* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 19 de septiembre de 2025).- Como opositor al gobierno del cambio de Gustavo Petro, he defendido con rigor la soberanía colombiana contra cualquier injerencia externa. Pero el estallido presidencial del 17 de septiembre contra Estados Unidos —calificando la descertificación de 2025 cómo “grosería imperial” y “chantaje vulgar”— no es defensa patriótica; es un desahogo irresponsable que enmascara fracasos propios.

Petro no solo detuvo compras de armamento estadounidense y acusó a la oposición de “cipayismo traidor“, sino que culpó al “consumo yanqui” de nuestra plaga narco, obviando que Colombia genera el 70% de la cocaína global.

Esta retórica incendiaria no resuelve crisis; las agrava. Exijo, confrontar la verdad con datos implacables, no con victimismos estériles. Y los números desarman su ilusión.

La descertificación, decretada el 16 de septiembre por el Departamento de Estado en la era Trump, no es arbitrariedad; es un instrumento legal estadounidense —supervisado por su Congreso— que ata ayudas a la cooperación efectiva contra el narcotráfico, tal como impulsó el Plan Colombia. Petro la dramatiza como agresión, pero calla que su “paz total” ha coincidido con un rebrote narco sin precedentes. En su post, distorsiona la historia al atribuir el pico a Duque: la ONU lo refuta categóricamente. Bajo su mando, el flagelo no se contiene; se desboca.

Contemplemos los indicadores del Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC y el Ministerio de Defensa. Comparo 2022 (transición duquista) con estimaciones hasta agosto de 2025 (datos preliminares oficiales). El incremento es alarmante y revela la ineficacia de políticas tibias:

2022:  230.000 hts sembradas.

2025 (hasta ago., est.): 300.000.

Variación: +30.4%

Producción Potencial 2022: 1.738 Tns Métricas

Producción Potencial 2025: 2.800 Tns Métricas

Variación: +61.1%

Productividad por hectáreas:

2022: 7.56 Kilos Hectárea

2025: 9.33 Kilos Hectárea

Variación: +23.4 %

Incautaciones

2022: 671 Tns

2025: 750 Tns,

+11,8% (pero solo ~27%  de producción y no con el 61.1% de aumento a la fecha)

Fuentes: UNODC (2023-2025) y MinDefensa

En 2022, ya había un alza; Petro juró sustitución voluntaria y erradicación sin glifosato. ¿Balance? +30,4% en hectáreas, avivado por la paralización de fumigaciones y treguas con disidencias que blindan cultivos en “zonas de diálogo”. La productividad escaló 23,4% por semillas híbridas narco, no por “miseria campesina” como proclama. Las incautaciones, récord en 2024 (884 TM), apenas arañan el 27% de la oferta —un espejismo de control.Este colapso no es “herencia gringa”, como brama Petro. Es negligencia doméstica: su aversión a extradiciones plenas, indultos a peones narco y énfasis en “derechos” por sobre inteligencia han empoderado carteles. En 2023, la producción ya brincó 53%; ahora, con Trump en la Casa Blanca, su embestida verbal —tachando de “mentirosos” a diplomáticos y de “vendepatrias” a disidentes— nos aísla fatalmente. ¿Suspender adquisiciones bélicas? Eso desarma a nuestra Fuerza Pública ante un enemigo voraz.

Peor aún: esta deriva antiestadounidense coquetea con un abismo mayor. Si el apoyo político de Petro al régimen de Maduro evoluciona a respaldo militar —como ha insinuado en cumbres chavistas—, y Washington interviene armadamente en Venezuela para desmantelar la dictadura, Colombia podría salir en defensa de Caracas. Imaginen: Petro alineándose con el Cartel Soles, EE.UU. no dudaría en etiquetarnos como aliados activos del Régimen Venezolano e incluirnos como parte de los Soles, imponiendo sanciones devastadoras —congelación de activos, bloqueo comercial y descertificación perpetua—. Nuestras exportaciones colapsarían, la inversión huiría y el PIB se hundiría en recesión profunda. No sería soberanía; sería suicidio geopolítico, arrastrándonos al ostracismo hemisférico junto a un tirano en agonía.

Señor Petro: la descertificación punza porque es meridiana. Abandone los improperios y negocie. Un Plan Colombia 2.0, podría revitalizar el comercio, la inversión y la seguridad compartida. Imagina un enfoque en inteligencia cibernética contra cárteles transnacionales o en energías renovables para reducir la dependencia del petróleo. Sería una señal de que Colombia sigue siendo un socio estratégico para Washington, con desarrollo integral y seguridad férrea, robustecería nuestra alianza vital con el principal socio comercial. Como opositor, no anhelo su ruina; demandamos gobernanza responsable.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 19 de septiembre de 2025).- “Hoy hablamos al corazón de Colombia”. Así inicia la sentencia condenatoria a los miembros del secretariado de las Farc por una variedad de crímenes de guerra y de lesa humanidad que agotan el Código Penal. Sin embargo, para ajustarse a la realidad debería iniciar, más bien, con la frase: “Hoy estafamos a Colombia”, pues la sentencia no es otra cosa que “la gran estafa” a las víctimas y al país, para cerrar, por fin, el capítulo anunciado de la vergonzosa impunidad de la “justicia especial” que Santos anunció como novedosa y única en el mundo…, tanto que daba para Nobel por parte de sus socios suecos en el proceso de negociaciones instalado en Oslo en octubre de 2012.

Y si digo “por fin” es porque han transcurrido siete años que suman 1.834 días hábiles, para que, con una planta actual (Acuerdo AOG 004 de 2025) de 1.456 empleados y a un costo que ya supera los 3 billones, esta magnífica justicia que enorgullece a Santos lograra establecer la culpabilidad de unos criminales que la justicia ordinaria no solo había investigado hasta la saciedad, sino también juzgado y condenado.

Para la muestra, el botón de Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, director del Partido Comunes, quien se sentó a conversar con el gobierno Santos con circular roja de Interpol, recompensa de Estados Unidos por 5 millones de dólares, 182 procesos judiciales abiertos en Colombia, 141 órdenes de captura, 57 medidas de aseguramiento y 13 condenas que ya sumaban ¡448 años de prisión!

¡Vaya si la sacaron barata! 448 años en la cárcel contra apenas 8 años de “sanciones propias”, como responsables de 21.396 secuestros que incluyeron, en muchos casos, asesinato, tortura, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros. Tendrán algunas limitaciones de movilidad que nos les impiden el ejercicio de la política, mientras participan en proyectos restaurativos “que integran medidas diferenciadas, legítimas y contextualizadas, orientadas a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social, la restauración ecológica y la dignificación de las víctimas”.

Es una jerga que eufemiza tan horrendos y numerosos crímenes, y esconde la más escandalosa impunidad, en una pieza judicial que compite en extensión con aquella de la jueza Heredia que sirvió para el efecto contrario de condenar a un inocente: Álvaro Uribe Vélez. En 663 páginas, 1.773 consideraciones y 131 numerales en su parte resolutiva, se extienden 91 órdenes diferentes a todas las instancias del Estado, ya sea para garantizar el cumplimiento de las sanciones o la salud, la seguridad y el bienestar de los sancionados, y muchas sin relación alguna con la sentencia, entre las cuales se esconde, por supuesto, la llave para cerrar por dentro la puerta de la impunidad y “advertir” (Num. 126) que toda investigación o condena de la justicia penal ordinaria queda subsumida y absorbida por este remedo de justicia.

Algunas observaciones finales: La primera: que la JEP se cuidó de expedir a la vez la sentencia a los 12 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, igualmente extensa, aunque sin adornos retóricos al corazón de Colombia, y ante la cual no sobra recordar que la misma JEP estableció que los llamados “falsos positivos” no fueron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática. La segunda es una ocurrencia: Si todos los presos del país, condenados por menos delitos y mucho menos graves, pudieran acudir a los tribunales invocando el derecho a la igualdad ante la justicia, las cárceles… se desocuparían.

La tercera es de Ripley. El presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas de opereta. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie