* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 23 de mayo de 2025).- Durante más de dos décadas, los gobiernos de Colombia, junto con Fedegan, han trabajado para abrir el mercado chino a la carne bovina colombiana. Este anhelo se materializó gracias a la Diplomacia Sanitaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, con el respaldo de Fedegan y el Fondo de Estabilización de Precios de la Carne y la Leche (FEP), liderados por José Félix Lafaurie y Augusto Beltrán Sagrera. La colaboración entre los ministerios de Agricultura, Comercio, Procolombia y Cancillería, se logró la aprobación del Protocolo de Admisibilidad Sanitaria, permitiendo la exportación de carne bovina a China. Es justo reconocer que la afinidad ideológica entre el gobierno chino y el de Gustavo Petro facilitó esta decisión, oficializada el 22 de septiembre de 2023.

Un aspecto destacable es que China confió en los controles sanitarios de Colombia, implementados por el INVIMA y el ICA, sin exigir inspecciones previas a las plantas de beneficio. Hoy, Minerva Foods lidera las exportaciones de carne bovina, con un 91% del total, desde sus plantas en Bucaramanga (Vijagual) y Ciénaga de Oro, Córdoba.

Con 1.400 millones de habitantes, China es el mayor consumidor de carne bovina del mundo. Las proyecciones indican que Colombia podría exportar hasta 250.000 toneladas anuales, alcanzando 140.000 toneladas en los primeros años. Al cierre del primer trimestre de 2025, las exportaciones de carne sumaron 11.177 toneladas por US$52,496 millones, y los despojos 1.883 toneladas por US$4,9 millones, totalizando 13.060 toneladas por US$57,396 millones. De estas, China adquirió 4.196 toneladas por US$19,071 millones, representando el 33,22% del total. Otros destinos destacados son Argelia (2.724 toneladas por US$14,757 millones) y Rusia (2.762 toneladas por US$11,477 millones).

Estos resultados reflejan el dinamismo del sector. En 2024, las exportaciones cárnicas cerraron en 24.769 toneladas por US$106,552 millones. Si mantenemos una proyección lineal, para 2025 podríamos alcanzar 44.708 toneladas por US$209,984 millones, duplicando los resultados del año anterior. En cuanto a animales vivos, se exportaron 88.825 reses por US$65,629 millones en el primer trimestre. Con una proyección lineal, podríamos cerrar 2025 con 355.300 reses por US$262,516 millones. En total, las exportaciones ganaderas (carne y animales vivos) podrían sumar US$472,5 millones, un logro que devuelve la esperanza al sector agropecuario, a pesar de la inseguridad jurídica y física que enfrentamos.

Para consolidar esta oportunidad, debemos enfocarnos en la trazabilidad, la mejora genética y las pasturas, orientándose hacia una ganadería de carne competitiva. Nuestra fortaleza está en la sostenibilidad: una ganadería de carne que cría a pasto, agua y sal, sin anabólicos ni modificadores. Esto nos posicionaría en el mediano plazo como un actor relevante en el mercado global, especialmente dada la desgravación de importaciones de leche en los próximos años.

Los mejores tiempos están por venir para la ganadería de carne colombiana. Con trabajo conjunto entre productores, gobierno y gremios, podemos consolidar un sector robusto, sostenible y protagonista en los mercados internacionales. La bandera de la sostenibilidad y la calidad de nuestra carne nos abre las puertas del mundo. ¡El futuro es prometedor!

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 16 de mayo de 2025).- Hace dos siglos, el pueblo amotinado en la Plaza Mayor de un caserío grande llamado Santafé, se desgañitaba gritando ¡Cabildo Abierto!, azuzado por un autoproclamado tribuno del pueblo que lo amenazaba con grillos y cadenas si perdía ese “momento de efervescencia y calor”. La verdad, lo perdió, pues la independencia se quedó en “Grito”, la primera patria fue “boba” y la reconquista un río de sangre, hasta la gesta libertadora de 1819. 

Hoy el azuzador es el presidente de la República, el objetivo no es la independencia, sino desconocer a los legítimos representantes del pueblo y, con ello, a uno de los tres pilares de la democracia: el poder legislativo; y la amenaza en este caso no son las cadenas, sino la huelga general que el ministro del Interior confunde con “manifestación”; en fin, otro “estallido social”. Hoy no es el pueblo el que grita ¡Cabildo abierto! …, es el Gobierno.

Lo que pretende el presidente, según pude entender en medio de las acusaciones, insultos y amenazas de su “alocución” tras el hundimiento de la consulta popular, es, primero, convocar otra vez al pueblo a la protesta callejera que empieza pacífica y termina violenta, garantizando de antemano que la Fuerza Pública no pueda ni tocar a los vándalos por orden de su comandante. En el mejor de los casos, este país todavía considera “pacífico” el bloqueo de vías, vulnerando los derechos al trabajo, la educación y la movilización.

Con la presión en las calles, la segunda pretensión es lograr que todos los municipios se declaren en Cabildo Abierto -él prometió asistir al de Barranquilla- y se pronuncien sobre la consulta popular y sobre cualquier propuesta “que el mismo movimiento popular debe lanzar” y que él, simplemente…, obedecerá.

Esa respuesta popular será tranquila, alegre y sin violencia, algo que difícilmente puede garantizar, porque lleva tres años sembrando odio entre los colombianos, en un ambiente sostenido de hostilidad presidencial que también hace imposible el Acuerdo Nacional que tanto pregona y, a la vez, tanto destruye.

Ahora bien, se equivoca el presidente en varias cosas. Se equivoca al pensar que “el pueblo” son solo las mingas, cabildos, sindicatos y todas las “organizaciones sociales” que son auditorio de sus discursos de odio y el objeto de su generosidad presupuestal. Olvida que hay más, mucho más pueblo, y que él es el presidente de todos los colombianos, simpatizantes y contradictores.

Se equivoca al creer que un tumulto cualquier día y en cualquier esquina se puede declarar en Cabildo Abierto. Hasta el de 1810 tuvo un trámite de aprobación por parte del virrey Amar y Borbón. Por el contrario, el Cabildo Abierto, como uno de los mecanismos de participación ciudadana, y el único en corporaciones públicas, está reglamentado en la Ley 1757 de 2015.

Se le olvida al presidente que la norma, entre otras cosas, establece que el Cabido Abierto debe ser solicitado previamente a la corporación respectiva (Asamblea, Concejo, JAL) por el 5 x mil del censo electoral y que los intervinientes deben inscribirse previamente.

Y lo más importante, al presidente y a su ministro del Interior se les olvida que en los cabildos abiertos se consideran asuntos que los residentes soliciten, “siempre y cuando sean de competencia de la respectiva corporación”.

Es clarísimo que una Reforma Laboral que afecta a todos los colombianos no es competencia de una Asamblea, un Concejo o una JAL. Por lo tanto, la convocatoria presidencial a Cabildos Abiertos en todo el país “no tiene pies ni cabeza”.

Las leyes son para cumplirlas, pero… hay que leerlas primero, a menos que se pretenda encender la mecha de una confrontación violenta.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 16 mayo de 2025).- En días pasados, escuchamos al ministro de Gobierno, Armando Benedetti, afirmar con vehemencia: “La Consulta va porque va”. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, repitió el mensaje en cada espacio donde participó. El Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro no solo reiteró esta idea, sino que añadió una amenaza: si el Senado no aprueba la consulta popular, la convocará por decreto. En las últimas dos semanas, he abordado la composición de la Corte Constitucional y la posible injerencia del Ejecutivo al formar un bloque de magistrados que le asegure mayorías en esta institución, encargada de proteger la Constitución.

El 16 de mayo, la magistrada Cristiana Pardo S, termina su periodo. La terna para reemplazarla, presentada por el presidente Petro, está conformada por Karena Casallas, Didima Rico y Héctor Carvajal. Todo indica que el Senado elegiría a Carvajal, quien defiende a Petro ante el Consejo Nacional Electoral por presunta violación de topes electorales. Aunque Carvajal ha trabajado para Álvaro Uribe, esto no lo convierte automáticamente en candidato de su partido. La terna es de Petro, y el Senado debe elegir con base en la imparcialidad, formación académica y experiencia profesional de los candidatos, no en sus vínculos ideológicos con el Ejecutivo.

El Senado tiene dos opciones: aceptar la terna si cumple los requisitos de idoneidad o devolverla si considera que alguno de los candidatos no los satisface. Si se elige a Carvajal, el gobierno podría contar con tres votos seguros en la Corte Constitucional para validar sus actos jurídicos. Imaginemos un escenario donde Petro, apoyado en esta mayoría, convoque la consulta popular por decreto. La Corte, encargada del control de constitucionalidad, podría respaldarlo, interpretando de forma extensiva la “democracia participativa” de la Constitución de 1991 (artículos 1, 40 y 103). Esto, sumado a la costumbre de la Corte de “modular” fallos en decisiones clave, plantea un riesgo para el equilibrio institucional.

El tema de la consulta popular, rechazado ya por el Senado, sigue vivo. Petro insiste en presentarla nuevamente, ahora incluyendo preguntas sobre la reforma a la salud. Conociendo su forma de actuar, es probable que busque esta vía, confiado en las mayorías que podría lograr en una Corte Constitucional con una composición ideológica favorable. El Senado debe ejercer su facultad de devolver la terna tantas veces como sea necesario, priorizando magistrados que garanticen decisiones equilibradas y ajustadas al orden constitucional, no alineadas con la ideología del gobierno.

No podemos permitir que la “democracia participativa”, a la que Petro recurre constantemente, se convierta en un dique ideológico que desconozca la institucionalidad del Estado. La Corte Constitucional debe ser un garante de la Constitución, no un instrumento de mayorías al servicio del Ejecutivo. El Senado tiene en sus manos la responsabilidad de elegir con sensatez, asegurando que la justicia prevalezca sobre la política.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 10 de mayo de 2025).- Estamos a punto de perder la Patria, esa República que los colombianos hemos construido con esfuerzo y sacrificio durante más de 200 años de vida republicana. La amenaza no proviene de un enemigo externo, sino de un peligro interno que se gesta en las más altas esferas del poder: la posible captura ideológica de la Corte Constitucional por parte del Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este 20 de mayo de 2025, el Senado de la República tiene en sus manos una decisión crucial: elegir, de una terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, a uno de los magistrados que integrará la Corte Constitucional. Sin embargo, los antecedentes recientes y la composición de la terna actual encienden todas las alarmas sobre el futuro de nuestra democracia.

La Corte Constitucional, como garante de la Constitución de 1991, está diseñada para ser un bastión de independencia y equilibrio. Según el artículo 113 de la Carta Magna, las ramas del poder público —legislativa, ejecutiva y judicial— deben colaborar armónicamente, pero mantener su autonomía. Para asegurar este equilibrio, la Corte Constitucional se compone de nueve magistrados: tres propuestos por la Corte Suprema de Justicia, tres por el Consejo de Estado y tres por el Presidente de la República, todos elegidos por el Senado para periodos no renovables de ocho años. Este diseño, en teoría, impide que una sola rama del poder público obtenga una mayoría que le permita controlar las decisiones de la Corte, ya que ninguna entidad nominadora puede superar tres votos en el pleno de nueve magistrados. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal.

Recientemente, hemos sido testigos de cómo la elección de magistrados ha estado marcada por criterios ideológicos y políticos, en detrimento de la idoneidad profesional y la independencia que debería primar. Un ejemplo claro es la selección del Dr. Miguel Efraín Polo Rosero, ternado por el Consejo de Estado y elegido por el Senado.

Este magistrado ha mostrado una clara afinidad ideológica con el gobierno de Petro, lo que compromete gravemente la imparcialidad de la Corte. A esto se suma la preocupación por la terna actual, presentada por la Corte Suprema de Justicia, en la que figura Héctor Carvajal, un abogado cercano al presidente Petro. De ser elegido, Carvajal se sumaría a Vladimir Fernández —quien también tiene vínculos con el Ejecutivo, habiendo sido su secretario jurídico—, consolidando una mayoría afín al gobierno dentro de la Corte. Esto significaría que, de los nueve magistrados, al menos cinco podrían estar alineados ideológicamente con el Ejecutivo, otorgándole un control indirecto sobre las decisiones de la Corte Constitucional.

El problema no radica únicamente en la afinidad ideológica de los candidatos, sino también en el proceso de selección de las ternas. La terna presentada por la Corte Suprema de Justicia no cumple con el espíritu de equilibrio que debería regir este mecanismo. El diseño constitucional de las ternas separadas busca garantizar que ningún proponente tenga control sobre las mayorías, pero la actual composición de la terna parece favorecer al Ejecutivo, lo que desvirtúa este principio. Es imperativo que el Senado actúe con responsabilidad y devuelva esta terna a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo una nueva lista que respete los principios de independencia e imparcialidad.

La situación que enfrentamos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante. En mi columna anterior, advertí sobre el fenómeno del “gobierno de los jueces”, un activismo judicial que ha llevado a la Corte Constitucional a avalar decisiones inconstitucionales del Ejecutivo, como la extensión de tributos más allá de los límites establecidos en estados de conmoción interior (sentencia del 29 de abril de 2025 sobre el Decreto 062 en el Catatumbo) o la creación del Ministerio de la Igualdad, ignorando vicios de fondo (sentencias C-441/23 y C-161/24). Estas decisiones evidencian que la Corte, en lugar de ser un contrapeso al poder, se está convirtiendo en un instrumento que legitima las acciones del Ejecutivo, erosionando el Estado de Derecho.

La elección del próximo magistrado no es un trámite más; es un momento definitorio para el futuro de Colombia. Si permitimos que el Ejecutivo consolide su influencia sobre la Corte Constitucional, estaremos entregando el control de nuestra democracia a una sola rama del poder, lo que abrirá la puerta a abusos de autoridad y a la pérdida de derechos fundamentales. La ciudadanía y el Senado deben actuar con urgencia: exigir transparencia en el proceso de selección, priorizar la idoneidad profesional sobre las afinidades políticas y garantizar que la Corte Constitucional recupere su rol como guardiana de la Constitución.

No podemos permitir que 200 años de vida republicana se desmoronen por la ambición de poder de unos pocos. La Patria está en juego, y este 20 de mayo el Senado tiene la oportunidad de demostrar que aún hay esperanza para nuestra democracia. Devolvamos la terna, exijamos un proceso transparente y salvemos la República antes de que sea demasiado tarde.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 9 de mayo de 2025).- El Centro Democrático, mi partido, delegó en sus cinco precandidatos la definición de la forma y el momento para elegir al candidato oficial para las presidenciales de 2026.

Sin embargo, una carta dirigida al partido por José Obdulio Gaviria y otros miembros que dicen representar a la militancia, convirtió un asunto institucional y ya dirimido internamente, en un tema público, buscando presionar “desde afuera” su propuesta de seleccionar candidato antes de agosto, o sea ya, mediante encuestas y social listening.

En este punto debo hacer dos salvedades: la primera, que tengo intereses creados, pues mi esposa, María Fernanda Cabal, es una de las precandidatas, y la segunda, que no quisiera pecar por lo mismo, pero frente al hecho de una carta abierta y al margen de la decisión de los precandidatos, a mi juicio, la mejor opción es exactamente la contraria.

En cuanto a la forma, consulta popular en lugar de encuestas, porque la consulta la hace y garantiza un tercero: el Estado; porque no se limita a los miembros del partido, pues los simpatizantes de un precandidato, un partido o una ideología son muchos más que los carnetizados, lo cual da mayor legitimidad a unos resultados que, además, generan reposición de votos, sin duda recursos importantes para la campaña de 2026.

En cuanto al momento, no ya, ni en octubre, sino el 8 de marzo de 2026 con la votación para Senado y Cámara, porque las consultas de octubre, sin el gancho de una elección general, no convocan a los votantes.

En la carta se arguye que la consulta en marzo nos coloca en desventaja frente a otras coaliciones; que los nuestros no serán invitados a foros de candidatos; que daremos la falsa percepción de no tener candidato; que nuestros precandidatos serán contados por separado en las encuestas, aunque sumados superan a los punteros; que las estrategias engañosas de la izquierda avanzan mientras el CD está paralizado.

No hay tales desventajas. En principio, como bien dijo una de las precandidatas, “Primero son las propuestas y luego el candidato”; un candidato comprometido y capaz de honrar las promesas de valor del partido; promesas que se vienen construyendo en sus foros temáticos. Aquí no hay una competencia por inventar propuestas; somos una “colectividad” que las está construyendo colectivamente, y si llegamos a marzo con un Plan de Gobierno que, en el entretanto, los precandidatos vayan impulsando, en ese momento tomaremos la delantera. El CD no está paralizado.

Segundo: Si sumados hoy superamos a los punteros en las encuestas, lo mismo sucederá en marzo de 2026. Lo importante es que los precandidatos honren su compromiso de unirse al vencedor. Es un asunto de disciplina de partido y de ética individual.

Tercero: Si los precandidatos no son invitados a foros, no quiere decir que se les cierren las puertas de los medios y que no desarrollen su propia actividad mediática, como lo vienen haciendo.

Cuarto: Exponer prematuramente a un candidato del Centro Democrático a la acción devastadora de las bodegas de la izquierda, ese sí es un gran riesgo. No olvidemos que siempre seremos los más atacados, porque unidos somos el enemigo por vencer.

Quinto, y muy importante: Trabajar en los candidatos a Senado y Cámara. Ganaremos, pero una victoria sin gobernabilidad es media victoria. El Centro Democrático debe volver por sus fueros con una adecuada representación regional, como lo hizo en 2018, con 52 parlamentarios, menos no; y una vez más, con el expresidente Uribe como cabeza de lista cerrada al Senado.

“Piano piano si va lontano” dicen los italianos… “No por mucho madrugar amanece más temprano”, decimos nosotros… ¿Cuál es la prisa?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 2 de mayo de 2025).- La Constitución de 1991, pilar de la democracia colombiana, se sustenta en dos ejes: la democracia participativa (artículo 1) y la separación de poderes (artículo 113). Este último establece las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, junto a órganos autónomos, que colaboran armónicamente, pero deben mantener su independencia. Sin embargo, recientes decisiones de la Corte Constitucional y el proceso de selección de sus magistrados evidencian un preocupante fenómeno: el “gobierno de los jueces”, que amenaza el equilibrio constitucional.

Colombia consagra un presidencialismo extremo, donde el jefe de Estado ejerce poderes que lo asemejan a un monarca. Entre sus facultades está proponer candidatos a cargos clave, como el Fiscal General, el Procurador General y tres de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, junto a ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En teoría, este diseño evita que una sola instancia controle ideológicamente la Corte, cuyos magistrados son elegidos por el Senado para períodos no renovables de ocho años. No obstante, la práctica revela fallos graves.

Un ejemplo es la elección de magistrados como Vladimir Fernández, cuya moralidad jurídica está en entredicho por presuntas presiones económicas ligadas al escándalo de la UNGRD, y Miguel Efraín Polo Rosero, ternado por el Consejo de Estado. Este último, inexplicablemente alineado con el Ejecutivo, compromete la independencia que la Constitución busca garantizar. Estas designaciones sugieren una captura política de la Corte, debilitando su rol como guardiana del orden constitucional.

El 29 de abril de 2025, la Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el Decreto 062, que instauró el estado de conmoción interior en el Catatumbo. Mediante la “modulación de fallos”, mantuvo vigentes decretos que imponen cargas impositivas (impuesto de timbre, hidrocarburos y juegos de azar) más allá de los 90 días prorrogables establecidos por la Constitución, o los 90 adicionales con aval del Senado. Esta decisión contraviene el principio de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” y el artículo 38, literal L, de la Ley 137 de 1994, que limita la permanencia de tributos creados en conmoción interior a su vigencia, con una excepción de 90 días. En cambio, en estados de emergencia económica, los tributos pueden modificarse transitoriamente y, con aprobación del Congreso, adquirir carácter permanente.

Al avalar decretos derivados de uno inconstitucional, la Corte interfiere en la separación de poderes y desatiende la colaboración armónica que debería primar. Este patrón se repite en sentencias como la C-441/23 y C-161/24, que, bajo la modulación de fallos, permitieron la vigencia de medidas del Ejecutivo y el Legislativo en el estado de emergencia de La Guajira y la creación del Ministerio de la Igualdad. En ambos casos, la Corte ignoró vicios insubsanables que exigían declarar la inexequibilidad absoluta.

Estas actuaciones evidencian un preocupante activismo judicial. La Corte, en lugar de ser un contrapeso, parece avalar decisiones inconstitucionales del Ejecutivo, erosionando la democracia y el Estado de Derecho. Es imperativo que el Senado y la ciudadanía exijan transparencia en la elección de magistrados y que la Corte retome su rol de guardiana de la Constitución, antes de que el “gobierno de los jueces” consolide un quiebre irreversible del orden constitucional.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Germán Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(FNC – Miércoles 30 de abril de 2025).- En ese periodo Colombia exportó 3,59 millones de sacos de 60 kg de café, registrando un crecimiento del +20,1% frente al mismo periodo de 2024.

Colombia envía de esta manera un mensaje de confiabilidad como origen de café arábica de calidad, con el mejor comportamiento en Q1 de los últimos 5 años.

El café soluble y liofilizado creció un +30,2%, impulsando la categoría de industrializados.

El valor estimado de las exportaciones alcanzó USD 1.315 millones, un aumento del +64,5% frente a Q1 2024, explicado en parte por mejores precios y un mayor volumen.

La Federación Nacional de Cafeteros como administradora del FoNC, lideró el ranking con 706 mil sacos exportados. El total exportado por los principales diez exportadores sumó 2,77 millones de sacos, creciendo un +23,5% respecto a Q1 2024.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino con 1,44 millones de sacos, un crecimiento del 30,7%. Alemania (+76,3%), Canadá (+19,6%) y Bélgica (+15,4%) también mostraron incrementos significativos.

Buenaventura concentró el 61% del volumen exportado, con un aumento del +20,2%; Cartagena y Santa Marta también crecieron, aportando el 32% y 7%, respectivamente.

El desempeño del primer trimestre de 2025 evidencia una reactivación sólida de las exportaciones cafeteras colombianas. Este resultado refuerza la competitividad internacional del café colombiano, incluso en un contexto de desafíos logísticos y geopolíticos.

* Germán Bahamón Jaramillo, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). @GermanBahamon

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Ana María Gómez Montes * / Autora Invitada

Agricultura & Ganadería

(Asoleche – Martes 29 de abril de 2025).- El sector lácteo tiene un rol protagónico en la economía agrícola y alimentaria a nivel global. En Colombia, la producción anual de leche cruda alcanza un volumen cercano a los 7.000 millones de litros, constituyéndose en un generador de desarrollo para el país, cuyo aporte es decisivo para alcanzar las metas de crecimiento económico y seguridad alimentaria.

Sin embargo, el sector lácteo suele asociarse mayormente con la producción primaria y el campo, cuando en realidad es la articulación de la cadena completa la que permite que Colombia cuente hoy con un sector robusto y con buenas oportunidades de crecimiento. Ello es así gracias a que la industria procesadora y las redes de distribución y comercialización, se encargan de garantizar que este alimento esencial, que en estado natural es altamente inestable, se procese, bien sea como leche líquida o cualquiera de sus derivados.

Ya son lejanos los días en que la leche cruda se distribuía en cantinas, desde el hato ganadero a la puerta de los hogares. El crecimiento de la población, la expansión de los centros urbanos y las nuevas demandas del consumidor por productos innovadores en sabor y funcionalidad, han determinado la necesidad de evolucionar y adaptar la producción láctea para satisfacer estos requerimientos. Y ha sido la industria transformadora la que ha jugado un rol crucial, no solamente al diversificar la oferta en innovación, calidad y disponibilidad de los productos lácteos, sino aportando decisivamente a la sostenibilidad de toda la cadena.

Desde mediados del siglo XIX, cuando se comenzaron a desarrollar técnicas de pasteurización y homogenización de la leche, hasta hoy, a través de modernas tecnologías de transformación bajo estándares industriales, el eslabón procesador ha garantizado un portafolio lácteo amplio y seguro para el consumo humano, mediante la eliminación de los microorganismos que causan enfermedades como la tuberculosis y la fiebre tifoidea, entre otras.

Pero las bondades de la pasteurización y la ultra pasteurización van más allá del simple hecho de la higienización del producto, pues permiten que la leche y sus derivados estén disponibles en cadenas de suministro más largas, que en combinación con innovaciones en empaques que preservan la frescura, sabor y perfil nutricional, les garantizan una mayor vida útil.

Adicionalmente, las redes de distribución y comercialización estructuradas permiten que estos alimentos lleguen a todos los rincones del país en formatos y ofertas diferenciadas para los distintos perfiles de consumidores, permitiendo el acceso directo a la leche o a la diversidad de productos lácteos que ha desarrollado la industria como quesos, yogures, leche en polvo y bebidas lácteas funcionales.

Por otra parte, no es menor la importancia de las estrategias de publicidad y mercadeo que desarrolla la industria, pues se constituyen en el canal de comunicación ideal con el consumidor para la difusión de la variada oferta del producto lácteo y la educación sobre el importante rol de este grupo de alimentos en una sana nutrición.

En Colombia, contamos con un eslabón industrial diverso que incluye pequeñas, medianas y grandes empresas transformadoras de lácteos a nivel regional y nacional, cuyo encadenamiento productivo con el eslabón primario, genera el sustento de muchas familias campesinas y de trabajadores industriales, generando más de 790.000 empleos directos a lo largo de la cadena láctea, sin tener en cuenta los empleos indirectos que son generados en los eslabones de transporte y comercialización.

De acuerdo con información del Observatorio Colombiano de la Industria Láctea (OCILAC), el índice de generación de empleo en la elaboración de productos lácteos ha presentado un crecimiento sostenido desde 2022, por encima de la tendencia del índice de empleo del total de la industria nacional, lo que da cuenta del aporte de la cadena a la economía nacional.

En conjunto, estos factores no sólo benefician a la economía, sino que también mejoran la salud y el bienestar de la población. Es necesaria una visión amplia y transversal de la cadena láctea para romper algunos mitos y prejuicios que giran alrededor del procesamiento industrial de la leche.

Reconocer el valor agregado que las empresas transformadoras aportan desde la recolección de leche en las fincas hasta el procesamiento y distribución de productos lácteos al consumidor, potencia la generación de valor para todo el sector, pues cada eslabón de esta cadena se beneficia de la implementación de tecnologías avanzadas, y prácticas eficientes en el tratamiento de la leche y sus derivados.

La leche es un alimento vivo, mínimamente procesado, que se beneficia de la transformación industrial para prolongar su vida útil, facilitar su consumo, y asegurar que llegue fresca y con todos sus nutrientes a la mesa de los colombianos.

* Ana María Gómez Montes, Presidente Ejecutiva de Asoleche.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 26 de abril de 2025).- Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, miembro de la cúpula de las Farc y condenado en Estados Unidos a 60 años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos de ese país, recibió amnistía de la JEP por 20 delitos que le sumarían 40 años de cárcel en Colombia.

Se trata de una amnistía simbólica para cerrar el círculo de impunidad con que el Acuerdo Farc – Santos benefició a los cabecillas de las Farc, pues 40 años le faltan por purgar a Palmera en Estados Unidos, sin que haya prosperado la solicitud de indulto de Santos ante el primer gobierno Trump por exigencia de las Farc, ni la de Petro ante el gobierno Biden.

Palmera está vinculado a otros procesos, entre ellos el secuestro y asesinato de Consuelo Araújo y la masacre de Bojayá, los cuales, según la JEP, “pasan a una instancia de evaluación muy rigurosa”, para determinar si lo amnistían o lo vinculan a un macrocaso como responsable.

¡Qué más da!, si el resultado final sería impunidad disfrazada de “justicia restaurativa”, que sí disfrutarán sus camaradas hoy sentados en el Congreso. Ayer la JEP firmó un convenio con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, dotado con 50 mil millones inicialmente, para que los mayores asesinos, secuestradores, reclutadores y violadores de niños, cumplan en libertad y cómodamente sus condenas en proyectos de memoria, reparación simbólica y otras veleidades. Lástima la plática, que tanto se necesita para proyectos productivos en el campo.

Esa es la JEP; siete años transcurridos y todavía necesita una “evaluación rigurosa” para establecer si semejantes barbaridades son amnistiables y si tiene responsabilidad uno de los cabecillas en ese entonces. El juicio de Palmera en Estados Unidos duró ¡cuatro semanas!

“El país nunca volverá a ser el mismo”, afirmaba en 2018 el comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, cuando la cúpula de las Farc compareció ante la JEP en la apertura del Caso 01 sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes de las Farc.

Tenía razón, porque el país, siete años después, no es el mismo; es peor que el de 2018, en parte por el mensaje de impunidad a través de la gestión equívoca, negligente y sesgada de la justicia transicional creada en el Acuerdo con las Farc a su gusto y medida.

Esa es la JEP, que ni siquiera guarda las apariencias frente a sus evidentes sesgos. Además de las 9.700 amnistías otorgadas por Santos entre 2017 y 2018, la JEP ha tramitado 4.238 más a febrero de 2025, pero no ha dictado una sola sentencia condenatoria.

Un estudio de la ONG “Hijos de los Héroes” demostró como el esfuerzo comunicacional de la JEP se concentra en la Fuerza Pública y muy poco en las Farc; en el macrocaso 03 de falsos positivos y muy poco en el 01, de secuestro y otros crímenes de las Farc; y como se gasta el dinero en igual proporción, $851,9 millones en difundir el macrocaso 03 y apenas $170,1 para el 01.

Esa es la JEP, que entre 2018 y 2024 le costó al país 2,4 billones de pesos y con el presupuesto aprobado para 2025 sobrepasa los 3,2 billones…, y todavía le quedan ¡13 años de vida!

Esa es la JEP, que se conformó con la reparación simbólica y carga con el peso del silencio frente a las denuncias de la Corporación Rosa Blanca y el drama de más de 18.000 niños reclutados y violados por las Farc. 

Esa es la JEP, que amnistía a Simón Trinidad solo para hacerle saber al país que su justicia es más de lo mismo: impunidad.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 19 de abril de 2025).- …entre más chapalea, más se hunde”. Un dicho muy ganadero para ilustrar el lío fiscal en que se metió el Gobierno; lío que todos ven y advierten, pero que el gobierno desestima por una interpretación ideologizada de la realidad. Cuando se cree que todo es culpa de la “codicia capitalista”, las soluciones son peores que la enfermedad.

Desde 2023, la Contraloría General de la República ha advertido sobre la desfasada estimación de ingresos y gastos en el presupuesto, sobre la viabilidad de las metas de recaudo y su comportamiento efectivo.

Este mes, en la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, el contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que “la situación económica y fiscal es compleja”. La ejecución presupuestal en 2024 fue la menor en diez años, con lo cual crecen las reservas presupuestales, que son compromisos contraídos en una vigencia y pagados en otra, afectando la caja de la última. Entre 2022 y 2024 pasaron de 31,7 a 67,1 billones. El recaudo tributario fue el más bajo en seis años y, finalmente, la deuda del Gobierno Central llegó al 57% del PIB.

Esta semana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, fue también ácido en sus advertencias de incumplimiento de esta línea roja por una combinación de factores: Crecimiento del déficit fiscal primario -sin intereses-; caída de ingresos tributarios; aumento del gasto del Gobierno Central; caída histórica de los depósitos en el Banco de la República; costos de financiamiento crecientes y, como resultado, el aumento acelerado del riesgo país.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno? Tratar de meterle la mano al bolsillo a las personas y a los sectores económicos. Sin contar con los intentos de emergencia económica hasta por los brotes localizados de fiebre amarilla, la estrategia inició en 2022 con la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, y el reajuste de la retención en la fuente en 2023, que los expertos señalan como unas de las causas del hueco fiscal de 2024, que el Gobierno intentó tapar con una segunda reforma tributaria disfrazada de “Ley de Financiamiento”, hundida en el Congreso, con lo cual el presupuesto de 2025 quedó desfinanciado en los famosos 12 billones, que algunos analistas estiman hasta en 28 billones.

Llegamos a 2025 y el Gobierno, en un acto de desesperación y -dicen- de necesidad de velado financiamiento electoral con miras a 2026, lanza un aventado proyecto de decreto que aumenta tarifas de autorretención y bases de retención para ¡400 actividades económicas!

¿Qué les pasa a los sectores afectados? Es como si el banco les exigiera, de un día para otro, aumentar el valor de la cuota mensual de su préstamo…, porque sí, y en algunos casos en más del 100%, para lo cual dejarán de invertir, de contratar y hasta deberán endeudarse para anticipar un impuesto que no estaba en sus cuentas.   

¿Qué le pasa al Gobierno? Soluciona su crisis temporal de liquidez, pero en 2026 abre un hueco mayor, porque no recibe la plática que le adelantaron y deberá reintegrar un volumen mayor de saldos a favor, con lo cual se le va a descuadrar el presupuesto, que es “de caja”, es decir, de ingresos efectivos.

¿Qué vendrá después? ¿Otra reforma tributaria disfrazada, una emergencia económica por cualquier cosa o acaso una consulta popular ampliada? La solución ya la plantearon la Contraloría, el CARF, el Consejo Gremial Nacional, la Academia, expertos y exministros: ¡RECORTAR EL GASTO!

Pero un gobierno que ve la realidad distorsionada tampoco escucha los consejos de la “codicia capitalista”. El riesgo no es que se hunda la vaca en el pantano, sino que arrastre al país. 

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie