* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Dora Inés Rey Martínez * / Autora Invitada      

Agricultura & Ganadería

(DIRM – Domingo 1 de junio de 2025).- De acuerdo con el más reciente informe del DANE sobre la inseguridad alimentaria en el país, en los centros poblados y zonas rurales dispersas, la inseguridad creció significativamente del 31,2% al 34,2% en 2024, en tanto que, en este mismo periodo, cayó de 24,7% a 23,0% en las cabeceras municipales, con una brecha de 11 puntos porcentuales entre lo rural y urbano. Estas cifras ponen en evidencia los retos estructurales que enfrentamos en política pública para atender las necesidades básicas de alimentación de todos los colombianos. 

Teniendo en cuenta este contexto y el reconocimiento constitucional del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, en el marco de la misión institucional de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) de formular lineamientos, criterios e instrumentos para el ordenamiento rural agropecuario, hemos venido trabajando particularmente en dos instrumentos que buscan la protección del suelo rural para la producción de alimentos: 1) la carta del paisaje agropecuario, y 2) las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA).

Las cartas del paisaje agropecuario creadas por la UPRA, son figuras de ordenamiento, planificación y gestión territorial, que tienen como objeto reconocer tradiciones, culturas, arraigos y actividades sostenibles de producción agropecuaria como eje de las dinámicas territoriales propias de comunidades campesinas. A la fecha, se cuenta con dos paisajes agropecuarios declarados mediante acto administrativo de los municipios de Paz de Ariporo (Casanare) y Acacías (Meta). A partir de la declaratoria de la carta del paisaje agropecuario de Paz de Ariporo, hoy se avanza en la declaratoria del primer Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FAO Colombia.

Son más de 512.000 hectáreas donde la cultura ganadera tradicional y el entorno natural han convivido durante generaciones, construyendo un territorio único y excepcional en Colombia y el mundo. Desde la UPRA, junto a la comunidad, las autoridades locales y otras entidades del Estado, trabajamos para que este paisaje sea reconocido en el mundo por su valor productivo, ambiental y cultural.

Por su parte, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), fueron creadas mediante la Ley 2294 de 2023, en la que se le da la facultad al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de declararlas, en tanto que la UPRA tiene la función de establecer los criterios técnicos para su identificación. Estas áreas, se constituyen en determinante de superior jerarquía para el ordenamiento territorial y buscan la protección de los mejores suelos productivos por sus características agrológicas, así como aquellos en los que se localiza la actividad asociada a la agricultura campesina, familiar y comunitaria que, según análisis de la UPRA, produce el 70 % de los alimentos que todos consumimos en el país. 

Son más de 100 municipios en donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico de la UPRA, está identificando y declarando las APPA, en departamentos como La Guajira, Antioquia, Tolima, Santander, Córdoba, Meta, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar y Cundinamarca, entre otros.

La inseguridad alimentaria en Colombia es una realidad y debemos tomar medidas para contrarrestar esta situación y garantizar la disponibilidad y el acceso a alimentos balanceados, saludables e inocuos en el marco del derecho humano a la alimentación adecuada de todos los colombianos. 

* Dora Inés Rey Martínez, Directora general (e) de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). @dorairey

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Domingo 1 de junio de 2025).- En 2022, el Gobierno de Gustavo Petro y Fedegán firmaron un acuerdo para facilitar la venta voluntaria de tres millones de hectáreas de tierras ganaderas, destinadas a la reforma agraria y al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, lo que parecía un avance hacia la democratización de la tierra ha tomado un rumbo preocupante con la introducción de los “Núcleos Territoriales” y el reciente Decreto 033/2025, que plantea serias dudas sobre la protección del derecho a la propiedad privada.

Los Núcleos Territoriales, ahora denominados “áreas priorizadas”, son zonas focalizadas por el Estado para adquirir predios y concentrar adjudicatarios de tierras, principalmente campesinos. Este enfoque, lejos de promover una reforma agraria equitativa, parece esconder una estrategia que limita el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus bienes, consagrado en el artículo 58 de la Constitución. El Decreto 033/2025, en su artículo 2.14.6.4.15, obliga a los propietarios de predios rurales en estas áreas, con dos o más Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) su intención de vender, otorgándole al Estado un derecho preferencial de compra en un plazo de apenas 15 días hábiles. Esta medida amplía y endurece la obligación establecida en el artículo 39 de la Ley 160 de 1994, que solo aplicaba a tierras adjudicadas por el Estado, extendiéndola ahora a cualquier predio en zonas estratégicas.

El problema radica en la falta de claridad sobre los conceptos de “utilidad pública” o “interés general” que justifiquen esta intervención del Estado. La Ley 160/1994, en su capítulo VI, contempla la expropiación por motivos de interés público, pero no la adquisición preferencial en áreas priorizadas. Esta confusión genera una contradicción que atenta contra los principios constitucionales de la propiedad privada. Además, no debemos mezclar la función social y ecológica de la propiedad —que obliga a usar los bienes en beneficio de la sociedad y el medio ambiente— con una supuesta obligación de vender al Estado. Estas son limitaciones al uso, no causales para imponer ventas forzadas.

Lo más alarmante es el contexto de las áreas priorizadas: regiones como el Magdalena Medio, Sur del Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y el Catatumbo, zonas de alta sensibilidad socioeconómica y de seguridad nacional. Estas coinciden sospechosamente con propuestas como la creación del “Departamento del Magdalena Medio” o el “Sur Caribe”, áreas de influencia de grupos armados ilegales y proyectos binacionales de desarrollo entre los gobiernos de Petro y Maduro. Este último, en medio de la crisis humanitaria del Catatumbo, ha propuesto una “zona económica binacional” con Norte de Santander, Táchira y Zulia, sin detalles claros sobre su implementación. ¿Es esto una casualidad o un plan concertado?

La reforma agraria no debe ser un pretexto para restringir derechos fundamentales ni para consolidar colonias agropecuarias en zonas estratégicas bajo lógicas políticas. Los ciudadanos debemos estar alerta ante lo que podría ser una “expropiación exprés recargada”, un mecanismo que, lejos de democratizar la tierra, podría servir a intereses que comprometen la soberanía y el desarrollo económico del país. Es hora de exigir transparencia y proteger la propiedad privada como pilar de una Colombia libre y justa.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 30 de mayo de 2025).- No dudo que 2026, que ya se asoma, vendrá con buenos tiempos para Colombia, cuando cese la “horrible noche” progresista; pero a los que hoy me referiré es a los que vienen para la ganadería, pese a las carencias del campo y la inseguridad que tampoco cesa.

Como ya lo hicimos en China, avicultores, porcicultores y ganaderos hicimos frente común en Arabia Saudita como oferentes de proteína animal al mercado mundial, y al regresar de otro viaje a la caza de mercados, la pregunta es la misma. ¿Por qué otros sí…, y nosotros no?

En 2004 la producción mundial de carne era de 63,1 millones de toneladas, y en 2024 de 77,2 millones, con un incremento del 22,3%; mientras que la población mundial pasó de 6.493 millones a 8.090 millones de personas, con un aumento apenas superior del 24,5%.

Se podría decir que nada cambió, pero si revisamos el comercio internacional de carne encontramos que se duplicó, ¡creció un 100%! entre 2004 y 2024, al pasar de 6,1 a 12,1 millones de toneladas, lo que en gran parte se explica por el aumento del consumo en Oriente y, principalmente, en China, país que, a partir de su pragmática mezcla de comunismo político y capitalismo económico, en 2021 logró acabar con la pobreza extrema y había sacado de la pobreza monetaria a 800 millones de personas; a lo que se suman los países de Oriente Medio, que no consumen cerdo por convicciones religiosas y, por ello, presentan una demanda creciente de carne bovina.

Compararse es el fundamento del benchmarking, para encontrar fortalezas y debilidades frente a las oportunidades y amenazas. Estados Unidos, con un hato de 87,2 millones de cabezas, produjo 11,9 millones de toneladas de carne en 2024, y aunque es también gran importador, exportó 1,29 millones de toneladas. China, con 95 millones de cabezas, produjo solo 7,7 millones de toneladas, no es autosuficiente y debe importar más de 3 millones de toneladas al año. ¡Ahí están las oportunidades!

Australia, con un hato similar al nuestro, de 29,2 millones de cabezas, produjo 2 millones de toneladas de carne en 2024 y es una estrella exportadora, mientras nosotros apenas ajustamos 750 mil. Ahí es donde debemos buscar las respuestas al por qué otros sí y nosotros no. ¡Ahí están los retos!

Sin embargo, como lo he reiterado en múltiples ocasiones, son retos que los ganaderos no podemos asumir sin el Estado; y eso limitándonos a lo técnico, es decir, sin tener en cuenta las enormes carencias de seguridad e infraestructura rural.

Necesitamos una estrategia diplomática para validar ante Estados Unidos y la Unión Europea el enorme esfuerzo de nuestros ganaderos para erradicar la fiebre aftosa y lograr acceso a esos mercados. Necesitamos trazabilidad, con realismo y progresividad, pero efectiva, para lo cual es importante el fortalecimiento del ICA, como quedó claro en un reciente debate de control político en la Comisión V del Senado.

Necesitamos apoyo del Estado a una realidad productiva en la cual Colombia, paradójicamente, es actor importante a nivel mundial: LA GANADERÍA SOSTENIBLE. Con Sistemas Silvopastoriles Intensivos doblaríamos el hato, de 30 a 60 millones de cabezas, en la misma tierra y sin impacto ambiental negativo, es decir, con una ganadería carbono neutral o, inclusive, positiva en captura de carbono.

Ahí están las oportunidades y los retos. ¿Cuáles son las metas? Otro factor de éxito es pensar en grande. ¿Por qué no alcanzar a Australia en 10 años? Producir 2 millones de toneladas y exportar un millón (¡5 mil millones de dólares!) a un mundo que, a pesar de modas y narrativas en contra, “no come cuento…, come carne”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie