* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 22 de agosto de 2025).- Un helicóptero de la Policía Nacional es derribado en Amalfi, Antioquia. Los primeros informes daban cuenta de al menos un muerto…, luego fueron seis…, luego ocho y al final doce.

Cali no cura aún el dolor de los atentados del 10 de junio ni sabe de tranquilidad desde el ataque narcoterrorista disfrazado de estallido social, y hoy un camión bomba explota cerca de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, con una cuenta que terminó en seis víctimas fatales.

Dios quiera que los heridos no aumenten la lista de 18 compatriotas que perdieron la vida en apenas unas horas de un mismo día. Sus nombres se publicarán y quizás sus historias, pero muy pronto solo sus familias y amigos los recordarán en un país aquejado de Alzheimer selectivo.

Las víctimas de Cali lo fueron de una guerra ajena para ellos, y los héroes de Amalfi de una contra el narcotráfico que perdió el norte cuando Santos, echando mano de argumentos incompletos de salud pública, cedió a la presión de Chávez en el oriente, de Correa en el sur y de las Farc en la mesa de negociaciones, para suspender la fumigación aérea y reabrirle la puerta al narcotráfico y la violencia que hoy acorralan a la democracia. Tremenda responsabilidad histórica.

Frente a esta ola de violencia, que no será la última, habrá consejos de seguridad, declaraciones oficiales, recompensas, explicaciones estrambóticas de Petro acusando a una Junta del Narcotráfico en Dubái que intenta asesinarlo, y hasta declaraciones de conmoción; pero, una vez más, en este país amnésico todo sucede… y nada pasa.

Que hay un contubernio internacional del narcotráfico, no me cabe duda, pero acá mismo y en la vecindad, surtido por los grupos armados ilegales colombianos que hoy, sin excepción, son mafias narcoterroristas, aunque sorprende que Petro haya solicitado al mundo declarar como tales al Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, cuidándose de excepcionar al ELN,  el grupo ilegal con probados vínculos con el dictador en Venezuela, donde funge como grupo paramilitar a su servicio, mientras acá es mafia narcotraficante, ejército de ocupación y financiador del terrorismo, como se comprobó en el tal estallido social en Cali.

Tampoco dudo que “estamos ante una ofensiva por la toma del Estado en buena parte de Latinoamérica por la mafia”, como trinó Petro en junio, a raíz del atentado contra Miguel Uribe, pero no se trata de una amenaza también lejana, porque Petro, aunque deba negarlo, hace parte de esa ofensiva que ha puesto presidentes progresistas en toda la región con recursos del narcotráfico, siguiendo el modelo de Chávez en Venezuela y las directrices del Foro de Sao Paulo, que ante el fracaso de la toma del poder por las armas, opta por el asalto a la democracia desde la democracia misma. En esas estamos en Colombia.

Es claro que ese contubernio narcotraficante está detrás de los ataques terroristas, para allanarle el camino a la continuidad del neocomunismo progresista en la próxima contienda electoral. Es claro que Estados Unidos tiene información sobre el Cartel de los Soles y su cabecilla, Nicolás Maduro, que soporta la bicoca de 50 millones de dólares de recompensa por el dictador y 25 por su compadre Diosdado.

Es claro que Trump no manda por capricho una armada con capacidad de ataque insospechada, como es claro que la tal zona binacional es un piloto de lo que sería el sueño compartido por Petro y Maduro de una Gran Colombia progresista y aliada de potencias terroristas.

Es claro que el narcoterrorismo seguirá atacando. Y si es tan claro…, ¿qué estamos haciendo? ¡Ojo con el 2026!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 22 de agosto de 2025).- La Constitución garantiza el derecho a elegir y ser elegido; negarlo, vulnerarlo o condicionarlo es quebrar la esencia misma de la democracia.

En lo poco que pude conocerlo, esta frase del entonces senador Miguel Uribe Turbay resume su pensamiento socio-político: un ideario enmarcado en la Seguridad Democrática que, bajo Álvaro Uribe Vélez, rescató a Colombia del narcoterrorismo que la asolaba desde finales del siglo XX.

Miguel retomó esas banderas y las defendió con estatura moral y política en tiempos adversos, frente a un gobierno encabezado por Gustavo Petro, antiguo miembro de grupos que, con violencia, pretendieron tomarse el poder, en una época en que la guerrilla servía al narcotráfico. Aquellos años dejaron tragedias como la toma y quema del Palacio de Justicia (1985), que acabó con casi toda la cúpula de la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Su legado es el de la entrega total a las causas nacionales, con coherencia y servicio. Su carrera fue vertiginosa: concejal de Bogotá, secretario de Gobierno, candidato a la Alcaldía, aspirante al Senado y, finalmente, senador más votado del último periodo legislativo, con 223.000 votos.

Nieto del presidente Julio César Turbay Ayala —creador del Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978), que permitió desarticular organizaciones subversivas—, fue presidente del Concejo de Bogotá y figura destacada del Centro Democrático.

Esa visibilidad despertó la ira presidencial. Entre el 1.º y el 20 de mayo de 2025, Petro dedicó 43 publicaciones en X y dos discursos públicos a atacarlo —uno el Día del Trabajo y otro en Barranquilla—. Ambos precedieron el atentado del 7 de junio de 2025 que, pese a los esfuerzos médicos, terminó con su vida.

Petro no disparó la pistola Glock usada en el crimen, pero con su retórica inflamó los ánimos y corrió simbólicamente la corredera, dejando lista el arma para que un fanático, enardecido por el lema “libertad o muerte”, apretara el gatillo.

Hoy, tras despedir a Miguel, corresponde exigir al gobierno garantías plenas para el ejercicio del derecho fundamental a elegir y ser elegido (art. 40 C.P.). Según la Registraduría Nacional, más de 39 millones de colombianos integran el censo electoral. Deben poder votar libres de miedo y coacción.

La historia enseña: no podemos permitir que en 2026 se repita el error de Venezuela, donde un cálculo político entregó el poder a un proyecto autoritario que lleva 26 años y 6 meses de narcodictadura disfrazada de democracia.

Los partidos y movimientos afines en lo ideológico deben abandonar intereses individuales —políticos, burocráticos o económicos— y acordar un mecanismo único de selección. La Ley 1475 de 2011 (art. 6) permite consultas interpartidistas para definir candidatos. La cita debe ser en marzo de 2026, para llegar a la primera vuelta con un solo aspirante de coalición.

Arriesgarse a una segunda vuelta con voto fragmentado es jugar a la ruleta rusa. La matemática política es implacable: 70 % dividido en diez partes es menos que un 30 % unificado. Y cuidado: una centroizquierda cohesionada (Fajardo o López, por ejemplo) podría superar fácilmente a una derecha dispersa y forzar una segunda vuelta favorable a la izquierda.

No hay excusas: el marco jurídico existe, la experiencia histórica advierte y las cifras confirman el riesgo. La unión no es una opción, es una obligación patriótica.

Soldado avisado no muere en guerra.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu