* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de febrero de 2026).- La izquierda y muchos politiqueros que “aparecen en elecciones… prometiendo puentes donde no hay ríos”, como cantaba el maestro Arnulfo Briceño, manipulan “causas buenas” para buscar el favor del voto y, ya elegidos, para conservar el poder con el erario a su disposición.

¿Quién podría estar en contra de que un anciano necesitado reciba una mejor mesada? Nadie, pero… si hay con qué pagarla.

¿Quién podría estar en contra de que un obrero de salario mínimo reciba un incremento que le permita mayor bienestar? Nadie, pero… si hay con qué pagarlo.

¿Quién podría estar en contra de que el Estado ofrezca miles de empleos a personas que no lo tienen? Nadie…, pero si realmente se necesitan y… si hay con qué pagarlos.

¿Quién podría estar en contra de que se decrete la emergencia económica, social y ecológica en departamentos con miles de damnificados por inundaciones? Nadie. De hecho, un periodista me lo preguntó y estuve de acuerdo, sobre todo en Córdoba, el departamento ganadero que sufrió los mayores destrozos.

Un decreto de emergencia, que entrega al Ejecutivo poderes extraordinarios, es una autorización para adoptar, también por decreto, las medidas para atenderla. Estos decretos, sin embargo, no son cheques en blanco, pues son “legislativos” y tienen control constitucional automático.

Ahora bien, quizás nadie esté en contra de la emergencia en este caso, pero…, como ese estado de excepción permite arbitrar los recursos necesarios, ya sea vía endeudamiento, impuestos o reducción del gasto, el “pero” está en lo que finalmente haga el Gobierno.

Empezamos mal, porque, a pesar del clamor nacional contra la corrupción y el derroche, para un gobierno populista la reducción del gasto no es una opción, y menos en esta época preelectoral, cuando ha sido descarada la orientación política del gasto público.

La Contraloría encontró que, solo en enero, antes de entrar en vigor la Ley de Garantías, que nada garantiza, pues hace años le hicieron su trampa, este gobierno batió récord de “contratación electoral” con 164.813 contratos por la bicoca de 14,9 billones. Súmenle ahora los 325.000 empleos públicos creados durante 2025. Costosa democracia…

Como no había con qué pagar subsidios absurdos, como el millón por no matar, ni justificables, como el de los ancianos, ni el ajuste al mínimo a empleados públicos y pensionados, ni los 325.000 empleos, el Gobierno exprimió el endeudamiento, que pasó de $804 a $1.180 billones entre agosto 2022 y octubre 2025. ¿Qué hizo con esos 376 billones de deuda nueva? Buena pregunta. Costosa democracia…

¿Qué le queda al Gobierno? Los impuestos. Sin que se secara la tinta del decreto de emergencia, el ministro de Hacienda anunció el Impuesto al Patrimonio a las empresas, del 0,6% a partir de patrimonios líquidos de 200.000 VT, equivalentes a más o menos $10.000 millones, que parece mucho, pero, aunque en Colombia las empresas se clasifican por las ventas, ese patrimonio está entre el rango superior de las pequeñas y el inferior de las medianas, que generan un porcentaje importante del empleo formal.

Después del costoso ajuste al mínimo, el impuesto al patrimonio para algunas pequeñas empresas y todas las medianas, puede llevar al cierre a muchas de ellas y perderán el empleo miles de personas sin influencias para contratar con el Estado, así toque votar por quien sea.

Es un sacrificio no presupuestado que el Gobierno no le puede pedir a las empresas, acabando de despilfarrar casi 15 billones en contrataciones que son una burla a la Ley de Garantías y, como lo solté en una columna anterior, sin eufemismos, una descarada compra de votos y una lesión enorme a la democracia. Costosa democracia…

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 13 de febrero de 2026).- “El alza del precio de la carne bovina en Colombia no es abuso ni especulación: es el reflejo de una carne sostenible, competitiva y cada vez más demandada en el mundo. Forzar su abaratamiento hoy implica sacrificar productividad, sostenibilidad y futuro ganadero.”

En Colombia se repite, con ligereza, desconocimiento y mala fé en muchos casos, que la carne bovina “se encareció” y que alguien debe intervenir para bajarla. Ese relato ignora una verdad esencial: la carne colombiana está empezando a valer (De Valores), lo que realmente es. Y eso incomoda.

Hablemos claro. Nuestra carne sigue siendo barata en el mercado internacional y también frente a varios países de América Latina. No somos caros hacia afuera. Lo que ocurre es que el mundo está comprando lo que durante años producimos bien y vendimos barato. Ese cambio, inevitablemente, tensiona el mercado interno.

Colombia posee un hato ganadero importante a escala mundial, con capacidad estructural para atender el consumo nacional, exportaciones de carne y ganado en pie. Pero la ganadería no es una fábrica. Es biología. No responde de inmediato. La reposición toma tiempo. Cuando la demanda externa crece de manera sostenida —como hoy— el ajuste se refleja en el precio.

Las cifras respaldan esta realidad. En 2025, las exportaciones ganaderas cerraron cerca de USD 400 millones, con más de 33.000 toneladas de carne y vísceras, y más de 210.000 cabezas de ganado en pie enviadas a mercados como Medio Oriente y Norte de África. Para 2026, Fedegán y Aexgán proyectan crecimiento, con China como mercado de alto potencial si el país mantiene estabilidad sanitaria y logística.

No es casualidad. La carne colombiana tiene ventajas comparativas reales: es ganado a pasto, agua y sal; sin anabólicos; con bienestar animal; con una huella ambiental menor frente a sistemas intensivos. Es carne sostenible. Eso que antes se llamaba atraso, hoy es un activo estratégico en un mercado global que exige sostenibilidad y trazabilidad.

Pretender bajar el precio sacrificando al productor es un grave error. Sacrificar el precio hoy es sacrificar competitividad mañana. Es renunciar a mercados abiertos, debilitar la reputación del país y desmontar un modelo productivo que el mundo está empezando a reconocer.

Se habla entonces de controles de precios, de subsidios o de importar carne barata. Como ganadero antes que abogado lo digo sin rodeos: los controles de precios no crean carne; crean escasez. Y los subsidios mal diseñados no bajan precios: aplazan el problema y quiebran al productor.

Importar carne más barata sí puede bajar el precio rápido, pero a un costo alto: traer carnes de menor calidad, producidas bajo modelos que Colombia ya superó. Eso golpea al ganadero nacional y diluye el valor de nuestra carne. Es pan para hoy y ruina para mañana.

Si de verdad se quiere aliviar el bolsillo del consumidor sin destruir el sector, el camino es otro: mejorar productividad, logística y eficiencia, no castigar precios. Reducir costos de transporte, cerrar brechas entre productor y consumidor, fortalecer frigoríficos regionales y apoyar la inversión productiva. Ahí el Estado puede ayudar sin distorsionar.

Hay avances que deben consolidarse. SINIGÁN V6 es un paso serio para la trazabilidad real del hato, indispensable para exportar, combatir el contrabando y ordenar el mercado. Aún hay fallas y baja adopción, pero el rumbo es correcto. Lo mismo ocurre con prácticas como el silvopastoreo, que mejora productividad, captura carbono y hace resiliente la ganadería frente al clima. Eso se protege con reglas claras, no con populismo.

La discusión de fondo no es si la carne “está cara”. La discusión es si Colombia va a proteger un filón estratégico o lo va a rematar por presión política. Porque cuando se castiga al productor, el precio no baja: el alimento desaparece.

Nuestra carne cuesta lo que vale (De Valores).

Defender ese valor es defender la ganadería del futuro.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu