* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de noviembre de 2025).- “Si se sabía o si era posible saber, allí en el terreno, que había menores de edad reclutados…Si no se sabía, por qué no se sabía y si es que era inevitable saberlo… Si se sabía, qué previsiones se tomaron”. Esta fue la respuesta a los medios del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, a propósito de lo que buscan establecer las cinco investigaciones por bombardeos en que han muerto menores, aunque más parece un juego bizantino de palabras, al estilo de los teólogos que se devanaban los sesos en Constantinopla adivinando el sexo de los ángeles.

Es la discusión que enreda al país, con los medios atizando emociones y moviendo sintonía frente a la “incoherencia” de Petro, que hoy defiende lo que ayer condenaba, cuando acompañó la moción de censura contra el exministro Botero, promovida por el camaleónico Roy, que hoy jura que hace seis años no dijo lo que dijo.

En la mitad, el “centro movedizo”, desconcertado ante un viraje en la política de seguridad del gobierno Petro que no sabe si rechazar o defender, sin parecer incoherente ni arriesgar sus cálculos políticos hacia 2026.

No ayuda la Defensoría del Pueblo, arguyendo que la presencia de menores en los campamentos “con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”, mientras condena el reclutamiento forzado que, según la Procuraduría, entre 2024 y lo corrido de 2025 suma más de 740 menores convertidos en combatientes. Es la misma posición ambivalente de las ONG de Derechos Humanos, que rechazan los bombardeos y defienden a ultranza la prioritaria protección de la niñez, mientras exigen respeto al DIH y el fin del reclutamiento forzado. ¿A quién se lo exigen…, acaso a Mordisco?  ¡Qué cinismo!

Pero bueno…, ¿qué dice el DIH? El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, establece que: “Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados…”, rango de edad compartido por la Corte Penal Internacional, que tipifica ese reclutamiento como crimen de guerra.

La Convención sobre los Derechos del Niño (1990) definió que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años”, aunque deja la posibilidad a las Fuerzas Armadas de reclutar menores entre 15 y 18, pero lo prohíbe terminantemente a grupos armados que no pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado.

En Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia no deja duda: Son niños las personas entre 0 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años, en tanto que el Código Penal tipifica como delito el reclutamiento de menores de 18 años.

Fin de la discusión. El mismo procurador Osuna del galimatías inicial, con algo más de juicio lo dejó claro: “Los niños reclutados siguen siendo niños, pero también son combatientes. Y, por tanto, si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes”.

Desde la Operación Berlín (2010-2011), cuando las Farc de Timochenko pretendían cruzar el país con un ejército de niños que fue interceptado y, según medicina legal, murieron 28 menores, aunque más de 70 para las narrativas de la izquierda, en ese entonces, como señala María Fernanda Cabal en uno de sus ensayos, “la izquierda abrió un juicio moral contra el Ejército, pero se le olvidó abrir un juicio moral contra quienes utilizaron a menores como escudos humanos para evitar la acción legítima de la Fuerza Pública”.

No se trata de una discusión nueva ni bizantina. Es una discusión interesada para deslegitimar y atar las manos de quienes deben defendernos porque la Constitución no solo lo autoriza, sino que lo ordena. Y punto.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de noviembre de 2025).- La inflación alimentaria y las políticas agrarias improvisadas han demostrado ser un lastre para el campo colombiano. El próximo presidente de centro-derecha debe aplicar una agenda moderna de economía de mercado, centrada en productividad, infraestructura, crédito y seguridad rural. Sin ello, seguiremos importando lo que deberíamos estar produciendo.

El agro colombiano está cansado de discursos y experimentos. La entrega de tierras sin planes productivos serios ha sido un error estratégico que hoy pagamos en los precios de los alimentos. No es teoría: mientras la inflación total alcanzó 5,51% en octubre de 2025, los alimentos subieron 6,64%, según el DNP. Y cuando la comida se encarece, no es porque “la reforma agraria está avanzando”, sino porque la producción está retrocediendo.

Aunque en 2024 el agro creció 8,1% según el DANE, ese crecimiento no es fruto de una política coherente, sino del esfuerzo de los productores que sobreviven a pesar de la falta de infraestructura, crédito y apoyo técnico. Como han señalado analistas de desarrollo rural, muchas de las tierras entregadas en la llamada reforma agraria carecen de riego, drenajes, electrificación y vías terciarias. Repartir tierra no es reforma: hacerla producir sí lo es.

La ganadería —columna vertebral del campo colombiano— tampoco ha recibido un trato responsable. En 2024 el subsector creció 5,6%, según MinAgricultura; sin embargo, continúa enfrentando inseguridad, sacrificio ilegal y competencia desleal de importaciones. El país cuenta con 30 millones de bovinos, produce 755.000 toneladas de carne y más de 7.700 millones de litros de leche, pero carece de un Estado que acompañe este potencial de forma estratégica.

Aun así, los productores han logrado avances notables. En 2024, las exportaciones ganaderas superaron los US$301 millones, y en el primer semestre de 2025 ya iban en US$216 millones, abriendo mercados como Rusia, Egipto y China. Lo que no ha avanzado es la diplomacia sanitaria para conquistar destinos clave como Estados Unidos o Venezuela, donde se requiere un gobierno que trate al sector no como adversario ideológico, sino como aliado económico.

En este contexto, el próximo presidente de centro-derecha —con visión de economía de mercado y enfoque orientado a resultados— debe implementar una agenda seria de transformación productiva.

1. Distribución de tierras con rigor técnico.

Asignación basada en vocación productiva, experiencia y planes verificables. No más clientelismo ni simbolismos. La tierra debe ir a quienes van a trabajarla y hacerla rentable.

2. Infraestructura rural inmediata.

El 90 % del área cultivable sin riego adecuado es una barrera directa a la productividad. Un verdadero gobierno de modernización rural invertirá en riego, drenajes, electrificación y vías terciarias como políticas de Estado, no como promesas.

3. Crédito accesible y seguro agrario.

Fortalecer las líneas del Banco Agrario, microfinanzas rurales y seguros climáticos obligatorios. La producción no puede depender de la suerte ni quedar expuesta a fenómenos como La Niña.

4. Tecnología y agroindustria.

El campo global compite con drones, semillas mejoradas, mecanización y agricultura de precisión. Colombia necesita un salto tecnológico que convierta la productividad en la nueva norma.

5. Comercialización moderna.

Contratos a futuro, plataformas “coseche y venda”, alianzas directas con la industria y el comercio. Un modelo de mercado donde el productor tenga herramientas, no intermediarios dominantes.

6. Impulso estratégico a la ganadería.

Sanidad animal, trazabilidad, genética, diplomacia sanitaria y fortalecimiento del ICA. La ganadería no puede seguir siendo un sector resiliente: debe ser un sector impulsado.

7. Seguridad rural firme y sostenida.

Sin presencia del Estado, no hay inversión. El abigeato, la extorsión y la criminalidad afectan hasta el 40 % de la producción ganadera en algunas zonas. Producir sin seguridad es imposible.

Esta agenda no es ideológica: es una hoja de ruta de centro-derecha con enfoque empresarial, diseñada para que Colombia produzca, compita y exporte. El país no necesita romanticismo agrario: necesita resultados. Necesita un Estado que acompañe y productores que prosperen.

El campo colombiano está listo para dar el salto. Solo necesita un gobierno que entienda que la seguridad alimentaria no nace de discursos, sino de productividad. Y ese será el desafío —y la oportunidad— del próximo presidente.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu