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Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(MALA – Viernes 4 de abril de 2025).- El departamento del Cesar se convirtió en el laboratorio donde las fuerzas al margen de la ley impulsaron la implementación de las propuestas de campaña del presidente Petro, quien plantea la tierra como un medio de producción para sacar de la precariedad a las clases rurales menos favorecidas, aquellas que no poseen tierra productiva o la tienen en cantidades insuficientes. Un ejemplo claro ocurrió el 21 de julio de 2022 en Curumaní, cuando fue ocupada ilegalmente la finca La Oka S.A.S. Los ganaderos del Cesar respondieron al llamado de Fedegán para rodear y apoyar a las autoridades y a la fuerza pública en la aplicación de la normatividad vigente. Este esfuerzo conjunto logró el desalojo de los ocupantes ilegales y marcó el nacimiento de las “Brigadas Solidarias Ganaderas”. A través de esta iniciativa, ganaderos de diversas regiones de Colombia acuden en apoyo de sus colegas ante la invasión de sus predios. Hasta la fecha, esta cooperación ha demostrado ser una respuesta contundente y efectiva frente al ataque constante contra la propiedad privada rural.
Durante el 39º Congreso Ganadero, en noviembre de 2022, el doctor José Félix Lafaurie, a solicitud del presidente Petro, fue designado como miembro negociador del gobierno en los diálogos con el ELN. A cambio, se firmó un acuerdo de facilitación entre Fedegán y el Ejecutivo, mediante el cual los ganaderos agremiados se comprometieron a vender tierras al Estado para que este las redistribuyera entre la población rural más necesitada. Como resultado de esta intervención, se han presentado hasta la fecha 1.434 fincas con una extensión total de 605.067 hectáreas. De estas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha adquirido 62 predios, equivalentes a 19.887,8 hectáreas, y tiene comprometidas 23.056 hectáreas en 48 predios adicionales. En total, son 110 predios con un área de 42.944,54 hectáreas, todos ofertados por los ganaderos mencionados.
A pesar de estas cifras, resulta incomprensible que el 14 de marzo de 2025 el presidente Petro haya arremetido nuevamente contra los ganaderos, tildándolos de terratenientes que se niegan a vender sus tierras al Estado para implementar la Reforma Agraria. Esta reforma, según se plantea, se limita a la entrega de tierras sin la integralidad necesaria para que sean productivas y generen ingresos sostenibles a sus nuevos tenedores, más allá de una economía de mera subsistencia. Los discursos de Petro han encontrado un eco profundo y extendido en la población campesina, que ha retomado las vías de hecho, como la invasión, la ocupación ilegal y el avasallamiento de predios, ya sea por iniciativa propia, engaños o presiones de grupos al margen de la ley.
Hemos sido testigos de ocupaciones ilegales en el Cesar, como las de los predios La Sonora en Pailitas, “Las Carmelas” en la vereda Begonia, y el Centro de Investigación La Motilonia de Agrosavia, ambos en Codazzi, en las faldas del Perijá. Muchos de los ocupantes afirman haber sido víctimas de engaños y falsas promesas, creyendo que esas tierras ya pertenecían a la ANT.
Invito a reflexionar sobre las consecuencias que traería la aprobación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria, actualmente en trámite en el Congreso, tal como lo plantea el gobierno de Petro. Este proyecto coloca al campesino como sujeto de especial protección por parte del Estado, generando una asimetría procesal a su favor y estableciendo jueces agrarios que, en muchos casos, podrían estar ideológicamente sesgados. De concretarse, la protección constitucional del derecho a la propiedad privada (Art. 58 de la Constitución) desaparecería para los inmuebles rurales dedicados a la actividad agropecuaria.
Desde otra perspectiva, los avalúos catastrales, ajustados de manera desproporcionada, parecen diseñados para forzar la entrega de predios en dación en pago, lo que constituye una forma de expropiación indirecta. Es imperativo recordarle a la ANT y al Ejecutivo que estos avalúos, establecidos por el IGAC, representan el precio mínimo de negociación para que el Estado adquiera la propiedad de predios rurales. Si no han logrado cumplir con las compras bajo los avalúos anteriores, mucho menos lo harán con los nuevos, que en muchos casos se han incrementado hasta diez veces su valor previo. Seamos sensatos: no se debe engañar a los electores con promesas incumplibles.
* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu
