* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 8 de mayo de 2026).- En 2019, el gobierno Duque le restableció a FEDEGÁN la administración de la parafiscalidad ganadera y sus obligaciones en materia de salud animal, después de que, en 2016, Santos se las arrebatara por una persecución con motivaciones políticas. En tres años de administración directa del Ministerio de Agricultura a través de una figura espuria, entre muchos daños a la ganadería se registraron dos de gran calado: el primero fue la pérdida del estatus de país libre de fiebre aftosa, que se logró recuperar en 2020.

El segundo fue un sorprendente crecimiento del hato que reñía con los índices históricos de natalidad. La respuesta la dieron los resultados del primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa de 2019, con hallazgos, principalmente en zona de frontera, que presenté personalmente al presidente, la Fiscalía, la POLFA y el ICA, de predios con incrementos de más de 1.000 animales frente al ciclo anterior, y “fincas nuevas” con altísimos inventarios. No sé en qué pararon las investigaciones, pero la ilegalidad promovida desde el Estado permitió el ingreso de contrabando de más de 6 millones de animales, un negocio de aproximadamente 3.200 millones de dólares de la época.

Así empezaron los entuertos de la trazabilidad ganadera, un sistema de control sanitario que registra los principales eventos de un animal (nacimiento, vacunación, movilización y muerte); entuertos que hemos intentado enmendar en una acción conjunta del ICA, Ministerio de Agricultura y FEDEGÁN, después del “desguace” –así lo calificó una exgerente del ICA– del sistema durante la administración Santos, que permitió, además, el crecimiento del sacrificio clandestino, también apalancado en el cierre masivo de plantas por parte del INVIMA.

¿Por qué, después de 7 años de esfuerzos conjuntos, no ha podido operar la trazabilidad? ¿Cuál es la dificultad, hoy con mayores recursos tecnológicos, incluida la IA? La respuesta puede estar en que, además de su función de control sanitario, en Colombia la trazabilidad coadyuva al control de conductas ilegales que implican riesgo sanitario, como contrabando, abigeato, movilización y sacrificio ilegal de ganado y comercialización ilegal de carne, actividades asociadas al lavado de activos que rondan los 18 billones de pesos anuales.

Algunas precisiones sobre las competencias: La trazabilidad es competencia exclusiva del ICA, aunque antes de los atropellos de Santos podía ser delegada, como sucedió en 2002, cuando FEDEGÁN desarrolló el primer SINIGAN y lo administró con éxito, al igual que la expedición de Guías Sanitarias de Movilización, hasta 2012 – 2013, cuando ambos convenios fueron rescindidos.

Por mandato legal, FEDEGÁN opera los ciclos semestrales de vacunación contra Fiebre Aftosa, una operación de alta complejidad logística con coberturas actuales del 99% a partir de poblaciones marco establecidas por el ICA, con un nivel de confiabilidad que le permite a FEDEGÁN – FNG ser proveedor de información del DANE sobre inventario bovino y bufalino, certificado bajo Norma de Calidad NTC – PE 1000 – 2020.

Finalmente, aprecio la valiente honestidad de la gerente del ICA, Paula Andrea Cepeda, al reconocer públicamente las inconsistencias históricas de información reveladas por la FM con tono algo alarmista, a partir de la filtración de un informe interno del ICA. Aprecio también el reconocimiento de las dificultades iniciales de la nueva plataforma, SINIGAN 6, propias de este tipo de mutación, que han causado molestia entre ganaderos, plantas de sacrificio, subastas y demás integrantes de la cadena.

Pero más allá de la honesta aceptación, aprecio y me sumo al “honesto compromiso” para superar las dificultades y recuperar la confianza en la información.

La trazabilidad sigue siendo una necesidad y un reto para la modernización ganadera. De ahí el valor del compromiso ante las dificultades que no faltan.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 8 de mayo de 2026).- En plena antesala electoral, el Gobierno decidió intervenir el mercado ganadero con una medida de claro corte populista: restringir la exportación de ganado en pie para intentar bajar el precio de la carne. El problema es que no solo parte de un diagnóstico equivocado, sino que termina golpeando al pequeño productor, distorsionando el mercado y abriendo un frente jurídico innecesario para el país.

No es una medida aislada. Es la continuación de una línea: un gobierno de izquierda que ha tratado al ganadero como el enemigo a vencer. Ya nos golpearon con el precio de la leche, rezagado frente a los costos, y ahora avanzan sobre el ingreso clave del pequeño productor.

El gobierno decidió intervenir el mercado ganadero con una medida que, presentada como alivio al consumidor, termina golpeando al productor y desordenando toda la cadena: arancel del 10% a la exportación de ganado en pie, cupos, límites de edad, aportes y condicionamientos al Fondo de Estabilización de Precios.

La justificación es conocida: Las exportaciones estarían presionando el precio interno de la carne. El famoso 7.9%.

Este dato no resiste contraste.

Colombia tiene un hato de más de 30 millones de cabezas de ganado. Las exportaciones en pie rondan 230 mil animales al año. Eso es mucho menos del 1% del hato nacional.

No hay forma técnica, ni seria, de sostener que ese volumen marginal esté desabasteciendo el mercado interno o explicando el alza de precios de la carne en el gancho.

Eso lo entiende cualquiera que haya pisado un corral. No el qué toma decisiones desde cómodos escritorios en Bogotá. Lo entendemos los que calzamos botas pantaneras llenas de boñiga y barro.

Porque una cosa es modelar el mercado en un Excel, otra muy distinta es conocer cómo funciona la cadena en la práctica: ciclos ganaderos, tiempos biológicos, decisiones de retención de vientre y liquidez del pequeño productor.

El país hoy tiene un hato mayor que hace algunos años, sin embargo, exporta menos que su potencial.

La pregunta es elemental:

Si hay más ganado y las exportaciones son marginales, ¿dónde está realmente la presión sobre los precios?

No es en la exportación.

Está en la estructura del mercado interno.

Hoy, en Colombia, del precio del kilo de carne en el gancho, mostrador o góndola, al ganadero le llega menos del 50%. El resto se queda en intermediación, informalidad y fallas de comercialización. En Brasil captura cerca del 80% del precio al público.

Ahí está la distorsión.

Corregirlo exige trabajo técnico, decisiones difíciles y conocimiento del sector.

Intervenir en exportaciones, en cambio, es fácil. Y políticamente rentable a menos de un mes de las elecciones.

¿A quién golpea esta medida?

No afecta al gran exportador. Le pega duro al pequeño ganadero, que representa más del 80% del sector ganadero en Colombia, que vive de la leche y que depende de vender su becerro a fin de año, entre 160 y 200 kilos, su “Prima de Navidad”, para sostener su flujo de caja.

A ese becerro hoy le están bajando el precio, la prima se la están quitando, la están expropiando en la práctica.

Al pequeño ganadero lo están dejando sin margen, sin esa válvula de escape. Lo van a quebrar.

Quienes diseñan estas medidas, en muchos casos no han tenido que entrar a un corral y lidiar con un ternero en levante, ni entender que una decisión de política mal tomada se traduce en meses, o años, de pérdida al ganadero.

Así es como se cometen errores graves.

Y tampoco funciona por el lado del consumidor.

El Gobierno ignora un factor determinante: La demanda. El aumento del salario mínimo este año elevó la capacidad de consumo. Más demanda sobre una oferta relativamente rígida presiona los precios al alza.

Esto no se corrige cerrando exportaciones, se corrige aumentando la productividad.

Pero eso toma tiempo, no da los réditos electorales inmediatos qué busca Petro.

La contradicción es mayor cuando se mira la política comercial del propio Gobierno.

Se abrió el mercado China en este gobierno, Medio Oriente, Egipto entre otros, se hizo el trabajo diplomático y sanitario ahora, con ese esfuerzo hecho, se pretende restringir las exportaciones con intereses populistas electorales.

Los mercados no se abren para luego restringirlos.

Si así se hace, se pierden, recuperarlos toma años.

El frente jurídico es igual de delicado.

El proyecto de decreto introduce restricciones cuantitativas y cargas a la exportación qué violentan compromisos de la OMC, y el GATT 94, sin evidencia sólida de una circunstancia excepcional como la seguridad alimentaria.

En el plano interno, aunque la medida tenga presunción de legalidad, es perfectamente cuestionable ante el Consejo de Estado.

La desviación de poder, usar comercio exterior para intervenir precios internos, no es menor.

El resultado:

Demandas multimillonarias contra el Estado qué terminaremos pagando todos.

Síntesis: Estamos frente a una política construida desde los escritorios en Bogotá, que se pagará en las fincas ganaderas.

No es la exportación la que encarece la carne.

No es la tierra.

El problema de fondo es la productividad, la estructura de comercialización y la eficiencia del sistema.

Pero en lugar de corregir eso, el Gobierno opta por intervenir, restringir y castigar.

Es populismo económico en clave electoral para apoyar al candidato del Gobierno, imponiendo restricciones que afectan al pequeño ganadero.

Y como suele pasar con estas decisiones:

El que termina pagando no es el burócrata. Somos nosotros, los pequeños ganaderos, que sabemos cómo huele el campo, el barro y la boñiga, que hoy, una vez más, quedaremos asumiendo el costo de un error de política pública.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu