* En Zipaquirá la expansión urbana ha llevado a un aumento de la presión sobre rondas de ríos y quebradas, y pérdidas en el sistema de acueducto. Foto Cortesía: SOS Amoladero.
Agricultura & Ganadería
(UN – Lunes 24 de noviembre de 2025).- Este municipio de la Sabana de Bogotá crece sobre franjas de protección de ríos y quebradas y de antiguos suelos agrícolas, amparada en un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que hace más de 10 años no se actualiza. Este desfase entre planeación y gestión ambiental ha llevado a que más del 30% del agua tratada se pierda en redes obsoletas, mientras que las aguas residuales se descargan sin tratamiento al río Bogotá, en medio de un auge inmobiliario que avanza más rápido que la capacidad hídrica del territorio.
La investigación realizada por Juan Sebastián Fonseca, magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que en Zipaquirá las modificaciones al POT en las áreas de transición entre lo urbano y lo rural (zonas suburbanas) duplicaron los índices de ocupación —del 20 al 40%— entre las versiones de 2000 y 2003, lo que permitió urbanizar áreas concebidas originalmente para regular la expansión hacia suelos agrícolas y ecosistemas sensibles.
El estudio reconstruyó hasta el 2000 la historia hídrico-urbana de Zipaquirá y de la Sabana de Bogotá —conformada por 27 municipios—, analizando los cambios en el uso del suelo y su relación con las fuentes de agua.
“Encontramos que la urbanización temprana del municipio siguió lógicas territoriales heredadas de los periodos muisca y premuisca, y que durante la colonia se consolidó una división espacial entre el ‘pueblo de blancos’ y el ‘pueblo de indios’, una forma temprana de segregación socioespacial. Esa separación histórica sigue presente hoy en la manera en que se han transformado los suelos agrícolas en áreas residenciales, muchas de ellas ubicadas sobre rondas de ríos y quebradas”, afirma el magíster.
En ese contexto, el crecimiento urbano reciente se ha concentrado en el noroccidente del municipio, en donde se desarrollaron proyectos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP). Como consecuencia, zonas cercanas a las quebradas El Molino y El Amoladero han perdido franjas verdes y suelos productivos, que han sido reemplazados por urbanizaciones cerradas y proyectos de alta densidad, con edificaciones de hasta 12 pisos que ejercen presión directa sobre estos cuerpos de agua.
El investigador también revisó los POT de 2000, 2003 y 2013, comparando sus disposiciones con la expansión real de la ciudad mediante cartografía y análisis normativo. Este ejercicio le permitió evidenciar cómo las modificaciones sucesivas facilitaron el avance urbano sobre zonas originalmente destinadas a contención, y cómo en la franja de expansión se concentraron conflictos entre dinámicas urbanas y sistemas hídricos, documentados a partir de las percepciones de actores sociales y comunitarios.
“Al superponer las cartografías de los diferentes POTs evidenció que la ciudad ha mantenido las mismas dinámicas de segregación socioespacial sobre suelos agrícolas y rondas hídricas, generando nuevas conflictividades sin darles manejo. Esa lectura permitió ver que el instrumento no solo quedó desactualizado, sino que además no ha logrado concretar un modelo de ciudad armonioso con el agua, ni en el papel ni en la práctica”, señala el magíster Fonseca.
El agua sin “voz” en la planeación
La ausencia de una visión integral del agua en el POT se refleja directamente en el sistema de acueducto de Zipaquirá. El municipio se abastece de una planta de tratamiento regional que comparte con Nemocón y Cogua, a través de redes de distribución instaladas hace décadas. Más del 30% del agua tratada se pierde por fugas, superando los límites legales permitidos, y una gran parte de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado —formulado en 2011— sigue sin ejecutarse, a pesar de haber superado su horizonte de planeación.
A esta situación se suma una distribución desigual del recurso: mientras los barrios tradicionales enfrentan cortes frecuentes, los nuevos conjuntos residenciales son priorizados, lo que refleja que la expansión urbana ha avanzado sin considerar la capacidad hídrica real del territorio.
Este escenario convierte el manejo del agua en un problema integral, en el que, además de las dimensiones ambientales y sociales mencionadas, se cruzan las culturales, pues la transformación de suelos agrícolas ha erosionado la identidad campesina y debilitado el vínculo histórico de la población con el agua como sustento de vida.
Una torre de Babel institucional
El caso de Zipaquirá es representativo de lo que ocurre en varios municipios pequeños de la Sabana de Bogotá que enfrentan limitaciones técnicas e institucionales para actualizar y ejecutar sus instrumentos de ordenamiento. Su POT, expedido en el 2000, tuvo modificaciones excepcionales en 2003 y 2013, pero debió ser objeto de una revisión estructural en 2012, lo que no ocurrió. Como resultado, hoy opera desactualizado y sin incorporar integralmente resoluciones ambientales recientes de entidades como la CAR o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni fallos judiciales como la sentencia que ordena el saneamiento del río Bogotá.
Este rezago ha creado un campo normativo ambiguo, en el que las administraciones locales pueden otorgar licencias con base en el POT, en circulares internas o en otras normatividades que no están articuladas coherentemente entre sí. Las tensiones con el nivel nacional —ambiental, agrario y cultural, dado que el centro histórico es patrimonio nacional— se superponen sin una jerarquía clara, generando vacíos y conflictos regulatorios.
“Esto ha derivado en una verdadera torre de Babel institucional que dificulta la gestión sostenible y abre espacios a prácticas discrecionales, por ejemplo, en el licenciamiento”, advierte el investigador.
A este problema institucional se suma la precariedad de la infraestructura sanitaria. Zipaquirá no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) plenamente funcional, el sistema actual, basado en una laguna de oxidación diseñada en el POT del 2000, rebosa en temporada de lluvias y descarga directamente al río Bogotá.
“La coexistencia de un alcantarillado mixto, donde confluyen aguas residuales y pluviales, incrementa la carga contaminante y limita la capacidad de respuesta frente al crecimiento poblacional”, indica el magíster.
Por otra parte, la presión sobre el recurso hídrico trasciende las fronteras municipales. Zipaquirá depende en parte de la cuenca del río Neusa, compartida con otros municipios de la Sabana, lo que evidencia la falta de articulación regional en la planeación.
Ciudadanía y territorios sensibles al agua
La investigación del magíster Fonseca también identificó procesos comunitarios que han surgido como respuesta a las deficiencias institucionales. En la quebrada El Amoladero, por ejemplo, habitantes de la zona se han organizado para defender la ronda hídrica y proponer alternativas locales de manejo, articulando prácticas cotidianas con una visión territorial del agua.
Tales hallazgos evidencian que la planeación urbana, particularmente en Zipaquirá, enfrenta una debilidad estructural en el desconocimiento del agua como eje central del territorio. Así mismo, sin la actualización de los POT y su articulación con normas ambientales y resoluciones judiciales, los municipios seguirán expuestos a crisis de abastecimiento, deterioro de ecosistemas y conflictividades sociales ligadas a su dimensión hídrica en su expansión.
Así, la investigación concluye que el agua no solo es un recurso sino un actor territorial que configura la forma en que se habita el territorio, que cumple un rol desde lo ambiental, cultural, político y simbólico, y que opera en diferentes escalas, de lo local a municipal y regional.
