* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 30 de agosto de 2024).- El A/L 03/2023, creó la Jurisdicción Agraria como desarrollo el punto 1 de los Acuerdos del Teatro Colón, posteriormente se aprobó la Ley Estatutaria dandole su alcance y funcionamiento, el 27/08/2024 ante el Congreso se radicó el proyecto de Ley Ordinaria que la reglamentaria.

El A.L, 01 del 2023, reconoce al “Campesino” como sujeto de especial protección del Estado, creando una nueva minoría calificada; para efectos del desarrollo de esta ley genera inmenso impacto en el procedimiento judicial en su protección, como nuevos sujetos procesales.

Por lo extenso del tema a tratar en esta ocasión solamente tataré los puntos que en mi sentir son más importantes.

La Jurisdicción Agraria parte de la “Asimetría” de derechos de los “campesinos”, frente a legales tenedores, poseedores y propietarios de “buena fé. En el proceso agrario, se presumen de hecho que cualquier manifestación que provenga de estos sujetos procesales en el proceso, se tiene como cierta, aun contra lo contenido en documentos públicos presentados al proceso; es decir siempre la carga de la prueba está, en quien ésta violentado en su derecho de propiedad privada. La asimetría es tal que la jurisdicción laboral se convierte en un juego de principiantes.

En lo que hace referencia a las ocupaciones ilegales de los inmuebles rurales por “campesinos”, basta que demuestren la ocupación sea tranquila, así sea a hurtadillas, sin importar el tiempo de ocupación, si logra probar que está ocupando el inmueble con fines de desarrollo económico para  subsistencia personal o familiar, le coloca a  ocupar el lugar procesal de tenedor o poseedor de buena fe, haciendo revertir la posición procesal de aquel que legalmente tiene la tenencia material y jurídica valida del bien (Ley Okupa Española). Lo anterior quiebra en todo, el procedimiento policivo y administrativo que se tiene para proteger la propiedad privada hoy, quedando en manos del Juez Agrario, el poder procedimental de revocar los procedimientos administrativos o policivos de desalojo instruidos por las autoridades.

Lo anterior, en palabras llanas y prácticas es una invitación, más que tácita, a incentivar invasiones de tierras rurales (En principio, por ahora), por parte de “campesinos” (Okupas), lo que se traduce en el quiebre de la Seguridad Jurídica para propietarios y, la imposibilidad y/o alejamiento de la inversión agropecuaria en emprendimientos agropecuarios, agroindustriales e industriales de transformación de la producción rural que se verá desincentivada y ahuyentada.

Los superpoderes del Juez Agrario, son tales que aun después de resolver el litigio que se le presenta, conserva capacidad de modificar su decisión ante hechos nuevos, siempre que estos vayan en beneficio del Campesino, quebrando la Cosa Juzgada.

Merece especial atención el alcance de los poderes de autoridad judicial que se le entrega a la Agencia Nacional de Tierras (A.N.T), para resolver procesos de expropiación contenidos en la Ley 160/1994, mediante Acto Administrativo, sujeto a Control Jurisdiccional rogado, posterior con el ejercicio de la Acción de Nulidad Agraria, ante jueces agrarios que se mueven dentro de los principios de asimetría judicial.

Así como están planteadas las cosas en el desarrollo de los procedimientos agrarios presentado por el gobierno Petro, solo queda a los empresarios del campo que tienen la posesión, tenencia y propiedad legal de bienes rurales adquiridos de buena fe, acudir a llamar a todos y cada uno de los legisladores en Senado y Cámara, (Suman más del 70% afines a las ideologías políticas del centro a la derecha), para que, de manera férrea se opongan a este proyecto de ley que crea procedimientos de esta Jurisdicción Agraria que va contra el Derecho Fundamental a la Propiedad Privada, que afectará la producción agropecuaria y, pondrá en grave riesgo la seguridad alimentaria y productividad del sector en el futuro próximo.

Nada de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal como lo insinúa Petro.

De no oír el clamor de los electores se hace necesario, ponerles de manifiesto a los actuales congresistas que llegaren a intentar acompañar esta iniciativa del gobierno Petro, que en el futuro no cuenten con nuestro apoyo electoral.

N.b.: El proceso de expropiación administrativa de la A.N.T, con funcionarios absolutamente ideologizados al socialismo duro y puro, es copia mejorada, de la instrumentación jurídica desarrollada por Chávez en Venezuela, que exterminó la Propiedad Privada y tiene en grave riesgo su Seguridad Alimentaria.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 30 de agosto de 2024).- El 27 de agosto se conoció un comunicado, supuestamente del ELN desde las montañas del occidente colombiano, desmentido casi de inmediato por la mismísima delegación de ese grupo ilegal en la mesa de negociaciones.

El falso comunicado, primero, califica a los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, creados por Fedegán bajo la coordinación del General (r) Fernando Murillo, a partir de un piloto en el departamento del Cesar, como la resurrección del paramilitarismo y una amenaza a la paz en la región.

Segundo: Declara a los frentes como objetivo militar y de persecución por parte del ELN en el Cesar. Tercero: Cuestiona mi posición como miembro de la Mesa y promotor de los Frentes Solidarios de Seguridad, a los que considera un ataque al proceso de paz, a la población y al ELN. Cuarto: Reafirma su compromiso de paz, pero amenaza con confrontar cualquier intento de revivir “la violencia paramilitar en nuestra región”.

Aunque el lenguaje imita bien la retórica del ELN, además del pronunciamiento contundente de la delegación negando su autoría, las repetidas referencias a “nuestra región” -el Cesar-, al parecer no son del Comando Central del ELN, ni corresponden a un comunicado desde “las montañas del occidente colombiano”.

Por supuesto que no estoy graduando de “buenos muchachos” a la dirigencia del ELN, que desde 2023 boicoteó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y luego las negociaciones mismas y el cese al fuego, aduciendo falsos incumplimientos del Gobierno, todo ello mientras impone paros armados y hostiga a las comunidades.

Aun así, precisamente por el tamaño de la mentira, de la que siempre algo queda, muchos incautos que consideran a las redes “palabra de Dios”, creerán tan graves acusaciones, lo cual es otra piedra en el camino de las negociaciones con el ELN, que se suma a las que ellos mismos le han puesto, y por supuesto, afecta a Fedegán y a los 600.000 ganaderos colombianos, injustamente marcados por el estigma paramilitar.

Dando por descontado que el comunicado no es del ELN, ¿de quién es entonces?, ¿quién está detrás, interesado en desestabilizar los territorios?, ¿a quién le sirve deslegitimar la reacción pacífica y solidaria de los ganaderos, en el Cesar y en todo el país?

A la delincuencia, ¿a quién más? Porque organizarse para apoyar a las autoridades y comprometerse con la seguridad preventiva y pacífica es lo que asusta a la delincuencia y está detrás del falso comunicado, porque se atraviesa a sus pretensiones de control territorial para proteger sus rentas ilícitas. En el Cesar, donde las alertas de la Defensoría son pan de cada día, además del ELN, están las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y una red de bandas que tercerizan el asesinato, el secuestro, la extorsión y la violencia generalizada. 

Pero los ganaderos, como reza nuestro himno, “no bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”; seguiremos unidos cada vez más alrededor de los Frentes Solidarios de Solidaridad y Paz, que han tenido enorme receptividad entre los ganaderos y otros gremios, basados como están en cuatro principios fundamentales: 1) La solidaridad a partir de la unión gremial. 2) la articulación permanente y cercana con las autoridades, entendida como deber ciudadano, pero también como el derecho a participar en nuestra propia seguridad. 3) La comunicación y las nuevas tecnologías como instrumento preventivo, como las únicas armas que esgrimimos.

Y cuarto, los Frentes Solidarios de Seguridad, son DE PAZ, no solo porque son desarmados, sino porque su objetivo no es la confrontación ni la violencia, sino la solidaridad y la convivencia pacífica.

De violencia…, ya hemos tenido suficiente. La paz es nuestra gran urgencia.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie