* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(GBJ – Martes 8 de septiembre de 2026).- En los últimos doce meses Colombia importó 1,55 millones de sacos de café. Nuestro consumo interno es de aproximadamente 2,4 millones.
El dato es nuestro. Lo publica @FedeCafeteros y no lo escondemos. Buena parte responde a una necesidad real en un año de menor disponibilidad, que obliga a garantizar el abastecimiento de la industria, y eso es legítimo.
Pero hay una parte que no es abastecimiento. Es arquitectura de precio.
Un kilo de café colombiano tiene un piso de precio. Lo fijan la bolsa de Nueva York, la prima de nuestro origen y la TRM. Y por debajo hay algo que ninguna de esas tres variables controla, el costo de producirlo. Es decir, los jornales, el abono, la recolección. Ese margen tan justo, es el ingreso de una familia.
El café tostado, por debajo de cierto punto de precio en góndola, no puede ser colombiano. No es una opinión. Es aritmética.
Por eso el punto de precio en góndola nunca es solo una decisión comercial. Es también, una decisión de origen.
Quiero ser más explícito, porque me importa. Aquí nadie está haciendo nada indebido. Importar es legal y hoy puede ser necesario. Respetamos el mercado libre y respetamos profundamente a la industria colombiana. No es una pelea. Es una advertencia sobre hacia dónde nos lleva el camino si solo competimos por el punto más bajo.
Lo que propongo es sencillo, y es por el consumidor.
Hoy no existe una norma que obligue a declarar el origen del café en el empaque. Propongo que la construyamos.
Que en el empaque sea tan legible de dónde viene el café como cuántos gramos contiene. Que quien está frente al anaquel pueda distinguir, sin lupa y sin ser experto, si lo que se lleva a su casa es café 100% de Colombia.
No es una exigencia a nadie en particular. Es una regla de juego para todos, y la Federación está dispuesta a sentarse a construirla con la industria, con el Congreso, con el Gobierno y con quien quiera participar.
El año pasado el consumidor colombiano hizo algo extraordinario. Enfrentó los precios más altos en décadas y no renunció su taza. Ese consumidor se ganó el derecho a saber qué está tomando.
Si lo sabe y aun así elige algo distinto a Colombia, es su libertad y la respetamos. Pero que sea una decisión informada, no un descuido del empaque.
Porque detrás de ese 100% hay más de 500.000 familias que no tienen otra forma de vivir.
Queremos crecer el valor de la categoría de café, educar el paladar del consumidor e industrializar más café de las familias cafeteras de Colombia para transitar en la cadena de valor.
* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 4 de septiembre de 2026).- Entre ondas tropicales, como la que afectó severamente a Córdoba, y la amenaza de El Niño, que apenas empezando ya ha causado estragos y se anuncia como el más fuerte en décadas, el país ha sufrido este año inundaciones catastróficas, incendios, sequías… y un devastador terremoto.
Cuando escribo estas líneas la Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha confirmado oficialmente el inicio del Fenómeno de El Niño y advierte sobre su intensidad, que será máxima hacia finales de año y con 100% de posibilidad, es decir, con total certeza de que se extenderá hacia febrero de 2007.
Al margen de la tragedia humana detrás de estos embates de la naturaleza, siempre prioritaria, el daño a la tierra y a los animales no es un problema menor, por su importancia para la seguridad alimentaria y la subsistencia económica de millones de personas.
Entre el 1º de junio y el 25 de agosto de 2026, FEDEGÁN registra 15.125 bovinos muertos, 392.614 desplazados y más de 2,8 millones de hectáreas afectadas. Las pérdidas rondan ya los $75.000 millones.
Lo grave es que El Niño apenas comienza y ya sabemos en qué puede terminar. En el de 2009–2010 murieron 73.927 bovinos, 1.388.878 fueron desplazados y más de 8,1 millones de hectáreas resultaron afectadas, con pérdidas que alcanzaron los $6,1 billones.
Así que las señales obligan a tomar en serio ese antecedente, pues sería irresponsable pensar que es solo un pronóstico y esperar a comprobarlo para empezar a actuar.
En 1939, Ortega y Gasset, exiliado en Argentina, lanzó una proclama en La Plata que se volvió universal: ¡Argentinos…, a las cosas, a las cosas! Mi padre, mi sabio de cabecera, me decía: “No se preocupe… ¡ocúpese!”. Pues bien, frente a la amenaza advertida… a ocuparnos de ella…, ¡a las cosas!
Con esa intención le escribí tres cartas al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, con sendas propuestas concretas que esperan voluntad política:
La primera es la convocatoria de una Mesa Nacional de abastecimiento para la alimentación ganadera, liderada por el Ministerio, con FEDEGÁN y los principales sectores agroindustriales.
Los ingenios tienen melaza; el sector palmicultor, palmiste; el arrocero y el algodonero diferentes subproductos; y otras cadenas agroindustriales disponen de materias primas utilizables para la alimentación bovina. La tarea es saber qué hay, dónde, en qué cantidades y a qué precio, para conectar esa oferta con las regiones que la necesitan.
Pero no basta con distribuir lo que existe. Por ello la segunda apunta a la necesidad de producir hoy lo que se necesitará en los próximos meses. El Gobierno puede convocar agricultores de ciclo corto para sembrar maíz, sorgo y otros cultivos forrajeros para ensilaje y henificación, mediante contratos de producción o compromisos de compra. Si al agricultor se le garantiza mercado, puede sembrar hoy el alimento que la ganadería necesitará mañana.
La tercera tiene que ver con un cuello de botella logístico: el transporte. Puede haber palmiste, melaza o forraje disponibles, pero si llevarlos a las zonas afectadas hace inviable su adquisición, para el ganadero ese alimento no existe. Se requiere un mecanismo temporal de cofinanciación del transporte y el bodegaje local.
Igualmente, deben habilitarse líneas de crédito de contingencia para compra de alimento, suplementación y movilización de ganado, con tasas y plazos acordes con la emergencia.
FEDEGÁN pone a disposición del Gobierno su capacidad institucional, técnica y territorial para identificar zonas críticas y productores afectados, cuantificar necesidades, articular oferta y demanda y apoyar la ejecución verificable de estas medidas.
Todavía estamos a tiempo. En 2009 aprendimos cuánto cuesta llegar tarde. Hoy, sencillamente, debemos ocuparnos de enfrentar un riesgo conocido. ¡A las cosas!
Por eso, las tres propuestas no deben leerse como simples solicitudes sectoriales, sino como una hoja de ruta mínima de resiliencia productiva frente a El Niño. La Mesa Nacional de abastecimiento permitiría anticipar el mapa real de disponibilidad de insumos; la siembra contratada de cultivos forrajeros convertiría la prevención en oferta concreta de alimento; y el apoyo temporal al transporte, bodegaje y crédito cerraría la brecha entre tener alimento en algún lugar del país y lograr que llegue, a tiempo y a costos razonables, al productor que lo necesita.
El Gobierno Nacional tiene en sus manos la posibilidad de actuar con anticipación, no de reaccionar cuando el daño sea irreversible. Las cartas enviadas al Ministerio de Agricultura contienen planteamientos concretos, ejecutables y articulables con la capacidad institucional de FEDEGÁN y de las cadenas agroindustriales. Atenderlas no es un gesto de cortesía administrativa: es una obligación frente a la seguridad alimentaria, la economía rural y la protección de miles de familias ganaderas expuestas a una emergencia que ya muestra sus primeras consecuencias.
Ocuparse de El Niño supone convocar, coordinar y ejecutar. Convocar a quienes tienen materias primas; coordinar la producción anticipada de alimento; y ejecutar instrumentos logísticos y financieros que hagan viable la respuesta en territorio. Si las advertencias están dadas, las propuestas están formuladas y la institucionalidad está dispuesta, lo que corresponde ahora es decisión. El país no necesita más diagnósticos tardíos, sino respuestas oportunas. ¡A las cosas!
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(MALA – Viernes 4 de septiembre de 2026).- En las entregas anteriores de esta Agenda para la Competitividad y Modernización del Sector Agropecuario hablamos de agua, vías, crédito, mercados e infraestructura productiva.
Pero sería un grave error creer que, construidas esas condiciones, ya tenemos un campo competitivo.
La infraestructura permite producir. La tecnología permite producir más, mejor y a menor costo.
Y Colombia tiene aquí otra brecha que debemos cerrar.
No es discurso. Se mide.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo encontró que entre 2015 y 2023 la productividad agrícola colombiana creció apenas 0,65% anual. Y lo más preocupante: el 72% del crecimiento del valor de la producción durante ese período estuvo explicado por un mayor uso de insumos, menos de una tercera parte obedeció a mejoras en productividad.
En lenguaje de finca: estamos produciendo más a punta de fuerza bruta, más tierra, jornales, fertilizantes e insumos, poco por cada peso y cada hora de trabajo.
Eso no es sostenible
Modernizar no significa llenar los predios de computadores, sensores o drones, ni convertir al productor en ingeniero de sistemas.
Significa algo mucho más práctico: poner conocimiento y tecnología al servicio de quien trabaja la tierra.
Saber qué sembrar, cuándo hacerlo, cuánto fertilizar, cuándo regar, cómo manejar el suelo, cómo anticipar una enfermedad, cómo mejorar la genética, cómo alimentar mejor el ganado, cuándo cosechar y, finalmente, dónde vender.
Agricultura de precisión, información climática, imágenes satelitales, monitoreo de suelos, mecanización, genética, reproducción, sanidad, trazabilidad e inteligencia artificial ya no son ciencia ficción.
Son herramientas para producir más y gastar menos.
Pero aquí debemos evitar el autoengaño.
Hablar de inteligencia artificial en el campo mientras miles de productores todavía no cuentan con asistencia técnica suficiente es poner el techo antes que los cimientos.
La tecnología necesita conocimiento, el conocimiento necesita llegar a la finca.
La propia ENA del DANE incorporó un módulo específico de ciencia, tecnología e innovación y preguntó por innovación, mecanización y asistencia técnica, justamente porque la transferencia de conocimiento es una pieza esencial de la competitividad agropecuaria.
Por eso una de las grandes tareas de la política agropecuaria debe ser fortalecer la extensión rural. No basta con que Agrosavia investigue, que las universidades formen profesionales o que el Estado diseñe programas.
El conocimiento tiene que recorrer el último kilómetro: llegar al productor y convertirse en una decisión productiva.
La tecnología que no llega a la finca no es innovación; es conocimiento encerrado.
Colombia tiene instituciones para cerrar esa brecha: Agrosavia, ICA, SENA, universidades, gremios y centros de investigación. Lo que necesitamos es conectarlas alrededor de un objetivo concreto: aumentar la productividad del productor colombiano.
Y aquí aparece otra contradicción.
La inversión en ciencia, tecnología e innovación agropecuaria sigue siendo insuficiente frente al tamaño del desafío. No podemos exigirle al campo competir con países que llevan décadas invirtiendo en investigación aplicada, genética, mecanización y transferencia tecnológica mientras nosotros seguimos tratando el conocimiento como un gasto y no como una inversión.
Brasil entendió esto hace tiempo. Su transformación agropecuaria no ocurrió solamente porque tenía grandes extensiones de tierra. Hubo investigación, genética, mecanización, crédito, infraestructura y transferencia tecnológica.
Chile hizo lo propio en sectores donde logró conectar conocimiento, producción, logística y mercados internacionales.
No se trata de copiar modelos. Se trata de aprender de quienes ya recorrieron parte del camino.
Pero hay otro problema: la escala.
Un pequeño productor difícilmente puede comprar individualmente un tractor moderno, una cosechadora, maquinaria para procesamiento, un sistema de riego tecnificado o herramientas de agricultura de precisión.
Pero varios productores organizados sí pueden hacerlo.
Por eso la asociatividad debe dejar de ser únicamente un mecanismo para recibir subsidios y convertirse en una herramienta empresarial para comprar, producir, transformar y negociar juntos.
Eso también es modernización.
Y aquí aparece la verdadera razón para incorporar tecnología: la rentabilidad.
No necesitamos tecnología para presumir de modernidad. La necesitamos para reducir costos, aumentar rendimientos, mejorar calidad, disminuir pérdidas, anticiparnos al clima y abrir mercados.
En ganadería significa genética, reproducción, nutrición, sanidad, manejo de pasturas, agua, trazabilidad y gestión.
En agricultura significa semillas adecuadas, mecanización, manejo eficiente del agua, fertilización racional, control de plagas, información climática y agricultura de precisión.
En todos los casos el objetivo es el mismo: producir más con menos y vender mejor.
Y aquí la tecnología se conecta con algo que hemos repetido desde el comienzo de esta Agenda: el productor no puede seguir siendo visto como un receptor permanente de subsidios.
Tenemos que ayudarlo a convertirse en empresario rural.
Un empresario que conoce sus costos.
Que mide su productividad.
Que utiliza información.
Que invierte.
Que innova.
Que negocia.
Y que participa cada vez más del valor que genera.
Pero todo esto requiere algo que también hemos repetido desde el comienzo: seguridad y reglas claras.
Nadie realiza una inversión tecnológica importante si no sabe qué ocurrirá con su tierra, con su inversión, con la seguridad de su finca o con las reglas del mercado.
El productor necesita poder invertir hoy y tener la tranquilidad de que podrá cosechar mañana.
Desde el barro y la bosta, la conclusión es sencilla:
Modernizar el campo no significa sacar al productor del campo. Significa darle las herramientas para quedarse, producir más y vivir mejor de lo que produce.
Colombia tiene tierra, productores, conocimiento, instituciones y mercados.
Lo que necesitamos es conectar todo eso alrededor de la finca.
Porque el productor colombiano no necesita que le digamos que es pobre.
Necesita las herramientas para dejar de serlo.
Y cuando una tecnología reduce costos, aumenta la productividad, mejora la calidad y abre un mercado, deja de ser una sofisticación.
Se convierte en riqueza.
Ese es el verdadero sentido de modernizar el campo colombiano.
* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 28 de agosto de 2026).- Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de carne bovina, atraviesa una escasez de ganado sin precedentes en su historia reciente, con un inventario que cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años.
Y como el mercado no perdona, la reducción del hato disparó los precios de la carne y de su expresión más popular: la hamburguesa, el “lunch” de la inmensa clase media de Estados Unidos, ante lo cual el olfato político de Trump, con los precios de la carne subiendo y las elecciones de noviembre a la vista, lo llevó a autorizar la importación adicional de 300.000 toneladas de carne bovina en 90 días.
No parece, sin embargo, una necesidad pasajera, pues Estados Unidos puede recomponer rápidamente su economía ganadera, pero el crecimiento de la población mundial viene generando una escasez permanente que podría extender las importaciones adicionales más allá de los 90 días.
Estados Unidos necesita carne y Colombia tiene ganado, lo cual representa una oportunidad para nuestra ganadería. Con cerca de 30 millones de bovinos y un gran componente de razas cebuinas alimentadas a pasto, tenemos lo que necesita el mercado estadounidense: carne magra para mezclar con sus cortes grasos y abastecer su gigantesco mercado de carne molida; necesidad que no es de poca monta en un país que consume 150 hamburguesas/habitante/año, para un total que ronda los ¡50 mil millones! Lo dicho: Trump parece estar resuelto a ganar las legislativas de noviembre.
En este momento, cuando los dos gobiernos negocian un Acuerdo de Comercio Recíproco y muestran interés en avanzar en medio de una coyuntura política también favorable, nuestro ministro de Comercio llevó nuestra carne a esa mesa de negociación para que pueda llegar luego a la mesa de los estadounidenses, pues durante catorce años de vigencia del TLC con ese país, su carne ingresa a Colombia sin que la nuestra logre acceso a ese mercado.
Y mientras esperamos, nuestros competidores siguen vendiéndole carne a Estados Unidos y aprovecharán el cupo adicional. Después de grandes logros sanitarios, no podemos perder esta oportunidad, que coincide con mi carta muy reciente a los ministros de Comercio y Agricultura, insistiendo precisamente en la necesidad de abrir ese mercado.
En esta ocasión, el tema del acceso al mercado estadounidense no puede seguir patinando entre trámites y estudios mientras otros países ocupan el espacio que hoy se abre; una oportunidad a la que, además, se suma la creciente demanda de China, configurando una oferta insuficiente de carne en los principales mercados.
El tema trasciende las exportaciones y es un factor impulsor de la ganadería con implicaciones sociales, pues una demanda sostenida de carne enviaría una señal económica a toda la cadena, hasta llegar al pequeño criador del Caribe y el trópico bajo para acelerar la reconversión de miles de productores que sobreviven ordeñando vacas de cuatro o cinco litros y destetando terneros de apenas 160 kilos. Con un mercado atractivo para la carne, producir a toda leche terneros de 200 kilos o más en menos tiempo, sería un mejor negocio.
No pretendemos preferencias ni desconocer exigencias sanitarias. De ahí que los ministerios de Comercio y Agricultura, la Cancillería, el ICA y el INVIMA, de la mano con el gremio ganadero, deben sentarse a evaluar pendientes, con la trazabilidad regionalizada como prioridad inaplazable, como parte de una hoja de ruta con metas y responsables, para ser presentada en la negociación que se adelanta en Washington.
Después de catorce años de TLC, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. Es ahora… o nunca.
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(MALA – Viernes 28 de agosto de 2026).- La Agenda para la Competitividad y Modernización del Sector Agropecuario dejó planteadas cuatro columnas maestras: agua, vías, crédito y mercado.
Pero una cosa es construir la infraestructura y otra, muy distinta, lograr que llegue de verdad hasta el productor y se convierta en más producción, más empleo y más plata en el bolsillo de quien madruga todos los días para trabajar la tierra.
Ahí está el verdadero nudo.
Colombia tiene una frontera agrícola de 42.944.940 hectáreas, según la actualización de la UPRA. Tenemos tierra, agua, diversidad de pisos térmicos, dos océanos y una posición geográfica privilegiada.
Lo que todavía no tenemos es la productividad que ese potencial permite.
La pregunta, entonces, no es cuánta tierra tenemos. Es cuánto producimos por hectárea, cuánto nos cuesta producir y cuánto de ese valor termina realmente en manos del empresario agropecuario.
La primera gran brecha, el agua.
Colombia tiene 18,4 millones de hectáreas con potencial para adecuación de tierras, pero apenas alrededor del 6% cuenta actualmente con ese servicio. La comparación con países de nuestra propia región resulta contundente: México llega al 66% y Chile al 44%.
No estamos hablando de Holanda ni de Australia. Estamos hablando de países latinoamericanos que entendieron hace tiempo que el agua no solamente sirve para beber: también es infraestructura para producir.
El riego ya no puede seguir siendo considerado una obra complementaria. Es una condición de productividad y, frente a la variabilidad climática, también una herramienta de prevención.
La paradoja colombiana es sencilla: tenemos agua, pero no siempre disponible cuando el cultivo la necesita y donde el productor la necesita.
El mejor ejemplo lo tenemos en La Guajira: El Cercado, sobre el río Ranchería.
El embalse tiene capacidad para almacenar 198 millones de metros cúbicos y los distritos de adecuación de tierras Ranchería y San Juan del Cesar fueron proyectados para irrigar 18.536 hectáreas y beneficiar a 1.029 familias. El proyecto fue concebido además con componentes de abastecimiento de agua y generación hidroeléctrica.
Es una obra estratégica.
Pero aquí está la lección que debemos aprender: la represa no es el proyecto completo.
Hoy El Cercado cumple una función fundamental al regular durante todo el año el caudal del río Ranchería y permitir el suministro hacia el sector que beneficia a Fonseca y Distracción. Pero para buena parte de los empresarios del campo de la región, la obra todavía no se ha convertido en el sistema productivo integral que fue concebido para ser.
Tenemos el agua almacenada, pero falta terminar de llevarla hasta donde debe producir.
Faltan por consolidar las obras complementarias, las conducciones, los drenajes y las conexiones intraprediales que permitan que ese recurso se convierta efectivamente en hectáreas productivas, empleo y riqueza.
El agua que no llega a la parcela es agua que no produce
Y esa espera también tiene un costo. Lo paga el productor que no puede planificar su siembra con seguridad, que debe asumir mayores riesgos climáticos y que observa cómo una inversión pública de semejante magnitud todavía no despliega todo su potencial productivo.
Una represa puede regular un río; un sistema de riego completo puede transformar una región.
Con las vías ocurre exactamente lo mismo
Colombia tiene 142.284 kilómetros de vías terciarias, equivalentes al 69% de toda la red vial del país. Pero apenas el 19% está en buen estado; 41% está en estado regular y 40% en mal estado, según cifras del DNP.
Eso significa que para miles de productores la competitividad empieza mucho antes de llegar a una carretera nacional.
Una cosecha que no sale a tiempo pierde valor. Un insumo que llega con sobrecosto encarece la producción. Y un productor aislado de los mercados termina vendiendo barato, no necesariamente porque produzca mal, sino porque no tiene cómo negociar mejor.
La consecuencia también se refleja en los alimentos que no llegan a la mesa. El DNP calcula que Colombia pierde y desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta nacional disponible. Una parte importante de esas pérdidas ocurre antes de llegar al consumidor.
Son toneladas de agua, tierra, fertilizantes, combustible, trabajo y capital que se van por el caño.
Por eso los cuatro pilares de nuestra sexta entrega no pueden funcionar separados:
Si falla el agua, baja la productividad. Si fallan las vías, suben los costos. Si falla el crédito, no se puede invertir. Si falla el mercado, se pierde el margen.
Y cuando fallan varios al mismo tiempo, el productor termina cargando con buena parte de los costos y capturando una porción mínima del valor.
Aquí cobra sentido una visión como la del Diamante Agropecuario Caribe y Santanderes, impulsado durante la administración de Rubén Darío Lizarralde: pensar el territorio de manera integrada, identificar sus vocaciones productivas y conectarlas con infraestructura, financiación, agroindustria y mercados.
La idea de fondo sigue vigente: el productor rural no puede ser eternamente receptor de subsidios. Tiene que convertirse en propietario, empresario y generador de riqueza.
Para eso necesitamos que la infraestructura llegue hasta la finca.
Que el agua llegue al cultivo.
Que la vía llegue al predio.
Que el crédito llegue a tiempo.
Y que el producto llegue al mercado en condiciones que remuneren el trabajo y el capital invertido.
Frente al riesgo climático también debemos cambiar la lógica. Un seguro puede ayudar a soportar el golpe de una pérdida. Pero una infraestructura hídrica bien diseñada puede ayudar a evitarla.
Esa es la diferencia entre reaccionar y anticiparse.
Desde el barro y la bosta, la conclusión es elemental:
No necesitamos más obras para inaugurar. Necesitamos sistemas productivos completos para producir.
Colombia no tiene que descubrir que posee un enorme potencial agropecuario. Tiene que cerrar la distancia entre ese potencial y sus resultados.
Por eso esta Agenda seguirá avanzando sobre esa brecha. En las próximas entregas entraremos en los instrumentos que deben convertir esa infraestructura en productividad, tecnología, transformación, valor agregado y acceso real a los mercados.
Porque el verdadero desarrollo rural comienza cuando una obra pública deja de ser solamente cemento, concreto y presupuesto ejecutado, y se convierte en una hectárea productiva, un productor próspero, un empleo formal y una región generadora de riqueza.
Ese es el campo que Colombia necesita construir.
* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario.@lacoutu
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 21 de agosto de 2026).- Un terremoto no pregunta quién gobernaba cuando se deterioraron las finanzas públicas o quién se robó los recursos para gestionar esos riesgos imprevisibles de la naturaleza. Simplemente llega, destruye y obliga al Estado a responder.
¿Qué será de los recursos para reconstruir? Más allá de lo que investiguen los organismos de control, el Libro de la Verdad, resultado de un inédito empalme unilateral, tiene respuestas preocupantes sobre dos asuntos que considero estratégicos: las finanzas públicas y el campo.
Primero las finanzas. A mayo de 2026, la caja del Gobierno era de $16 billones de pesos, frente a niveles históricos de entre $30 y $40 billones, con una proyección para fin de año de apenas $7,1 billones.
El “déficit primario”, que arroja la diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta sin el servicio de la deuda, pasó del 0,3% en 2023 al 3,4% en 2025, es decir, se multiplicó por diez y significa que Petro gastó 63 billones más de lo que recibió. El déficit total fue del 6,4% del PIB en 2025, el más alto en décadas, con excepción de 2020, del 7,8% por efectos de la pandemia, el mismo nivel que se estima para 2026. Sin duda, Petro resultó peor que la pandemia.
La deuda pública creció más de 360 billones, pero como el problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta deber, esa deuda, concentrada en pesos con tasas entre 13 % y 15%, más del doble de las tasas de la deuda externa, solo en 2025 costó 105 billones.
Y ahora vayamos al campo, estratégico por varias razones: Porque su recuperación es condición necesaria para acabar con el narcotráfico y su violencia, más allá del esfuerzo del Estado por perseguir el delito. Porque, ante la situación de las finanzas públicas, no podría ser que la recuperación del campo siga en la lista de las cosas por hacer. Y, finalmente, por el enorme potencial de la producción agropecuaria como factor de recuperación económica.
Sin embargo, durante cuatro años se habló de reforma agraria y de millones de hectáreas, un contexto en el que FEDEGÁN firmó con el gobierno un Acuerdo de Tierras para la compra de predios ganaderos. Sin embargo, ese proceso de compra y redistribución con proyectos productivos quedó enredado en la burocracia y hasta en sospechas de corrupción.
El Libro de la Verdad registra un caso ilustrativo: La Agencia Nacional de Tierras le anticipó un billón de pesos a la SAE por 537 predios, pero a diciembre de 2025 apenas tres tenían títulos y no podían ser adjudicados formalmente. Al finalizar el gobierno, el 56,2% de las hectáreas reportadas como entregadas tampoco tenían titularidad.
Muy grave, porque una cosa es entregar tierra y otra crear propietarios y productores. Sin título no hay seguridad jurídica; sin ella no hay crédito y, sin crédito, vías, servicios, asistencia técnica y mercados; una parcela entregada modifica una estadística, pero no saca a nadie de la pobreza.
De esa toma de conciencia deben partir los grandes cambios de la política agropecuaria: menos preocupación por contar hectáreas y más por convertirlas en factor de generación de ingreso y bienestar.
Colombia necesita empresas rurales rentables; aprovechar mejor cada hectárea y producir alimentos para los colombianos, para exportar y generar empleo. Necesita un Estado que facilite la generación de riqueza rural, para que el campo deje de ser parte del problema y recupere su vocación de parte sustancial de las soluciones.
Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es poco menos que… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(MALA – Viernes 21 de agosto de 2026).- En la entrega anterior dejamos una conclusión clara: sin seguridad no hay confianza; sin confianza no hay inversión; y sin inversión no hay competitividad.
Ahora debemos dar el siguiente paso.
Colombia tiene tierra, agua, productores y mercados. Lo que nos falta es construir la infraestructura productiva que permita convertir esos activos en productividad, rentabilidad, empleo y seguridad alimentaria.
Esa infraestructura descansa sobre cuatro pilares: agua para producir, vías para conectar, crédito para invertir y mercado para vender. Y los cuatro tienen algo en común: requieren una inversión estratégica del Estado.
Agua para producir
Colombia no vive simplemente entre inviernos y veranos. Vivimos entre El Niño y La Niña: sequías intensas cuando falta agua y lluvias capaces de inundar cuando sobra.
Sin embargo, de los 18,4 millones de hectáreas susceptibles de adecuación de tierras, apenas el 6 %, alrededor de 1,1 millones, cuenta con este servicio. La adecuación comprende riego, drenaje y protección contra inundaciones.
El agua no se espera: se almacena, se regula, se conduce y se utiliza.
Necesitamos una política nacional de grandes inversiones en almacenamiento, riego y drenaje. No solamente para enfrentar las sequías, sino también para manejar los excesos de agua que periódicamente destruyen cultivos, vías e infraestructura rural.
Otros países entendieron hace décadas que la ingeniería hidráulica también es política agropecuaria. Perú desarrolló Chavimochic; Brasil hizo grandes obras de integración hídrica en el São Francisco; Israel convirtió la escasez en tecnología, y Chile construyó sistemas de conducción y riego que ampliaron su capacidad productiva.
¿Por qué Colombia tiene que resignarse a mirar desde la orilla?
Propuestas como Diamante Caribe deben estudiarse con visión de Nación: no como obras aisladas, sino como oportunidades para convertir agua disponible en productividad, empleo y desarrollo regional.
Vías para conectar
El segundo pilar son las vías secundarias y terciarias.
Una finca sin carretera no está realmente conectada a la economía. Por esas vías entran semillas, fertilizantes, maquinaria y alimentos para los animales; y salen leche, carne, frutas, hortalizas y cosechas.
El DNP ha señalado que, de los 142.284 kilómetros de vías terciarias, apenas 19% está en buen estado; 41% en estado regular y 40% en mal estado. Además, cerca del 70% está en afirmado, 24% en tierra y apenas 6% pavimentado.
Eso no es solamente un problema de infraestructura.
un impuesto silencioso al productor.
Cada kilómetro deteriorado aumenta los costos de transporte, dificulta sacar la cosecha, encarece los insumos y reduce la competitividad.
Por eso no necesitamos simplemente kilómetros de carreteras. Necesitamos vías productivas, priorizadas por las hectáreas que conectan, la producción que movilizan y el costo que permiten reducir.
Crédito para invertir
El tercer pilar es la financiación.
Aquí debemos dejar de medir el éxito únicamente por el número de operaciones.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿Qué proporción del valor total del crédito agropecuario llega realmente al pequeño y mediano productor?
El actual ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lo planteó en mayo de este año: de los $16,9 billones desembolsados entre enero y abril de 2026, el 74,3% fue a grandes empresas, mientras los pequeños productores, que representaron el 72% de las operaciones, recibieron apenas el 15,6% del valor desembolsado. Sus créditos promedio rondaron los $24 millones.
Las cifras obligan a una reflexión:
No basta con decir que el crédito llegó al pequeño productor. Hay que preguntar cuánto dinero llegó realmente.
Un crédito de corto plazo que apenas permite sobrevivir a una cosecha no transforma una explotación rural en una empresa competitiva.
Necesitamos financiación acorde con los ciclos productivos, tasas razonables, plazos adecuados y garantías que permitan invertir.
Finagro, Banco Agrario, el Fondo Agropecuario de Garantías, las aseguradoras y los intermediarios financieros deben formar parte de una verdadera arquitectura de financiación rural.
Mercado para vender
El cuarto pilar es el mercado.
No podemos seguir sembrando primero para preguntar después quién compra.
Agricultura por Contrato demostró que es posible ordenar la producción alrededor de la demanda. Durante el gobierno de Iván Duque, la estrategia vinculó a más de 241.000 productores de los 32 departamentos y generó ventas cercanas a $1,6 billones en 2021.
El trabajo de Juan Gonzalo Botero en esa estrategia merece ser reconocido, retomado y ampliado.
Pero vender en Colombia no es nuestro único desafío.
Queremos exportar.
Y para eso necesitamos un ICA fuerte en sanidad animal, sanidad vegetal, trazabilidad y admisibilidad sanitaria.
El mercado internacional no se conquista con discursos.
Se conquista cumpliendo protocolos.
De estos cuatro pilares se desprende todo lo demás: mecanización, agricultura de precisión, tecnología, asistencia técnica, transformación agroindustrial, cadena de frío y valor agregado.
Pero aquí está el punto que no podemos seguir ignorando:
La infraestructura productiva no es gasto público. Es inversión productiva.
Cada hectárea que deja de depender exclusivamente de la lluvia, cada finca que queda conectada al mercado, cada productor que obtiene crédito adecuado y cada cosecha que tiene comprador antes de ser sembrada, aumenta la capacidad productiva del país.
La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto cuesta construir esa infraestructura.
La verdadera pregunta es:
¿Cuánto le cuesta a Colombia no construirla?
El productor puede invertir en su finca, mejorar su ganado, comprar maquinaria o sembrar. Pero no puede construir solo un distrito de riego, una red nacional de vías terciarias, un embalse multipropósito o una infraestructura nacional de logística y exportación.
Eso es tarea de Nación.
El Estado debe estructurar estas inversiones, participar en su financiación y atraer capital privado nacional y extranjero, concesiones, alianzas público-privadas y tecnología internacional.
No estamos hablando de gastar por gastar.
Estamos hablando de invertir para producir.
Colombia no necesita un campo subsidiado para sobrevivir.
Necesita un campo productivo para competir.
Y quienes conocemos el campo sabemos que esa transformación no comienza en los despachos ministeriales de Bogotá.
Comienza donde están el agua, la tierra, el productor y el riesgo empresarial.
Comienza, como siempre lo he sostenido, entre el barro y la bosta.
* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu
Nota de cierre: El sector agropecuario necesita un ICA fuerte, técnico, eficiente y orientado a resultados. Por eso considero que sería una excelente decisión que el doctor Juan Gonzalo Botero Botero asumiera su dirección. Su experiencia pública y privada, su formación profesional y, sobre todo, la solvencia y compromiso demostrados en las responsabilidades que ha desempeñado, son prenda de garantía para recuperar el liderazgo de una entidad estratégica para la sanidad, la productividad y la conquista de nuevos mercados para el campo colombiano.
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 14 de agosto de 2026).- Un terremoto de magnitud 7,2 cambia las prioridades de cualquier gobierno. Hay vidas que proteger, familias que atender, infraestructura que recuperar y comunidades enteras esperando respuestas con urgencia.
Pero gobernar también consiste en que lo urgente no desplace a lo importante…
Y entre lo importante está la suerte de más de 300.000 productores de leche, en su mayoría pequeños ganaderos que hacen parte de la pobreza rural y hoy enfrentan una dura realidad, pues desde enero, en virtud del TLC con Estados Unidos, los productos lácteos son de libre comercio entre los dos países, sin cupos ni aranceles. El efecto, hoy apalancado por el dólar barato, es realmente amenazante: Al mes de mayo las importaciones aumentaron 56,4% frente al mismo corte de 2025 y, solo desde Estados Unidos, ingresaron 18.820 toneladas de leche en polvo, frente a 25.016 durante todo 2025.
Es una amenaza anunciada que además avanza. En 2028 habrá también desgravación total con la Unión Europea, lo cual amerita la acción conjunta de los ministerios de Agricultura y de Comercio para utilizar los instrumentos de defensa comercial cuando haya lugar y para vigilar las reglas de origen frente a las crecientes importaciones desde Chile y Bolivia.
Por eso le escribí a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Comercio, Mauricio Gómez, pues ambos, junto con la Cancillería, pueden convertir la crisis en oportunidad, haciendo causa común para que el Tratado con Estados Unidos no siga siendo un embudo con el lado angosto para la ganadería colombiana.
De una parte, después de 14 años de esfuerzos sanitarios, productivos y diplomáticos, es imperativo abrir el que debería ser el mercado natural para nuestra carne bovina: Estados Unidos, lo que representaría una oportunidad para el Caribe colombiano, no solo por la enorme ventaja comparativa de la vecindad, sino por sus extensas llanuras interiores donde hoy la ganadería es fuente de subsistencia para miles de familias a partir del llamado “doble propósito”.
Las razas presentes en el Caribe tienen vocación cárnica, con buenos terneros que podrían ser excelentes si se criaran “a toda leche”, pero la de sus vacas, que no pasa de cinco litros diarios, es compartida para vender una parte y ayudar a los gastos. Así las cosas, un ternero que se desteta con alrededor de 160 kilos, podría salir con al menos 200 para los procesos de levante y ceba. Eso es ineficiencia y perpetúa bajos ingresos.
Abrir el mercado estadounidense podría empezar a cambiar esa realidad, pues ante una demanda de buenos precios para más y mejores terneros con destino a la exportación de carne, muchos productores dejarán de ordeñar sus vacas para entregarles toda la leche a los terneros. Es un asunto de especialización.
Para la ganadería del altiplano, con razas de vocación lechera, sustituir la producción del Caribe sería también una gran oportunidad, no solo de crecimiento a partir de un mayor acopio por parte de la industria láctea, sino para neutralizar el efecto de las importaciones y explorar mercados externos. Una vez más, es un asunto de especialización.
Si a este enroque productivo le sumamos genética, buenas prácticas y sostenibilidad ambiental, que es una nueva exigencia de los mercados, estaríamos ante una verdadera reorganización estratégica de la ganadería colombiana, no solo en lo productivo, sino en lo espacial y en su orientación comercial. Cada quien a lo suyo, a lo que mejor hace y en donde mejor lo hace, para mercados claramente segmentados.
El disparador de esta revolución sigue siendo, sin embargo, la apertura del mercado de Estados Unidos a la carne colombiana.
Es algo que no solo es importante…, es también urgente.
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(MALA – Viernes 14 de agosto de 2026).- Colombia comienza una nueva etapa. Y si de verdad queremos reconstruir el campo, debemos comenzar por recuperar algo indispensable para cualquier proyecto productivo: la confianza.
La confianza no se decreta. Se construye cuando el productor puede llegar a su finca, proteger a su familia y sus trabajadores, cuidar su ganado, sembrar, invertir y tener la certeza de que mañana podrá seguir produciendo.
La seguridad no puede ser un capítulo más de la política agropecuaria. Es la condición previa sobre la cual debe construirse toda competitividad.
La seguridad física. No estamos hablando de percepciones. Entre 2010 y 2023 se denunciaron en Colombia 33.650 casos de abigeato, casi seis cada día, según cifras de la Policía divulgadas por Fedegán. Y en el primer trimestre de 2026 se registraron 2.914 denuncias de extorsión, 7 % más que en el mismo periodo de 2025. Para quien produce, esas cifras tienen nombre propio: patrimonio, empleo y tranquilidad familiar.
Hay una seguridad que debemos recuperar con especial urgencia: La seguridad sobre la tierra.
Colombia necesita una política seria de acceso y formalización de la propiedad rural. La concentración de la tierra es una realidad que no podemos ignorar. El IGAC señala que el 1 % de los mayores propietarios posee el 45 % de la tierra rural y que el 10 % controla el 80,6 %. Resolver esa desigualdad es una obligación del Estado.
Pero una cosa es hacer reforma agraria dentro de la Constitución y la ley, y otra muy diferente permitir que la invasión o la ocupación de hecho se conviertan en mecanismos de presión para obtener tierra.
El problema no es imaginario. En 2022 Fedegán reportaba más de 50 invasiones en distintos departamentos, mientras la Policía ha documentado casos en los que la invasión de predios estuvo acompañada de extorsión, desplazamiento y estructuras criminales. Hoy el Ministerio de Defensa mantiene una base nacional específica sobre invasión y usurpación de tierras.
La reforma agraria debe garantizar acceso a la tierra; nunca convertir la ocupación ilegal en camino hacia la propiedad.
La Seguridad Jurídica. Quien compromete su patrimonio en una finca, una explotación ganadera o un cultivo necesita reglas claras, respeto por la propiedad y protección de los contratos. Sin esa certeza no hay inversión de largo plazo, crédito ni relevo generacional.
Necesita además seguridad económica. El clima, los precios, las tasas de interés y la tasa de cambio generan riesgos que ningún productor puede administrar solo. Por eso se requiere una verdadera instrumentación financiera: crédito a plazos y tasas razonables, seguros agropecuarios accesibles y mecanismos de cobertura que protejan la estabilidad de los ingresos.
Basta mirar a nuestros arroceros. Fedearroz registra para el arroz de riego un costo de fertilización de $2,08 millones por hectárea, dentro de un costo total superior a $9,2 millones. Y advierte que en 2026 los altos inventarios internacionales presionan los precios mientras aumentan los costos de producción. Cuando producir cuesta cada vez más y vender deja cada vez menos margen, también estamos frente a una inseguridad que debe atender la política pública.
Lo mismo ocurre con la tasa de cambio. Una TRM por debajo de $3.200 golpea los ingresos de quienes exportan y modifica la rentabilidad de operaciones planeadas con otra tasa. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de ganado en pie cayeron de US$94,4 millones a US$63,4 millones frente al mismo periodo de 2025. El productor no puede controlar la TRM ni los mercados internacionales; necesita instrumentos para administrar esos riesgos.
Seguridad comercial. Colombia demostró en 2025 que puede competir: las exportaciones agropecuarias sumaron US$11.297,7 millones y las agroindustriales US$3.965,7 millones. El campo responde cuando encuentra oportunidades. Ahora corresponde construir las condiciones para que ese resultado no dependa de ciclos favorables.
Eso exige vías terciarias, riego y drenaje, conectividad, energía, sanidad, trazabilidad, ciencia aplicada, crédito y mercados seguros.
Todas estas seguridades terminan conduciendo a una sola: la seguridad alimentaria de la Nación.
El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica. No necesita otro diagnóstico. Necesita reconstruir la confianza del campo y convertirla en una política de Estado: seguridad para vivir, seguridad para trabajar la tierra, seguridad para invertir, seguridad para producir y seguridad para vender.
Quienes conocemos el campo sabemos que la competitividad no se construye desde un escritorio.
Se construye desde el barro y la bosta, donde cada día un empresario arriesga su patrimonio, genera empleo y sigue apostándole a Colombia.
Sin seguridad no hay confianza. Sin confianza no hay inversión. Sin inversión no hay competitividad. Y sin un campo competitivo y seguro, no habrá verdadera seguridad alimentaria ni futuro para Colombia.
* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Jueves 6 de agosto de 2026).- Esa es la expectativa con que recibimos al gobierno de Abelardo de la Espriella los productores agropecuarios y la población rural, porque el propósito de convertir a esta Patria nuestra en un Milagro de desarrollo económico y social pasa, necesariamente, porque ese milagro empiece en el campo abandonado.
La esencia del milagro es obrar sobre situaciones extremas con soluciones que parecen imposibles, y esa es la situación del campo: extrema y ávida de soluciones ofrecidas y nunca cumplidas, mas no imposibles. Yo diría que el Campo Milagro, tiene otro nombre: verdadera voluntad política.
En Colombia, la situación extrema del campo se asocia, por muchos y con mucho facilismo, con la violencia como causa principal. Igualmente, el narcotráfico y su entorno de ilegalidad total se presume como causa de esa violencia, cuando apenas es uno de sus actores.
La seguridad se convierte entonces en prioridad; y la verdad que lo es, más no como objetivo final ni solución definitiva, sino como condición sine qua non para superar la violencia y, por ahí mismo, también el atraso rural. En ese orden de ideas, ni la violencia ni la situación extrema de campo se explican con la falta de seguridad (léase justicia y presencia policial y militar). Su verdadera explicación, su verdadera causa es la falta… de todo…, es el abandono.
Y donde falta todo, el milagro es vistoso y transformador. La seguridad y una justicia efectiva que persiga y castigue a los bandidos, abrirá caminos a la inversión y el desarrollo rural, pero hay otros caminos por abrir: “Vías decentes para el campo” y “conectividad rural” deberían ser programas prioritarios para romper el aislamiento a que está condenada media Colombia.
Ahí empieza el Milagro: reactivación de la producción agropecuaria con salida a los mercados, sumada a una presencia integral del Estado: Crédito de fomento con asistencia técnica exclusivo para productores rurales; política de asociatividad para pequeños productores; agua y energía para la producción rural; además de presencia social con programas de salud, educación y vivienda en el campo y para el campo.
La ganadería espera también un milagro. Han pasado 20 años desde la firma del TLC con Estados Unidos y 14 años desde su entrada en vigor, sin que, a pesar de los inmensos esfuerzos por lograr admisibilidad para la carne colombiana, hayamos podido colocar un solo kilo en ese mercado, mientras, por otro lado, más de 77.000 toneladas de leche entraron al país en 2025 desde Estados Unidos, agravando la difícil situación de nuestros productores.
Para la ganadería de la Costa Caribe, con cerca de 9 millones de animales, Estados Unidos debería ser un mercado natural para nuestra carne, por el precio competitivo, pues el costo de producción de nuestra ganadería en pastoreo es menor al de la ganadería texana a base de maíz; por nuestra calidad genética, por la cercanía a los puertos, etc.
Ese milagro, que no debería ser excluyente del mercado chino para la carne y para cualquier otro producto colombiano, no solo representaría un impulso transformador para la ganadería colombiana, sino un factor importante de diversificación de la canasta exportadora y de generación de divisas, además de un dinamizador del desarrollo rural para los departamentos caribes que cuentan con la ganadería como una de sus principales actividades productivas.
La solución definitiva a la trazabilidad con una reforma profunda del ICA, el fomento decidido a la Ganadería Sostenible y otros retos que no me caben en estas líneas, son parte de esa ganadería moderna y transformadora que hará parte del Campo Milagro que los productores agropecuarios, la población rural y el país se merecen.
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie
