* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 11 de abril de 2025).- Dijo un medio que le dijeron que hubo “momentos de alta tensión” en la reunión con el empresariado convocada por la canciller Laura Sarabia para discutir una hoja de ruta de cara a los retos derivados de la actual guerra arancelaria mundial, reunión a la que asistieron también las ministras de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, y de Comercio encargada, Cielo Rusinque.

Dijo otro medio que le dijeron que la reunión solo buscaba tener un titular de apoyo de los gremios a una estrategia de reacción contra la crisis arancelaria, pero en la CELAC, que es una especie de OEA de la izquierda continental, cuya presidencia pro tempore acaba de asumir el presidente Petro durante el periodo 2025 – 2026. Dice el medio que le dijeron que los gremios fueron utilizados y que no hay interés del Gobierno en mejorar las relaciones con Estados Unidos.

Esa sesión de dimes y diretes a dos importantes medios se produjo terminada la reunión y tras las declaraciones del presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, y de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quienes, curiosamente, dijeron todo lo contrario.

En efecto, los dos dirigentes gremiales coincidieron en que la reunión fue productiva, como un primer paso para diseñar una hoja de ruta en busca de soluciones de corto plazo y una estrategia de seguimiento. Se habló de productos que podrían afectarse, como el aguacate Hass, pero también de los no afectados y hasta de oportunidades. Se habló de abrir nuevos mercados sin abandonar una posible negociación con Estados Unidos. Ninguno de los dos mencionó roces, ni respuestas airadas ni momentos de alta tensión.

¿Qué pasó? ¿Acaso los responsables de la filtración estuvieron en una reunión diferente a la que yo mismo asistí? Es sumamente grave la filtración de una mentira con evidente mala intención, que dejó a Camilo Sánchez y a María Claudia Lacouture como los mentirosos o los manipulados por el Gobierno.

Ahora mi percepción: adhiero totalmente a las declaraciones de Camilo y María Claudia. Percibí en la canciller una actitud positiva en busca de soluciones; no me sentí utilizado, aunque sí se manifestaron preocupaciones por eventuales declaraciones del presidente en la reunión de la CELAC en Tegucigalpa, con una presencia muy activa de China. Hubo diferencias, por supuesto, argumentos, contraargumentos y propuestas, pero en un entorno de cordialidad y respeto.

¿Qué nos deja este desapacible episodio? Primero: Quien lo generó quería hacer daño a la credibilidad, no solo de las personas, sino de las entidades que representan.

Segundo: La crisis de los aranceles es global y en ese contexto no nos fue mal, pero es importante evitar confrontaciones y, más bien, acudir a la instancia de la negociación con Estados Unidos, a la que muchos países están apelando.

Tercero: Hay, sin embargo, otros factores “irritantes”, de los cuales también se habló en la reunión, principalmente la migración, el terrorismo y el narcotráfico, que pesarán a la hora de una negociación país por país.

Cuarto: La crisis arancelaria ha desviado la atención sobre un riesgo mayor: La descertificación en la lucha antidrogas, con graves consecuencias en el flujo de ingresos para erradicación, lucha contra el narcoterrorismo y todo tipo de cooperación, a lo cual no ayuda el crecimiento desbordado de los cultivos, ni las contradicciones en el Gobierno entre glifosato otra vez y glifosato nunca.

Mi recomendación: Atender lo urgente: la crisis arancelaria, sin desatender lo importante: la certificación antidrogas, y recomponer el diálogo con el Gobierno, aprovechando la actitud asertiva de la canciller.

Y a quienes quisieron hacer daño: No es hora de mezquindades, sino de altura.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 4 de abril de 2025).- Como si fueran poco para el país la violencia desatada por el ELN en el Catatumbo y la de todos los grupos armados ilegales que siguen dorándole la píldora al Gobierno con su falso compromiso con la paz, mientras persisten en la guerra entre ellos y contra el país, un nuevo factor de violencia coge cada día más fuerza, con el apoyo del Gobierno, no reconocido, pero evidente: las guardias campesinas e indígenas.

El país está agobiado por la violencia. El secuestro regresó para quedarse. El viernes pasado visité al ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en Río de Oro, Cesar, en noviembre de 2024 y canjeado miserablemente en marzo por su hermana Clara, “retenida” por la fuerza. Antier nomás, cinco ganaderos también fueron “retenidos” en Casanare, investigados y procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por tener presuntos tratos con las disidencias de las FARC.

La extorsión, ese impuesto oculto que aterroriza y enmudece a sus víctimas, hoy afecta por parejo a productores rurales y emprendedores urbanos, en tanto que el abigeato es pan de cada día y, de un tiempo para acá, la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, hoy unidos en las Brigadas Solidarias y los Frentes Solidarios de Seguridad creados por FEDEGÁN, cuyo apoyo presencial a los afectados y su colaboración con las autoridades ha evitado invasiones o logrado el desalojo pacífico.

Tres factores se repiten en las últimas invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de algunas ONG que reúnen a comunidades rurales bajo la bandera de la “recuperación de la tierra”, como el llamado “Coordinador Nacional Agrario”, CNA, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi a finales de marzo, cuando los invasores  desarrollaban, según el CNA, “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.

Segundo: la presencia de agitadores profesionales enviados para difundir consignas comunistas (lucha de clases, anticapitalismo, la tierra para el que la trabaja, etc.), con el fin de exacerbar el odio contra los propietarios legítimos y, por esa vía, inducir las invasiones.

Tercero:  las Guardias Campesinas que, al igual que las indígenas, tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.

En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era con suficiencia en el artículo 64 original, como también los indígenas, a quienes la Carta del 91 los llenó de garantías para el uso y el abuso.

Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.

Tienen, además, justicia especial y el último regalo les llegó con el gobierno Duque, que abrió la llave de la contratación directa con sus organizaciones, por donde se han escurrido más de ¡537 mil millones de pesos! durante el gobierno Petro, para comprar apoyo callejero a sus reformas cuando y donde se necesite, y para generar ese ambiente de inestabilidad y “estallido” permanente, con el que ya ganó y espera ganar en 2026 para seguir gobernado en cuerpo ajeno.

Indígenas y campesinos… ¿acaso un nuevo poder para sostener la revolución petrista?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 4 de abril de 2025).- El departamento del Cesar se convirtió en el laboratorio donde las fuerzas al margen de la ley impulsaron la implementación de las propuestas de campaña del presidente Petro, quien plantea la tierra como un medio de producción para sacar de la precariedad a las clases rurales menos favorecidas, aquellas que no poseen tierra productiva o la tienen en cantidades insuficientes. Un ejemplo claro ocurrió el 21 de julio de 2022 en Curumaní, cuando fue ocupada ilegalmente la finca La Oka S.A.S. Los ganaderos del Cesar respondieron al llamado de Fedegán para rodear y apoyar a las autoridades y a la fuerza pública en la aplicación de la normatividad vigente. Este esfuerzo conjunto logró el desalojo de los ocupantes ilegales y marcó el nacimiento de las “Brigadas Solidarias Ganaderas”. A través de esta iniciativa, ganaderos de diversas regiones de Colombia acuden en apoyo de sus colegas ante la invasión de sus predios. Hasta la fecha, esta cooperación ha demostrado ser una respuesta contundente y efectiva frente al ataque constante contra la propiedad privada rural.

Durante el 39º Congreso Ganadero, en noviembre de 2022, el doctor José Félix Lafaurie, a solicitud del presidente Petro, fue designado como miembro negociador del gobierno en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo de facilitación entre Fedegán y el Ejecutivo, mediante el cual los ganaderos agremiados se comprometieron a vender tierras al Estado para que este las redistribuyera entre la población rural más necesitada. Como resultado de esta intervención, se han presentado hasta la fecha 1.434 fincas con una extensión total de 605.067 hectáreas. De estas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adquirido 62 predios, equivalentes a 19.887,8 hectáreas, y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 predios adicionales. En total, son 110 predios con un área de 42.944,54 hectáreas, todos ofertados por los ganaderos mencionados.

A pesar de estas cifras, resulta incomprensible que el 14 de marzo de 2025 el presidente Petro haya arremetido nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes que se niegan a vender sus tierras al Estado para implementar la Reforma Agraria. Esta reforma, según se plantea, se limita a la entrega de tierras sin la integralidad necesaria para que sean productivas y generen ingresos sostenibles a sus nuevos tenedores, más allá de una economía de mera subsistencia. Los discursos de Petro han encontrado un eco profundo y extendido en la población campesina, que ha retomado las vías de hecho, como la invasión, la ocupación ilegal y el avasallamiento de predios, ya sea por iniciativa propia, engaños o presiones de grupos al margen de la ley.

Hemos sido testigos de ocupaciones ilegales en el Cesar, como las de los predios La Sonora en Pailitas, “Las Carmelas” en la vereda Begonia, y el Centro de Investigación La Motilonia de Agrosavia, ambos en Codazzi, en las faldas del Perijá. Muchos de los ocupantes afirman haber sido víctimas de engaños y falsas promesas, creyendo que esas tierras ya pertenecían a la ANT.

Invito a reflexionar sobre las consecuencias que traería la aprobación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria, actualmente en trámite en el Congreso, tal como lo plantea el gobierno de Petro. Este proyecto coloca al campesino como sujeto de especial protección por parte del Estado, generando una asimetría procesal a su favor y estableciendo jueces agrarios que, en muchos casos, podrían estar ideológicamente sesgados. De concretarse, la protección constitucional del derecho a la propiedad privada (Art. 58 de la Constitución) desaparecería para los inmuebles rurales dedicados a la actividad agropecuaria.

Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales, ajustados de manera desproporcionada, parecen diseñados para forzar la entrega de predios en dación en pago, lo que constituye una forma de expropiación indirecta. Es imperativo recordarle a la ANT y al Ejecutivo que estos avalúos, establecidos por el IGAC, representan el precio mínimo de negociación para que el Estado adquiera la propiedad de predios rurales. Si no han logrado cumplir con las compras bajo los avalúos anteriores, mucho menos lo harán con los nuevos, que en muchos casos se han incrementado hasta diez veces su valor previo. Seamos sensatos: no se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 28 de marzo de 2025).- “Denunciamos enfáticamente la campaña comunicativa que busca estigmatizar y denigrar a nuestra senadora Sandra Ramírez, a partir de señalamientos y acusaciones sin fundamento por parte de Caracol Radio”. Así reza el comunicado del Partido Comunes, frente a la entrevista que Saray Giraldo le hizo a Daisy, quien hoy tiene 38 años, pero cuando era una niña fue reclutada por las Farc y abusada durante tres años.

¿Señalamientos y acusaciones sin fundamento? Así califican los honorables senadores sin votos el testimonio desgarrador de una mujer que, siendo niña y sin recuperarse del dolor por la separación de su familia, en su primera noche en las Farc, ¡a los 11 añitos!, le fue implantado por la fuerza un dispositivo intrauterino, la “T de cobre”; y sin recuperarse del dolor físico de semejante intervención, días después empezó a ser violada por los comandantes.

“Venimos por la muchacha…, o la entrega o le pegamos un tiro” fue la amenaza de Jair, comandante del frente 28.  Es el último recuerdo de niñez de Daisy, y el comienzo de una vida que, en sus palabras, las Farc le destruyeron; una vida de privaciones, de frustrante indignación por la falta de reconocimiento como víctima y de una justicia que castigue a sus victimarios; una vida sin verdad ni reparación alguna. Sus abusadores están en el Congreso…, ella es empleada doméstica, bregando por sacar adelante a cinco hijos, sufriendo la peor revictimización, la del olvido…, la del abandono de una sociedad indolente.

“La conocí en San Vicente del Caguán (…) hacía todo lo que el marido le dijera y nos humillaba, nos amenazaba, nos mandaba amarrar y hacía consejo de guerra a la niña que no quisiera”. ¿A quién se refiere Daisy? A Griselda Lobo, la honorable Sandra Ramírez, por quien el Partido Comunes se rasga las vestiduras y sale en indignada defensa.

“Hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años, para los comandantes del secretariado… Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante a que decidiera con quién iba a estar esa noche. Es decir, ella le llevaba las niñas, los domingos y los miércoles…, porque esos días eran los de tener sexo”. ¡Qué organización la de las Farc!

Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por interesada perversidad política, muchos todavía defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia a cambio de una porción de mermelada, el plato de lentejas del siglo XXI en Colombia.  

Indolente sociedad la que no hace de este testimonio, de los cientos de la Corporación Rosa Blanca y de los miles de historias como la de Daisy, 18.677 según la propia JEP, un motivo de rechazo multitudinario, sino que los deja pasar como una noticia más, en la era de los derechos de los niños, convertidos con indolencia en bandera política y nada más.

Indolente sociedad la que sigue tragándose el cuento de Santos y las Farc, jurando que las víctimas eran el centro de las negociaciones y del Acuerdo. Pregúntenle a Daisy. Indolente sociedad que no castiga tan aberrantes delitos, sino que los premia con altas dignidades.  Pregúntenle a la JEP, promotora de la impunidad y cómplice de la indolencia.

Como desgarrador es el testimonio de Daisy, cínica es la reacción de estos criminales en defensa de la “honorable Griselda”. “Ella debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso”. No lo digo yo…, lo dice Daisy.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 28 de marzo de 2025).- La semana anterior, en mis reflexiones sobre el desmesurado ajuste en los avalúos catastrales que viene ejecutando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con base en la autorización en la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, mencioné el impacto negativo que esta medida está generando. En su artículo 49, dicha ley permitió la actualización automatizada y generalizada de los avalúos catastrales de los predios no formados por una sola vez, lo que ha incrementado desproporcionadamente la base gravable para la liquidación del impuesto municipal. Esto, a su vez, ha disparado de manera inusitada el valor del impuesto predial y de otros tributos colaterales de los municipios con base en los avalúos del IGAC, como la Sobretasa Bomberil y la Sobretasa Ambiental. En el caso de Valledupar, estos se liquidan sobre el avalúo catastral del inmueble.

He señalado el impacto que esta situación puede generar en las personas naturales debido a la elevación de su patrimonio, convirtiéndolas en sujetos obligados al tributo cuando éste sobrepasa las 720.000 UVT ($3.585.528.000). La tarifa del impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5%, dependiendo del monto del patrimonio, de que hace parte para el cálculo de la base de liquidación, el avalúo catastral de los inmuebles.

Asimismo, es fundamental entender que, en caso de realizarse cualquier negociación sobre el inmueble, los costos notariales —que pueden llegar al 4%, más IVA, copias y honorarios del notario— se calcularán con base en el avalúo catastral. El inciso 5 del artículo 90 del Estatuto Tributario es claro al establecer que: “En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta disposición, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo…”. En consecuencia, se multiplican los costos de las negociaciones sobre estos bienes, impactando aún más este mercado inmobiliario.

Otro aspecto que merece especial atención es el relacionado con las ganancias ocasionales que se pueden generar a favor del fisco nacional, debido a la diferencia que surge con el ajuste de la base gravable (avalúo catastral) de un año a otro en este caso. Si bien la ley permite la indexación del precio del predio para ajustar el valor y evitar un impacto drástico sobre el titular del derecho de propiedad, no está claro cómo aplicar esta fórmula ante el abrupto incremento del avalúo catastral. Este tema merece un análisis profundo, ya que, por efectos legales —y no por condiciones de mercado—, se están ajustando los costos de los inmuebles muy por encima de su valor comercial.

En cuanto al impuesto predial, de carácter municipal, los Concejos Municipales tienen la facultad de ajustar la tasa de imposición fiscal. Esta oscila entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con un valor inferior a 135 SMMLV ($192.172.500), y entre el 5 y el 16 por mil para avalúos superiores. Dado que la base gravable fijada por el IGAC es, en principio, intocable y fija, estas corporaciones deberían revisar, vía ajuste a la tasa impositiva, la posibilidad de reducir al máximo el impuesto para los predios rurales. Solo así el contribuyente podrá cumplir con sus obligaciones fiscales. Es mucho más importante para el municipio asegurar un recaudo constante a través del impuesto predial que enfrentarse a una avalancha de contribuyentes ofreciendo la entrega de sus predios en dación en pago. Más vale pájaro en mano que cien volando. Esta cruzada debe emprenderse de inmediato.

Lo más preocupante de esta situación es que el Estado está trasladando su responsabilidad al contribuyente, al no haber realizado los ajustes a la base de liquidación (avalúo catastral) durante los últimos 16 años, en promedio. Es inadmisible que se imponga esta carga sobre contribuyentes cumplidos con todas las obligaciones fiscales que pesan sobre sus predios.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de marzo de 2025).- Mi preocupación de la semana anterior en este mismo espacio fue sobre la condición de riesgo que enfrenta nuestra democracia; y lejos de ceder, se acrecienta con esa combinación de insulto, acusación  y amenaza a la que el presidente nos tiene acostumbrados, que llegó, a una expresión realmente “peligrosa” en su última perorata para  exacerbar el odio y el enfrentamiento social en una muchedumbre de funcionarios públicos y de las infaltables “minorías indígenas”, muchedumbre que no se movilizó, sino que fue movilizada en el tal “día cívico”.

El último capítulo de ese novelón, que podría terminar en tragedia como en Venezuela, inició el 11 de marzo, cuando un grupo mayoritario de parlamentarios -así es en democracia- firmó la proposición de archivo de la Reforma Laboral.

Ahí fue Troya:  En un solo mensaje del presidente que gobierna por X, acusó de traidores a los firmantes y los expuso en la picota pública: “Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron los que lo han traicionado”. Días después tildaría de “nazis”, su ofensa favorita, a los que denunciaron el peligro de semejante acusación para ellos y sus familias, como hoy tilda de nazis y criminales al periódico El Colombiano, a Bruce Mac Master, a la ANDI y al uribismo. Al final, puso también a Jesús de por medio, acusó de traición a los parlamentarios cristianos y amenazó con que el pueblo sería llevado a la violencia si no se reversaba la decisión. 

Pero la más peligrosa amenaza, a mi juicio, fue la declaratoria de ruptura de relaciones entre el Gobierno y el Congreso, que repitió con insistencia hasta el clímax de su discurso, o mejor, de su arenga incendiaria en la Plaza de Bolívar, donde las amenazas tomaron un tono desafiante. De hecho, la convocatoria de la manifestación mientras la Comisión VII debatía la proposición de archivo, fue un acto de indebida presión al Congreso, no por parte del pueblo, como pretende Petro, sino del gobierno que la convocó, la organizó y la financió; un inadmisible desafío a la democracia.

En la agresiva arenga, convertida en alocución presidencial para el país en horario triple A, el presidente no solo llamó a la insurrección: – “El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible” -, sino que arreció sus ataques al Legislativo, pero ya no habló de “ruptura”, sino de expulsar a los parlamentarios del Congreso, ¿acaso una velada alusión a la eventual disolución del Congreso?

Juzguen ustedes. “Cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Si no es así, (…), entonces el pueblo lo sacará del Congreso, como tiene que ser”.

“El Congreso le está dando la espalda al pueblo. Y cuando instituciones enteras no pueden comprender a su propio pueblo (…) hay que sacarlos de ahí, porque no nos sirven, no le sirven al pueblo. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia…”.

“Le corresponde al Senado de la República votar para permitir que el pueblo hable, (…). Primero se va la clase política del Congreso que acallar al pueblo…”.

No me atrevería a afirmar que el presidente esté ambientando una eventual disolución del Congreso, pero, sin duda, hace hasta lo imposible para deslegitimarlo ante la sociedad, más de lo que ya está, diría yo, generando una fractura entre los dos poderes que flaco favor le hace a la estabilidad de nuestra democracia y a la gobernabilidad que necesitaría para sacar adelante sus reformas. ¿O acaso será que el caos, la revuelta callejera y la inestabilidad son la verdadera intención? Ya le funcionó una vez…

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de marzo de 2025).- Desde antes del inicio formal de la campaña “Petro presidente”, Gustavo Petro ya mostraba sus intenciones contra la propiedad privada. Desplegó su propuesta para la ruralidad bajo la premisa de “tierra para quien no la tiene o, teniéndola, le sea insuficiente”. Su estrategia consistió en elevar la base gravable para liquidar el impuesto predial (avalúo catastral), generando una situación en la que los propietarios, ante la imposibilidad de pagar los exorbitantes tributos municipales, se vean obligados a ofrecer sus predios en dación en pago. Esto no se debe al aumento en la tasa del impuesto, sino al desmesurado incremento de la base gravable, combinado con las ínfimas capacidades productivas de los predios para cubrir estos costos desbordados.

El catastro multipropósito en Colombia, según lo señala el documento CONPES 3859 del 13 de junio de 2016, “es un instrumento para la identificación y medición de los predios que integran un territorio, utilizado además en la gestión fiscal y la definición de los derechos de propiedad”. El avalúo catastral, que sirve como base para la liquidación del impuesto predial, está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o de agentes catastrales por delegación. Las tarifas del gravamen predial, fijadas por los concejos municipales, oscilan entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con un valor inferior a 135 SMLV ($192.172.500), y entre el 5 y el 16 por mil para avalúos superiores. Para 2025, el Decreto 1609 de 2024 estableció un reajuste del 3 % en los predios rurales, basado en el Índice de Precios al Productor Agropecuario (IPPA), aplicable a predios dedicados a actividades agropecuarias no actualizados (es decir, con avalúos catastrales antiguos).

La Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, autorizó en su artículo 49 la actualización masiva de los avalúos de predios. Esta norma delegó al IGAC la adopción de metodologías para ajustar de manera automática y por una sola vez los avalúos catastrales de todos los predios del país, pasando por encima del artículo 9 de la Ley 101 de 1993, que establece: “Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”. Esto ha dado lugar a casos gravosos, como el de un predio en Villanueva, Guajira, cuyo avalúo pasó de $400 millones a $4.000 millones, un precio que ningún comprador pagaría en el mercado.

Este ajuste tiene un doble efecto fiscal: por un lado, impacta el impuesto predial; por otro, afecta el Impuesto al Patrimonio de las personas naturales, ya que muchos propietarios superatian fácilmente el umbral de 72.000 UVT ($3.585.528.000). Así se configura un sistema impositivo confiscatorio que atenta abiertamente contra la propiedad privada y empuja a los dueños de predios rurales a una expropiación indirecta. Esta situación se agrava por la falta de gestión administrativa de los concejos municipales, que durante un promedio de 16 años no actualizaron periódicamente las bases gravables del impuesto predial, dejando acumularse un ajuste que ahora se traduce en una expropiación masiva indirecta. A esto se suma el grave impacto en los propietarios en relación con el gravamen patrimonial.

La expropiación, ya sea directa o indirecta, la extinción del dominio y las Áreas de Protección Ambiental (APPAs) son caminos que apuntan a una conclusión ineludible: las políticas de izquierda de Gustavo Petro buscan consolidar los pilares del control de la tierra como uno de los medios de producción fundamentales. Esto nos conduce hacia lo que he denominado una economía con dirección centralizada, propia de los estados socialistas. Vamos por esa vía, señores.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

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(JFLR – Viernes 15 de marzo de 2025).- Y…, ¿qué es esto? Pues el país, nuestra economía y, sobre todo, sus perspectivas, es decir, su futuro, que una calificadora internacional de riesgo acaba de calificar como negativo. No va bien nuestra relativa autosuficiencia energética, ni la salud de los colombianos, un sistema que era necesario mejorar, sobre todo en la Colombia rural, pero no destruir con pretensiones adánicas.

No va nada bien la lucha contra el narcotráfico ni su inmediata consecuencia, la violencia de grupos narcoterroristas que persisten en disfrazarse de defensores de los pobres, mientras someten a sus defendidos, extorsionan a los productores rurales y a las empresas, destruyen la infraestructura y asesinan a todo aquel que se les resista, con la Fuerza Pública en primer lugar. Mientras escribo, cinco familias lloran a sus hijos y 16 más esperan la recuperación de los suyos.

No va bien la seguridad en las ciudades, extensión de la violencia narcotraficante a través de miles de bandas del microtráfico, que no solo merodean a nuestra juventud para envenenarla, sino que roban, atracan, extorsionan y asesinan por pedido. La inseguridad no es una percepción, sino una realidad semioculta y amenazante, porque es inmenso el subregistro de la extorsión, de los delitos cibernéticos, del atraco callejero. Inseguridad son los vándalos entrenados en el “estallido social”, que se toman universidades convertidas en territorio de nadie, cuando no las calles con cualquier motivo o sin motivo ni razón, sembrando destrucción con total impunidad, pues se esconden en el derecho a la protesta, mientras el ladronzuelo apenas visita la cárcel y recobra la libertad.

No va bien nuestro ordenamiento democrático, que hoy luce como “desordenamiento”, con instituciones peligrosamente enfrentadas, pues la tajante descalificación del Congreso por parte del Ejecutivo, las acusaciones de traición, las amenazas y, sobre todo,  la convocatoria a una consulta popular para suplantarlo por la voz directa del pueblo, no deja de ser una aventura, en un entorno de control de territorios rurales cada vez más extensos por parte de bandidos narcoterroristas; territorios que se pierden para la soberanía nacional y también para el libre  ejercicio de la democracia en las urnas, algo muy peligroso para la consulta y de cara a los procesos electorales que se avecinan.

Es paradójico: Ayer, Santos, el demócrata ¿de centro?, consultó al pueblo y, no contento con su dictamen, lo suplantó ilegítimamente por el Congreso en representación de ese pueblo ya consultado. Un asalto a la democracia.  Hoy, Petro, el progresista de izquierda, llevó sus propuestas al Congreso, representante constitucional de la voluntad popular, pero no contento con su dictamen, lo suplanta por la consulta a ese pueblo ya representado en el Congreso. A la inversa, pero otro asalto a la democracia.

Tomo prestadas las palabras con que mi esposa y candidata, la senadora María Fernanda Cabal, tituló su más reciente ensayo: “La democracia en peligro”, pues lo está, qué duda cabe, no solo por el enfrentamiento institucional, sino por la violencia, el deterioro de las relaciones con nuestros aliados, la crisis energética que se asoma, el abandono del campo, el rezago en equipamiento y empoderamiento social de la Fuerza Pública y, entre otras cosas, por el llamado del presidente a las  calles, en una tácita invitación a otro “estallido social”, que el país no resistiría en las actuales condiciones.

En fin, el país no va nada bien y, por el contrario, está afectado por una suerte de “suma de todos los males”. Muchos enfermos no mueren por una enfermedad específica, sino por una conjunción de males que afecta todos sus sistemas. Que no le pase lo mismo a nuestra democracia. Es bueno advertirlo, porque “soldado advertido…”

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Glosario:

ZAPPA: Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

APPA: Territorios rurales que se destinan a la producción de alimentos determinados.

Dirección Centralizada de la Economía: Sistema económico en el que el gobierno controla todos los medios de producción y decisiones económicas.

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 14 de marzo de 2025).- Extinción del Derecho de Dominio: Acto Administrativo del Gobierno Nacional para extinguir sin indemnización el derecho de dominio por no cumplir los lineamientos dados en las APPA.

Expropiación: En principio, lo mismo que la anterior, acá se aplica la indemnización al titular del Derecho de Dominio.

UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Desde el decreto el decreto 1085/2023, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia económica, social y ecológica en el departamento de la Guajira”, introdujo el Concepto de “Zonas Especial de Protección Para La Producción de Alimentos” (ZEAPPA),  en la Guajira, implicaba adquisición de tierras de manera directa o expropiación, desde la excepción de Utilidad Pública o Interés Social del Artículo 58 de la Constitución, so pretexto de asegurar la alimentación de la población del departamento.  La sentencia C-467/2023 del 8 de noviembre, declaró su inexequibilidad dejando el antecedente en particular de la ZEAPPA, figura idéntica a la ZAPPA.

Las ZAPPA, introducidas en el Plan Nacional de desarrollo, art 32, son áreas demarcadas dentro del territorio “de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizadas dentro de la frontera agrícola”. Un primer paso con características de preliminar y no vinculante. Estas áreas se delimitan atendiendo la vocación agropecuaria de la zona consultando su alta potencialidad para la producción alimentaria.

Una vez se hacen los estudios soportados en las conclusiones de vocación de la tierra de la UPRA, el Ministerio de Agricultura expide la resolución de la APPA, estas a diferencia de ZAPPA, tienen carácter vinculante y obligatorio para la utilización de la tierra dentro de los polígonos demarcados. El Min Agricultura al expedir la resolución señala la vocación especifica de la tierra y cultivos que se deben desarrollar en estas áreas. De no cumplir con las directrices señaladas el titular del Derecho de Propiedad puede ser Expropiado o Extinguirse por incumplimiento de las órdenes dadas en la resolución que demarca la APPA.

Emerge de inmediato el concepto de Dirección Centralizada de la Economía, propio de los Estados Socialistas, mediante el cual, sólo él Estado, tiene las riendas de la economía en general, haciéndose por vía de extinción o expropiación de los medios de producción, -la tierra, – cuando no se cumplen las directrices dadas por Minagricultura.

El derecho de propiedad en nuestra legislación (art 58 constitucional), consagra su protección como Derecho Fundamental, y solamente de manera excepcional por motivos de utilidad pública o interés social, previa indemnización, el Estado puede hacer uso de la facultad excepcional de la expropiación, tampoco es de recibo en la legislación en general, que se aplique la extinción de dominio sin indemnización al titular por incumplimiento de las directrices de la resolución que define la APPA. De aceptarse se estará violentando los atributos inexpugnables que tiene el Derecho de Propiedad, sin medir los conceptos de Utilidad Pública o Interés Social, generando Inseguridad Jurídica, Patrimonial y aún, Alimentaria, que necesariamente conducirán a espantar la inversión que clama el sector agropecuario.

Las áreas APPA, que el gobierno Petro tiene listas estarían ubicadas en:

Cundinamarca

Antioquia

Córdoba

Santander

Tolima

Cauca

Guajira

!Cuidado¡, es el primer paso, las ZAPPA, que no fueron socializadas con propietarios y habitantes de las zonas, violentando los derechos a la Información, Autonomía de los entes territoriales, y los Atributos de derecho de propiedad. Todo lo anterior con un solo fin, imponer en el sector agropecuario la Economía con Dirección Centralizada, so pretexto de proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizadas dentro de la frontera agrícola.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 7 de marzo de 2025).- Es principio rector del derecho que, “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, lo accesorio está subordinado a lo principal, su destino está ligado al del objeto principal. Este principio proviene del latín accessorium sequitur principale.”, no es nada diferente en derecho particularmente y, en general en todo lo que se haga debe ajustarse necesariamente el alcance, términos y condiciones a lo que se fije en la decisión principal, lo que sobrepase estos parámetros iniciales se deben considerar como violatorio a la decisión o autorización inicial.

La Constitución Nacional, norma de normas, en ella están contenidos los parámetros de convivencia de la nación, derechos y obligaciones a los que debemos ceñirnos tanto particulares como funcionarios, en lo sustancial, como en lo formal y procedimental.

Por ello la Constitución, se reconoce como la norma Superior a la que se deben ajustar todas las normas que de ella emanan.

La guarda de la Constitución Nacional está en cabeza de “ARTICULO 241º— A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo…”.

“ARTICULO 213º— … el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.”.

Es meridianamente claro que el Estado de Excepción por Conmoción Interior, sólo puede decretarse por un término inicial de “hasta” 90 días, prorrogable de manera directa por el ejecutivo por “hasta” 90 días adicionales y, una tercera prórroga de igual a los anteriores, previa autorización del Senado, para completar un término máximo de “hasta” 270 días.

Prórroga: “En derecho, prorrogar significa ampliar o dilatar un plazo, o continuar la vigencia de un acuerdo después de que haya finalizado.”, lo anterior deja en claro que, para operar la Prórroga se deben agotar los términos iniciales de la norma jurídica, no hay interpretación diferente posible ajustada a derecho.

Desde que el 24 de enero el ejecutivo expidió el “DECRETO 62 DE 2025 Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, por un término inicial de 90 días, la norma matriz a la que deben ajustarse todos y cada uno de los decretos que lo desarrollen, solo en caso de las prórrogas  contenidas en la Constitución, permite igualmente la extensión de los términos de los decretos accesorios, si y sólo si, media para ellos de manera precisa la extensión del término al decreto que prorroga  los efectos del decreto matriz y cada uno de los decretos que le desarrollan.

No debería ser de recibo jurídico valido para la justicia en el ejercicio de control de constitucionalidad por la Corte Constitucional, la expedición de decretos que desarrollan el Estado de Excepción del Decreto 62/2025, más allá del término de vigencia inicial y de cada una de las prórrogas a las que decida acoger el ejecutivo con la firma del presidente y sus ministros. Lo que se decrete más allá de los términos iniciales, deja abierta la declaración de inconstitucionalidad de las decisiones tomadas por el ejecutivo con base en la declaración del Estado de Conmoción. Por ejemplo, preciso, la fijación de tasas, impuestos y contribuciones que se han fijado como lo hace el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, El artículo 10 de la norma establece: “Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán aplicables una vez culmine el quinto día hábil siguiente a su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2025″.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu