* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 4 de abril de 2025).- Como si fueran poco para el país la violencia desatada por el ELN en el Catatumbo y la de todos los grupos armados ilegales que siguen dorándole la píldora al Gobierno con su falso compromiso con la paz, mientras persisten en la guerra entre ellos y contra el país, un nuevo factor de violencia coge cada día más fuerza, con el apoyo del Gobierno, no reconocido, pero evidente: las guardias campesinas e indígenas.

El país está agobiado por la violencia. El secuestro regresó para quedarse. El viernes pasado visité al ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en Río de Oro, Cesar, en noviembre de 2024 y canjeado miserablemente en marzo por su hermana Clara, “retenida” por la fuerza. Antier nomás, cinco ganaderos también fueron “retenidos” en Casanare, investigados y procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por tener presuntos tratos con las disidencias de las FARC.

La extorsión, ese impuesto oculto que aterroriza y enmudece a sus víctimas, hoy afecta por parejo a productores rurales y emprendedores urbanos, en tanto que el abigeato es pan de cada día y, de un tiempo para acá, la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, hoy unidos en las Brigadas Solidarias y los Frentes Solidarios de Seguridad creados por FEDEGÁN, cuyo apoyo presencial a los afectados y su colaboración con las autoridades ha evitado invasiones o logrado el desalojo pacífico.

Tres factores se repiten en las últimas invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de algunas ONG que reúnen a comunidades rurales bajo la bandera de la “recuperación de la tierra”, como el llamado “Coordinador Nacional Agrario”, CNA, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi a finales de marzo, cuando los invasores  desarrollaban, según el CNA, “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.

Segundo: la presencia de agitadores profesionales enviados para difundir consignas comunistas (lucha de clases, anticapitalismo, la tierra para el que la trabaja, etc.), con el fin de exacerbar el odio contra los propietarios legítimos y, por esa vía, inducir las invasiones.

Tercero:  las Guardias Campesinas que, al igual que las indígenas, tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.

En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era con suficiencia en el artículo 64 original, como también los indígenas, a quienes la Carta del 91 los llenó de garantías para el uso y el abuso.

Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.

Tienen, además, justicia especial y el último regalo les llegó con el gobierno Duque, que abrió la llave de la contratación directa con sus organizaciones, por donde se han escurrido más de ¡537 mil millones de pesos! durante el gobierno Petro, para comprar apoyo callejero a sus reformas cuando y donde se necesite, y para generar ese ambiente de inestabilidad y “estallido” permanente, con el que ya ganó y espera ganar en 2026 para seguir gobernado en cuerpo ajeno.

Indígenas y campesinos… ¿acaso un nuevo poder para sostener la revolución petrista?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 4 de abril de 2025).- El departamento del Cesar se convirtió en el laboratorio donde las fuerzas al margen de la ley impulsaron la implementación de las propuestas de campaña del presidente Petro, quien plantea la tierra como un medio de producción para sacar de la precariedad a las clases rurales menos favorecidas, aquellas que no poseen tierra productiva o la tienen en cantidades insuficientes. Un ejemplo claro ocurrió el 21 de julio de 2022 en Curumaní, cuando fue ocupada ilegalmente la finca La Oka S.A.S. Los ganaderos del Cesar respondieron al llamado de Fedegán para rodear y apoyar a las autoridades y a la fuerza pública en la aplicación de la normatividad vigente. Este esfuerzo conjunto logró el desalojo de los ocupantes ilegales y marcó el nacimiento de las “Brigadas Solidarias Ganaderas”. A través de esta iniciativa, ganaderos de diversas regiones de Colombia acuden en apoyo de sus colegas ante la invasión de sus predios. Hasta la fecha, esta cooperación ha demostrado ser una respuesta contundente y efectiva frente al ataque constante contra la propiedad privada rural.

Durante el 39º Congreso Ganadero, en noviembre de 2022, el doctor José Félix Lafaurie, a solicitud del presidente Petro, fue designado como miembro negociador del gobierno en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo de facilitación entre Fedegán y el Ejecutivo, mediante el cual los ganaderos agremiados se comprometieron a vender tierras al Estado para que este las redistribuyera entre la población rural más necesitada. Como resultado de esta intervención, se han presentado hasta la fecha 1.434 fincas con una extensión total de 605.067 hectáreas. De estas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adquirido 62 predios, equivalentes a 19.887,8 hectáreas, y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 predios adicionales. En total, son 110 predios con un área de 42.944,54 hectáreas, todos ofertados por los ganaderos mencionados.

A pesar de estas cifras, resulta incomprensible que el 14 de marzo de 2025 el presidente Petro haya arremetido nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes que se niegan a vender sus tierras al Estado para implementar la Reforma Agraria. Esta reforma, según se plantea, se limita a la entrega de tierras sin la integralidad necesaria para que sean productivas y generen ingresos sostenibles a sus nuevos tenedores, más allá de una economía de mera subsistencia. Los discursos de Petro han encontrado un eco profundo y extendido en la población campesina, que ha retomado las vías de hecho, como la invasión, la ocupación ilegal y el avasallamiento de predios, ya sea por iniciativa propia, engaños o presiones de grupos al margen de la ley.

Hemos sido testigos de ocupaciones ilegales en el Cesar, como las de los predios La Sonora en Pailitas, “Las Carmelas” en la vereda Begonia, y el Centro de Investigación La Motilonia de Agrosavia, ambos en Codazzi, en las faldas del Perijá. Muchos de los ocupantes afirman haber sido víctimas de engaños y falsas promesas, creyendo que esas tierras ya pertenecían a la ANT.

Invito a reflexionar sobre las consecuencias que traería la aprobación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria, actualmente en trámite en el Congreso, tal como lo plantea el gobierno de Petro. Este proyecto coloca al campesino como sujeto de especial protección por parte del Estado, generando una asimetría procesal a su favor y estableciendo jueces agrarios que, en muchos casos, podrían estar ideológicamente sesgados. De concretarse, la protección constitucional del derecho a la propiedad privada (Art. 58 de la Constitución) desaparecería para los inmuebles rurales dedicados a la actividad agropecuaria.

Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales, ajustados de manera desproporcionada, parecen diseñados para forzar la entrega de predios en dación en pago, lo que constituye una forma de expropiación indirecta. Es imperativo recordarle a la ANT y al Ejecutivo que estos avalúos, establecidos por el IGAC, representan el precio mínimo de negociación para que el Estado adquiera la propiedad de predios rurales. Si no han logrado cumplir con las compras bajo los avalúos anteriores, mucho menos lo harán con los nuevos, que en muchos casos se han incrementado hasta diez veces su valor previo. Seamos sensatos: no se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu