* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 14 de agosto de 2026).- Un terremoto de magnitud 7,2 cambia las prioridades de cualquier gobierno. Hay vidas que proteger, familias que atender, infraestructura que recuperar y comunidades enteras esperando respuestas con urgencia.

Pero gobernar también consiste en que lo urgente no desplace a lo importante…

Y entre lo importante está la suerte de más de 300.000 productores de leche, en su mayoría pequeños ganaderos que hacen parte de la pobreza rural y hoy enfrentan una dura realidad, pues desde enero, en virtud del TLC con Estados Unidos, los productos lácteos son de libre comercio entre los dos países, sin cupos ni aranceles. El efecto, hoy apalancado por el dólar barato, es realmente amenazante: Al mes de mayo las importaciones aumentaron 56,4% frente al mismo corte de 2025 y, solo desde Estados Unidos, ingresaron 18.820 toneladas de leche en polvo, frente a 25.016 durante todo 2025.

Es una amenaza anunciada que además avanza. En 2028 habrá también desgravación total con la Unión Europea, lo cual amerita la acción conjunta de los ministerios de Agricultura y de Comercio para utilizar los instrumentos de defensa comercial cuando haya lugar y para vigilar las reglas de origen frente a las crecientes importaciones desde Chile y Bolivia.

Por eso le escribí a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Comercio, Mauricio Gómez, pues ambos, junto con la Cancillería, pueden convertir la crisis en oportunidad, haciendo causa común para que el Tratado con Estados Unidos no siga siendo un embudo con el lado angosto para la ganadería colombiana.

De una parte, después de 14 años de esfuerzos sanitarios, productivos y diplomáticos, es imperativo abrir el que debería ser el mercado natural para nuestra carne bovina: Estados Unidos, lo que representaría una oportunidad para el Caribe colombiano, no solo por la enorme ventaja comparativa de la vecindad, sino por sus extensas llanuras interiores donde hoy la ganadería es fuente de subsistencia para miles de familias a partir del llamado “doble propósito”.

Las razas presentes en el Caribe tienen vocación cárnica, con buenos terneros que podrían ser excelentes si se criaran “a toda leche”, pero la de sus vacas, que no pasa de cinco litros diarios, es compartida para vender una parte y ayudar a los gastos. Así las cosas, un ternero que se desteta con alrededor de 160 kilos, podría salir con al menos 200 para los procesos de levante y ceba. Eso es ineficiencia y perpetúa bajos ingresos.

Abrir el mercado estadounidense podría empezar a cambiar esa realidad, pues ante una demanda de buenos precios para más y mejores terneros con destino a la exportación de carne, muchos productores dejarán de ordeñar sus vacas para entregarles toda la leche a los terneros. Es un asunto de especialización.

Para la ganadería del altiplano, con razas de vocación lechera, sustituir la producción del Caribe sería también una gran oportunidad, no solo de crecimiento a partir de un mayor acopio por parte de la industria láctea, sino para neutralizar el efecto de las importaciones y explorar mercados externos. Una vez más, es un asunto de especialización.

Si a este enroque productivo le sumamos genética, buenas prácticas y sostenibilidad ambiental, que es una nueva exigencia de los mercados, estaríamos ante una verdadera reorganización estratégica de la ganadería colombiana, no solo en lo productivo, sino en lo espacial y en su orientación comercial. Cada quien a lo suyo, a lo que mejor hace y en donde mejor lo hace, para mercados claramente segmentados.

El disparador de esta revolución sigue siendo, sin embargo, la apertura del mercado de Estados Unidos a la carne colombiana.

Es algo que no solo es importante…, es también urgente.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 14 de agosto de 2026).- Colombia comienza una nueva etapa. Y si de verdad queremos reconstruir el campo, debemos comenzar por recuperar algo indispensable para cualquier proyecto productivo: la confianza.

La confianza no se decreta. Se construye cuando el productor puede llegar a su finca, proteger a su familia y sus trabajadores, cuidar su ganado, sembrar, invertir y tener la certeza de que mañana podrá seguir produciendo.

La seguridad no puede ser un capítulo más de la política agropecuaria. Es la condición previa sobre la cual debe construirse toda competitividad.

La seguridad física. No estamos hablando de percepciones. Entre 2010 y 2023 se denunciaron en Colombia 33.650 casos de abigeato, casi seis cada día, según cifras de la Policía divulgadas por Fedegán. Y en el primer trimestre de 2026 se registraron 2.914 denuncias de extorsión, 7 % más que en el mismo periodo de 2025. Para quien produce, esas cifras tienen nombre propio: patrimonio, empleo y tranquilidad familiar.

Hay una seguridad que debemos recuperar con especial urgencia: La seguridad sobre la tierra.

Colombia necesita una política seria de acceso y formalización de la propiedad rural. La concentración de la tierra es una realidad que no podemos ignorar. El IGAC señala que el 1 % de los mayores propietarios posee el 45 % de la tierra rural y que el 10 % controla el 80,6 %. Resolver esa desigualdad es una obligación del Estado.

Pero una cosa es hacer reforma agraria dentro de la Constitución y la ley, y otra muy diferente permitir que la invasión o la ocupación de hecho se conviertan en mecanismos de presión para obtener tierra.

El problema no es imaginario. En 2022 Fedegán reportaba más de 50 invasiones en distintos departamentos, mientras la Policía ha documentado casos en los que la invasión de predios estuvo acompañada de extorsión, desplazamiento y estructuras criminales. Hoy el Ministerio de Defensa mantiene una base nacional específica sobre invasión y usurpación de tierras.

La reforma agraria debe garantizar acceso a la tierra; nunca convertir la ocupación ilegal en camino hacia la propiedad.

La Seguridad Jurídica. Quien compromete su patrimonio en una finca, una explotación ganadera o un cultivo necesita reglas claras, respeto por la propiedad y protección de los contratos. Sin esa certeza no hay inversión de largo plazo, crédito ni relevo generacional.

Necesita además seguridad económica. El clima, los precios, las tasas de interés y la tasa de cambio generan riesgos que ningún productor puede administrar solo. Por eso se requiere una verdadera instrumentación financiera: crédito a plazos y tasas razonables, seguros agropecuarios accesibles y mecanismos de cobertura que protejan la estabilidad de los ingresos.

Basta mirar a nuestros arroceros. Fedearroz registra para el arroz de riego un costo de fertilización de $2,08 millones por hectárea, dentro de un costo total superior a $9,2 millones. Y advierte que en 2026 los altos inventarios internacionales presionan los precios mientras aumentan los costos de producción. Cuando producir cuesta cada vez más y vender deja cada vez menos margen, también estamos frente a una inseguridad que debe atender la política pública.

Lo mismo ocurre con la tasa de cambio. Una TRM por debajo de $3.200 golpea los ingresos de quienes exportan y modifica la rentabilidad de operaciones planeadas con otra tasa. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de ganado en pie cayeron de US$94,4 millones a US$63,4 millones frente al mismo periodo de 2025. El productor no puede controlar la TRM ni los mercados internacionales; necesita instrumentos para administrar esos riesgos.

Seguridad comercial. Colombia demostró en 2025 que puede competir: las exportaciones agropecuarias sumaron US$11.297,7 millones y las agroindustriales US$3.965,7 millones. El campo responde cuando encuentra oportunidades. Ahora corresponde construir las condiciones para que ese resultado no dependa de ciclos favorables.

Eso exige vías terciarias, riego y drenaje, conectividad, energía, sanidad, trazabilidad, ciencia aplicada, crédito y mercados seguros.

Todas estas seguridades terminan conduciendo a una sola: la seguridad alimentaria de la Nación.

El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica. No necesita otro diagnóstico. Necesita reconstruir la confianza del campo y convertirla en una política de Estado: seguridad para vivir, seguridad para trabajar la tierra, seguridad para invertir, seguridad para producir y seguridad para vender.

Quienes conocemos el campo sabemos que la competitividad no se construye desde un escritorio.

Se construye desde el barro y la bosta, donde cada día un empresario arriesga su patrimonio, genera empleo y sigue apostándole a Colombia.

Sin seguridad no hay confianza. Sin confianza no hay inversión. Sin inversión no hay competitividad. Y sin un campo competitivo y seguro, no habrá verdadera seguridad alimentaria ni futuro para Colombia.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu