* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Neil Eduardo Bustamante Sanchez * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(NB – Lunes 16 de marzo de 2026).- La baja en el precio de la leche y del queso se siente el doble cuando al mismo tiempo sube el salario mínimo, suben los combustibles, suben los medicamentos, suben los insumos y todo lo que necesitamos para producir.

El ganadero siempre ha sido el que aguanta, el que se ajusta, el que busca cómo seguir trabajando, el que no se rinde fácil. Cada problema lo soportamos y tratamos de buscarle salida, pero llega un momento en que uno se pregunta: ¿y ahora qué alternativa nos queda?

Lo que está pasando con el cierre del ferry de Salamina por parte de Corpamag es otro golpe más, y un golpe fuerte. Aquí no solo se afecta el ganadero que transporta leche todos los días o el que saca queso cada semana, también se afecta el que lleva ganado para sacrificio, el que trae concentrado, el que tiene que movilizar un enfermo, el que necesita ir a Barranquilla a un tratamiento, a una diálisis o a una cita médica.

Uno a las entidades no les está pidiendo que le resuelvan la vida al productor, pero por lo menos que no le estorben.

Cuando una autoridad toma una decisión sin dar una alternativa, termina siendo parte del problema.

La pregunta que muchos nos hacemos es si los daños y perjuicios que se están causando se pueden reclamar, porque cuando una decisión administrativa afecta la economía de toda una región, alguien tiene que responder.

Las pérdidas económicas no pueden quedar en el aire, y si por falta de previsión llegan a ocurrir situaciones graves o hasta fatales, eso también debería investigarse.

Lo lógico sería que la entidad responda por los perjuicios causados, y que, si hubo negligencia o mala decisión, exista también la acción correspondiente para que respondan los funcionarios responsables, como lo permite la ley.

Este no es un reclamo con rabia, es un llamado con respeto, pero con firmeza.

El campo no puede seguir cargando solo con todos los problemas, mientras las decisiones se toman desde un escritorio sin mirar la realidad de la región.

Ojalá se revise esta situación y se busquen soluciones rápidas, porque aquí no se está afectando a uno solo, se está afectando a toda una comunidad que vive del trabajo diario.

* Neil Eduardo Bustamante Sanchez, ganadero, criador de búfalos (El Encanto Negro).

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 13 de marzo de 2026).- La persecución a la tierra en el gobierno Petro se convirtió en poco menos que un trágico sainete en tres actos:

Primer acto: Mayo 2023. El instrumento:  dos “micos” en la Ley de Plan. El argumento: “Facilitar la compra de tierras por oferta voluntaria”. La trampa: No era venta voluntaria, sino extorsión al propietario: o me vende la tierra…, o se la quito. ¿Cómo?: Sacando a los jueces del camino y dejando al propietario sin recursos de defensa, a merced de una decisión de la Agencia Nacional de Tierras.

Epílogo: Julio 2024. La Corte Constitucional declaró inexequibles los micos, al constatar que eran vicios “insubsanables, que afectaron gravemente el principio democrático (…), implicaron una elusión del debate respecto de la modificación del procedimiento único regulado por el Decreto Ley 902 de 2017 (…) En consecuencia, los procesos agrarios continuarán rigiéndose por el Decreto Ley 902 de 2017, expedido con el objeto de implementar el Punto 1 sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz”.

Segundo acto: Agosto 2024:  Léase: Me importa un comino la Corte Constitucional. El instrumento: El mismo mico con la misma trampa, ahora en el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Agraria, con un parágrafo que le entrega a la ANT las decisiones sobre procesos agrarios mediante acto administrativo, con lo cual se deroga de facto la Fase Judicial del Decreto Ley 902/17 para proteger los derechos del propietario. Además, una pregunta de bulto: Si el Gobierno presenta un Proyecto que define las competencias de los jueces agrarios, ¿por qué en el mismo proyecto se las quita para dárselas a la ANT?

Epílogo: En las consultas previas se logró, en principio, conservar la fase judicial de los procesos agrarios. Sin embargo, el riesgo persiste, mientras el Gobierno presiona para que el Congreso culmine el proceso legislativo, en el que todo puede pasar.

¿Por qué la desconfianza? Porque, en el entretanto, el Gobierno abre el telón al tercer acto: Febrero 2026. El instrumento: El Decreto 174/26, con medidas que afectan la propiedad rural. El argumento: una “buena causa”, la emergencia declarada en la costa Caribe. La trampa. La misma, derogar por la puerta de atrás la fase judicial de los procesos agrarios establecida en un Decreto Ley que, como anota la Corte, fue expedido a raíz del Acuerdo Final de Paz, del que tanto se exige su cumplimiento.

En esta ocasión, sin embargo, al Gobierno se le fue la mano, no solo al insistir en violar el derecho a la defensa, quitándole a los jueces competencias que les corresponden, para dárselas a la ANT, sino por la pretensión “delirante”, como la calificó el expresidente de la Corte, José Fernando Reyes, de hacer por decreto su reforma agraria en 15 días, atropellando también las competencias de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

Al proceso “expedito” –super exprés– del artículo 8°, le queda corto el calificativo del expresidente de la Corte: Apertura y notificación en 5 días; 5 días para aportar o solicitar pruebas –un atropello a la defensa–; omisión de pruebas, como la inspección física de predios, a discreción de la ANT; decisión de fondo en ¡3 días calendario!; Radicación calificación y registro de instrumentos en no más de un día.

El artículo 7° también expresa tan delirante pretensión de eficiencia: La ANT, podrá, ¡en un solo acto!, comprar tierra, registrar el negocio, incorporar el predio al Fondo de Tierras y hasta adjudicarlo a los beneficiarios. ¡Fácil!

Epílogo: Este país sería un paraíso si persiguiera la corrupción y castigara a los bandidos con la misma eficiencia con que se pretende atropellar la propiedad privada de la tierra.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 13 de marzo de 2026).- “Colombia habla de soberanía alimentaria, pero importa la base de su sistema productivo. El verdadero problema del agro colombiano no es la tierra: es la productividad.”

Colombia discute soberanía alimentaria mientras los barcos descargan maíz, trigo y soya en sus puertos.

La escena resume una paradoja nacional: un país con millones de hectáreas de vocación agropecuaria que depende crecientemente del exterior para sostener su sistema alimentario.

En Colombia la política suele moverse entre consignas. El campo, en cambio, se mueve con cifras.

Al cierre de 2025 el país importó entre 12 y 13 millones de toneladas de granos y oleaginosas, principalmente maíz, trigo y soya, insumos esenciales tanto para el consumo humano como para la producción pecuaria.

El contraste con la producción nacional es revelador.

Colombia produce apenas cerca del 20 % del maíz que consume, lo que significa que aproximadamente el 80 % del maíz utilizado en la economía proviene del exterior. En el caso del trigo, la dependencia es aún mayor: más del 95% del trigo consumido en el país es importado.

En soya y sus derivados, fundamentales para la fabricación de alimentos balanceados, la producción nacional es marginal, lo que obliga a importar prácticamente la totalidad de la torta de soya utilizada en la alimentación animal.

En otras palabras, buena parte de la proteína que produce el país —pollo, cerdo, huevos y leche— depende de granos que llegan en barcos desde el exterior.

La pregunta entonces es inevitable:

¿Puede hablarse de soberanía alimentaria cuando la base del sistema productivo depende del exterior?

El error del debate agrario

En el debate público colombiano, el atraso del campo suele explicarse casi exclusivamente por la distribución de la tierra.

Pero el problema estructural del agro colombiano es más complejo.

Colombia dispone de millones de hectáreas con vocación agropecuaria y, aun así, la productividad de buena parte de esas tierras sigue estando muy por debajo de los estándares internacionales.

Dicho de otra manera:

Colombia no tiene un problema de tierra. Tiene un problema de productividad.

Reducir el debate rural a la redistribución de la tierra, sin una política integral de productividad, corre el riesgo de crear una ilusión de solución donde en realidad persiste el problema.

Entregar tierra sin riego, sin vías terciarias, sin crédito, sin asistencia técnica y sin acceso a mercados no transforma al campesino en productor competitivo. Con frecuencia lo deja atrapado en economías de subsistencia que apenas permiten sobrevivir, pero no superar la pobreza rural.

Peor aún, una política de tierra sin productividad puede trasladar nuevas cargas económicas y fiscales a pequeños productores que difícilmente podrán sostenerlas.

La tierra sin productividad no saca al campesino de la pobreza: lo condena a la subsistencia.

La discusión que Colombia debe dar

Paloma, Abelardo: El verdadero cuello de botella del agro colombiano está en la infraestructura productiva que nunca llegó.

Durante décadas el país descuidó los elementos básicos que determinan cuánto puede producir una hectárea: distritos de riego y drenaje, vías terciarias, acceso al crédito productivo, infraestructura de comercialización y adopción tecnológica.

Sin resolver estos factores estructurales, ninguna política rural producirá alimentos en la escala que el país necesita.

Colombia tiene tierra, tiene productores y tiene vocación agrícola. Lo que no ha tenido es una política consistente de productividad rural.

Por eso hoy el país importa la mayor parte del maíz que consume, prácticamente todo el trigo que transforma y la soya que alimenta su producción pecuaria.

La verdadera discusión del agro colombiano no es ideológica.

Es productiva.

Porque la soberanía alimentaria no se proclama en discursos ni se decreta en reformas.

Se construye haciendo que la tierra produzca.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu