* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 1 de noviembre de 2024).- Con el “Mensaje de Urgencia” (Art 163, Superior), presentado por el gobierno al Congreso, toma inusitada importancia la Jurisdicción Agraria (P.L 183/2024 de agosto 27/2024). El mensaje de urgencia, tiene efecto de aceleración del trámite, prelación en el orden del día y reducción a debates conjuntos de las comisiones del Congreso, en algo parecido al ingratamente recordado como Fast Track.

El tema no debe ser pupitreado por el Legislador, el P.L presentado por el gobierno Petro, afecta de manera grave el “Derecho a la Propiedad Privada”, (Art 58 Constitución, garantiza la propiedad privada y derechos adquiridos con base en las leyes civiles, limitado por la Función Social y Ecológica), poniendo en gravísimo peligro la existencia y ejercicio de la Democracia, así como la existencia de la República (Modelo de Gobierno), construido desde Bolívar y Santander.  “SIN PROPIEDAD PRIVADA NO HAY DEMOCRACIA” (Dr. Jorge E Vélez), la propiedad privada es un pilar importante de todos los derechos consagrados en nuestra carta superior, muy contrario a la colectivización de la propiedad, bandera de los Regímenes Absolutistas que pretende implementar el socialismo e impacta nuestro modelo de propiedad en la constitución.

El reconocimiento de grupos sociales, como sujetos de especial protección por parte del Estado,  no es argumento suficiente para la creación de la Jurisdicción Agraria desde el “Principio de Asimetría” o “De Especial Protección al Más Débil”,  el que teniendo el Derecho de Propiedad, legal y legítimamente adquirido, por el solo hecho de ser “Empresario del Campo”, propietario, antes del inicio del proceso, sus derechos queden en condiciones desiguales frente a quien por vías de hecho (Invasión de Tierras, Usurpación de inmuebles, Avasallamiento), violentan su propiedad sobre el inmueble, que el Estado debe  garantizar.

Acá, no se trata de la existencia de protección reforzada de derechos. ¡No!, estamos frente al desconocimiento directo del Derecho de tenencia y titularidad de un bien, a quien de manera formal y legal se reconoció por el Estado, quie debe hacerlo valer frente a quien se lo está afectando.

La Protección a la contraparte, cae en profunda vaguedad, que conducirá a decisiones por los jueces agrarios soportados en criterios subjetivos, bajo el amparo del “Principio Legal del Bienestar y el Buen Vivir”, ¿cuáles son los parámetros para aplicarlo y criterios para concluir que el titular del Derecho de Propiedad demandado, es responsabilidad de quien se demande este afectando en este vago principio?

Quiebra el Principio de la Cosa Juzgada, conservando el operador judicial agrario competencia sobre las decisiones tomadas ajustadas a los procedimientos, la posibilidad modificatoria posterior a solicitud del quien hace parte de los grupos de especial protección.

Peligroso, la implementación del “Principio de la Permanencia Agraria”: art 5º # 12 “Se garantizará a los sujetos en condición de vulnerabilidad la continuidad en la tenencia y posesión agraria con fines productivos. En consecuencia, las autoridades judiciales evitarán los actos de perturbación o desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para su autosuficiencia y/o para el logro de la soberanía alimentaria, hasta tanto se expida la providencia que resuelva la controversia.”. El Juez Agrario podrá suspender las acciones policivas, administrativas o judiciales previstas para la protección de la propiedad privada, para hacer cesar la perturbación de la propiedad, cuando quien por vías de hecho ocupa ilegalmente el inmueble, demuestre que lo hace para su autosuficiencia (tres palos de Yuca y, dos matas de guineo), o emprendimiento, para contribuir a la soberanía alimentaria.

Esta es la invitación e incitación a la ocupación ilegal de inmuebles, en palabras llanas, invadan la tierra que la jurisdicción agraria los protege. (Ley Ocupa, España).

Recuerden y tengan claro, lo que estamos afrontando es un cambio de fondo de nuestro sistema de gobierno, expresado en nuestro modelo de República. Lo que hoy es ilegal e ilegítimo, por ministerio de la ley y competencia del operador judicial agrario pasará, a ser legal y legítimo, hasta que se resuelva de fondo la controversia.

Lo más grave de lo expuesto; los operadores de la jurisdicción agraria, hoy no existen con la formación especializada e independencia ideológica política, esta será dada dentro de principios ideológicos socialista, siempre en búsqueda de la Propiedad Colectiva de la tierra, planteada como principio general de esta proyectada jurisdicción.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 1 de noviembre de 2024).- Quizás desde los Panamericanos de 1971, Cali no se mostraba al mundo como lo hizo con lujo durante la COP16 sobre biodiversidad, que ya terminó y, sobre ella, hay tres aspectos que quiero resaltar:

El primero: Bien por Cali, por su alcalde Alejandro Eder, por la gobernadora Dilian Francisca Toro; bien por la Fuerza Pública que garantizó la seguridad, y bien por las personas y entidades que la hicieron posible; pero, especialmente, ¡bien por el pueblo caleño!, que hizo suya la COP16, se tomó la Zona Verde en el Bulevar del Río y la convirtió en un “evento vivo” que se expandió por la ciudad, con todo y Festival Mundial de Salsa. Yo me sentí en la antesala de su famosa feria.

Segundo: Bien por Bruce Mac Master, la ANDI y el Consejo Gremial Nacional. El 1er Congreso Naturaleza & Empresa en el marco de la COP16 fue una experiencia entusiasta, participativa y aportante del empresariado colombiano, no tanto en discursos y declaraciones, sino en proyectos concretos, hechos y resultados. Lo que a la COP16 le faltó en presidentes, le sobró en empresarios comprometidos. En efecto, sentí a un empresariado que no se deja atrapar en las amenazas del armagedón ambiental, sino que busca y está encontrando salidas, en su mayoría sin apoyo público y, quizás por ello, desconocidas para el país, alimentado por las narrativas del cataclismo mundial.

Conferencistas internacionales, inclusive, se sorprendieron cuando hablé del impacto reforestador de la ganadería sostenible a partir de sistemas silvopastoriles, con capacidad de capturar más CO2 del que emite; como se sorprendieron del liderazgo de FEDEGÁN en sistemas sostenibles de producción ganadera, un esfuerzo de más de 15 años, que mereció el apoyo del Fondo Global Ambiental, GEF, del Banco Mundial, pero no ha merecido el del Estado colombiano.

Eso me lleva al tercer comentario. Ya pasó la COP16…, ¿y ahora qué? No conozco aún las declaraciones finales que se negociaron en la exclusiva y protegida Zona Azul, pero me encontré con el comunicado final de la anterior (Montreal 2022) y su esperanzador titular: “La COP15 finaliza con acuerdo histórico por la biodiversidad”. ¿Acaso la nuestra terminará con otro acuerdo “histórico” y nada más? 

No quiero subestimar la COP16, pero tampoco sobreestimarla. De hecho, la ONU anda por el mundo de COP en COP. Además de la de biodiversidad, la de cambio climático será COP29 en Aserbayán, y la anterior (Dubai 2022), en otro acuerdo histórico anunció “el inicio del fin de los combustibles fósiles”. Hay COP16 para desertificación, la COP15 para humedales será en Simbawe en 2025 y hasta la COP Escazú se ha reunido tres veces.

Todas con sus miles de expertos, ministros y embajadores; todas con sus acuerdos históricos que suscriben muchos y cumplen muy pocos, pues no son vinculantes para las partes.

¿Qué esperamos entonces de nuestra COP16, ni siquiera para el mundo, sino para el país? Pasar de acuerdos y declaraciones grandilocuentes a decisiones de política pública, con voluntad de hacer y con recursos; con menos leyes e instituciones “autónomas” y con más resultados.

¿Qué espera la ganadería? Hemos propuesto establecer 10 millones de hectáreas en ganadería silvopastoril con apoyo del Estado, aunque solo un millón representaría una revolución ambiental y productiva, pero en 2019 el presidente Duque, en otra de tantas cumbres ambientales, se comprometió ante el mundo con apenas 100.000 y no cumplió. Hoy, pese al entusiasmo del gobierno, en nuestro Acuerdo de Tierras para Reforma Agraria no hemos podido hacer una sola hectárea de sistemas Silvopastoriles.

Así es muy difícil. No basta con prometer y asustar con el fin del mundo, hay que actuar.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie