* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 17 de octubre de 2025).- Me sorprendieron las declaraciones de la vicerrectora de la Universidad Nacional, relatando como, ante la repentina invasión del Congreso de los Pueblos, esa amalgama de minorías protegidas que, sumadas, ya no lo son –indígenas, campesinos, afros y organizaciones sociales–, decidió preguntar en ministerios y agencias del Estado y ninguna entidad sabía de reunión o evento alguno.

¡Nadie sabía! Dos mil personas llegaron a Bogotá desde diferentes regiones, atravesaron la ciudad y cayeron en la Universidad Nacional de madrugada y a nadie le pareció extraño. ¡Qué raro! Dos mil personas en buses grandes necesitarían 40 por lo menos, y caminando son muchedumbre. No todas “se hospedaron” a las malas en la Universidad, sino que se distribuyeron en otros cinco sitios en la ciudad para armar cambuches, bloquear avenidas y ensuciar muros con sus consignas de “Aquí en la lucha”. 

Que peco de suspicacia retorcida me dirán desde la izquierda, pero algo no huele bien en esta movilización, que me recuerda los comienzos de la toma narcoterrorista disfrazada de “estallido social”. 

Primero: los motivos. Suenan a telón de utilería, como la reforma de Carrasquilla. Para Bernan Garcés, representante de las comunidades negras, el propósito es dialogar con el Gobierno “sobre cuál es el mapa político actual de Colombia y cuál es la nueva Colombia que se está planteando desde los pueblos”. Es aún más extraño que el Congreso de los Pueblos, conformado mayoritariamente por comunidades campesinas, indígenas y negras que no viven en las ciudades, se vengan a Bogotá dizque a un “gran plantón para exigir una reforma urbana integral y popular”. ¡Qué raro!

Segundo: la posición del gobierno, que no solo ha apoyado y financiado estas movilizaciones, sino que ha rechazado cualquier insinuación de infiltración terrorista, como lo hizo con sus muchachos héroes de la Primera línea, ahora sale a declarar, a través de Benedetti, que hay “estructuras criminales” detrás de las tomas. ¡Qué raro!

Me suena que el ministro, experto en la ambivalencia, está haciendo el papel del malo para despistar, pues para el gobierno es más que oportuna la presencia del Congreso de los Pueblos en la capital, mientras se discuten la reforma pensional y la de salud.

Tercero: los vasos comunicantes. No hay hechos aislados en la acción perturbadora de la izquierda. Mientras unos indígenas, campesinos y afros se toman instituciones y bloquean calles en Bogotá; otros indígenas, campesinos y afros bloquean una vez más la vía Panamericana, generando caos y enormes perjuicios al país. ¡Qué raro!    

Cuarto: la organización. ¡Y qué organización! La movilización, la dotación de carpas y vituallas, la toma sincronizada de diferentes puntos en la ciudad. Que no vengan a decir ahora que se trata de una manifestación espontánea del pueblo. Y a propósito: ¿Quién la financia? ¡Qué raro!

Ni qué decir de su principal vocera, Erika Prieto, quien hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador del Pacto Histórico, Robert Daza, es decir, que es empleada pública. Buen tema para la Procuraduría. Con un discurso perfectamente alineado con el de Petro sobre el fascismo, el antiimperialismo, la codicia capitalista y el poder popular, esta mujer comunista y locuaz andaba por Venezuela en enero, en la posesión de Maduro y en el “Festival Mundial Antifascista” de Caracas, donde tuvo la cachaza de declarar, entusiasmada hasta las lágrimas, que “La democracia venezolana es la más fuerte y real del continente”.

La nuestra “está en peligro”, como bien titula María Fernanda Cabal su último ensayo – los invito a leerlo –, en el que desenmascara la amenaza comunista que se ha instalado en Colombia y pretende perpetuarse…, si se lo permitimos en 2026.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 17 de octubre de 2025).- El gobierno de Gustavo Petro, fiel a su zurdopatia, persigue con obsesión la “reforma agraria” a costa de la propiedad privada rural. Lo que llaman “acceso a la tierra” no es más que un eufemismo para expropiaciones disfrazadas, violando principios constitucionales y derechos humanos fundamentales.

Cómo profesional del Derecho, veo en estos intentos un asalto sistemático al Estado de Derecho, documentado en normas y jurisprudencia que el Ejecutivo ignora con sarcástica arrogancia. Analicemos las intentonas que le han fracasado, desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) hasta la reciente demanda de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que busca eliminar la doble instancia judicial en procesos agrarios.

Históricamente, las reformas agrarias en Colombia han sido un fracaso rotundo: el Incora, la reforma de Lleras Restrepo y la Ley 160 de 1994 prometieron equidad, pero solo generaron burocracia y corrupción. Bajo Petro, el acuerdo de octubre 2022 con Fedegán para ofertar 3 millones de hectáreas a precios justos parecía un respiro. De 605.000 hectáreas ofertadas, la ANT solo adquirió 19.800 y 23.000 comprometidas sin pagar. Esta lentitud no es casual; es pretexto para justificar medidas autoritarias que devalúan la tierra y facilitan expropiaciones.

El primer intento fallido vino en la Ley de Jurisdicción Agraria, donde un artículo sobre “expropiación exprés” fue eliminado tras concertación, reconociendo su inconstitucionalidad. Pero el gobierno no se rindió. En el PND Colombia Potencia Mundial de La Vida 2022-2026 (Ley 2294/2023, Artículo 32), introdujo las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZEAPPA) y Áreas Prioritarias para la Producción de Alimentos (APPA). Estas figuras permiten al Estado direccionar, centralizar la dirección económica del suelo rural, al mejor estilo soviético, determinando usos permitidos, restringidos o prohibidos en municipios específicos.

Invadiendo las competencias municipales (Ley 388/1997) y devaluando los predios al limitar su explotación libre, abriendo la puerta a expropiaciones por incumplimiento (Ley 160/1994, Arts. 32 y 39). La Corte Constitucional, en sentencia C-467/2023, declaró inexequible una figura similar (ZEAPPA) por violar la autonomía territorial y el derecho de propiedad (Const. Art. 58), que exige expropiación “sólo” por utilidad pública o interés social, con indemnización previa y judicial.

¿Coincidencia? Más bien, un plan para empobrecer a los propietarios y forzar ventas baratas al Estado. No contentos, expidieron el Decreto 033 de 2025 (enero 17), que “agiliza” negociaciones directas de predios rurales.

En 82 municipios pilotos (Antioquia, Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar), los vendedores deben notificar a la ANT ventas superiores a 2 Unidades Agrícolas Familiares (UAF), otorgándole opción privilegiada de compra. Si el vendedor se retracta, opera la expropiación (Ley 160/1994, Arts. 32 y 39). Esto interrumpe transacciones privadas, genera inseguridad jurídica y reduce valores de mercado, violando el principio de libre contratación (Const. Art. 333). Sarcásticamente, el gobierno llama esto “reforma integral”, pero es una intervención socialista extrema, que asfixia el mercado rural.

El colmo: el 24 de julio de 2025, la ANT, dirigida por Juan Felipe Harman Ortiz, demandó la inconstitucionalidad de 12 artículos del Decreto Ley 902/2017 (que creó el Fondo de Tierras del proceso de paz con FARC), lo grave, por reparto quedó al Magistrado Vladimir Fernández, representante del Gobierno Petro en la Corte Constitucional.

Artículos demandados fueron: 36 (parcial), 47, 56, 57 (parcial), 58 (parcial), 60 (parcial), 61 (parcial), 74 (parcial), 75, 76 (parcial), 79 y 80 limitan el poder de la ANT al exigir fase judicial en procesos de clarificación, extinción de dominio y entrega de tierras. La ANT busca declarar inexequible esta etapa hasta que funcione la Jurisdicción Agraria, permitiéndole decidir sin revisión judicial inmediata.

Esto viola el principio de doble instancia, consagrado en la Constitución (Art. 31: toda sentencia es apelable, salvo excepciones legales) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH, Art. 8.2.h: derecho a recurrir ante juez superior).

La CIDH ha reiterado que este derecho es esencial para el debido proceso, evitando abusos administrativos (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004). En Colombia, la Corte Constitucional (C-605/2019) afirma que la doble instancia no es absoluta, pero en expropiaciones administrativas debe garantizarse revisión judicial para proteger la propiedad (Const. Art. 58: indemnización previa fijada judicialmente en primera instancia, apelable).

Eliminarla abriría la puerta a arbitrariedades, como expropiaciones sin control. Estos hechos convergen en un objetivo: devaluar la tierra rural para facilitar su apropiación estatal, bajo el pretexto de “justicia social”. Si la Corte cede, Petro habrá encontrado la forma de incumplir su promesa de no expropiar: hacerlo por la puerta trasera. Propietarios, Legisladores, Honorables Magistrados, ¡Defiendan el Derechos Esencial a la Propiedad Privada! El Estado de Derecho no es negociable.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu