* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 10 de julio de 2026).- Como si no tuviéramos suficiente con la impunidad de la JEP, las revelaciones de los medios sobre acuerdos secretos entre el Gobierno y bandas criminales –los congelados–, no son apenas otro de tantos escándalos con que este gobierno cierra con “broche de lata” su gestión, sino la evidencia de que, bajo el ropaje de la “Paz Total”, se construía un plan escondido de “Impunidad Total”, amparado en normas  para debilitar aún más la justicia y favorecer a los criminales que compartían tarima con el Gobierno.

Por esa razón, María Fernanda Cabal acudió nuevamente a la Corte Constitucional para demandar la Ley 2272 de 2022, mal llamada de “Paz Total”, por sus graves vicios de trámite y por las facultades inconstitucionales que le otorgó al Ejecutivo.

Los vicios de trámite fueron de bulto. La Ley nació en una plenaria casi clandestina, pasada la medianoche y citada con quince minutos de antelación, para votar una conciliación que revivía artículos derrotados. Además de omitir el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, aquello fue una burla a la deliberación democrática, pues se forzó una conciliación que desconoció la voluntad de la Cámara, que ya había negado unas facultades exorbitantes al Ejecutivo.

Tales facultades exorbitantes y, por ello, inconstitucionales, diluyeron la diferencia entre negociación política y sometimiento a la justicia, aunque, si me preguntan, ya no debería existir sino la segunda, porque ningún grupo armado dedicado al narcotráfico –y todos lo están– merece la prerrogativa de una negociación política.

El último intento, en el cual inclusive participé, fue con el ELN, pero ya está bien, pues la realidad es que hace años que en Colombia no existen “organizaciones insurgentes”, y no podemos repetir la vergüenza de la entrega total del Estado de Derecho que protagonizó Santos en las negociaciones con las Farc, con asalto a la democracia incluido por el desconocimiento de la voluntad popular en las urnas. De otra parte, la Ley 2272 más parece un manual práctico para sacar bandidos de las cárceles a negociar la paz mientras hacen la guerra.

De ahí la importancia de que esa norma se caiga por dictamen de inexequibilidad, para lo cual es menester que la Corte Constitucional, sin abandonar la consideración “en abstracto” de las normas frente al texto de la Carta, vuelva un poco los ojos a la realidad “concreta” de violencia que vive el país y a la urgencia de perseguirla con efectividad. Cabe recordar que, en su momento (2023), la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad total de la norma.

Abora bien, el presidente electo, como responsable exclusivo de la preservación del orden público y, por ello, de la dirección de los procesos de paz (Ley 418/97, art. 10), ha anunciado la suspensión de toda negociación en curso y la derogatoria de todas las providencias de suspensión de órdenes de captura, con lo cual se podría decir que la Ley 2272 de 2022, de la Paz Total, o mejor, de la Impunidad Total, se caería por sustracción de materia.

Sin embargo, una sentencia de inexequibilidad no sería apenas simbólica, sino el mensaje social de que la Ley, como expresión del Orden que pregona nuestro escudo y norma máxima de convivencia, no responde solamente a manipulados procesos legislativos y fríos exámenes de constitucionalidad en abstracto, sino a la realidad, expectativas y angustias de los ciudadanos …

Porque, además, en nuestro caso de paz esquiva y crónica violencia, ese ciudadano que la cumple…, también espera que la ley lo defienda de quienes no la acatan.

Nota Bene: Hablando de impunidad total, Timochenko en España… sin comentarios.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 10 de julio de 2026).- “El nuevo gobierno recibe un sector agropecuario con cifras históricas de crecimiento y exportaciones, soportado en la inconmensurable resiliencia de los Empresarios del Campo colombiano, pero también con desafíos estructurales que no admiten más aplazamientos. Los próximos cuatro años ofrecen una oportunidad única para convertir el agua, la productividad y la agroindustria en los pilares de una política de Estado que impulse a Colombia como una verdadera potencia agroalimentaria.

Las naciones que transformaron su agricultura no lo hicieron repartiendo tierra; lo lograron llevando agua, infraestructura, tecnología y mercados a sus productores. Colombia tiene hoy la oportunidad de recorrer ese mismo camino.”

El nuevo gobierno recibe un sector agropecuario que, pese a las dificultades, ha demostrado su enorme capacidad para impulsar la economía nacional. En 2025, el agro fue una de las actividades con mayor crecimiento del país y las exportaciones agropecuarias y agroindustriales alcanzaron un récord histórico de US$15.317 millones, equivalentes al 30,5 % de las exportaciones nacionales. A ello se suma que cerca de 4,8 millones de colombianos encuentran en el campo su principal fuente de empleo, confirmando que el agro es mucho más que un sector productivo: es un factor de estabilidad económica, cohesión social y seguridad alimentaria.

Sin embargo, estas cifras también ponen de manifiesto una gran paradoja. Colombia es una de las naciones con mayor disponibilidad de agua dulce del planeta, pero buena parte de su producción agropecuaria sigue dependiendo del comportamiento del invierno y del verano. La inseguridad rural, el rezago en infraestructura, la limitada tecnificación, el acceso insuficiente al crédito, la escasa asistencia técnica y la baja cobertura de riego continúan frenando un potencial que podría convertir al país en una despensa alimentaria para América y el mundo.

Por ello, la verdadera transformación del agro colombiano debe tener un eje claro: el agua como factor de productividad.

La reforma agraria del siglo XXI no debería medirse por el número de hectáreas adjudicadas, sino por el número de hectáreas que cuentan con agua, infraestructura, tecnología y acceso a los mercados. La tierra, por sí sola, no genera desarrollo. La tierra con agua genera productividad; la productividad crea riqueza; la riqueza impulsa empleo, agroindustria, exportaciones y bienestar.

Esa visión exige una política de Estado. Colombia necesita una Política Nacional del Agua para la Productividad, orientada a construir, recuperar y modernizar distritos de riego, culminar obras inconclusas, promover reservorios para pequeños y medianos productores y tecnificar el uso eficiente del recurso hídrico. Invertir en agua no es un gasto: es la inversión pública con mayor capacidad para multiplicar la productividad del campo.

En esa tarea, está llamada a convertirse en el gran motor de la transformación productiva del país. Si el Ministerio de Agricultura define la política pública, será la ADR la responsable de convertirla en resultados concretos mediante la adecuación de tierras, la expansión de los distritos de riego, el fortalecimiento de la asociatividad, la infraestructura productiva y el acompañamiento técnico y comercial a los productores. De su capacidad de gestión dependerá buena parte del éxito del nuevo modelo de desarrollo rural.

Pocas obras representan mejor ese desafío que la Represa de El Cercado, sobre el río Ranchería, en La Guajira. Colombia ya realizó una inversión de enorme magnitud para construir esta infraestructura; sin embargo, mientras no se culminen las redes secundarias e intraprediales que conduzcan el agua hasta las unidades productivas, buena parte de su potencial continuará desaprovechado. Finalizar ese proyecto permitiría irrigar miles de hectáreas, consolidar uno de los mayores polos de desarrollo agropecuario y agroindustrial del Caribe y aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de La Guajira para abastecer los mercados nacionales e internacionales. No se trata de una obra regional; se trata de una inversión estratégica para el desarrollo de Colombia.

Esta visión coincide plenamente con el espíritu del Proyecto Diamante Caribe, concebido por el doctor Rubén Darío Lizarralde, que propuso integrar infraestructura, logística, agroindustria y comercio exterior para convertir al Caribe colombiano en una plataforma exportadora de talla mundial. Hoy esa propuesta conserva plena vigencia y merece ser retomada como una estrategia de desarrollo para todo el norte del país.

Al finalizar este cuatrienio, el éxito de la política agropecuaria no debería medirse por el número de hectáreas entregadas ni por el monto de los recursos ejecutados. El verdadero indicador será el aumento de la productividad, el crecimiento de las exportaciones, la generación de empleo rural formal, la reducción de la pobreza en el campo y la consolidación de una agroindustria moderna, competitiva y sostenible.

Colombia posee tierra fértil, biodiversidad, talento humano, ubicación estratégica y abundancia de agua. Lo que históricamente ha faltado es una visión capaz de integrar esos activos bajo una política pública de largo plazo.

Los próximos cuatro años representan una oportunidad que no se puede desaprovechar. Si el Gobierno, el Congreso, los gremios, la academia y los productores logran construir una agenda común alrededor del agua, la productividad y la competitividad, Colombia podrá iniciar la mayor transformación agropecuaria de su historia.

El verdadero desafío no consiste en repartir más tierra. Consiste en lograr que cada hectárea produzca más riqueza, más empleo, más agroindustria y más exportaciones. Porque donde llega el agua, llega la productividad; donde llega la productividad, florecen el desarrollo, la prosperidad y la esperanza del campo colombiano.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu