* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 26 de septiembre de 2025).- Petro ha vuelto a la tribuna internacional con su libreto de siempre: culpar a Occidente, invocar a China y disfrazar de soberanía lo que en realidad es aislamiento. En la ONU, llamó “genocidas” a Estados Unidos y Europa y sugirió un papel protagónico de Pekín en el continente, incluso dejando abierta la sospecha de que estaría dispuesto a ofrecer el territorio colombiano como plataforma estratégica. Mientras tanto, niega la existencia del Cartel de los Soles y minimiza al Tren de Aragua como si fueran simples invenciones de la prensa o exageraciones de la “derecha”.

El problema es que la retórica no paga cuentas, no alimenta pollos, no estabiliza mercados ni garantiza seguridad. Y Colombia está entrando en un terreno minado.

Dependencia disfrazada de soberanía

Petro grita independencia, pero oculta las cifras: más del 99% del maíz importado viene de Estados Unidos. Sin ese grano, la avicultura y la porcicultura colapsarían. El propio Dane revela déficits comerciales crecientes: sólo en julio de 2025 el saldo negativo fue de casi US$1.700 millones. La Unión Europea, además, nos provee maquinaria, tecnología y medicamentos. ¿De dónde saldrán esos insumos si Petro dinamita las relaciones con nuestros principales proveedores? ¿De China, que ni siquiera ha logrado garantizar los volúmenes de granos que demanda su propio mercado interno?

Un choque real con Washington y Bruselas significaría aranceles, trabas sanitarias y sanciones que golpearían de lleno a exportaciones vitales como café, flores y banano. Lo que Petro llama “soberanía” terminaría en inflación, desempleo y fuga de inversión.

La otra negación: el crimen internacional

Como si lo económico no bastara, el presidente decidió emprenderla contra la realidad misma: niega la existencia del Cartel de los Soles, pese a que el Congreso colombiano lo declaró organización criminal transnacional y a que Estados Unidos ha sancionado a sus cabecillas. Su explicación es que “en las investigaciones judiciales no aparece”. ¿De verdad la ausencia de papeles en un escritorio borra la existencia de una red denunciada por agencias internacionales durante más de una década?

Con el Tren de Aragua la historia es igual de peligrosa. Petro lo reduce a “delitos de migrantes excluidos”. Pero no se trata de simples carteristas: es una banda dedicada a extorsión, narcotráfico, trata de personas y lavado de activos, reconocida por organismos internacionales y sancionada por el Tesoro estadounidense. Al suavizar su carácter, el presidente no solo insulta a las víctimas de sus crímenes, sino que envía un mensaje demoledor: en Colombia, el crimen organizado puede ser blanqueado por decreto presidencial.

La Paz Total en ruinas

La llamada “Paz Total” ya huele a fracaso. No ha traído ni paz ni totalidades, sino mesas de negociación interminables mientras el país se desangra. Los homicidios y las masacres continúan; las disidencias de las FARC se rearman; el ELN se burla de las treguas. Y ahora, mientras se habla de pactar con los viejos insurgentes, se minimiza la amenaza de los nuevos criminales. Un Estado que relativiza al Tren de Aragua y desconoce al Cartel de los Soles no está construyendo paz: está institucionalizando la impunidad.

¿Ingenuidad o complicidad?

La oposición tiene derecho —y el deber— de preguntarlo: ¿es esto pura ingenuidad ideológica, o es complicidad disfrazada? Petro dice que hablar del Cartel de los Soles es “una excusa de la extrema derecha”. Pero cuando un presidente se empeña en negar lo evidente, la línea entre ideología y encubrimiento se vuelve borrosa. Y en política internacional, las percepciones pesan tanto como los hechos. Si Colombia es vista como un país que protege o minimiza redes criminales, la consecuencia será aislamiento diplomático, pérdida de cooperación antidrogas y, peor aún, desconfianza de los mercados.

Conclusión: la factura que pagaremos todos

Colombia se juega su futuro inmediato. Con un presidente que insulta a sus principales socios comerciales, que ofrece guiños a China mientras la economía depende de EE. UU. y la UE, y que niega la existencia de organizaciones criminales denunciadas en todo el continente, el país camina directo hacia el aislamiento.

La verdadera soberanía no se construye con discursos incendiarios, sino con instituciones sólidas, diversificación productiva, respeto a los aliados estratégicos y firmeza frente al crimen. Lo demás es ideología camuflada de estrategia. Y como toda farsa, acabará revelando su costo: menos empleo, más inflación, más inseguridad y un país reducido a peón en un tablero que ni siquiera controla.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 19 de septiembre de 2025).- Como opositor al gobierno del cambio de Gustavo Petro, he defendido con rigor la soberanía colombiana contra cualquier injerencia externa. Pero el estallido presidencial del 17 de septiembre contra Estados Unidos —calificando la descertificación de 2025 cómo “grosería imperial” y “chantaje vulgar”— no es defensa patriótica; es un desahogo irresponsable que enmascara fracasos propios.

Petro no solo detuvo compras de armamento estadounidense y acusó a la oposición de “cipayismo traidor“, sino que culpó al “consumo yanqui” de nuestra plaga narco, obviando que Colombia genera el 70% de la cocaína global.

Esta retórica incendiaria no resuelve crisis; las agrava. Exijo, confrontar la verdad con datos implacables, no con victimismos estériles. Y los números desarman su ilusión.

La descertificación, decretada el 16 de septiembre por el Departamento de Estado en la era Trump, no es arbitrariedad; es un instrumento legal estadounidense —supervisado por su Congreso— que ata ayudas a la cooperación efectiva contra el narcotráfico, tal como impulsó el Plan Colombia. Petro la dramatiza como agresión, pero calla que su “paz total” ha coincidido con un rebrote narco sin precedentes. En su post, distorsiona la historia al atribuir el pico a Duque: la ONU lo refuta categóricamente. Bajo su mando, el flagelo no se contiene; se desboca.

Contemplemos los indicadores del Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC y el Ministerio de Defensa. Comparo 2022 (transición duquista) con estimaciones hasta agosto de 2025 (datos preliminares oficiales). El incremento es alarmante y revela la ineficacia de políticas tibias:

2022:  230.000 hts sembradas.

2025 (hasta ago., est.): 300.000.

Variación: +30.4%

Producción Potencial 2022: 1.738 Tns Métricas

Producción Potencial 2025: 2.800 Tns Métricas

Variación: +61.1%

Productividad por hectáreas:

2022: 7.56 Kilos Hectárea

2025: 9.33 Kilos Hectárea

Variación: +23.4 %

Incautaciones

2022: 671 Tns

2025: 750 Tns,

+11,8% (pero solo ~27%  de producción y no con el 61.1% de aumento a la fecha)

Fuentes: UNODC (2023-2025) y MinDefensa

En 2022, ya había un alza; Petro juró sustitución voluntaria y erradicación sin glifosato. ¿Balance? +30,4% en hectáreas, avivado por la paralización de fumigaciones y treguas con disidencias que blindan cultivos en “zonas de diálogo”. La productividad escaló 23,4% por semillas híbridas narco, no por “miseria campesina” como proclama. Las incautaciones, récord en 2024 (884 TM), apenas arañan el 27% de la oferta —un espejismo de control.Este colapso no es “herencia gringa”, como brama Petro. Es negligencia doméstica: su aversión a extradiciones plenas, indultos a peones narco y énfasis en “derechos” por sobre inteligencia han empoderado carteles. En 2023, la producción ya brincó 53%; ahora, con Trump en la Casa Blanca, su embestida verbal —tachando de “mentirosos” a diplomáticos y de “vendepatrias” a disidentes— nos aísla fatalmente. ¿Suspender adquisiciones bélicas? Eso desarma a nuestra Fuerza Pública ante un enemigo voraz.

Peor aún: esta deriva antiestadounidense coquetea con un abismo mayor. Si el apoyo político de Petro al régimen de Maduro evoluciona a respaldo militar —como ha insinuado en cumbres chavistas—, y Washington interviene armadamente en Venezuela para desmantelar la dictadura, Colombia podría salir en defensa de Caracas. Imaginen: Petro alineándose con el Cartel Soles, EE.UU. no dudaría en etiquetarnos como aliados activos del Régimen Venezolano e incluirnos como parte de los Soles, imponiendo sanciones devastadoras —congelación de activos, bloqueo comercial y descertificación perpetua—. Nuestras exportaciones colapsarían, la inversión huiría y el PIB se hundiría en recesión profunda. No sería soberanía; sería suicidio geopolítico, arrastrándonos al ostracismo hemisférico junto a un tirano en agonía.

Señor Petro: la descertificación punza porque es meridiana. Abandone los improperios y negocie. Un Plan Colombia 2.0, podría revitalizar el comercio, la inversión y la seguridad compartida. Imagina un enfoque en inteligencia cibernética contra cárteles transnacionales o en energías renovables para reducir la dependencia del petróleo. Sería una señal de que Colombia sigue siendo un socio estratégico para Washington, con desarrollo integral y seguridad férrea, robustecería nuestra alianza vital con el principal socio comercial. Como opositor, no anhelo su ruina; demandamos gobernanza responsable.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 19 de septiembre de 2025).- “Hoy hablamos al corazón de Colombia”. Así inicia la sentencia condenatoria a los miembros del secretariado de las Farc por una variedad de crímenes de guerra y de lesa humanidad que agotan el Código Penal. Sin embargo, para ajustarse a la realidad debería iniciar, más bien, con la frase: “Hoy estafamos a Colombia”, pues la sentencia no es otra cosa que “la gran estafa” a las víctimas y al país, para cerrar, por fin, el capítulo anunciado de la vergonzosa impunidad de la “justicia especial” que Santos anunció como novedosa y única en el mundo…, tanto que daba para Nobel por parte de sus socios suecos en el proceso de negociaciones instalado en Oslo en octubre de 2012.

Y si digo “por fin” es porque han transcurrido siete años que suman 1.834 días hábiles, para que, con una planta actual (Acuerdo AOG 004 de 2025) de 1.456 empleados y a un costo que ya supera los 3 billones, esta magnífica justicia que enorgullece a Santos lograra establecer la culpabilidad de unos criminales que la justicia ordinaria no solo había investigado hasta la saciedad, sino también juzgado y condenado.

Para la muestra, el botón de Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, director del Partido Comunes, quien se sentó a conversar con el gobierno Santos con circular roja de Interpol, recompensa de Estados Unidos por 5 millones de dólares, 182 procesos judiciales abiertos en Colombia, 141 órdenes de captura, 57 medidas de aseguramiento y 13 condenas que ya sumaban ¡448 años de prisión!

¡Vaya si la sacaron barata! 448 años en la cárcel contra apenas 8 años de “sanciones propias”, como responsables de 21.396 secuestros que incluyeron, en muchos casos, asesinato, tortura, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros. Tendrán algunas limitaciones de movilidad que nos les impiden el ejercicio de la política, mientras participan en proyectos restaurativos “que integran medidas diferenciadas, legítimas y contextualizadas, orientadas a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social, la restauración ecológica y la dignificación de las víctimas”.

Es una jerga que eufemiza tan horrendos y numerosos crímenes, y esconde la más escandalosa impunidad, en una pieza judicial que compite en extensión con aquella de la jueza Heredia que sirvió para el efecto contrario de condenar a un inocente: Álvaro Uribe Vélez. En 663 páginas, 1.773 consideraciones y 131 numerales en su parte resolutiva, se extienden 91 órdenes diferentes a todas las instancias del Estado, ya sea para garantizar el cumplimiento de las sanciones o la salud, la seguridad y el bienestar de los sancionados, y muchas sin relación alguna con la sentencia, entre las cuales se esconde, por supuesto, la llave para cerrar por dentro la puerta de la impunidad y “advertir” (Num. 126) que toda investigación o condena de la justicia penal ordinaria queda subsumida y absorbida por este remedo de justicia.

Algunas observaciones finales: La primera: que la JEP se cuidó de expedir a la vez la sentencia a los 12 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, igualmente extensa, aunque sin adornos retóricos al corazón de Colombia, y ante la cual no sobra recordar que la misma JEP estableció que los llamados “falsos positivos” no fueron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática. La segunda es una ocurrencia: Si todos los presos del país, condenados por menos delitos y mucho menos graves, pudieran acudir a los tribunales invocando el derecho a la igualdad ante la justicia, las cárceles… se desocuparían.

La tercera es de Ripley. El presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas de opereta. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Domingo 14 de septiembre de 2025).- Mientras el presidente sacaba pecho en Osaka con la lechona colombo-japonesa-mexicana, y su ministro delegatario en Bogotá con la clasificación de la selección Colombia gracias al gobierno Petro – ¡vaya osadía! –, este último también firmaba la resolución para convertir a una mafia narcoterrorista, las Autodefensas Gaitanistas (antes Clan del Golfo, Urabeños, Clan Úsuga), en Grupo Armado Organizado, GAO, bajo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia, EGC.

Benedetti afirmó que este nuevo “ejército” no tendrá “estatus político”, y es cierto a la luz del Derecho Internacional Humanitario, porque esa condición deviene del “estatus de beligerancia”, que reconoce a un Grupo Armado Organizado como parte en un “conflicto armado no internacional”, es decir, legitima la sublevación contra un gobierno y, por tanto, el derecho a negociar de igual a igual para remover las causas de esa sublevación legitimada. Las Farc siempre exigieron la “beligerancia”, pero nunca la obtuvieron, sobre todo porque les obligaba, como parte en conflicto, a cumplir con el DIH, el cual violaron sistemáticamente. Sin embargo, sin beligerancia ni estatus político, negociaron y pusieron patas arriba las instituciones como si lo tuvieran.

Hoy, con esa incoherencia que se ha vuelto marca del Gobierno, de dientes para afuera se afirma que esos grupos delincuenciales no tienen ni tendrán estatus político, cuando el Gobierno mismo se lo reconoció, en forma de “mico”, en la llamada Ley de Paz Total, la cual  diferencia entre “Grupos Armados Organizados al margen de la Ley” y “Estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, ambos, como dicen en el Caribe, “cucarachas del mismo calabazo”, pero mientras el Gobierno podrá  negociar con las “Estructuras” solamente su sometimiento, con los GAO podrá negociar y lograr acuerdos para, entre otras cosas, “la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo” (Ley 2272 de 2022. Art. 5º). Así que no nos vengan con cuentos de que el Ejército Gaitanista, recién ascendido a GAO, no tendrá “estatus político”.

Ahora bien, resulta paradójico que mientras unos bregan por entrar, otros luchan por salir.  En efecto, una de las exigencias del ELN ha sido la exclusión de la lista de Grupos Armados Organizados, y seguirá insistiendo en ello, más ahora que el Clan del Golfo ingresó maquillado a esa lista, porque los elenos se consideran la última y única guerrilla subversiva con carácter político por derecho propio, condición que, para ellos, no solo legitima todas las formas de lucha, es decir, toda su barbarie, sino que les otorga una suerte de derecho especial de negociación, que tiene como telón de fondo el exabrupto de las negociaciones de Santos con las Farc.

Ahora mismo circula el video de Pablo Beltrán, uniformado y con escarapela al hombro, buscando espacios para retomar los diálogos, aunque exigiendo que el país cambie a su acomodo, sin que ellos cambien, dejen de sojuzgar e instrumentalizar a las comunidades campesinas e indígenas…, dejen de tumbar helicópteros y asesinar soldados y policías.

Hoy el Gobierno tiene acercamientos con el Ejército Gaitanista ¡en Catar!, y quizás se vuelva a sentar con el ELN, con las disidencias y reincidencias, y hasta convoque a los delincuentes que acompañaron a Petro en “el tarimazo” en Medellín, abriéndole camino a su “Proyecto de Sometimiento”, otro ejercicio de impunidad masiva sin posibilidades en época electoral y con un gobierno agonizante, pero en campaña para perpetuar su proyecto político.

Así las cosas, ¿esta nueva oleada de “dialoguitis” gubernamental responde a sus anhelos de paz o a sus anhelos electorales? Y, Dios no lo quiera, pero si el “Proyecto de Sometimiento” se convierte en Ley… ¿a dónde iremos a parar?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: B. Piedad Urdinola * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(BPU – Jueves 11 de septiembre de 2025).- La necesidad de prepararnos ante las eventualidades, en un mundo lleno de incertidumbres, fue la que dio vida a la medición consistente de cifras. En el Antiguo Egipto, la medición de las crecidas del Nilo permitió anticipar cosechas y organizar grandes obras, incluidas las pirámides que aún hoy nos asombran. Siglos después, civilizaciones como la China y Romana perfeccionaron el arte de censar y registrar a sus ciudadanos y estructurar un modelo de gobierno basado en la organización de su población y su territorio, e incluso en Sur América los Incas diseñaron un sistema de múltiples censos permanentes dentro de sus cuentas Quipú. 

Así como las grandes civilizaciones antiguas descubrieron en la medición una herramienta para organizarse y proyectarse, en la era moderna es una necesidad para la planeación estratégica e incluso un termómetro del desarrollo. Las economías modernas están, ahora, generando muchos más bienes intangibles que incluyen los datos y la información que nos ayudan a tomar decisiones a diario y, por ende, nos hacen más productivos.

En Colombia, desde 1953 el DANE tiene la misión de garantizar que cada cifra oficial no sea solo un porcentaje sobre la inflación, la desocupación, la carga ambiental de cierta actividad o la calidad de vida de las y los colombianos, sino también una semilla de prosperidad que abra oportunidades, oriente políticas públicas e impulse la economía con independencia técnica y transparencia.

Esa independencia técnica no es un privilegio institucional: es el prestigio construido a lo largo de más de siete décadas de historia en las que el DANE ha hecho de la confianza con la sociedad colombiana su mayor compromiso. Cada cifra publicada refleja con rigurosidad técnica y transparencia la realidad del país, más allá de cualquier circunstancia coyuntural o política.

Con la Ley 2335 de 2023, o ley estadística como la llamamos en el DANE, no solo el país subrayó la importancia de los principios de coherencia, exactitud, imparcialidad, transparencia y calidad de las cifras, sino que también reafirmó al DANE como el ente rector del Sistema Estadístico Nacional alineándolo con los más altos estándares internacionales.

De hecho, Colombia se posiciona en el top tres de las oficinas estadísticas de América Latina con una puntuación de 87,3 en el Índice de Desempeño Estadístico del Banco Mundial, luego de Costa Rica (88,5) y Chile (86,8), en la región, y acercándose a referentes como Japón (90,9) o Suiza (90,3).

Estos resultados se deben también al fortalecimiento en los últimos dos años de la infraestructura tecnológica del DANE con uno de los sistemas de ciberseguridad de primer nivel en el país y la región, el cual garantiza la calidad con la que se recoge cada dato y se procesa cada cifra.

Hoy, el DANE cuenta con un universo de datos autónomo y seguro, con soluciones en la nube que procesan millones de registros con rapidez y trazabilidad. Además, ha renovado más de 16.700 dispositivos móviles de captura, implementado la plataforma Genia para transmisión y trazabilidad en tiempo real, logrado interoperabilidad segura con 53 entidades públicas y abiertos tableros digitales para la consulta gratuita de cifras clave como el IPC, el PIB y las Estadísticas Vitales para toda la ciudadanía.

En tiempos en los que la confianza es un bien escaso, la tecnología se convierte en nuestro mejor aliado para ofrecer estadísticas producidas con imparcialidad e independencia técnica, tal como lo exige la Ley 2335. Cada avance tecnológico representa, en esencia, una garantía adicional de independencia, calidad y transparencia con cifras verificables.

Del mismo modo, hemos fortalecido nuestras prácticas éticas, la solidez metodológica y la apertura de los datos, entendiendo que lo que entregamos a la sociedad no son simples números transformados en porcentajes, sino certezas para orientar decisiones públicas y privadas.

Las cifras con calidad no son un fin en sí mismas: son semillas que germinan en confianza, florecen en decisiones ágiles y dan frutos en oportunidades para todos y todas. Así como las antiguas civilizaciones supieron medir para prosperar, hoy la tarea del DANE es seguir sembrando con rigor y transparencia las cifras que mañana serán la obra perdurable de un país que se reconoce en ellas y confía para trazar un futuro más próspero.

* B. Piedad Urdinola, Directora del DANE.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Domingo 7 de septiembre de 2025).- La producción nacional de café en agosto alcanzó 1,24 millones de sacos de 60 kg, con un crecimiento del +19% frente a agosto de 2024. Este resultado prolonga el impulso observado en julio y refleja el desfase en la cosecha del primer semestre, originado por las lluvias persistentes que desplazaron la recolección hacia el inicio del segundo semestre.

Con este desempeño, la producción acumulada en los últimos 12 meses (sep. 2024 – ago. 2025) ascendió a 14,79 millones de sacos, un incremento interanual del +18%. En lo corrido del año (ene.–ago. 2025) la producción suma 8,83 millones de sacos (+10%).

En materia de comercio exterior, Colombia exportó en agosto 1,13 millones de sacos, lo que representó un aumento de +10% respecto a agosto 2024. En el año móvil, las exportaciones alcanzaron 13,23 millones de sacos, con un crecimiento del +13% frente al periodo anterior. Las exportaciones de la FNC ascendieron a 2,59 millones de sacos (+18%), mientras que las de otros exportadores llegaron a 10,63 millones (+12%).

Las importaciones preliminares del mes fueron de 146 mil sacos, acumulando 776 mil en los últimos 12 meses. El consumo interno se mantiene estable con un estimado móvil de 2,25 millones de sacos anuales.

A medida que se acerca el cierre del año cafetero, la dinámica positiva de producción y exportaciones confirma la fortaleza del sistema cafetero colombiano. Sin embargo, es necesario advertir que tendremos un declive en la producción nacional en el trimestre de (Oct-Dic) de 2025. El pronóstico de cosecha estima un impacto de 1 millón de sacos menos, en comparación al 2024.

Finalmente, vuelvo a solicitar a las autoridades colombianas las herramientas de seguimiento a las importaciones debido a las diferencias arancelarias entre cafés de los distintos origenes establecidas por el gobierno de los estados unidos, estos son un incentivo para una nociva dinámica de importaciones, lo cual plantea la necesidad de revisar un marco para proteger la competitividad del Café de Colombia.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 5 de septiembre de 2025).- La diplomacia y la lógica de las relaciones entre los países da para todo. China y Estados Unidos se muestran los dientes y hacen ostentación de su capacidad militar, pero al final negocian, porque la “II Guerra Fría” que hoy protagonizan es comercial y el mercado su campo de batalla, donde se necesitan mutuamente.

A raíz de la presencia militar de Estados Unidos en aguas caribeñas, Brasil reiteró que no reconoce los resultados de las elecciones venezolanas, pero tiene una “relación de Estado” con ese país, porque “a los vecinos no se los elige”, y yo añado: vecinos que, además, se necesitan para mantener el Socialismo del Siglo XXI en la región y su cada vez más frágil institucionalidad multilateral: La CELAC, el ALBA, UNASUR…

En nuestro país, Petro, al igual que Lula, se resiste a declarar con nombre propio que no reconoce a Maduro como presidente, y se queda en el eufemismo equivalente de no reconocer los resultados hasta que se hagan públicas unas actas que nunca se harán públicas.

Sin embargo, en ese estado de interregno, de efectiva vacancia presidencial en Venezuela, Petro decide mantener relaciones diplomáticas con base en los lugares comunes de siempre: que somos países hermanos, que Bolívar y el sueño de la Gran Colombia, que el apoyo a la paz, que la frontera común…; pero también la comunión ideológica, la admiración al chavismo y, por supuesto, las rutas de la coca hacia Venezuela y el mundo desde el Catatumbo, con la protección del ELN a ambos lados de la frontera.

El Catatumbo y su coca: la verdadera razón detrás de la Zona Binacional, creada mediante un “Memorando de Intención” cuando ya era un hecho el despliegue militar de Estados Unidos hacia el Caribe; una zona que comprende a La Guajira, Cesar y Norte de Santander de nuestro lado, este último infestado por el narcotráfico y su violencia exacerbada.

Aun así, hace un mes Maduro declaraba que “La idea es que sea una zona de paz”, pero luego envía 15.000 efectivos a la frontera y agradece a Petro su decisión de arrimar 25.000 más de este lado, con lo cual, sin reconocer a Maduro como presidente, Petro legitima su narcorégimen y, más grave aún, pone a Colombia en la mira de la actual política antidrogas de Estados Unidos.

No puede olvidar Petro que Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por Maduro por delitos de narcotráfico, que se alimentan, queramos o no, con las 43.000 hectáreas de coca sembradas en la zona binacional. Así las cosas, estamos ante el riesgo de pasar de ser considerados socios de Estados Unidos en la lucha antidrogas, a cómplices del Cartel de los Soles y su cabecilla.

No puede olvidar Petro que en esta crisis Maduro se está quedando solo. Sus amigos en la región, el mismo Petro incluido, no lo reconocen como presidente y, aunque lo apoyan y rechazan con declaraciones diplomáticas cualquier tipo de bloqueo o intervención, no se involucrarán más allá de lo necesario.

Sus grandes aliados, China y Rusia principalmente, a quienes les debe hasta la camisa, igual declaran su apoyo y quizás estén más interesados en recuperar su dinero, …pero hasta ahí. China está ocupada en su guerra comercial con Estados Unidos y sus viejos litigios territoriales, con el de Taiwán en primer lugar. Rusia, ya sin el poder militar y económico de otros tiempos, tiene suficiente con la guerra de Ucrania, en tanto que Irán tiene metidas sus narices en el conflicto Israel – Palestina.

Estados Unidos va en serio y la historia es implacable. A quienes están del lado equivocado…, siempre los castiga.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 5 de septiembre de 2025).- Lo sucedido el 3 de septiembre de 2025, con la elección del Dr. Carlos Camargo Assis como magistrado de la Honorable Corte Constitucional, representa, en mi opinión como opositor férreo a Gustavo Petro, es el golpe político más contundente contra las ambiciones de control absoluto sobre las ramas del poder público. Este exdefensor del Pueblo, elegido por el Senado con 62 votos, se impone como un baluarte de independencia judicial, frustrando los intentos del Pacto Histórico por someter la Corte a su ideología extremista de izquierda. Petro, en su reacción inmediata, declaró “No confío en él”, revelando su temor a un tribunal que no se pliegue a sus designios. Como abogado, subrayo, esta elección fortalece el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 CP (Constitución Política de Colombia), que establece ramas independientes: legislativa, ejecutiva y judicial, impidiendo la concentración autoritaria que Petro anhela.

¿Qué podemos esperar en estos últimos 10 meses de un gobierno zurdópata y violento?

Preparémonos para una escalada radical, ya que el fracaso en controlar la Corte Constitucional, desatará lo peor de este régimen socialista extremo:

A. Radicalización del Ejecutivo: Petro intensificará posiciones de izquierda extrema, bordeando el comunismo violento. Ante fracasos políticos, económicos y sociales, activará las “primeras líneas” —grupos armados de recordación ingrata—, y movilizará guardias indígenas y campesinas bajo jurisdicciones especiales (artículo 246 CN), pervirtiendo su protección estatal para reprimir disidencia. Esto viola el monopolio estatal de la fuerza (artículo 216 CP), generando caos y violencia.

B. Desconocimiento de resultados electorales: Petro ignorará elecciones nacionales (Presidencia, Senado), departamentales (Cámara, Asambleas) y locales (Concejos, JAL) si no favorecen su zurdopatía. Interferirá en selecciones internas de partidos (Ley 1475 de 2011), manipulando consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026. Como jurista, advierto que esto atenta contra el sufragio universal (artículo 258 CP) y podría constituir delitos electorales (Ley 1864 de 2017), exponiéndose a sanciones del Consejo Nacional Electoral.

C. Deslegitimación judicial: Desconocerá fallos de la Corte Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y CNE si no le convienen, generando inseguridad jurídica que ahuyentará inversiones. Esto contraviene el artículo 228 CP, que garantiza independencia judicial, y precedentes como la Sentencia SU-355/20, que sanciona el desconocimiento de decisiones constitucionales. El resultado: caos judicial y colapso económico.

D. Alineación con regímenes autoritarios: Fortalecerá lazos con Venezuela, Cuba, Nicaragua y exmandatarios como Morales, Correa y Kirchner, alimentando un enemigo externo en EE.UU. y Trump. Esta política exterior ideológica ignora el interés nacional (artículo 226 CP), priorizando alianzas comunistas que aíslan a Colombia.

E. Ataques a opositores: Intensificará persecuciones contra prensa, políticos, jueces y empresarios opositores. El aparato de inteligencia estatal se enfocará en vigilar disidentes, violando derechos fundamentales (artículo 15 CP sobre inviolabilidad de correspondencia y datos).

F. Propaganda masiva: Invertirá recursos públicos en campañas falaces para simular logros inexistentes, confundiendo votantes. Esto malversa fondos estatales (Ley 734 de 2002, Código Disciplinario), erosionando la democracia.

En conclusión, estos meses serán de turbulencia y violencia inminente. Como abogado y defensor de la República, llamo a la unión monolítica de la oposición —del centro a la derecha— para liquidar esta pesadilla en primera vuelta electoral. Ir a segunda es ruleta rusa con tres balas en el tambor: un suicidio político.

Alistemos escudos y espadas jurídicas para defender la República, el Estado de Derecho y la Democracia, contraatacando cualquier violación a nuestros derechos constitucionales.

¡La democracia no se negocia; se defiende con contundencia!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 29 de agosto de 2025).- En el siglo XVIII, el Barón de Montesquieu desarrolló el fundamento de la democracia moderna: la separación de tres poderes, entre los cuales, sin embargo, “La justicia es la virtud de las instituciones”. Nada nuevo. Aristóteles, hace 23 siglos, afirmaba que “En la justicia se encuentran en suma todas las virtudes” y es el centro del ordenamiento de la sociedad. 

No obstante, hoy se pretende despojarla de sus virtudes y utilizarla para repartir impunidad o como arma de persecución política. El autor de un magnicidio, menor de edad, pero con pleno uso de razón, estará siete años en una “institución especializada”, condenado por “intento de homicidio”, porque -vaya curiosidad de nuestras leyes- cuando aceptó cargos, Miguel Uribe aún vivía y, aunque parezca insólito, la ley está por encima de la tozuda realidad de la muerte.

Los responsables, según la JEP, del “reclutamiento y utilización sistemática” de 18.677 menores, incluido abuso sexual, esperan condena sentados en el Congreso y tranquilos, porque saben que serán apenas “restaurativas”. ¿Acaso impunidad como negación de justicia?

En 2012, el senador Cepeda acusó al también senador Álvaro Uribe de conformación de grupos paramilitares, a partir de testimonios de bandidos condenados, por lo cual el expresidente lo demandó ante la Corte Suprema por manipulación de testigos.

Seis años después la Corte cierra el caso contra Cepeda y, sorpresivamente, el acusador pasa a ser acusado. Es la Corte de los desacuerdos con el expresidente durante su mandato y de la cual hacía parte José Leónidas Bustos, su presidente en 2015 y hoy prófugo, acusado de corrupción con otros magistrados: el “Cartel de la Toga”. ¿Acaso la utilización de la justicia como venganza?

Desde entonces ha sucedido de todo: chuzadas ilegales y falta de garantías, renuncia al Senado del expresidente y traslado a la jurisdicción ordinaria, donde la justicia también se había quitado la venda de su neutralidad. ¿Qué siguió? La negación de dos solicitudes de preclusión por parte de los fiscales del caso y una tercera en el Tribunal, terminando con un juicio oral en el que, por fin, coinciden una fiscal y una juez que querían condenar a Uribe y no lo pudieron ocultar; juicio plagado de irregularidades que el país vio por televisión. ¿Acaso el ataque de una justicia sesgada?

La defensa del expresidente apela la condena a 12 años de cárcel e interpone tutela contra la reclusión inmediata de Uribe, que es fallada a su favor, a lo cual Cepeda contraataca buscando anulación, mientras que, gracias a su triunfo contra Uribe, que es de toda la izquierda, se catapulta como precandidato presidencial.

En el entretanto, el expresidente, sus hijos y el Centro Democrático denuncian su inconformidad con el juicio, así como la agresiva obsesión de Cepeda y sus nexos con las Farc y la llamada Farc-política, frente a la cual ha callado la justicia durante años.

Epílogo: Una nueva demanda del senador por injuria y calumnia contra Uribe, sus hijos y el director del partido. ¿Acaso es selectivo el derecho a denunciar y sentirse ofendido?, ¿acaso es la justicia utilizada como arma política?

Creo en la justicia como institución; creo, con el estagirita, que la justicia, como virtud esencial de la democracia, debe seguir siendo el eje del ordenamiento de la sociedad. Sin embargo, cuando se quita la venda de la neutralidad para ser selectiva o utilizada a conveniencia, afecta gravemente la confianza ciudadana y, entonces, cuando dejamos de creer, la justicia pasa de ser el centro del ordenamiento de la sociedad… a la causa de su desorden.

Sin justicia no hay ley ni orden…, sin orden no hay seguridad…, sin seguridad no hay verdadera libertad.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 29 de agosto de 2025).- El gobierno de Gustavo Petro ha enarbolado la reforma agraria como una de sus banderas populistas para afianzar su permanencia en el poder. Desde la época preelectoral, buscó capturar el voto rural con la promesa de entregar tierras a quienes no las poseen o las tienen en cantidad insuficiente. Para ello, juró distribuir tres millones de hectáreas en cumplimiento de sus compromisos de campaña.

Sin embargo, según datos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Presidencia, hasta agosto de 2025 se han gestionado alrededor de 647.000 hectáreas mediante recuperación, compra y formalización, de las cuales solo unas 250.000 han sido efectivamente entregadas a beneficiarios. Esto representa menos del 10% de lo prometido, y el tiempo se agota: el sol está a sus espaldas, y muy poco de lo anunciado se ha materializado. Incluso, en lo poco que ha avanzado, el gobierno actúa al margen de la ley. Un ejemplo flagrante es la hacienda Las Américas en el Cesar, donde, a sabiendas de la imposibilidad jurídica para repartir las tierras, Petro procedió a una entrega simbólica a más de mil familias.

Los propietarios ejercieron su derecho a la defensa y ganaron el pleito judicial, convirtiendo a esas familias en invasores ilegales. Recientemente, en agosto de 2025, un tribunal tumbó la venta de esta finca de 1.453 hectáreas, avaluada en más de 26.000 millones de pesos, confirmando la irregularidad y dejando en evidencia la irresponsabilidad presidencial que fomenta ocupaciones ilegales.

Durante el 39º Congreso Ganadero en noviembre de 2022, José Félix Lafaurie, a solicitud de Petro, fue designado negociador en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo entre Fedegán y el Ejecutivo: los ganaderos se comprometieron a vender tierras al Estado para distribuirlas entre la población rural necesitada. Hasta la fecha, se han ofertado 1.434 fincas con 605.067hectáreas.

La ANT ha adquirido 62 predios (19.887 hectáreas) y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 adicionales, totalizando 110 predios con 42.944 hectáreas de ganaderos.A pesar de esta colaboración, el 14 de marzo de 2025 Petro arremetió nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes renuentes a vender. Esta reforma se reduce a entregar tierras sin la integralidad para hacerlas productivas, condenando a los beneficiarios a una subsistencia precaria. Los discursos incendiarios de Petro han resonado en el campesinado, impulsando vías de hecho como invasiones y ocupaciones ilegales, a menudo orquestadas por grupos al margen de la ley.

En las últimas semanas, hemos visto un recrudecimiento de ataques a la propiedad rural. En Bolívar, en Arjona y Turbaco, ocupantes traídos de otras regiones, apoyados por motos de alto cilindraje y gama, camiones con equipo, se instalaron rápidamente en fincas, en acciones coordinadas que sugieren respaldo organizado. En Puerto Parra, Santander, invasores equipados desde fuera ocuparon predios ilegalmente. En Zarzal, Valle del Cauca, la ANT prefirió entregar tierras a afrodescendientes e indígenas de Cali, ignorando a los lugareños. En Tolima, las fincas Guamal y Tabor fueron invadidas; solo gracias a la Policía Nacional, con su componente de carabineros y el apoyo del gremio ganadero local, se logró el desalojo.

Como se aprecia, estas ocupaciones ilegales, al parecer, presuntamente son promovidas desde el gobierno mediante filtraciones de información sobre fincas ofertadas en venta, aún en proceso de compra por la ANT, sin cierre ni pago. Esto parece un esfuerzo por ganar adeptos políticos en el rural, generando “núcleos productivos” que, en realidad, son puntas de lanza para atacar la propiedad privada.

Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales del IGAC, inflados desproporcionadamente (hasta diez veces), parecen diseñados para forzar daciones en pago, configurando una expropiación indirecta. Recordemos a la ANT y al Ejecutivo: estos avalúos fijan el precio mínimo de negociación estatal. Si no cumplieron con los anteriores, menos lo harán ahora. No se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.

En conclusión, esta reforma agraria no es más que un fracaso legal y productivo que socava el Estado de derecho. se le debe exigir al gobierno Petro, aclarar si están presuntamente detrás de las invasiones y cesar de ser así, su promoción, respetar la propiedad privada y priorizar compras legales con apoyo técnico para verdadera productividad. De lo contrario, Petro no solo incumple, sino que siembra caos y divide al país. La ley debe prevalecer sobre el populismo.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu