* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 29 de agosto de 2025).- En el siglo XVIII, el Barón de Montesquieu desarrolló el fundamento de la democracia moderna: la separación de tres poderes, entre los cuales, sin embargo, “La justicia es la virtud de las instituciones”. Nada nuevo. Aristóteles, hace 23 siglos, afirmaba que “En la justicia se encuentran en suma todas las virtudes” y es el centro del ordenamiento de la sociedad. 

No obstante, hoy se pretende despojarla de sus virtudes y utilizarla para repartir impunidad o como arma de persecución política. El autor de un magnicidio, menor de edad, pero con pleno uso de razón, estará siete años en una “institución especializada”, condenado por “intento de homicidio”, porque -vaya curiosidad de nuestras leyes- cuando aceptó cargos, Miguel Uribe aún vivía y, aunque parezca insólito, la ley está por encima de la tozuda realidad de la muerte.

Los responsables, según la JEP, del “reclutamiento y utilización sistemática” de 18.677 menores, incluido abuso sexual, esperan condena sentados en el Congreso y tranquilos, porque saben que serán apenas “restaurativas”. ¿Acaso impunidad como negación de justicia?

En 2012, el senador Cepeda acusó al también senador Álvaro Uribe de conformación de grupos paramilitares, a partir de testimonios de bandidos condenados, por lo cual el expresidente lo demandó ante la Corte Suprema por manipulación de testigos.

Seis años después la Corte cierra el caso contra Cepeda y, sorpresivamente, el acusador pasa a ser acusado. Es la Corte de los desacuerdos con el expresidente durante su mandato y de la cual hacía parte José Leónidas Bustos, su presidente en 2015 y hoy prófugo, acusado de corrupción con otros magistrados: el “Cartel de la Toga”. ¿Acaso la utilización de la justicia como venganza?

Desde entonces ha sucedido de todo: chuzadas ilegales y falta de garantías, renuncia al Senado del expresidente y traslado a la jurisdicción ordinaria, donde la justicia también se había quitado la venda de su neutralidad. ¿Qué siguió? La negación de dos solicitudes de preclusión por parte de los fiscales del caso y una tercera en el Tribunal, terminando con un juicio oral en el que, por fin, coinciden una fiscal y una juez que querían condenar a Uribe y no lo pudieron ocultar; juicio plagado de irregularidades que el país vio por televisión. ¿Acaso el ataque de una justicia sesgada?

La defensa del expresidente apela la condena a 12 años de cárcel e interpone tutela contra la reclusión inmediata de Uribe, que es fallada a su favor, a lo cual Cepeda contraataca buscando anulación, mientras que, gracias a su triunfo contra Uribe, que es de toda la izquierda, se catapulta como precandidato presidencial.

En el entretanto, el expresidente, sus hijos y el Centro Democrático denuncian su inconformidad con el juicio, así como la agresiva obsesión de Cepeda y sus nexos con las Farc y la llamada Farc-política, frente a la cual ha callado la justicia durante años.

Epílogo: Una nueva demanda del senador por injuria y calumnia contra Uribe, sus hijos y el director del partido. ¿Acaso es selectivo el derecho a denunciar y sentirse ofendido?, ¿acaso es la justicia utilizada como arma política?

Creo en la justicia como institución; creo, con el estagirita, que la justicia, como virtud esencial de la democracia, debe seguir siendo el eje del ordenamiento de la sociedad. Sin embargo, cuando se quita la venda de la neutralidad para ser selectiva o utilizada a conveniencia, afecta gravemente la confianza ciudadana y, entonces, cuando dejamos de creer, la justicia pasa de ser el centro del ordenamiento de la sociedad… a la causa de su desorden.

Sin justicia no hay ley ni orden…, sin orden no hay seguridad…, sin seguridad no hay verdadera libertad.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 29 de agosto de 2025).- El gobierno de Gustavo Petro ha enarbolado la reforma agraria como una de sus banderas populistas para afianzar su permanencia en el poder. Desde la época preelectoral, buscó capturar el voto rural con la promesa de entregar tierras a quienes no las poseen o las tienen en cantidad insuficiente. Para ello, juró distribuir tres millones de hectáreas en cumplimiento de sus compromisos de campaña.

Sin embargo, según datos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Presidencia, hasta agosto de 2025 se han gestionado alrededor de 647.000 hectáreas mediante recuperación, compra y formalización, de las cuales solo unas 250.000 han sido efectivamente entregadas a beneficiarios. Esto representa menos del 10% de lo prometido, y el tiempo se agota: el sol está a sus espaldas, y muy poco de lo anunciado se ha materializado. Incluso, en lo poco que ha avanzado, el gobierno actúa al margen de la ley. Un ejemplo flagrante es la hacienda Las Américas en el Cesar, donde, a sabiendas de la imposibilidad jurídica para repartir las tierras, Petro procedió a una entrega simbólica a más de mil familias.

Los propietarios ejercieron su derecho a la defensa y ganaron el pleito judicial, convirtiendo a esas familias en invasores ilegales. Recientemente, en agosto de 2025, un tribunal tumbó la venta de esta finca de 1.453 hectáreas, avaluada en más de 26.000 millones de pesos, confirmando la irregularidad y dejando en evidencia la irresponsabilidad presidencial que fomenta ocupaciones ilegales.

Durante el 39º Congreso Ganadero en noviembre de 2022, José Félix Lafaurie, a solicitud de Petro, fue designado negociador en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo entre Fedegán y el Ejecutivo: los ganaderos se comprometieron a vender tierras al Estado para distribuirlas entre la población rural necesitada. Hasta la fecha, se han ofertado 1.434 fincas con 605.067hectáreas.

La ANT ha adquirido 62 predios (19.887 hectáreas) y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 adicionales, totalizando 110 predios con 42.944 hectáreas de ganaderos.A pesar de esta colaboración, el 14 de marzo de 2025 Petro arremetió nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes renuentes a vender. Esta reforma se reduce a entregar tierras sin la integralidad para hacerlas productivas, condenando a los beneficiarios a una subsistencia precaria. Los discursos incendiarios de Petro han resonado en el campesinado, impulsando vías de hecho como invasiones y ocupaciones ilegales, a menudo orquestadas por grupos al margen de la ley.

En las últimas semanas, hemos visto un recrudecimiento de ataques a la propiedad rural. En Bolívar, en Arjona y Turbaco, ocupantes traídos de otras regiones, apoyados por motos de alto cilindraje y gama, camiones con equipo, se instalaron rápidamente en fincas, en acciones coordinadas que sugieren respaldo organizado. En Puerto Parra, Santander, invasores equipados desde fuera ocuparon predios ilegalmente. En Zarzal, Valle del Cauca, la ANT prefirió entregar tierras a afrodescendientes e indígenas de Cali, ignorando a los lugareños. En Tolima, las fincas Guamal y Tabor fueron invadidas; solo gracias a la Policía Nacional, con su componente de carabineros y el apoyo del gremio ganadero local, se logró el desalojo.

Como se aprecia, estas ocupaciones ilegales, al parecer, presuntamente son promovidas desde el gobierno mediante filtraciones de información sobre fincas ofertadas en venta, aún en proceso de compra por la ANT, sin cierre ni pago. Esto parece un esfuerzo por ganar adeptos políticos en el rural, generando “núcleos productivos” que, en realidad, son puntas de lanza para atacar la propiedad privada.

Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales del IGAC, inflados desproporcionadamente (hasta diez veces), parecen diseñados para forzar daciones en pago, configurando una expropiación indirecta. Recordemos a la ANT y al Ejecutivo: estos avalúos fijan el precio mínimo de negociación estatal. Si no cumplieron con los anteriores, menos lo harán ahora. No se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.

En conclusión, esta reforma agraria no es más que un fracaso legal y productivo que socava el Estado de derecho. se le debe exigir al gobierno Petro, aclarar si están presuntamente detrás de las invasiones y cesar de ser así, su promoción, respetar la propiedad privada y priorizar compras legales con apoyo técnico para verdadera productividad. De lo contrario, Petro no solo incumple, sino que siembra caos y divide al país. La ley debe prevalecer sobre el populismo.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu