* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 4 de julio de 2025).- El pasado 11 de abril, a raíz de una reunión de los gremios y la canciller sobre la crisis arancelaria, advertí en este mismo espacio – “No es hora de mezquindades” – que dicha crisis desviaba la atención sobre un riesgo mayor: la eventual descertificación en la lucha antidrogas, que se produciría en septiembre, con graves consecuencias para la cooperación de Estados Unidos en todos los campos, a lo cual no ayudaba el crecimiento de cultivos y de producción de cocaína.

Me aventuré entonces a recomendar algo que parecía obvio: Atender lo urgente: la crisis arancelaria buscando negociación directa, como han hecho muchos países, sin desatender lo importante: la recertificación, evitando la confrontación con una contraparte muy sensible a ella; recomendación que no resultó tan obvia para un Gobierno que ha ideologizado las relaciones internacionales y, en consecuencia, desatiende mensajes diplomáticos y claras advertencias, y además propicia la confrontación con el país que encarna la “codicia capitalista”.

El 15 de enero, el confirmado secretario de Estado, Marco Rubio lanzó la primera advertencia al calificar como organizaciones narcoterroristas al ELN y las disidencias de las Farc, grupos armados ilegales protegidos al amparo de negociaciones con el gobierno en el marco de la “paz total”. En su discurso de posesión, el 20 de enero, Trump ratificó la calificación de los carteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras”, y en una orden ejecutiva declaró emergencia nacional para enfrentarlas.

Luego vendría la crisis de los migrantes, cuando Petro impidió el aterrizaje de dos aviones con colombianos deportados en condiciones que, si bien pueden considerarse denigrantes, eran las mismas en que habían regresado al país centenares de compatriotas durante el gobierno Biden. Trump reaccionó con alza de aranceles del 25%, a lo cual Petro, cual David sin cauchera, ripostó con 25% a los productos estadounidenses. Basta conocer la balanza comercial para saber quién perdía. Afortunadamente, gracias a los buenos oficios de la canciller y “una manita” inesperada, se conjuró lo que habría representado el colapso de la economía.

El 1° de abril, la Oficina para Control de Drogas de la Casa Blanca publicó el “Statement of Drug Policy Priorities”, en el que se deja claro que “Donde un país fuente no tome acciones, la Administración ejercerá sus poderes económicos para exigir cambios”. ¿Más claro…?

Sin embargo, días después se produce la reunión de Petro con la secretaria de Seguridad Kristi Noem, que la alta funcionaria calificó de “discusión polémica” por el tono de ácida crítica del presidente, que remató con la valoración de los delincuentes del Tren de Aragua como “personas que solo necesitan amor y comprensión”.

Súmenle a este explosivo coctel la “escapada” a una peligrosa ciudad de Ecuador sin explicación convincente, después de asistir a la posesión del presidente Noboa, cuya elección no había reconocido días antes; y la suspensión de la extradición de alías “HH” de los Comuneros del Sur y alias “Mocho Olmedo” cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, que Petro justificó por hacer parte de ¡avanzadas! conversaciones de paz. Y para rematar, aparecen los audios de Leyva y el enésimo golpe de Estado, esta vez con presunta participación de senadores estadounidenses y hasta del secretario de Estado.

Epílogo: Se llenó la copa. Marco Rubio llama a consultas al encargado de negocios, pues ni embajador tienen desde hace tres años, y otra vez David le lanza un pedrusco a Goliat, llamando también a consultas a nuestro embajador.

Ya suspendieron visas a funcionarios colombianos. Y ahora… ¿acaso los temidos aranceles y la debacle económica, acaso el septiembre negro de la descertificación? ¡Ah… los tiempos de la diplomacia!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 4 de julio de 2025).- La Ley 2381/2024, que reformó el sistema pensional, permanece en un limbo jurídico tras el Auto 841/2025 de la Corte Constitucional. Este auto ordenó devolver el proyecto al Congreso para subsanar un vicio de forma: la omisión del debate en la plenaria de la Cámara sobre la proposición de la representante Pizarro, incumpliendo el artículo 157 de la Constitución Política. Sin embargo, hasta la fecha, solo se conoce un comunicado de prensa con la parte resolutiva y una síntesis de la motivación junto a la aclaración de los magistrados Ibáñez, Reyes y Cortes, sin acceso al texto completo del auto. Esta falta de transparencia genera incertidumbre sobre la legitimidad del proceso subsiguiente.

El 27 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0747/2025, convocando sesiones extraordinarias para atender la orden de la Corte. Ese mismo día, el presidente de la Cámara citó a la plenaria a las 7:00 p.m., una premura que impidió reunir el quórum deliberatorio exigido por el artículo 145 de la Constitución. Al día siguiente, el 28, tras interpretaciones dispares —y hasta risibles— de lo ordenado, los representantes aprobaron la proposición de Pizarro sin debatir el articulado. Luego, en una contradicción evidente, discutieron el proyecto por bloques, pese a haberlo acogido previamente sin análisis. Este trámite caótico vulnera el principio de consecutividad legislativa, consagrado en los artículos 157, 160 y 162 de la Constitución. La celeridad del proceso es cuestionable. Aunque la Constitución (art. 138) y la Ley 5ª de 1992 (art. 85) no fijan un plazo mínimo de antelación para convocar sesiones extraordinarias, la práctica parlamentaria suele respetar un margen razonable —generalmente de al menos tres días hábiles— para permitir que los congresistas, muchos en sus regiones, se preparen para un debate serio. Una citación a pocas horas atenta contra el decoro legislativo y la calidad del trámite. Además, el Auto 841/2025, al ser interlocutorio, solo produce efectos tras su notificación a las partes (Artículo 13 del Decreto 2067 de 199, Artículos 113 a 119 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012).

No hay evidencia de que dicha notificación haya ocurrido al momento del decreto, lo que invalida el procedimiento. Adopto como propia, la interpretación del doctor Julio José Orozco, quien sostiene que el Auto 841/2025 conduce a que la Ley de Pensiones adolece de un vicio insubsanable y es sujeto a un Incidente de Nulidad que tendrá que ser resuelto por la misma Corte Constitucional. La Ley 2381/2024, presentada el 21 de marzo de 2023 y aprobada el 14 de junio de 2023, es una ley ordinaria que debía completar su trámite en dos legislaturas (julio 2023 – junio 2024), según los artículos 157, 160, 162, 165, 167 y 375 de la Constitución, y el artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.  La excepción a la regla son las leyes estatutarias.

La Corte, al ordenar la devolución de una ley ordinaria para corregir vicios formales, excede su competencia. A diferencia de las leyes estatutarias o tratados internacionales, cuyo control previo incluye vicios de forma y fondo (art. 241, nums. 1 y 2, Constitución), las leyes ordinarias no están sujetas a este mecanismo. El vicio señalado —falta de debate— es insubsanable, reconocido por la Corte Constitucional en el Auto 841/2025, acepta  la grosera, vulgar transgresión a la carta, pues el plazo legislativo expiró el 20 de junio de 2024.

Como indica Orozco, el proyecto feneció, y resucitarlo es jurídicamente inviable. La Corte, lejos de guardar la Constitución, la transgrede al forzar un trámite extemporáneo. Este despropósito ridiculiza las instituciones democráticas. La Ley 2381/2024 es un cadáver insepulto, seco, irreparable. Su única vía es un nuevo trámite legislativo, limpio y ajustado a la Constitución. La Corte y el Congreso deben respetar los principios de consecutividad, transparencia para darle seguridad jurídica a todos, colombianos y extranjeros, en rigor para preservar el Estado de Derecho.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu