha crisis desviaba la atención sobre un riesgo mayor: la eventual descertificación en la lucha antidrogas, que se produciría en septiembre, con graves consecuencias para la cooperación de Estados Unidos en todos los campos, a lo cual no ayudaba el crecimiento de cultivos y de producción de cocaína.

Me aventuré entonces a recomendar algo que parecía obvio: Atender lo urgente: la crisis arancelaria buscando negociación directa, como han hecho muchos países, sin desatender lo importante: la recertificación, evitando la confrontación con una contraparte muy sensible a ella; recomendación que no resultó tan obvia para un Gobierno que ha ideologizado las relaciones internacionales y, en consecuencia, desatiende mensajes diplomáticos y claras advertencias, y además propicia la confrontación con el país que encarna la “codicia capitalista”.

El 15 de enero, el confirmado secretario de Estado, Marco Rubio lanzó la primera advertencia al calificar como organizaciones narcoterroristas al ELN y las disidencias de las Farc, grupos armados ilegales protegidos al amparo de negociaciones con el gobierno en el marco de la “paz total”. En su discurso de posesión, el 20 de enero, Trump ratificó la calificación de los carteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”, y en una orden ejecutiva declaró emergencia nacional para enfrentarlas.

Luego vendría la crisis de los migrantes, cuando Petro impidió el aterrizaje de dos aviones con colombianos deportados en condiciones que, si bien pueden considerarse denigrantes, eran las mismas en que habían regresado al país centenares de compatriotas durante el gobierno Biden. Trump reaccionó con alza de aranceles del 25%, a lo cual Petro, cual David sin cauchera, ripostó con 25% a los productos estadounidenses. Basta conocer la balanza comercial para saber quién perdía. Afortunadamente, gracias a los buenos oficios de la canciller y “una manita” inesperada, se conjuró lo que habría representado el colapso de la economía.

El 1° de abril, la Oficina para Control de Drogas de la Casa Blanca publicó el “Statement of Drug Policy Priorities”, en el que se deja claro que “Donde un país fuente no tome acciones, la Administración ejercerá sus poderes económicos para exigir cambios”. ¿Más claro…?

Sin embargo, días después se produce la reunión de Petro con la secretaria de Seguridad Kristi Noem, que la alta funcionaria calificó de “discusión polémica” por el tono de ácida crítica del presidente, que remató con la valoración de los delincuentes del Tren de Aragua como “personas que solo necesitan amor y comprensión”.

Súmenle a este explosivo coctel la “escapada” a una peligrosa ciudad de Ecuador sin explicación convincente, después de asistir a la posesión del presidente Noboa, cuya elección no había reconocido días antes; y la suspensión de la extradición de alías “HH” de los Comuneros del Sur y alias “Mocho Olmedo” cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, que Petro justificó por hacer parte de ¡avanzadas! conversaciones de paz. Y para rematar, aparecen los audios de Leyva y el enésimo golpe de Estado, esta vez con presunta participación de senadores estadounidenses y hasta del secretario de Estado.

Epílogo: Se llenó la copa. Marco Rubio llama a consultas al encargado de negocios, pues ni embajador tienen desde hace tres años, y otra vez David le lanza un pedrusco a Goliat, llamando también a consultas a nuestro embajador.

Ya suspendieron visas a funcionarios colombianos. Y ahora… ¿acaso los temidos aranceles y la debacle económica, acaso el septiembre negro de la descertificación? ¡Ah… los tiempos de la diplomacia!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Reforma Pensional Ley 2381/2024: Un cadáver insepulto

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 4 de julio de 2025).- La Ley 2381/2024, que reformó el sistema pensional, permanece en un limbo jurídico tras el Auto 841/2025 de la Corte Constitucional. Este auto ordenó devolver el proyecto al Congreso para subsanar un vicio de forma: la omisión del debate en la plenaria de la Cámara sobre la proposición de la representante Pizarro, incumpliendo el artículo 157 de la Constitución Política. Sin embargo, hasta la fecha, solo se conoce un comunicado de prensa con la parte resolutiva y una síntesis de la motivación junto a la aclaración de los magistrados Ibáñez, Reyes y Cortes, sin acceso al texto completo del auto. Esta falta de transparencia genera incertidumbre sobre la legitimidad del proceso subsiguiente.

El 27 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0747/2025, convocando sesiones extraordinarias para atender la orden de la Corte. Ese mismo día, el presidente de la Cámara citó a la plenaria a las 7:00 p.m., una premura que impidió reunir el quórum deliberatorio exigido por el artículo 145 de la Constitución. Al día siguiente, el 28, tras interpretaciones dispares —y hasta risibles— de lo ordenado, los representantes aprobaron la proposición de Pizarro sin debatir el articulado. Luego, en una contradicción evidente, discutieron el proyecto por bloques, pese a haberlo acogido previamente sin análisis. Este trámite caótico vulnera el principio de consecutividad legislativa, consagrado en los artículos 157, 160 y 162 de la Constitución. La celeridad del proceso es cuestionable. Aunque la Constitución (art. 138) y la Ley 5ª de 1992 (art. 85) no fijan un plazo mínimo de antelación para convocar sesiones extraordinarias, la práctica parlamentaria suele respetar un margen razonable —generalmente de al menos tres días hábiles— para permitir que los congresistas, muchos en sus regiones, se preparen para un debate serio. Una citación a pocas horas atenta contra el decoro legislativo y la calidad del trámite. Además, el Auto 841/2025, al ser interlocutorio, solo produce efectos tras su notificación a las partes (Artículo 13 del Decreto 2067 de 199, Artículos 113 a 119 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012).

No hay evidencia de que dicha notificación haya ocurrido al momento del decreto, lo que invalida el procedimiento. Adopto como propia, la interpretación del doctor Julio José Orozco, quien sostiene que el Auto 841/2025 conduce a que la Ley de Pensiones adolece de un vicio insubsanable y es sujeto a un Incidente de Nulidad que tendrá que ser resuelto por la misma Corte Constitucional. La Ley 2381/2024, presentada el 21 de marzo de 2023 y aprobada el 14 de junio de 2023, es una ley ordinaria que debía completar su trámite en dos legislaturas (julio 2023 – junio 2024), según los artículos 157, 160, 162, 165, 167 y 375 de la Constitución, y el artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.  La excepción a la regla son las leyes estatutarias.

La Corte, al ordenar la devolución de una ley ordinaria para corregir vicios formales, excede su competencia. A diferencia de las leyes estatutarias o tratados internacionales, cuyo control previo incluye vicios de forma y fondo (art. 241, nums. 1 y 2, Constitución), las leyes ordinarias no están sujetas a este mecanismo. El vicio señalado —falta de debate— es insubsanable, reconocido por la Corte Constitucional en el Auto 841/2025, acepta  la grosera, vulgar transgresión a la carta, pues el plazo legislativo expiró el 20 de junio de 2024.

Como indica Orozco, el proyecto feneció, y resucitarlo es jurídicamente inviable. La Corte, lejos de guardar la Constitución, la transgrede al forzar un trámite extemporáneo. Este despropósito ridiculiza las instituciones democráticas. La Ley 2381/2024 es un cadáver insepulto, seco, irreparable. Su única vía es un nuevo trámite legislativo, limpio y ajustado a la Constitución. La Corte y el Congreso deben respetar los principios de consecutividad, transparencia para darle seguridad jurídica a todos, colombianos y extranjeros, en rigor para preservar el Estado de Derecho.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu