* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 13 de febrero de 2026).- “El alza del precio de la carne bovina en Colombia no es abuso ni especulación: es el reflejo de una carne sostenible, competitiva y cada vez más demandada en el mundo. Forzar su abaratamiento hoy implica sacrificar productividad, sostenibilidad y futuro ganadero.”

En Colombia se repite, con ligereza, desconocimiento y mala fé en muchos casos, que la carne bovina “se encareció” y que alguien debe intervenir para bajarla. Ese relato ignora una verdad esencial: la carne colombiana está empezando a valer (De Valores), lo que realmente es. Y eso incomoda.

Hablemos claro. Nuestra carne sigue siendo barata en el mercado internacional y también frente a varios países de América Latina. No somos caros hacia afuera. Lo que ocurre es que el mundo está comprando lo que durante años producimos bien y vendimos barato. Ese cambio, inevitablemente, tensiona el mercado interno.

Colombia posee un hato ganadero importante a escala mundial, con capacidad estructural para atender el consumo nacional, exportaciones de carne y ganado en pie. Pero la ganadería no es una fábrica. Es biología. No responde de inmediato. La reposición toma tiempo. Cuando la demanda externa crece de manera sostenida —como hoy— el ajuste se refleja en el precio.

Las cifras respaldan esta realidad. En 2025, las exportaciones ganaderas cerraron cerca de USD 400 millones, con más de 33.000 toneladas de carne y vísceras, y más de 210.000 cabezas de ganado en pie enviadas a mercados como Medio Oriente y Norte de África. Para 2026, Fedegán y Aexgán proyectan crecimiento, con China como mercado de alto potencial si el país mantiene estabilidad sanitaria y logística.

No es casualidad. La carne colombiana tiene ventajas comparativas reales: es ganado a pasto, agua y sal; sin anabólicos; con bienestar animal; con una huella ambiental menor frente a sistemas intensivos. Es carne sostenible. Eso que antes se llamaba atraso, hoy es un activo estratégico en un mercado global que exige sostenibilidad y trazabilidad.

Pretender bajar el precio sacrificando al productor es un grave error. Sacrificar el precio hoy es sacrificar competitividad mañana. Es renunciar a mercados abiertos, debilitar la reputación del país y desmontar un modelo productivo que el mundo está empezando a reconocer.

Se habla entonces de controles de precios, de subsidios o de importar carne barata. Como ganadero antes que abogado lo digo sin rodeos: los controles de precios no crean carne; crean escasez. Y los subsidios mal diseñados no bajan precios: aplazan el problema y quiebran al productor.

Importar carne más barata sí puede bajar el precio rápido, pero a un costo alto: traer carnes de menor calidad, producidas bajo modelos que Colombia ya superó. Eso golpea al ganadero nacional y diluye el valor de nuestra carne. Es pan para hoy y ruina para mañana.

Si de verdad se quiere aliviar el bolsillo del consumidor sin destruir el sector, el camino es otro: mejorar productividad, logística y eficiencia, no castigar precios. Reducir costos de transporte, cerrar brechas entre productor y consumidor, fortalecer frigoríficos regionales y apoyar la inversión productiva. Ahí el Estado puede ayudar sin distorsionar.

Hay avances que deben consolidarse. SINIGÁN V6 es un paso serio para la trazabilidad real del hato, indispensable para exportar, combatir el contrabando y ordenar el mercado. Aún hay fallas y baja adopción, pero el rumbo es correcto. Lo mismo ocurre con prácticas como el silvopastoreo, que mejora productividad, captura carbono y hace resiliente la ganadería frente al clima. Eso se protege con reglas claras, no con populismo.

La discusión de fondo no es si la carne “está cara”. La discusión es si Colombia va a proteger un filón estratégico o lo va a rematar por presión política. Porque cuando se castiga al productor, el precio no baja: el alimento desaparece.

Nuestra carne cuesta lo que vale (De Valores).

Defender ese valor es defender la ganadería del futuro.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Alejandro Peralta * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(Marcafab – Martes 10 de febrero de 2026).- El precio del cacao en los mercados de futuros de Londres (ICE) y Nueva York (NYMEX) continúa con su tendencia descendente y este martes cotiza de nuevo a la baja, al situarse esta mañana en torno a los 4.000 dólares por tonelada (3.360), llegando a bajar incluso de ese precio.

🇬🇧: El cacao, que llegó a cotizar a 12.000 dólares/t (10.082 euros/t) en diciembre de 2024, se situó a 31 de diciembre de 2025 a 5.992 dólares/t (5.035 euros/t), por lo que, en lo que va de año 2026, su cotización -que ahora se sitúa en los niveles de enero de 2024- ha caído cerca del 33 %.

🇨🇮: Según el portal financiero Trading Economics, hay “persistentes preocupaciones sobre la demanda” mundial que está llevando a “una acumulación de existencias de granos sin vender tanto en Costa de Marfil como en Ghana, los dos mayores productores del mundo”.

🇬🇭: Ha precisado que Costa de Marfil lanzó oficialmente el pasado 26 de enero una operación estratégica para recomprar miles de toneladas sin vender que estaban en almacén y alrededor de los puertos del país desde noviembre de 2025.

Mientras tanto -ha añadido- la Junta de Cacao de Ghana (Cocobod) ha revelado que los compradores en el mercado internacional están rechazando cada vez más el grano del país debido a que su precio es más alto que el de otros productores, lo que hace que tenga en los puertos 50.000 toneladas sin vender.

🇺🇸: Trading Economics ha indicado que, según las proyecciones de StoneX, el excedente global de cacao para la campaña las 287.000 toneladas, un volumen que se situará en 267.000 toneladas para la temporada.

🇬🇧: Por su parte, la Organización Internacional del Cacao (ICCO), apunta a que, con datos a 6 de febrero, su precio medio diario alcanzó los 4.214 dó(3.566 euros/t).

🇪🇸: Desde la Asociación Española del Dulce (Produlce) han apuntado a Efeagro que la “fuerte subida del cacao” en 2024 y 2025 generó “una presión muy importante en toda la cadena de valor”.

“Para nuestras empresas supuso un impacto directo” y ante esa subida tuvieron que reaccionar con acciones como, por ejemplo, “la optimización de procesos, el refuerzo de la eficiencia industrial o el incremento de la apuesta por la I+D+i”, ha citado como ejemplos.

Para esta patronal, “la bajada del precio aporta algo de estabilidad pero no implica cambios inmediatos en las recetas, ni elimina la necesidad de seguir innovando”.

* Alejandro Peralta (Analítico y Escritor), LATAM Business Developer and Expansion Specialist. Marketing & Comercio de Café & Cacao.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 6 de febrero de 2026).- “Mientras el Gobierno exhibe títulos de propiedad como trofeos sociales, en las regiones producir alimentos cuesta hasta más del 24%, la extorsión opera como un impuesto obligatorio y la tierra entregada sin seguridad queda bajo control criminal. No es reforma agraria: es una operación electoral rumbo a 2026 que reparte parcelas, pero transfiere soberanía y condena al campesino a la quiebra.”

A medida que el calendario electoral de 2026 se estrecha, el Gobierno ha acelerado una maratón de entrega de tierras que huele más a proselitismo que a política de Estado. Bajo la narrativa de la justicia social, se está consolidando un fenómeno de clientelismo agrario: titular hectáreas a toda prisa para fabricar “hechos políticos” en el corto plazo, mientras en la práctica el beneficiario recibe un título, pero hereda una quiebra técnica y un entorno dominado por la violencia.

La realidad del productor rural no se transforma con un papel sellado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hoy convertida en instrumento de cumplimiento político y no de planeación productiva. El campo colombiano enfrenta una tormenta perfecta donde la inseguridad y la asfixia de costos han pulverizado la rentabilidad. Mientras el discurso oficial celebra hectáreas “gestionadas”, en el surco de la tierra, producir un bulto de alimento se ha convertido en un acto de heroísmo financiero.

Los datos son demoledores y verificables. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), los costos laborales han registrado incrementos asfixiantes producto de la rigidez de las recientes reformas, con un impacto proyectado de hasta un 23% en la estructura de costos para quienes intentan mantener la formalidad, en un país donde más del 70% del empleo rural ya era informal antes de dichos cambios. El resultado es previsible: menos contratación, menor productividad y más presión sobre el productor.

Pero el dato más oscuro no aparece en las planillas del Ministerio de Trabajo, sino en los informes de seguridad rural. De acuerdo con los Frentes Solidarios de Fedegán, la victimización en el campo ha mutado hacia un esquema de control territorial, donde el abigeato, la extorsión y la invasión de predios son apenas síntomas de un desorden público estructural. El Estado no gobierna amplias zonas rurales; las administra el crimen organizado.

A este escenario se suma el “impuesto a la sombra”: la extorsión. Gremios de todas las orillas coinciden en el diagnóstico: la llamada “vacuna” ya forma parte obligatoria de la estructura de costos de producción. No es una percepción ni una exageración retórica; es un sistema tributario criminal que opera ante la mirada esquiva de un Gobierno más concentrado en las fotografías de entregas de tierras que en recuperar el control efectivo del territorio.

Las alertas son claras. Según advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) y reportes de seguridad, la violencia ya amenaza el proceso electoral de 2026 en departamentos estratégicos como Cesar y Magdalena, donde el control social de grupos armados será el factor que determine quién puede mover su cosecha y quién puede votar libremente.

Aquí es donde la trampa electoral se hace evidente. El Gobierno entrega la tierra, pero no la seguridad, ni la infraestructura, ni las condiciones mínimas de rentabilidad. Entregar una parcela en una zona bajo dominio criminal equivale, en la práctica, a entregar un nuevo contribuyente para la ilegalidad. Sin vías terciarias transitables y con peajes ilegales que encarecen el transporte hasta en un 40% en zonas críticas, el título de propiedad deja de ser una oportunidad y se convierte en una condena a la subsistencia.

La oposición debe decirlo sin ambigüedades: esto no es una reforma agraria, es una operación de captura de votos rurales. Se reparten títulos para mostrar resultados inmediatos, ignorando que el agro se sostiene con seguridad jurídica, control territorial y rentabilidad, no con ideología ni propaganda.

El campesino colombiano no necesita discursos ni títulos simbólicos: necesita Estado. Todo lo demás —entregar tierra sin infraestructura productiva, sin monopolio de la fuerza, sin vías y sin protección— no es justicia social. Es propaganda. Y en 2026, el país deberá decidir si quiere un campo productivo o un campo utilizado como botín electoral.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 6 de enero de 2026).- Ya pasaron las épocas en que los inviernos y los veranos eran más predecibles y el Almanaque Bristol era suficiente guía para saber cuándo sembrar, abonar y cosechar.

En 2025, después de un verano…verano, el país estuvo, prácticamente, de lluvia en lluvia. La primera temporada se desgajó en abril, pero no de esa lluvia que se bendice, sino la que aterroriza porque arrasa con todo. Empezando julio, cuando bajaron las aguas, más de 168.500 familias habían sido afectadas en 754 municipios, según la UNGRD.

En agosto no dejó de llover y, casi sin solución de continuidad, en septiembre inició la segunda temporada, que se fue hasta diciembre, cuando tuvimos fiestas con algo de veranillo, pero sin dejar de llover. Comenzando noviembre, más de 64.000 familias habían sido afectadas en 253 municipios.

Las esperanzas estaban puestas en el nuevo año, pero las cabañuelas también fallaron y, según el IDEAM, contra lo acostumbrado, “enero registró niveles de precipitación superiores a los históricos, especialmente en las regiones Caribe y Andina”. El desastre se anunciaba…

Y el desastre llegó. Terminando enero “el cielo s’esfondó”, como decían las abuelas, generando una catástrofe que ha afectado a más de 27.000 familias, no en un mes o una temporada, sino en apenas días, con más fuerza en el Caribe y, en especial, en el departamento de Córdoba, donde, en menos de 24 horas llovió lo de un mes, obligando también a más de 12 horas de descarga de la hidroeléctrica Urrá I, con caudales superiores a 2.000 metros cúbicos por segundo. El resultado: un verdadero diluvio bíblico y más de 19.000 familias afectadas en la región…, y la cuenta aumenta con las horas.

La agricultura está devastada y en cuanto a la ganadería, en 183 veredas de 26 municipios, 6.414 predios ganaderos que cubren 140.492 hectáreas están inundados, 1.207 animales han muerto o desaparecido y más de 315.000 están afectados, sin pastos, suplementos, sin agua potable y un lugar seco, con un inminente riesgo de salud animal.

En un departamento ganadero la solidaridad ganadera no podría faltar. Por ello, a través de la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán), el gremio ha gestionado, hasta ahora, la entrega de leche con el Fondo Nacional del Ganado, siete (7) toneladas de arroz y 4.000 prendas de vestir con la Organización Minuto de Dios, 1.000 pañales con la Fundación Fruto Bendito y la logística de distribución con el Ejército Nacional.

Sin embargo, semejante catástrofe requiere una suerte de “Plan Marshall” que articule esfuerzos locales, departamentales y nacionales, para atender lo urgente, que es la vida, la salud y el bienestar, tanto de humanos como de animales, al tiempo que se adoptan medidas, no menos urgentes y articuladas, para la reconstrucción y reparación de viviendas, de vías, puentes, acueductos y, muy importante para un departamento eminentemente agropecuario, la recuperación de praderas, plantaciones e instalaciones  productivas, que son la fuente de generación de la riqueza perdida.

Y hacia delante, un gobierno más serio, más austero, de menos arengas y más resultados, deberá asumir las causas estructurales: una gestión ambiental a cargo de unas corporaciones clientelistas que no deberían ser “autónomas”; una gestión del riesgo libre de corrupción, que de verdad lo prevenga y no sea meramente reactiva, y a veces ni eso: El dique Caregato en La Mojana es un ejemplo vergonzoso.

En fin, una institucionalidad fortalecida y con recursos para atender una emergencia y, mejor aún, para prevenirla. Nunca he entendido por qué las mafias tienen dragas para sacar oro y dañar los ríos, y el Estado no las tiene para cuidarlos y evitar que el país siga… de desastre en desastre.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 31 de enero de 2026).- Es inevitable referirme en este espacio a la carta que envié al director del Centro Democrático, filtrada a los medios con intenciones que desconozco, pero adivino, en la cual señalaba algunos indicios y hechos que merecen ser aclarados –y no lo han sido–, sobre el proceso para elegir el candidato presidencial del partido, en el cual mi esposa, María Fernanda Cabal, fue una de las precandidatas. 

Sea lo primero reiterar que mis reparos son “al proceso”, que no al resultado, aunque este último pueda verse afectado por un proceso cuestionable. Vale decir, entonces, como lo afirmé en la carta de marras, que no desconocemos la condición de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático. Es, simplemente, un hecho cumplido y apoyaremos su aspiración mientras seamos miembros del partido.

Eso me lleva a una segunda consideración, o mejor, a una afirmación categórica. No he renunciado al partido y menos aún María Fernanda. Hoy seguimos siendo miembros activos y yo parte de su Dirección Nacional, mientras no renuncie o sea retirado de ella por las instancias que correspondan. 

Claramente, en la carta en que hicimos reparos al proceso, firmada por mí, pero a nombre también de María Fernanda, manifestamos nuestra incomodidad –“No queremos continuar… Sentimos que no tenemos espacio” –, pero una cosa es manifestar inconformidad en una organización que se precia de democrática, y otra muy diferente interpretar tal manifestación como una renuncia, cuando lo que presentamos fue una propuesta de escisión que le permita a María Fernanda abrir caminos y conquistar espacios en su propósito de servirle a los colombianos desde el quehacer político, en consonancia con sus convicciones.

Ahora bien, al margen de que mi carta haya sido filtrada con oportunidad conveniente y ocultos intereses, no puedo entender que se responda con un escueto comunicado, en la línea de seguir eludiendo las respuestas, y que, además, haya sido entendida como una carta de renuncia, pues nada en ella indicaba que así fuera.

Los estatutos contemplan que el militante puede renunciar manifestando por escrito la voluntad expresa de hacerlo, la cual no necesita aceptación y opera con la sola presentación. Así las cosas, aunque el comunicado de la Dirección del partido lamenta mi renuncia y agradece mis servicios, pues yo también agradezco esas palabras, pero la manifestación escrita de mi expresa voluntad de renunciar no existe, porque, sencillamente, no la he presentado.

Una cosa más: Hay quienes critican que sea yo el firmante de la carta y de los derechos de petición que la precedieron, y que hable en nombre de María Fernanda. Bueno, es algo que decidimos en esa suerte de propósito familiar que fue la campaña, al que se sumaron muchos entusiasmos que agradezco. Ya hablará ella cuando bajen las aguas. Además, lo hago basado en el derecho que me asiste como miembro del partido y de su Dirección Nacional.

¿Qué pienso ahora? Que en medio de tanta gente valiosa con la que he compartido, hay titiriteros visibles que mueven hilos invisibles en el partido para mover sus propias agendas y sacar a codazos a quienes les estorban. Uno de ellos, escondido tras los editoriales de un medio digital, a comienzos de diciembre denostaba del partido y de sus tres precandidatas, y el 15 de diciembre, una vez conocido el resultado, editorializó con tono triunfal: “Sin Cabal, Uribe gana”.

¿Qué pensamos hacia delante? Que nuestra identificación con los principios fundantes del Centro Democrático sale incólume de este infortunado episodio; que el partido no debería perder su identificación con “La Derecha” que hoy resurge en el mundo…, y que seguimos esperando una respuesta a nuestras inquietudes y nuestra solicitud.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 30 de enero de 2026).- Mientras la política insiste en repartir tierra como consigna ideológica, el campo colombiano se hunde entre informalidad, baja productividad y pérdida de mercados. Sin propiedad protegida, sin agua, sin tecnología y sin autoridad, no hay soberanía alimentaria posible. Esta columna interpela directamente a los candidatos de centro y derecha —y en especial a Abelardo de la Espriella— a asumir una verdad incómoda: el agro no es una causa social, es una empresa estratégica que exige gobierno, carácter y resultados.

El debate agropecuario en Colombia sigue atrapado en una nostalgia peligrosa. Se discute la tierra como si estuviéramos en el siglo XIX, mientras el mundo compite con tecnología, escala, trazabilidad y mercado. Ese desfase intelectual es el que mantiene al campo pobre, informal y políticamente manipulable.

La realidad de 2026 no admite relatos: el dólar ronda los $3.660, castigando el ingreso exportador; la leche de Estados Unidos entra con arancel cero, amenazando a miles de productores nacionales; y la inseguridad jurídica continúa expulsando inversión del territorio rural. Frente a este escenario, el romanticismo agrario no es ingenuo: es irresponsable.

Este mensaje va dirigido a los candidatos que se reclaman del centro y la derecha, y de manera particular a Abelardo de la Espriella: si aspiran a gobernar Colombia, deben entender que el campo no se administra con consignas, se gobierna con autoridad, números y mercado.

Propiedad o miseria: no hay punto medio

No existe agro competitivo sin seguridad jurídica plena. Más del 50% de los predios rurales permanecen en la informalidad. La tierra sin título no es riqueza: es pobreza con papeles. Es productor sin crédito, sin inversión y sin futuro.

No caben ambigüedades:

La invasión de tierras es un delito económico, no una causa social.

La titulación masiva, apoyada en catastro moderno y tecnología, debe ser prioridad nacional.

Un productor con propiedad protegida es empresario; sin ella, es rehén del asistencialismo.

Candidatos: si no son capaces de defender la propiedad privada rural, no están listos para gobernar el país productivo.

Seguridad rural: sin orden no hay agro

No hay productividad donde manda la extorsión, el abigeato o el grupo armado. La seguridad rural no es un asunto ideológico: es política económica pura.

Quien aspire a la Presidencia debe decirlo sin rodeos:

Fuerza Pública permanente en zonas rurales.

Judicialización efectiva del delito rural.

Cero tolerancia con el despojo disfrazado de reforma agraria.

El campo no vota por discursos; vota por quien le devuelva el control del territorio.

Agua: el insumo que el Estado sabotea

Entregar tierra sin agua es una estafa social. El caso de la Represa del Cercado (Rancherías), con 198 millones de m3 sin distritos de riego funcionales, es la prueba de una política pública fallida.

Colombia no necesita más diagnósticos: necesita ingeniería hidráulica productiva, riego, drenaje y gestión técnica del agua. Sin eso, cualquier promesa agraria es humo.

Ganadería regenerativa: la ventaja que nadie se atreve a liderar

Con 28 millones de hectáreas en pasturas y una carga promedio de apenas 0,6 cabezas por hectárea, Colombia desperdicia su mayor activo. El problema no es la ganadería; es la mediocridad productiva tolerada por el Estado.

La ruta es clara:

Sistemas silvopastoriles.

Elevar la carga a 2,0 UGG/ha.

Certificar carne baja en carbono y trazable.

Apuntar a mercados premium en China y Medio Oriente.

Mientras EE. UU. compite con leche subsidiada, Colombia debe responder con carne de alto valor. El ganadero no es el enemigo ambiental: es parte de la solución económica si se le deja producir y vender bien.

Crédito y tecnología: solo para los que producen

El crédito público no puede seguir financiando la ineficiencia. El ICR debe premiar exclusivamente la tecnificación real, la genética adaptada al trópico, la sanidad, la infraestructura de frío y la transformación en origen.

Y basta de diplomacia decorativa: Colombia necesita embajadores vendedores, con metas claras de apertura sanitaria y exportaciones agroalimentarias.

Conclusión

Un peso revaluado obliga a ser eficientes o desaparecer. La soberanía alimentaria no se construye con minifundios improductivos ni con discursos de plaza pública, sino con una clase media rural propietaria, tecnificada y conectada al mercado global.

El mensaje final a Abelardo de la Espriella y a los candidatos de centro-derecha es inequívoco:

El agro es una empresa de alto nivel.

Quien no tenga el carácter para imponer autoridad, defender la propiedad y exigir productividad, no debe aspirar a gobernar Colombia.

El campo no necesita más promesas.

Necesita gobierno.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Jueves 29 de enero de 2026).- El paro arrocero sufrido a partir del 14 de julio del 2025, con bloqueos en vías de varios departamentos, entre ellos Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba y Sucre, que según el DANE ofrecen el 75% del arroz total de Colombia incluido el Valle, fue ocasionado por la crisis de precios y el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional en marzo de ese mismo año.

Entre enero de 2024 y enero de 2025 el valor de la tonelada de arroz paddy verde, varió en $276.771 a la baja; a raíz de lo cual se le dijo al gobierno, que primero debía sentar a negociar a las partes, productores e industriales, conforme lo establece la Ley 1340/09 artículo 5 y de no haber negociación, implementar medidas que permitiesen sacar del mercado la sobre oferta estacional de ese momento que no había sido absorbida por el sistema de comercialización. Más el contrabando y las importaciones.

Así mismo, se le recordó que en situaciones semejantes lo más adecuado había sido el «Incentivo al almacenamiento de cosechas», exitoso durante 25 años.

O tal como lo venimos diciendo hace 30 años desde la otrora Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), utilizar los instrumentos de cobertura a través de los derivados financieros, como sucede en los principales mercados agrícolas del mundo.

Recordemos que este es un mercado oligopsónico o sea, de muchos vendedores y pocos compradores, donde quien compra tiene la posición dominante; motivo por el cual, los gobiernos deben vigilar su comportamiento.

En consecuencia, la Cartera de Agricultura emitió una resolución, previa publicación del borrador para comentarios, con la cual sometía el precio del arroz paddy verde al régimen de libertad regulada.

Sin embargo, un año después sucede que… «El pronóstico arrocero 2025/2026 muestra un escenario pesimista debido precios desfavorables.» Así lo señala el boletín de Agrobursátil S.A., con fines informativos, sobre cifras obtenidas de fuentes primarias y secundarias y sus respectivas estimaciones.

“Escenario pesimista que se construye a partir de un ajuste a la baja en el área sembrada y en la producción total, como respuesta racional del productor a un entorno de precios deprimidos.”

En ese contexto, se refleja una contracción significativa de la escala productiva respecto a escenarios más optimistas. La superficie total proyectada asciende a 164.686 hectáreas, evidenciando una reducción del área como mecanismo de mitigación del riesgo de rentabilidad ante la caída del precio. Y la producción estimada alcanza 1.011.172 toneladas, lo que representa una contracción relevante de la oferta física.

En este orden de ideas, sugiere que la caída del precio podría explicar la reducción del área y del volumen producido y que “el principal riesgo del ciclo es económico, concentrándose en la rentabilidad del productor durante los meses de mayor cosecha (enero–marzo), que agrupan el 61% de la producción…”

A esto se agregan los altos costos del arriendo de la tierra, la preparación del terreno, riego, fertilización, etc.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima y exgerente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil de Colombia.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Alejandro Peralta * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(Marcafab – Sábado 24 de enero de 2026).- Hasta el martes 20 de enero, el cacao en bolsa se ubicó en USD 4.352 por tonelada, mientras que el quintal ronda los USD 179. Analistas advierten que el precio podría seguir bajando por el aumento de la oferta internacional, especialmente desde África Occidental, y una demanda global más débil.

Aunque el 20 de enero se registró un leve repunte, los fundamentos del mercado siguen apuntando a una tendencia bajista con alta volatilidad. Comerciantes y productores señalan que mejores condiciones climáticas, menor molienda y una corrección tras precios históricamente altos explican la caída. En zonas productoras de Colombia, el quintal ya se paga cerca de USD 170.

Preocupación en el campo colombiano

Productores advierten que, si la baja se prolonga, la rentabilidad podría verse comprometida. Los costos de fertilizantes y productos de nutrición se mantienen elevados y, con la llegada de la temporada de lluvias, aumentan los gastos por poda y mano de obra, presionando aún más los márgenes.

Dato clave: El 21 de enero de 2026, el cacao tocó su nivel más bajo en dos años, tras haber alcanzado meses atrás valores cercanos a USD 11.000 por tonelada. En el mercado local, un tarro de cacao se cotiza entre USD 25 y USD 30.

El cacao sigue siendo rentable por ahora en Colombia, pero el mercado muestra señales claras de enfriamiento.

* Alejandro Peralta (Analítico y Escritor), LATAM Business Developer and Expansion Specialist. Marketing & Comercio de Café & Cacao.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 23 de enero de 2026).- En mi columna de la semana anterior advertí del desastre del gobierno Petro en el manejo de las finanzas públicas, que amenaza con arrastrar a la economía y, por tanto, a la producción y las exportaciones agropecuarias, riesgo del cual no escapa la ganadería, eslabón primario de las cadenas cárnica y láctea, estratégicas para la seguridad alimentaria del país y la diversificación de las exportaciones agropecuarias.

Sin embargo, la carne y la leche son mundos con fortalezas comunes, pero con amenazas diferentes, a las que hoy se suma el impacto negativo de las medidas económicas del gobierno.

Hablemos de carne. La población mundial, que sobrepasó los 8.000 millones de habitantes, no detiene su tendencia de crecimiento ni su apetito por la proteína animal, lo que representa una oportunidad para los países productores de carne bovina, Colombia entre ellos, en el puesto 16 de la producción mundial, hoy concentrada en cinco países:  Estados Unidos, Brasil, China, Argentina y Australia, que suman el 51,6% del total.

Durante la última década nuestras exportaciones de carne y animales han crecido, con un pico en 2022, cuando superaron los 500 millones de dólares, cota a la que nos acercamos nuevamente con rapidez, pese a la devaluación de dólar, pero gracias al acceso al mercado chino en 2024; el cual abre una inmensa posibilidad a partir de 2026, con el establecimiento de cuotas anuales y arancel del 55% a las importaciones de Brasil, Argentina y Uruguay que superen el 3% de las mismas, mientras que Colombia conserva el acceso libre. Sin embargo, es una oportunidad coyunturalmente neutralizada por la devaluación del dólar, un fenómeno mundial, pero más acelerado en nuestro país por la monetización de la excesiva deuda pública, de los dólares del narcotráfico y la amenaza de repatriación de inversiones de los fondos de pensiones.

Ahora bien, lo que para la carne es la afectación coyuntural de una oportunidad, para la leche es el agravante cierto de una amenaza a la supervivencia del subsector. En efecto, a partir de 2026, en virtud del TLC con Estados Unidos se libera el comercio de lácteos con ese país y las importaciones entrarán sin límite, sin arancel y sin contraprestación alguna, pues el principal producto transable, la leche en polvo, es un commodity en el que Colombia no es competitiva, desventaja que ni siquiera se compensa con exportaciones de carne, esas sí competitivas, pero sin acceso a ese mercado; por lo que le hemos pedido al gobierno que este tema se incorpore y sea relevante en la próxima reunión de los presidentes Trump y Petro.

El libre comercio de leche con Estados Unidos y el dólar barato amenazan con una avalancha importadora que disminuirá el acopio formal y deprimirá el precio interno, mientras los costos de producción aumentan por efectos de la inflación y, en este año en particular, por el exagerado incremento del salario mínimo. Las estimaciones son catastróficas. Se podrían perder más de 150 mil empleos rurales y 70 mil fincas ganaderas, la mayoría pequeñas, podrían desaparecer del mapa productivo de la leche en Colombia.

Sea la oportunidad para reivindicar el inmenso esfuerzo de más de 600.000 ganaderos, invisible para el consumidor que no repara en las dificultades de producir carne y leche en medio del abandono y la violencia, que son marca de fábrica de nuestra producción rural.  Gracias a su tesón tenemos el hato número 12 del mundo, con cerca de 30 millones de animales que producen anualmente más de un millón de toneladas de carne y más de 7.500 millones de litros de leche.

Un esfuerzo bajo amenaza, mientras el Gobierno… guarda silencio.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Sábado 17 de enero de 2026).- En el último año el peso colombiano se ha apreciado con fuerza: pasamos de COP $4.409 por dólar a comienzos de enero de 2025, a alrededor de COP $3.663 el 13 de enero de 2026. Es una apreciación cercana al 16,9%.

Para muchos esto suena a una “buena noticia”. Pero para un país que vive de producir y exportar, una revaluación tan rápida tiene un costo real: perdemos competitividad y se reducen los ingresos de quienes generan divisas y desarrollo económico.

En el café, el impacto es directo y fácil de entender. En el último año, la tasa de cambio se apreció cerca de COP $746 por dólar. Eso ha significado que, solo por efecto cambiario, cada carga de café ha perdido del orden de $500.000 a $550.000 pesos por carga frente a lo que habría recibido el productor hace un año. En otras palabras: el mismo café, con la misma calidad y el mismo esfuerzo, hoy paga medio millón de pesos menos por carga únicamente por la revaluación del peso.

Así, miles de familias cafeteras han visto caer sus ingresos aun cuando hacen bien su trabajo y responden a un mercado cada vez más exigente en calidad y sostenibilidad.

Cuidar la competitividad no es pedir privilegios: es proteger el ingreso rural, el empleo y las exportaciones. Hoy el cafetero recibe menos pesos por cada dólar, en tanto sus costos suben por inflación, salario mínimo más alto y tasas de interés elevadas en 2026. Esa combinación reduce los márgenes y pone en riesgo la inversión y la producción. Por eso se necesita una ruta fiscal seria y creíble, con gasto más eficiente y un recaudo que no castigue la formalidad ni la producción, para que el tipo de cambio vuelva a ser un aliado y no un freno para el país productivo.

La fortaleza de Colombia no se mide por una moneda artificialmente fuerte, sino por un aparato productivo competitivo, capaz de generar valor, empleo y divisas de manera sostenible.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros