* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de agosto de 2026).- Un terremoto no pregunta quién gobernaba cuando se deterioraron las finanzas públicas o quién se robó los recursos para gestionar esos riesgos imprevisibles de la naturaleza. Simplemente llega, destruye y obliga al Estado a responder.

¿Qué será de los recursos para reconstruir?  Más allá de lo que investiguen los organismos de control, el Libro de la Verdad, resultado de un inédito empalme unilateral, tiene respuestas preocupantes sobre dos asuntos que considero estratégicos: las finanzas públicas y el campo.

Primero las finanzas. A mayo de 2026, la caja del Gobierno era de $16 billones de pesos, frente a niveles históricos de entre $30 y $40 billones, con una proyección para fin de año de apenas $7,1 billones.

El “déficit primario”, que arroja la diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta sin el servicio de la deuda, pasó del 0,3% en 2023 al 3,4% en 2025, es decir, se multiplicó por diez y significa que Petro gastó 63 billones más de lo que recibió. El déficit total fue del 6,4% del PIB en 2025, el más alto en décadas, con excepción de 2020, del 7,8% por efectos de la pandemia, el mismo nivel que se estima para 2026. Sin duda, Petro resultó peor que la pandemia.

La deuda pública creció más de 360 billones, pero como el problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta deber, esa deuda, concentrada en pesos con tasas entre 13 % y 15%, más del doble de las tasas de la deuda externa, solo en 2025 costó 105 billones.

Y ahora vayamos al campo, estratégico por varias razones: Porque su recuperación es condición necesaria para acabar con el narcotráfico y su violencia, más allá del esfuerzo del Estado por perseguir el delito. Porque, ante la situación de las finanzas públicas, no podría ser que la recuperación del campo siga en la lista de las cosas por hacer. Y, finalmente, por el enorme potencial de la producción agropecuaria como factor de recuperación económica. 

Sin embargo, durante cuatro años se habló de reforma agraria y de millones de hectáreas, un contexto en el que FEDEGÁN firmó con el gobierno un Acuerdo de Tierras para la compra de predios ganaderos. Sin embargo, ese proceso de compra y redistribución con proyectos productivos quedó enredado en la burocracia y hasta en sospechas de corrupción.

El Libro de la Verdad registra un caso ilustrativo: La Agencia Nacional de Tierras le anticipó un billón de pesos a la SAE por 537 predios, pero a diciembre de 2025 apenas tres tenían títulos y no podían ser adjudicados formalmente. Al finalizar el gobierno, el 56,2% de las hectáreas reportadas como entregadas tampoco tenían titularidad.

Muy grave, porque una cosa es entregar tierra y otra crear propietarios y productores. Sin título no hay seguridad jurídica; sin ella no hay crédito y, sin crédito, vías, servicios, asistencia técnica y mercados; una parcela entregada modifica una estadística, pero no saca a nadie de la pobreza.

De esa toma de conciencia deben partir los grandes cambios de la política agropecuaria: menos preocupación por contar hectáreas y más por convertirlas en factor de generación de ingreso y bienestar.

Colombia necesita empresas rurales rentables; aprovechar mejor cada hectárea y producir alimentos para los colombianos, para exportar y generar empleo. Necesita un Estado que facilite la generación de riqueza rural, para que el campo deje de ser parte del problema y recupere su vocación de parte sustancial de las soluciones.

Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es poco menos que… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de agosto de 2026).- En la entrega anterior dejamos una conclusión clara: sin seguridad no hay confianza; sin confianza no hay inversión; y sin inversión no hay competitividad.

Ahora debemos dar el siguiente paso.

Colombia tiene tierra, agua, productores y mercados. Lo que nos falta es construir la infraestructura productiva que permita convertir esos activos en productividad, rentabilidad, empleo y seguridad alimentaria.

Esa infraestructura descansa sobre cuatro pilares: agua para producir, vías para conectar, crédito para invertir y mercado para vender. Y los cuatro tienen algo en común: requieren una inversión estratégica del Estado.

Agua para producir

Colombia no vive simplemente entre inviernos y veranos. Vivimos entre El Niño y La Niña: sequías intensas cuando falta agua y lluvias capaces de inundar cuando sobra.

Sin embargo, de los 18,4 millones de hectáreas susceptibles de adecuación de tierras, apenas el 6 %, alrededor de 1,1 millones, cuenta con este servicio. La adecuación comprende riego, drenaje y protección contra inundaciones.

El agua no se espera: se almacena, se regula, se conduce y se utiliza.

Necesitamos una política nacional de grandes inversiones en almacenamiento, riego y drenaje. No solamente para enfrentar las sequías, sino también para manejar los excesos de agua que periódicamente destruyen cultivos, vías e infraestructura rural.

Otros países entendieron hace décadas que la ingeniería hidráulica también es política agropecuaria. Perú desarrolló Chavimochic; Brasil hizo grandes obras de integración hídrica en el São Francisco; Israel convirtió la escasez en tecnología, y Chile construyó sistemas de conducción y riego que ampliaron su capacidad productiva.

¿Por qué Colombia tiene que resignarse a mirar desde la orilla?

Propuestas como Diamante Caribe deben estudiarse con visión de Nación: no como obras aisladas, sino como oportunidades para convertir agua disponible en productividad, empleo y desarrollo regional.

Vías para conectar

El segundo pilar son las vías secundarias y terciarias.

Una finca sin carretera no está realmente conectada a la economía. Por esas vías entran semillas, fertilizantes, maquinaria y alimentos para los animales; y salen leche, carne, frutas, hortalizas y cosechas.

El DNP ha señalado que, de los 142.284 kilómetros de vías terciarias, apenas 19% está en buen estado; 41% en estado regular y 40% en mal estado. Además, cerca del 70% está en afirmado, 24% en tierra y apenas 6% pavimentado.

Eso no es solamente un problema de infraestructura.

un impuesto silencioso al productor.

Cada kilómetro deteriorado aumenta los costos de transporte, dificulta sacar la cosecha, encarece los insumos y reduce la competitividad.

Por eso no necesitamos simplemente kilómetros de carreteras. Necesitamos vías productivas, priorizadas por las hectáreas que conectan, la producción que movilizan y el costo que permiten reducir.

Crédito para invertir

El tercer pilar es la financiación.

Aquí debemos dejar de medir el éxito únicamente por el número de operaciones.

La pregunta verdaderamente importante es:

¿Qué proporción del valor total del crédito agropecuario llega realmente al pequeño y mediano productor?

El actual ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lo planteó en mayo de este año: de los $16,9 billones desembolsados entre enero y abril de 2026, el 74,3% fue a grandes empresas, mientras los pequeños productores, que representaron el 72% de las operaciones, recibieron apenas el 15,6% del valor desembolsado. Sus créditos promedio rondaron los $24 millones.

Las cifras obligan a una reflexión:

No basta con decir que el crédito llegó al pequeño productor. Hay que preguntar cuánto dinero llegó realmente.

Un crédito de corto plazo que apenas permite sobrevivir a una cosecha no transforma una explotación rural en una empresa competitiva.

Necesitamos financiación acorde con los ciclos productivos, tasas razonables, plazos adecuados y garantías que permitan invertir.

Finagro, Banco Agrario, el Fondo Agropecuario de Garantías, las aseguradoras y los intermediarios financieros deben formar parte de una verdadera arquitectura de financiación rural.

Mercado para vender

El cuarto pilar es el mercado.

No podemos seguir sembrando primero para preguntar después quién compra.

Agricultura por Contrato demostró que es posible ordenar la producción alrededor de la demanda. Durante el gobierno de Iván Duque, la estrategia vinculó a más de 241.000 productores de los 32 departamentos y generó ventas cercanas a $1,6 billones en 2021.

El trabajo de Juan Gonzalo Botero en esa estrategia merece ser reconocido, retomado y ampliado.

Pero vender en Colombia no es nuestro único desafío.

Queremos exportar.

Y para eso necesitamos un ICA fuerte en sanidad animal, sanidad vegetal, trazabilidad y admisibilidad sanitaria.

El mercado internacional no se conquista con discursos.

Se conquista cumpliendo protocolos.

De estos cuatro pilares se desprende todo lo demás: mecanización, agricultura de precisión, tecnología, asistencia técnica, transformación agroindustrial, cadena de frío y valor agregado.

Pero aquí está el punto que no podemos seguir ignorando:

La infraestructura productiva no es gasto público. Es inversión productiva.

Cada hectárea que deja de depender exclusivamente de la lluvia, cada finca que queda conectada al mercado, cada productor que obtiene crédito adecuado y cada cosecha que tiene comprador antes de ser sembrada, aumenta la capacidad productiva del país.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto cuesta construir esa infraestructura.

La verdadera pregunta es:

¿Cuánto le cuesta a Colombia no construirla?

El productor puede invertir en su finca, mejorar su ganado, comprar maquinaria o sembrar. Pero no puede construir solo un distrito de riego, una red nacional de vías terciarias, un embalse multipropósito o una infraestructura nacional de logística y exportación.

Eso es tarea de Nación.

El Estado debe estructurar estas inversiones, participar en su financiación y atraer capital privado nacional y extranjero, concesiones, alianzas público-privadas y tecnología internacional.

No estamos hablando de gastar por gastar.

Estamos hablando de invertir para producir.

Colombia no necesita un campo subsidiado para sobrevivir.

Necesita un campo productivo para competir.

Y quienes conocemos el campo sabemos que esa transformación no comienza en los despachos ministeriales de Bogotá.

Comienza donde están el agua, la tierra, el productor y el riesgo empresarial.

Comienza, como siempre lo he sostenido, entre el barro y la bosta.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Nota de cierre: El sector agropecuario necesita un ICA fuerte, técnico, eficiente y orientado a resultados. Por eso considero que sería una excelente decisión que el doctor Juan Gonzalo Botero Botero asumiera su dirección. Su experiencia pública y privada, su formación profesional y, sobre todo, la solvencia y compromiso demostrados en las responsabilidades que ha desempeñado, son prenda de garantía para recuperar el liderazgo de una entidad estratégica para la sanidad, la productividad y la conquista de nuevos mercados para el campo colombiano.