* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Dora Inés Rey Martínez * / Autora Invitada      

Agricultura & Ganadería

(DIRM – Domingo 1 de junio de 2025).- De acuerdo con el más reciente informe del DANE sobre la inseguridad alimentaria en el país, en los centros poblados y zonas rurales dispersas, la inseguridad creció significativamente del 31,2% al 34,2% en 2024, en tanto que, en este mismo periodo, cayó de 24,7% a 23,0% en las cabeceras municipales, con una brecha de 11 puntos porcentuales entre lo rural y urbano. Estas cifras ponen en evidencia los retos estructurales que enfrentamos en política pública para atender las necesidades básicas de alimentación de todos los colombianos. 

Teniendo en cuenta este contexto y el reconocimiento constitucional del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, en el marco de la misión institucional de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) de formular lineamientos, criterios e instrumentos para el ordenamiento rural agropecuario, hemos venido trabajando particularmente en dos instrumentos que buscan la protección del suelo rural para la producción de alimentos: 1) la carta del paisaje agropecuario, y 2) las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA).

Las cartas del paisaje agropecuario creadas por la UPRA, son figuras de ordenamiento, planificación y gestión territorial, que tienen como objeto reconocer tradiciones, culturas, arraigos y actividades sostenibles de producción agropecuaria como eje de las dinámicas territoriales propias de comunidades campesinas. A la fecha, se cuenta con dos paisajes agropecuarios declarados mediante acto administrativo de los municipios de Paz de Ariporo (Casanare) y Acacías (Meta). A partir de la declaratoria de la carta del paisaje agropecuario de Paz de Ariporo, hoy se avanza en la declaratoria del primer Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FAO Colombia.

Son más de 512.000 hectáreas donde la cultura ganadera tradicional y el entorno natural han convivido durante generaciones, construyendo un territorio único y excepcional en Colombia y el mundo. Desde la UPRA, junto a la comunidad, las autoridades locales y otras entidades del Estado, trabajamos para que este paisaje sea reconocido en el mundo por su valor productivo, ambiental y cultural.

Por su parte, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), fueron creadas mediante la Ley 2294 de 2023, en la que se le da la facultad al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de declararlas, en tanto que la UPRA tiene la función de establecer los criterios técnicos para su identificación. Estas áreas, se constituyen en determinante de superior jerarquía para el ordenamiento territorial y buscan la protección de los mejores suelos productivos por sus características agrológicas, así como aquellos en los que se localiza la actividad asociada a la agricultura campesina, familiar y comunitaria que, según análisis de la UPRA, produce el 70 % de los alimentos que todos consumimos en el país. 

Son más de 100 municipios en donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico de la UPRA, está identificando y declarando las APPA, en departamentos como La Guajira, Antioquia, Tolima, Santander, Córdoba, Meta, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar y Cundinamarca, entre otros.

La inseguridad alimentaria en Colombia es una realidad y debemos tomar medidas para contrarrestar esta situación y garantizar la disponibilidad y el acceso a alimentos balanceados, saludables e inocuos en el marco del derecho humano a la alimentación adecuada de todos los colombianos. 

* Dora Inés Rey Martínez, Directora general (e) de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). @dorairey

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Domingo 1 de junio de 2025).- En 2022, el Gobierno de Gustavo Petro y Fedegán firmaron un acuerdo para facilitar la venta voluntaria de tres millones de hectáreas de tierras ganaderas, destinadas a la reforma agraria y al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, lo que parecía un avance hacia la democratización de la tierra ha tomado un rumbo preocupante con la introducción de los “Núcleos Territoriales” y el reciente Decreto 033/2025, que plantea serias dudas sobre la protección del derecho a la propiedad privada.

Los Núcleos Territoriales, ahora denominados “áreas priorizadas”, son zonas focalizadas por el Estado para adquirir predios y concentrar adjudicatarios de tierras, principalmente campesinos. Este enfoque, lejos de promover una reforma agraria equitativa, parece esconder una estrategia que limita el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus bienes, consagrado en el artículo 58 de la Constitución. El Decreto 033/2025, en su artículo 2.14.6.4.15, obliga a los propietarios de predios rurales en estas áreas, con dos o más Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a notificar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) su intención de vender, otorgándole al Estado un derecho preferencial de compra en un plazo de apenas 15 días hábiles. Esta medida amplía y endurece la obligación establecida en el artículo 39 de la Ley 160 de 1994, que solo aplicaba a tierras adjudicadas por el Estado, extendiéndola ahora a cualquier predio en zonas estratégicas.

El problema radica en la falta de claridad sobre los conceptos de “utilidad pública” o “interés general” que justifiquen esta intervención del Estado. La Ley 160/1994, en su capítulo VI, contempla la expropiación por motivos de interés público, pero no la adquisición preferencial en áreas priorizadas. Esta confusión genera una contradicción que atenta contra los principios constitucionales de la propiedad privada. Además, no debemos mezclar la función social y ecológica de la propiedad —que obliga a usar los bienes en beneficio de la sociedad y el medio ambiente— con una supuesta obligación de vender al Estado. Estas son limitaciones al uso, no causales para imponer ventas forzadas.

Lo más alarmante es el contexto de las áreas priorizadas: regiones como el Magdalena Medio, Sur del Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y el Catatumbo, zonas de alta sensibilidad socioeconómica y de seguridad nacional. Estas coinciden sospechosamente con propuestas como la creación del “Departamento del Magdalena Medio” o el “Sur Caribe”, áreas de influencia de grupos armados ilegales y proyectos binacionales de desarrollo entre los gobiernos de Petro y Maduro. Este último, en medio de la crisis humanitaria del Catatumbo, ha propuesto una “zona económica binacional” con Norte de Santander, Táchira y Zulia, sin detalles claros sobre su implementación. ¿Es esto una casualidad o un plan concertado?

La reforma agraria no debe ser un pretexto para restringir derechos fundamentales ni para consolidar colonias agropecuarias en zonas estratégicas bajo lógicas políticas. Los ciudadanos debemos estar alerta ante lo que podría ser una “expropiación exprés recargada”, un mecanismo que, lejos de democratizar la tierra, podría servir a intereses que comprometen la soberanía y el desarrollo económico del país. Es hora de exigir transparencia y proteger la propiedad privada como pilar de una Colombia libre y justa.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu