* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 19 de junio de 2026).- Preguntado por un periodista de SEMANA sobre lo que sucedería si el presidente Petro no acepta los resultados de la segunda vuelta, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, dio una respuesta contundente que causó escozor en el Gobierno: “Hay que remitirse a la Constitución, artículo 217. Las Fuerzas Militares tienen UNA MISIÓN POR CUMPLIR y les corresponde (…) en cualquier escenario, cumplir la Constitución y la Ley”.

¿Qué dice el artículo 217?: “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

¿Por qué la pregunta del periodista? Era obvia, pues las declaraciones de Petro y de los voceros de la campaña de Cepeda son una amenaza cantada al orden constitucional.

Días antes, ante la infame utilización de imágenes de soldados mutilados para atacar la campaña de Abelardo, el general López, con la misma entereza con que le advirtió al Gobierno que las Fuerzas Militares defenderán el orden constitucional en cualquier escenario, le recordó a Gustavo Bolívar que los soldados “no son símbolos de una campaña política. Son héroes de la Nación” y exigió respeto a su servicio, sus familias y su sacrificio. Son dos expresiones de lo que, sencillamente…, es el honor del soldado.

La amenaza al orden constitucional ha sido una constante del gobierno Petro, exacerbada durante la contienda electoral, no solo por el impune desconocimiento de los resultados en primera vuelta, sino por sus declaraciones posteriores. Su agresivo discurso en Montería fue otra incitación al odio y la violencia, otro ataque a la ganadería y la propiedad de la tierra, otra cascada de insultos, otra descarada intervención en política y otra amenaza de desconocer los resultados: “Si ganan, estaré yo en las calles (…), otra vez a defender (…) las conquistas logradas con tanto esfuerzo, como para que una votación de un solo día las borre de un plumazo”. Habrá que recordarle a Petro que esa “votación de un solo día” es la expresión cimera de la democracia.

Bolívar, por su parte, volvió al ruedo en Valledupar con tono amenazante: “Los empresarios quedan notificados (…), de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”. Me pregunto si no será violenta una amenaza de incendio, a la cual se sumó Carlos Carrillo, quien abandonó sus responsabilidades de prevenir desastres para amenazar con provocarlos. Si gana De la Espriella, “Indudablemente, se va a incendiar el país”. Esas fueron sus palabras y lo dicho por ambos, dicho está…, como si nada hubieran aprendido del mortal atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Mientras Petro alebresta a sus seguidores con el regreso al Palacio de Nariño de “espectros de la muerte”, de “oligarcas y terratenientes, matarifes y genocidas”, arengas incendiarias que lindan con el Código Penal, y Carrillo le suma que “Si gana el fascismo (…) volveremos a un pasado donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, desde una cárcel en Bogotá, uno de esos “jóvenes populares”, amenaza con reeditar el “estallido social” –léase ataque terrorista– de 2021. “Todo comenzará desde el mismo día que ese man quede”.

Estamos avisados, pero las instituciones son más fuertes que la amenaza. El registrador Penagos, quien estaba en la misma rueda de prensa con el general y el ministro de Defensa entre los dos, como garante de los resultados electorales no dudó en instar públicamente al presidente a respetarlos.

Tanto el registrador, como el general López y los soldados y policías de la patria tienen una “misión por cumplir” frente a la amenaza. Confío plenamente en que la cumplirán.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 19 de junio de 2026).- Este domingo el sector rural no elegirá solamente un presidente. Elegirá entre dos visiones profundamente distintas sobre el futuro del campo: una que sigue apostándole a la redistribución de la tierra como eje del desarrollo rural y otra que prioriza la productividad, la seguridad jurídica, la infraestructura y la inversión como motores de prosperidad.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, resulta inevitable preguntarse qué le conviene realmente al campo colombiano. No se trata de una discusión ideológica ni de simpatías personales. Se trata de determinar cuál modelo ofrece mayores oportunidades para los productores, campesinos, ganaderos y empresarios rurales que todos los días enfrentan los desafíos de producir alimentos en medio de crecientes dificultades económicas, climáticas y de seguridad.

Durante décadas se nos ha dicho que la solución a los problemas del agro consiste en repartir tierras. Sin embargo, la experiencia demuestra que la tierra, por sí sola, no genera desarrollo. Una hectárea sin agua sigue siendo una hectárea seca, sin crédito sigue siendo improductiva, sin asistencia técnica produce menos, y sin vías para sacar la cosecha termina convirtiéndose en una promesa incumplida.

Por eso resulta válido preguntarse si la llamada reforma agraria ha logrado los resultados que se prometieron. Más allá de los anuncios oficiales, persisten interrogantes sobre el número de hectáreas efectivamente compradas, pagadas, formalizadas, adjudicadas y puestas en producción. Lo cierto es que el debate nacional continúa concentrado en las cifras de tierras entregadas mientras miles de productores siguen esperando acceso a crédito, sistemas de riego, asistencia técnica, conectividad rural, mejores vías terciarias, y comercialización.

Ese es precisamente el centro de la discusión.

La propuesta que representa Iván Cepeda mantiene como eje principal la profundización de la redistribución de tierras. Parte de una premisa comprensible: corregir desigualdades históricas en la propiedad rural. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿de qué sirve entregar tierra si no existen las condiciones para hacerla rentable y sostenible?

Del otro lado, la propuesta de Abelardo de la Espriella pone el énfasis en la seguridad jurídica, física, comercial y productiva, inversión, infraestructura productiva y el fortalecimiento de la actividad empresarial en el campo. Su planteamiento parte de una realidad económica elemental: la riqueza no se genera repartiendo activos improductivos sino creando las condiciones para que produzcan.

Y es precisamente allí donde muchos productores rurales encuentran una diferencia sustancial.

Hoy Colombia tiene oportunidades que hace apenas unos años parecían lejanas. El país ha logrado abrir mercados internacionales para la carne bovina, el ganado en pie, los lácteos, las frutas y otros productos agropecuarios. El desafío ya no es únicamente entregar más tierra; es producir más valor, más empleo y más exportaciones.

Sin embargo, para aprovechar esa oportunidad se requieren inversiones que siguen siendo insuficientes. Distritos de riego, reservorios de agua, electrificación rural, conectividad, vías terciarias, financiamiento oportuno, asistencia técnica, comercialización y seguridad para quienes producen. Esa es la verdadera infraestructura productiva que el campo reclama.

Además, el panorama climático obliga a actuar con urgencia. Los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y golpean con especial dureza a los pequeños productores. Sin sistemas adecuados de almacenamiento y manejo del agua, miles de familias rurales seguirán dependiendo exclusivamente de la suerte el comportamiento del clima y las oraciones a San Isidro Labrador.

Por eso considero que el debate rural de este domingo debe ir mucho más allá de la simple entrega de tierras. Lo verdaderamente importante es decidir qué modelo tiene mayores posibilidades de generar prosperidad y riqueza en el campo.

No cuestiono el derecho de los campesinos a acceder a la propiedad rural. Lo que cuestiono es la idea de que la propiedad, por sí sola, resolverá los problemas históricos del agro colombiano.

Entre una visión que sigue poniendo el acento en la redistribución y otra que prioriza productividad, seguridad jurídica, infraestructura e inversión, considero que el sector agropecuario tiene razones suficientes para respaldar la segunda.

Porque la tierra es importante, pero no es suficiente.

La tierra sin agua es incertidumbre. La tierra sin crédito es una limitación. La tierra sin seguridad es abandono. La tierra sin mercados es pobreza.

Y la tierra pelada, por sí sola, jamás ha producido el progreso que merece el campo colombiano.

Nota final: Quedan expuestos los elementos de juicio. Este domingo, vote pensando en el futuro de su familia, de su finca y del campo colombiano. No elija promesas; elija el modelo rural que considere más capaz de generar productividad, inversión, oportunidades y bienestar para quienes viven y trabajan la tierra.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 13 de junio de 2026).- Hoy creo en lo mismo que hace 12 años: “El imperio de la Ley como máxima norma de convivencia y “llave” de una paz perdurable; la seguridad para todos como derecho inalienable y bien fundante para cualquier proyecto de desarrollo y de Nación; el respeto a la legítima propiedad privada, la recuperación del campo como política de Estado…”

Así escribía en junio de 2014, en mi ejercicio semanal de compartir opiniones con los colombianos, cuando Santos, con altos niveles de desaprobación, buscaba reelegirse sometiendo al país a la encerrona de ser amigos o enemigos de la paz.

Para entonces, FEDEGÁN era víctima de una persecución oficial sin precedentes y ejemplo de lo que le esperaba a “los enemigos de la paz”, que no lo éramos, pero sí de las negociaciones que ofrecieron impunidad y acordaron una reforma rural con quienes habían destruido el campo y perseguido a los ganaderos durante décadas.

En noviembre de ese año, Santos aceptó la invitación a nuestro Congreso Nacional, solo para tratar de vender “su paz” e indisponer a los ganaderos contra su dirigencia gremial con una advertencia amenazante: “los gremios no están para hacer política”.

¿Por qué estas remembranzas? Primero, porque, entonces y ahora, mi credo es el mismo, sobre todo en la recuperación del campo como condición necesaria para la paz. No en vano, veinte años atrás, en noviembre de 2004, cuando me dirigí por primera vez a los ganaderos colombianos, afirmé que “La violencia nació, creció y está envejeciendo en el campo, y por ello, para ganar la paz, es preciso ganar el campo primero”.

Y segundo, porque, mal que le pese a Santos, reivindicamos el derecho en democracia de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los gremios, a asumir una “posición política” frente a quien los gobierna o los ha de gobernar. Lo contrario es mordaza…

Precisamente, en uso de ese derecho, la Junta Directiva de FEDEGÁN, con representación verdaderamente nacional, porque ganadería hay en todo el país, le expresó su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, considerando que, a la luz de sus propuestas, es quien mejor expresa los intereses y expectativas de la ganadería.

Sabemos que la recuperación del campo es la promesa gubernamental incumplida por antonomasia y que, dado el consecuente abandono en el que la violencia se volvió paisaje, cumplirla no es cosa fácil. No pedimos milagros a la “patria milagro”, pero sí derroteros claros y política pública con realismo y vocación de permanencia.

Pedimos la revolución de las vías terciarias, ancladas en el siglo XIX para conectar al campo con la Colombia urbana del XXI; y en la misma dirección, pedimos CONECTIVIDAD, una carencia vergonzosa y sintomática del abandono rural.

Pedimos crédito de fomento exclusivo para los eslabones primarios de las cadenas agroalimentarias, con asistencia técnica y condiciones acordes con el potencial agropecuario del país. Pedimos el rescate de AGROSAVIA y de los programas de Ciencia, Tecnología e Innovación que están en la base del desarrollo. Pedimos solución definitiva a la trazabilidad, que se atraviesa al potencial exportador ganadero.

Pedimos catastro y predial que consulten la realidad productiva de la tierra y, por supuesto, respeto a su legítima propiedad. Pedimos riego y servicios, educación y salud rural. En fin, pedimos devolverle al campo su dignidad como proyecto productivo y de vida.

Por ello, como también escribí en junio de 2018, cuando asomó por primera vez la amenaza socialista: “La segunda vuelta presidencial no puede ser, para los todavía indecisos, una escogencia menor, insignificante”.

Hoy añado: debe ser una decisión responsable. Nos va en ello la recuperación del campo y… la paz de Colombia.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 13 de junio de 2026).- “Los acuerdos se construyen entre diferentes. La obediencia se exige a los iguales. El mensaje de Iván Cepeda no revela una invitación al diálogo nacional; revela las condiciones que algunos parecen querer imponer para participar en él.”

Hay mensajes que duran un día en las redes sociales. Y hay otros que, sin proponérselo, terminan revelando una forma de entender el poder.

Cuando Iván Cepeda preguntó a quienes no comparten su visión de Colombia por qué no se van del país, probablemente creyó estar lanzando una provocación pasajera. Sin embargo, terminó exponiendo una contradicción mucho más profunda: la contradicción entre el llamado Acuerdo Nacional y la manera como parece concebirse al contradictor político.

Porque vale la pena preguntarlo con toda seriedad: ¿acuerdo con quién?

La pregunta surge a partir de un mensaje publicado recientemente por Iván Cepeda en la red social X, donde, acompañando una referencia musical, preguntó a quienes no comparten su visión de Colombia “¿por qué no te vas del país?”

Más allá de la intención que haya tenido al escribirlo, el mensaje resulta revelador porque permite formular una inquietud legítima: ¿qué lugar ocupan dentro del llamado Acuerdo Nacional quienes no comparten sus ideas?

Los acuerdos auténticos no se construyen entre quienes piensan igual. Para eso no se necesita negociar nada. Los acuerdos existen precisamente porque hay diferencias. Porque existen visiones distintas de país. Porque cada parte reconoce que la otra tiene derecho a existir, a opinar y a participar en igualdad de condiciones, porque en la diferencia está la esencia.

Por eso sorprende tanto que desde sectores que hablan permanentemente de reconciliación nacional, inclusión y construcción colectiva, surjan mensajes que parecen sugerir que quienes no comparten determinadas ideas simplemente deberían hacerse a un lado.

La pregunta no es por qué los contradictores no se van.

La pregunta es qué lugar ocupa dentro del proyecto político que se les propone.

Colombia es una nación plural. Millones de ciudadanos no comparten las tesis de la izquierda. Otros tantos no comparten las de la derecha. Otros se ubican en el centro, cambian de opinión, discrepan y participan del debate democrático sin aceptar dogmas de ningún sector.

¿También ellos sobran?

¿Están por fuera del supuesto acuerdo?

La democracia tiene una regla elemental: el opositor no es un enemigo que deba desaparecer. Es un ciudadano al que hay que convencer.

Por eso las palabras importan.

Porque revelan si el objetivo es persuadir o imponer. Muestran si el discrepante es visto como un interlocutor legítimo o como un obstáculo. Permiten distinguir entre quienes entienden la política como una competencia permanente de ideas y quienes parecen entenderla como un proceso de adhesión.

El campo colombiano ha aprendido, muchas veces a golpes, que las palabras de los dirigentes importan. Porque anticipan la forma en que entienden el poder; Revelan cómo ven a quienes producen, invierten, generan empleo, pagan impuestos o simplemente discrepancia; y ninguna actividad económica prospera cuando una parte de la sociedad comienza a ser tratada como si su opinión tuviera menos valor que la de los demás.

Los productores agropecuarios, empresarios, trabajadores y ciudadanos saben que el desarrollo no surge de la imposición.

Surge de la confianza, que solo puede construirse cuando existe respeto por quien piensa diferente.

Por eso el verdadero interrogante no es qué ocurrirá si un determinado candidato gana o pierde una elección.

En democracia todos debemos estar preparados para aceptar el resultado de las urnas.

La pregunta realmente importante es otra:

¿Qué lugar tendrán dentro del proyecto político que se propone los millones de colombianos que no comparten esa visión?

Porque un país puede sobrevivir a un mal gobierno, pero difícilmente sobrevive es la idea de que una parte de sus ciudadanos sobra.

La paradoja es evidente.

Se habla de Acuerdo Nacional mientras se descalifica a quienes no comparten una determinada visión del país.

Se invoca la inclusión mientras se envían mensajes de exclusión.

Se reclama pluralismo mientras se cuestiona la legitimidad de quienes discrepan.

No, Senador, quienes pensamos distinto no tenemos por qué irnos.

No porque seamos mayoría o minoría, ganemos o perdamos elecciones. Sino porque esta también es nuestra patria.

También la hemos construido, sufrimos sus crisis, celebramos sus triunfos. Tenemos derecho a participar en la definición de su futuro.

Porque Colombia “No” será más fuerte cuando todos pensemos igual.

Colombia será más fuerte cuando quienes pensamos diferente sigamos reconociéndonos como compatriotas. Ningún acuerdo nacional merece ese nombre si antes exige que una parte del país renuncie a su derecho de disentir.

Eso no es un acuerdo.

Es una orden.

Nota: La reflexión que origina esta columna surge a partir de una publicación realizada por Iván Cepeda en la red social X, disponible en: https://x.com/i/status/2063746989116793289

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Viernes 5 de junio de 2026).- La producción cafetera de mayo confirma lo que habíamos anticipado en nuestro informe anterior: la cosecha comenzó a ganar dinamismo. Durante mayo se produjeron en Colombia 1,06 millones de sacos, frente a 819 mil sacos en mayo de 2025, lo que representa un crecimiento de +29%.

Este resultado refleja la ralentización de la cosecha del primer semestre, retrasos observados en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que ha afectado amplias zonas cafeteras del país.

Sin embargo, aunque mayo presenta una recuperación importante, los indicadores acumulados continúan reflejando el impacto sobre la producción nacional. En los últimos 12 meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción alcanzó 12,6 millones de sacos, una disminución de -14%.

De igual forma, el año corrido registra una producción de 4,3 millones de sacos, frente a 5,3 millones de sacos en igual periodo de 2025, lo que representa una caída de -19%.

Las exportaciones de mayo alcanzaron 894 mil sacos, una cifra muy similar a la registrada un año atrás, cuando se exportaron 912 mil sacos. En el acumulado de los últimos 5 meses, las exportaciones suman 4,15 millones de sacos, con una disminución de -22% frente al periodo anterior.

La Federación consolida su posición, alcanzando una participación superior al 23% de las exportaciones totales del país en lo corrido del año.

Las importaciones estimadas de los últimos 12 meses se ubicaron en 1,42 millones de sacos, mientras que el consumo interno alcanzó 2,33 millones de sacos.

Seguiremos monitoreando con rigor técnico la evolución de la cosecha y las condiciones climáticas que la puedan afectar. Al igual que los impactos en el precio debido a la tasa de cambio y la cotización en la bolsa.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Rene Orellana Halkyer * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(FAO – Viernes 5 de junio de 2026).- El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nos convoca bajo una consigna tan simple como urgente: “Por el clima y la vida ya”. Producir alimentos para el presente y el futuro exige proteger la base natural que sostiene la vida: el suelo, el agua, los bosques y la biodiversidad. No puede haber seguridad alimentaria duradera en un planeta desestabilizado.

El cambio climático ya no es una amenaza lejana. Está modificando los ciclos de lluvia, degradando suelos, reduciendo la disponibilidad de agua y aumentando la frecuencia de fenómenos extremos que afectan a quienes producen nuestros alimentos. Cuando un bosque desaparece, cuando una cuenca pierde capacidad de regulación hídrica o cuando una tierra fértil se degrada, el impacto no es solamente ambiental: es económico, social y alimentario.

América Latina y el Caribe ocupa un lugar estratégico en esta discusión. La región alberga casi la mitad de los bosques tropicales del planeta, cerca del 60% de la biodiversidad terrestre y aproximadamente un tercio del agua dulce disponible para consumo humano. Esta riqueza natural constituye una enorme oportunidad, pero también una gran responsabilidad.

Responder a esta emergencia requiere gobernanza efectiva, financiamiento adecuado y cooperación más estrecha entre países. Sin embargo, en 2023 apenas el 4% del financiamiento climático internacional se destinó a la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura —los sectores que sostienen la vida de las comunidades más vulnerables. Cerrar esa brecha no es solo una cuestión de justicia: es una condición estructural para cualquier estrategia de adaptación que aspire a ser efectiva.

La buena noticia es que existen soluciones y que muchas de ellas ya están produciendo resultados concretos, con el esfuerzo de gobiernos, comunidades, productores, actores privados e instituciones que acompañan procesos de restauración y regeneración de los ecosistemas y de cuidado del medio ambiente.

Desde 2018, cerca de 700 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y del Fondo Verde para el Clima (GCF) han sido movilizados, con asistencia de la FAO, hacia programas vinculados a sistemas agroalimentarios en 31 países de la región. El lanzamiento del Tropical Forest Forever Facility en la COP30 de Brasil, al que la FAO ha contribuido activamente, abre además nuevas oportunidades para que la conservación de bosques tropicales genere beneficios concretos para las personas y los territorios.

En la Amazonía, la FAO trabaja junto a los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica para fortalecer la gobernanza forestal, los sistemas de monitoreo y las capacidades institucionales para acceder a financiamiento climático. Según el Observatorio Regional Amazónico, aunque en 2025 la deforestación cayó un 68% respecto a 2024, la amenaza sigue exigiendo una respuesta regional sostenida. La Amazonía, que alberga la mayor reserva mundial de carbono en biomasa forestal viva, es clave para cumplir el Acuerdo de París.

También hay resultados concretos sobre el terreno. En Bolivia, en el marco de un proyecto financiado por el GEF, 15 mil personas de pueblos indígenas de la región del Chaco realizan gestión sostenible del bosque en 60 mil hectáreas y sistemas agroforestales, agroecológicos, y silvopasturas en 40 mil hectáreas de tierra.

En Guatemala, el proyecto RELIVE beneficia directamente a más de 19 mil familias productoras —principalmente de comunidades mayas— mediante prácticas agroforestales, restauración de paisajes y gestión hídrica en 29 municipios del Corredor Seco, con proyección de más de 116 mil personas de forma indirecta. En El Salvador, el proyecto RECLIMA ha restaurado más de 34 mil hectáreas, entregado 3.197 sistemas de captación de agua lluvia y 2.392 de riego por goteo, y beneficiado a 50.000 familias en 114 municipios.

En Venezuela, el proyecto “Conservación y uso sustentable de la diversidad biológica en la cuenca del río Caroní” —financiado por el GEF con asistencia técnica de la FAO— promueve la restauración de ecosistemas junto a 44 mil integrantes del pueblo indígena Pemón, integrando conocimiento tradicional y enfoques de adaptación basada en ecosistemas en una cuenca que aporta el 70% de la energía hidroeléctrica del país.

En Chile, el Proyecto +Bosques —con financiamiento del GCF y apoyo de la FAO— ha comprometido el manejo sostenible y la restauración de bosque nativo con 17 mil hectáreas intervenidas, y beneficios directos para más de 7.600 personas. En el Caribe, Jamaica recibió en marzo de 2026 la primera inversión del GCF: USD 40 millones para el proyecto ADAPT Jamaica, implementado con apoyo de la FAO, y que alcanzará a más de 700 mil beneficiarios en seis parroquias responsables del 70% de la producción alimentaria nacional.

En México, Honduras y Panamá, proyectos financiados por el GEF apoyan la restauración de paisajes productivos, el manejo sostenible de bosques y la conservación de biodiversidad, fortaleciendo simultáneamente la seguridad alimentaria y la resiliencia climática de comunidades rurales. Y en la cuenca transfronteriza de Laguna Merín, entre Uruguay y Brasil, la cooperación binacional impulsada por la FAO y el GEF avanza en la gestión integrada de recursos hídricos compartidos, con un co-financiamiento de USD 77 millones de ambos gobiernos para proteger ecosistemas estratégicos de los que depende la producción agropecuaria regional.

La FAO impulsa también herramientas tecnológicas que potencian esta acción en territorio. SEPAL, permite el monitoreo de bosques, uso de suelos y restauración de paisajes, a través de una plataforma de código abierto adoptada por más de 100 países; y Open Foris facilita la recopilación y análisis de datos forestales por parte de comunidades, técnicos e instituciones.

Actuar por el clima implica invertir en los territorios, fortalecer la cooperación internacional y poner la ciencia y la innovación al servicio de quienes cuidan la tierra. América Latina y el Caribe tiene una riqueza ambiental extraordinaria y una responsabilidad compartida con el mundo. Cuidar sus bosques, agua, suelos y biodiversidad es una decisión estratégica. En este Día Mundial del Medio Ambiente, la invitación es clara: acelerar la acción, ampliar la cooperación, implementar medios tecnológicos y fortalecer las inversiones que permitan construir sistemas agroalimentarios más resilientes, inclusivos y sostenibles.

* Rene Orellana Halkyer (Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe).

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 5 de junio de 2026).- “La prensa”, que recibió su nombre del invento de Gutenberg en el siglo XV, fue creciendo hasta consolidarse como medio masivo en el XIX y convertirse en el “cuarto poder”, por su capacidad de “influenciar” la opinión, sobre todo en el ámbito político. 

Colombia no escapó a esa tendencia. Eran las épocas en que los grandes líderes políticos fundaron o adoptaron sus propios periódicos para difundir sus idearios. Hasta mediados del siglo pasado, la orientación electoral salía de los directorios políticos y sus periódicos. Eran las épocas en que los liberales votaban con el editorial de El Tiempo o El Espectador bajo el brazo, y de un dicho bogotano que le atribuía la última palabra al periódico conservador de la casa Gómez: “¿Quién lo dijo?; lo dijo el Siglo”.

Pero el mundo cambió hacia “la encuesta” como instrumento de orientación política, a partir del muestreo, la inferencia estadística y el procesamiento de datos. Lo que no cambió fue la tendencia a controlar la orientación política controlando el medio. De hecho, los últimos presidentes han tenido, cada uno, la encuestadora de su preferencia, y hoy cargamos “a cuestas” con la creciente desconfianza en las encuestas.

Así que el título de esta columna no obedece a mi gusto por los juegos de palabras, sino al debate encendido sobre las encuestas, su financiación y manipulación, en medio de un ambiente electoral enrarecido, una ley quizás inoportuna y excesiva –la Corte Constitucional le tumbó dos artículos–, y hasta camorras, como la protagonizada por la magistrada del Pacto Histórico en el CNE, pretendiendo silenciar a la empresa Atlas Intel por unos resultados que no favorecían a su candidato.

Atlas Intel es la encuestadora brasileña que utiliza modelos predictivos y tecnologías que se apartan de lo convencional y, por ello, lleva tres investigaciones “a cuestas”, a pesar de ser la única que acertó con el triunfo de Abelardo en primera vuelta, como también en su tendencia creciente durante el proceso, mientras las nacionales insistían en que solo Paloma Valencia tendría oportunidad contra Cepeda en una segunda vuelta.

Aunque el prestigio de Atlas Intel cuenta con los aciertos del triunfo de Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos, entre otros, mi intención no es exaltar a una empresa en demérito de otras, sino llamar la atención sobre nuevas realidades que afectan la validez de las encuestas tradicionales, cuando, hoy por hoy, una batería, bien paga también, por supuesto, de bots e influencers puede mover la opinión en redes en menos tiempo del que tarda la realización y publicación de una encuesta.

“Son las redes sociales, estúpido”, respondería Clinton si hoy le preguntarán dónde medir la opinión política. ¿Para que preguntarles a 2.000 personas y extrapolar el resultado, si millones expresan su opinión todo el tiempo y en tiempo real?

Atlas Intel, que avanza por esa ruta tecnológica de esa nueva realidad, no era muy conocida en el país, hasta que saltó a escena por el bochornoso asunto de la selección del candidato oficial del Centro Democrático, cuando el señor Uribe Londoño, en noviembre de 2025, saboteó el proceso cuestionando la decisión del partido de contratar una encuesta con la empresa brasileña.

Con argumentos espurios e insinuaciones falaces ponía condiciones y exigía transparencia, mientras, por la puerta de atrás, a través de sus “asesores”, intentaba contratar a la encuestadora que atacaba por la puerta de adelante, hasta que la empresa decidió salirse de semejante berenjenal de intrigas, alegando riesgos de reputabilidad. Quedará para la historia –habrá que contarla– que ese procesó terminó mal para el CD, socavó sus principios fundacionales y cercenó su vocación de poder.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 5 de junio de 2026).- “La salida de Felipe Harman de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), abre un interrogante que Colombia no puede ignorar: ¿hasta dónde llega la reforma agraria y dónde comienza la construcción de una poderosa maquinaria de movilización electoral?”

En Colombia la tierra nunca ha sido solamente tierra.

Ha sido riqueza, conflicto, poder y, muchas veces, la llave de acceso al poder político.

Por eso la salida de Felipe Harman de la ANT, para incorporarse de lleno a la campaña presidencial de Iván Cepeda, merece mucho más análisis del que ha recibido hasta ahora.

No estamos hablando de cualquier funcionario.

Estamos hablando del hombre que durante años dirigió la entidad encargada de administrar la información más sensible del país rural.

Información sobre propietarios que ofertaron sus predios al Estado, procesos de compra en marcha, tierras formalizadas, adjudicaciones realizadas, solicitudes pendientes.

Información sobre miles de familias que aún esperan una respuesta.

Ahí aparece la verdadera dimensión política del asunto.

Porque la reforma agraria no solamente ha movido tierras.

Ha movido expectativas.

Miles de propietarios rurales abrieron las puertas de sus fincas, entregaron información sensible de sus predios y se sentaron a negociar de buena fe con el Estado. Muchos de ellos aún desconocen el estado real de esos procesos o el destino que tendrán las negociaciones iniciadas.

Al mismo tiempo, miles de familias campesinas permanecen a la expectativa de una adjudicación, formalización o la oportunidad de acceso a la tierra.

Entre unos y otros existe un enorme universo de ciudadanos cuya relación con el Estado pasa directamente por la ANT.

Quien conoce ese mapa posee una ventaja política extraordinaria.

La elección presidencial llega a su momento definitivo con una diferencia inferior a setecientos mil votos a favor de El Tigre, Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda.

La contienda es tan estrecha que ningún sector social organizado es irrelevante.

Mucho menos el mundo rural.

Por eso la pregunta no es si Felipe Harman tiene derecho a participar en política.

Clarísimo que lo tiene.

La pregunta es otra.

¿Puede alguien que hasta ayer administraba la información estratégica de la reforma agraria convertirse hoy en uno de los principales operadores políticos de una campaña presidencial sin que el país se formule interrogantes legítimos?

No estoy afirmando que exista conducta ilegal alguna, manipulación alguna.

Estoy afirmando algo mucho más sencillo:

Felipe Harman probablemente conoce mejor que cualquier otro dirigente político dónde están concentradas las expectativas de acceso a tierra en Colombia, municipios, procesos, liderazgo, organizaciones, promesas cumplidas.

También conoce las promesas pendientes.

En política las expectativas suelen tener más fuerza que las realidades.

Quien ya recibió una respuesta puede sentirse satisfecho.

Quien todavía la espera suele estar dispuesto a movilizarse.

Por eso la discusión no debe centrarse únicamente en las tierras entregadas.

Debe centrarse también en las tierras ofertadas, negociadas o prometidas que continúan esperando una definición.

Allí puede encontrarse una de las claves electorales de esta campaña.

Porque la tierra siempre ha sido un instrumento de poder en Colombia.

Lo que está por verse es si terminará convirtiéndose también en el instrumento que incline la balanza de la elección más disputada de nuestra historia reciente.

Los propietarios que ofertaron sus predios tienen derecho a saber qué ocurrirá con los procesos iniciados.

Las familias campesinas tienen derecho a que sus expectativas no sean utilizadas como herramienta política.

El país entero tiene derecho a exigir que la institucionalidad permanezca por encima de cualquier interés electoral.

Cuando un hombre como Felipe Harman, abandona la entidad que administra ANT, para incorporarse a una campaña presidencial, el debate deja de ser agrario.

Se convierte en un debate sobre poder.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 29 de mayo de 2026).- Es mi pregunta de cada cuatro años desde hace más de veinte, junto con una convicción convertida en frase –“La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”–, quizás buscando convencer a candidatos y votantes de algo que, para mí, es obvio.

Para mí es obvio que la paz del silencio de los fusiles, la que se negocia o se impone, es apenas una condición para apagar el incendio de la violencia. De ahí que resulte obvio garantizar la seguridad rural como derecho fundamental y política de Estado, pues la paz verdadera, la del bienestar, no será posible en un campo infestado de ilegalidad y violencia, en vez de ser la locomotora del desarrollo muchas veces prometida y nunca cumplida.

Para mí es obvio que la causa de la pobreza rural, del narcotráfico y la violencia no es la tierra, como pretenden las narrativas de la izquierda para captar votos, alebrestar el odio entre colombianos y justificar la expropiación. La causa es el abandono estatal de la Colombia rural…, la Colombia de segunda.

Sin desconocer el derecho del campesino a la tierra, es obvio que una parcela no saca a nadie de la pobreza, sin los factores que la hacen rentable, además de su condición agrológica: vías, riego, crédito, asociatividad competitiva y proyectos productivos con asistencia técnica, que siempre han faltado, incluso en el convenio para compra de tierras ganaderas firmado entre el Gobierno y FEDEGÁN, al cual no le faltó presupuesto, pero si voluntad política, mientras se insistía en la expropiación administrativa sin recursos de defensa para los propietarios.

Por ello no entiendo las declaraciones de Iván Cepeda contra la ganadería extensiva, “ganadería verde” en pastoreo y hoy en franca transformación hacia la sostenibilidad ambiental, que hizo parte de los proyectos productivos elegibles en el Acuerdo que él mismo propició. Otra cosa es la ganadería en grandes extensiones y baja carga animal, improductiva sí, mas no siempre por negligencia ganadera, sino por la pobreza de los suelos, al punto que el gobierno mismo no quiso comprar tierras en buena parte de la Orinoquía de suelos ácidos; una región que podría ser despensa alimentaria, pero con un gigantesco programa estatal de adecuación de tierras, también muchas veces prometido y nunca cumplido.

Son muchas las necesidades del campo para seguir en el debate estéril de la tierra. De ahí que las candidaturas deben pasar de las promesas y los lugares comunes a las propuestas concretas, factibles y realistas frente a un abandono centenario; propuestas que abran caminos y demuestren que “sí se puede”; con recursos que no se desvíen y voluntad política que se anuncia en campaña y desaparece en el gobierno.

Para mí es obvio que la recuperación del campo empieza por una red vial terciaria digna, no para pobres, como todo lo rural, no de retazos de placa-huella y barrizales donde se entierran los vehículos… y la esperanza. No se trata de prometer kilómetros, sino de generar condiciones, de articular recursos nacionales, departamentales y locales; de contratar con eficiencia y vigilancia efectiva contra la corrupción.

Ante tantas y tan profundas carencias, también en educación, salud, vivienda, servicios básicos y mil cosas más, la urgencia en las soluciones es para mí una obviedad, aunque no parece serlo para algunos candidatos, a juzgar por el poco peso específico del campo en sus propuestas.

Por ello, mi voto será por la seguridad como bien público y condición de futuro, y guiado por mi convicción de que la paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo. Mi voto será por Abelardo de la Espriella.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 29 de mayo de 2026).- Mientras Colombia paga deuda al 14% para financiar gasto corriente, el pequeño productor sigue sin crédito, sin infraestructura y sin acceso real al desarrollo. El campo no necesita más discursos; necesita capital, tecnología y seguridad para producir riqueza.

El sector agropecuario colombiano enfrenta una realidad que ya no admite discursos románticos ni improvisaciones ideológicas: el Estado perdió capacidad financiera para impulsar por sí solo la transformación rural que el país necesita.

En mayo de 2026 el Gobierno Nacional realizó la mayor colocación de TES de la historia reciente: COP 6 billones. Lo realmente preocupante no fue el monto, sino las tasas. Colombia salió a endeudarse pagando entre 13,9% y 14,79%, niveles que no se veían desde hace décadas.

Ahí nace una pregunta inevitable: si el propio Estado colombiano tiene que pagar intereses cercanos al 14% para conseguir liquidez, ¿cómo pretendemos que el pequeño productor agropecuario consiga crédito barato para sembrar, tecnificarse o crecer?

Cada punto adicional en el costo de la deuda pública termina convirtiéndose en menos crédito, menos infraestructura y menos competitividad para el campo colombiano.

Por eso el debate rural debe cambiar urgentemente. Colombia no puede seguir administrando pobreza rural mediante subsidios temporales mientras abandona la construcción de riqueza productiva.

La verdadera transformación del agro pasa por atraer capital nacional y extranjero bajo condiciones serias de seguridad física, jurídica, financiera, comercial y productiva.

El pequeño productor no necesita convertirse en dependiente eterno del Estado; necesita vías, agua, tecnología, mercados y financiación competitiva.

Hoy el principal cuello de botella no es la falta de tierra. Es la ausencia de infraestructura productiva. Los costos logísticos internos en Colombia pueden superar el 17% del valor del producto, muy por encima de países agroexportadores más eficientes. En muchas regiones no es más caro producir; es más caro sacar la producción.

Ahí está una de las grandes tragedias silenciosas del campo colombiano.

La solución exige visión de largo plazo. Colombia necesita contratos de estabilidad jurídica agroindustrial a 15 y 20 años que le garanticen al inversionista reglas claras y confianza para desarrollar proyectos de riego, agroindustria, almacenamiento, transformación y exportación.

El Estado no tiene hoy cómo financiar solo esa infraestructura. Por eso las Alianzas Público-Privadas rurales deben convertirse en prioridad nacional.

El caso de la Represa El Cercado, sobre el río Ranchería, demuestra el enorme potencial que seguimos desperdiciando. El sur y la media Guajira tienen ubicación estratégica sobre el Caribe, cercanía relativa a puertos internacionales y condiciones extraordinarias para convertirse en un corredor agroindustrial exportador.

Pero seguimos aplazando el desarrollo por falta de visión.

Mientras otros países convierten zonas áridas en potencias alimentarias mediante tecnología y manejo eficiente del agua, Colombia desperdició años alejándose de aliados estratégicos como Israel, referente mundial en riego tecnificado, reutilización hídrica y agricultura en condiciones extremas.

La verdadera soberanía alimentaria no se construye aislándose de la tecnología mundial, sino aprovechándola inteligentemente.

Y esta transformación debe tener al pequeño productor como protagonista. El campesino debe integrarse a cadenas agroindustriales modernas mediante agricultura por contrato, cooperativas exportadoras, asistencia técnica y acceso real a tecnología y mercados.

La FAO ha advertido que las alianzas público-privadas son fundamentales para movilizar inversión agrícola en países con restricciones fiscales y altos riesgos productivos.  Colombia hoy reúne exactamente esas dos condiciones.

Si logramos atraer capital, garantizar estabilidad jurídica y modernizar la infraestructura rural, el impacto podría transformar regiones enteras: más empleo formal, más exportaciones, más agroindustria y verdadera seguridad alimentaria.

Porque el futuro del campo colombiano no puede seguir dependiendo de una chequera estatal agotada, sino de la capacidad del país para sembrar confianza y cosechar desarrollo.

PD.: De nuevo les recuerdo: “Las heridas que más demoran en sanar, son las que se causan entre hermanos”.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu