* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 24 de abril de 2026).- Esta alusión a la obra más conocida de Kundera, con un título que siempre he considerado magistral en la literatura, aplica muy bien a la también insoportable superficialidad de ese mal necesario que son las redes sociales, a propósito de un video en el que dos hermanos vinculados a la cadena cárnica, pues su familia es ganadera y tiene un expendio de carnes en Ibagué, terminan replicando los argumentos espurios del presidente Petro contra las exportaciones cárnicas, que pretendió inclusive prohibir.

La protagonista, Alba Lucía García, es una joven tolimense muy preparada, exdirectora de la seccional de Fenalco y exsecretaria de Desarrollo de Ibagué, con aspiraciones políticas y gran actividad en redes, dos ámbitos en los cuales, infortunadamente, la verdad suele patinar en el piso resbaloso de los votos y los likes. No le adjudico siquiera mala intención, pero cuando el sensacionalismo riñe con la verdad y se suma, aún sin querer, a los ataques a Fedegán y a la ganadería, salgo en defensa, como me corresponde, de la reputación del gremio y de los 700.000 ganaderos que ya tienen suficiente con ser víctimas del abandono rural, de la violencia y de la estigmatización desde el gobierno mismo.

“Las exportaciones de carne no pueden seguir”, dijo Petro. “Los extranjeros nos están dejando sin carne”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Las exportaciones de carne en 2025 representaron apenas el 4% de la producción y las de animales el 0,7% del hato, lo que no le hace rasguños al abastecimiento.

Sin embargo, el hermano se atrevió a más: Refiriéndose al presunto crecimiento de las exportaciones, afirmó que “Estamos hablando del 300%, 400%”, lo cual no solo es mentira, pues en los últimos años las exportaciones han caído y hoy son casi imposibles con dólar a $3.500, sino que se sustenta en una gráfica con el logo de Fedegán, que no es oficial de la Federación. Sobre esta situación en particular no solicito, sino que exijo una disculpa y una rectificación. 

“Estamos acabando nuestro hato ganadero”, dijo Petro…, “Se está acabando el ganado”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Nuestro hato ha crecido consistentemente y hoy, con 30,5 millones de cabezas, es el cuarto de Latinoamérica y el número 13 del mundo.

“No tenemos excedentes de carne”, dijo Petro. “En Colombia no hay carne…”, dijo Alba Lucia. No es cierto. Con 812.000 toneladas, la producción formal de carne en 2025 aumentó un 7,8% frente al año anterior, porque el sacrificio formal también creció un 6,3% para un total de 3.486.000 cabezas. 

La producción de carne y el sacrificio formal crecieron porque también creció la demanda, pues el consumo per cápita pasó de 17,6 a 18,4 kilos, y cuando eso sucede los precios suben, una tendencia del ciclo económico a la que se sumó el alza en costos de producción y mano de obra. Ellos generan empleo y saben que el aumento del mínimo tocó cargárselo al precio del kilo de carne para conservar la rentabilidad del negocio familiar.

Así que, antes de acudir al inmediatismo en redes, a Alba Lucía, reconocida por su activismo en pro de un Tolima que “merece más” –algo encomiable–, le aconsejaría investigar el sacrificio clandestino en su departamento, un problema estimado en más de 1.100.000 reses a nivel nacional; como también la supervisión de las secretarias de salud al expendio de carnes y la afectación a la comercialización por el cierre de plantas municipales por el INVIMA, sin alternativas para el sacrificio formal.

Quizás allí encuentre respuestas ajustadas a la realidad, sin afectar a la cadena de valor de la que su propia familia hace parte.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 24 de abril de 2026).- “No están quitando la tierra: están cambiando las reglas para que sostenerla sea cada vez más difícil.”

Durante años, Colombia discutió el conflicto agrario como una pelea física por la tierra. Ese debate quedó atrás. Hoy el país entró en una fase mucho más compleja y peligrosa: El verdadero conflicto ya no es por la propiedad rural, sino por la inestabilidad de las reglas que la gobiernan.

Y esto no es una opinión; es un hecho jurídico.

La Corte Constitucional ha trazado una línea roja:

La administración no puede sustituir las garantías judiciales cuando se trata de afectar derechos de propiedad. En el contexto de la puesta en marcha de la jurisdicción agraria, ha reiterado que los conflictos estructurales sobre tenencia y acceso exigen control judicial efectivo y no pueden resolverse exclusivamente por vía administrativa.

Traducido al lenguaje del campo:

Una resolución de escritorio no basta para cambiar la realidad jurídica de un predio.

Esa advertencia es crucial mientras la reforma agraria sigue apoyándose, en gran medida, en instrumentos administrativos. La Corte pone límites; la realidad en territorio avanza por otro carril.

Tras las protestas de abril de 2026, el Gobierno del presidente Petro, firmó acuerdos para “revisar” los incrementos catastrales. Pero con un detalle que no puede pasar desapercibido: no se suspenden las actualizaciones.

El modelo sigue rodando mientras se “revisa”, trasladando el costo de los errores de política al productor rural.

Y aquí es donde la discusión deja de ser sólo jurídica y entra en lo esencial: la seguridad alimentaria del país.

Cuando el catastro multipropósito se aplica sin una realidad económica que lo respalde, con avalúos que en muchos casos han subido de hasta 500% y más en muchos casos, el productor rural queda atrapado en una ecuación de supervivencia que desarma cualquier proyecto productivo:

Incertidumbre operativa: si no sabe cuál será su carga fiscal el próximo ciclo, es imposible invertir en tecnificación o en cultivos de mediano plazo.

Desincentivo a la producción: ante una carga tributaria que erosiona la rentabilidad, la decisión racional no es crecer, sino reducir.

Riesgo de desabastecimiento: un productor que vive bajo incertidumbre jurídica y fiscal termina saliendo del sistema. Y un país que desincentiva su campo termina en abierta inseguridad alimentaria, dependiendo de mercados externos.

Lo que estamos viendo no es una expropiación directa, que sería jurídicamente atacable.

Es un mecanismo silencioso de desmonte de la propiedad rural.

Las reglas cambian. La incertidumbre crece. La inversión se frena.

Los acuerdos firmados tras las protestas reconocen que algo no está funcionando, pero no corrigen el problema de fondo. Apagan el incendio con mesas técnicas mientras dejan intacto el mecanismo que lo originó.

Colombia ya no enfrenta un nuevo conflicto por la tierra.

Está entrando en una crisis de confianza.

Y la confianza no se decreta.

Porque cuando un productor no sabe a qué atenerse, no deja de producir por falta de tierra.

Deja de producir por falta de certeza.

Un país que pierde la certeza en su campo no solo pierde productividad: empieza a perder su soberanía alimentaria sin darse cuenta.

Este no es un debate técnico. Es un debate de país.

Por eso, liderazgos como los de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, están llamados a poner este tema en el centro de la agenda pública.

Porque si Colombia no corrige a tiempo las reglas del campo, no habrá reforma agraria que alcance… ni seguridad alimentaria que resista.

Pd.: Las heridas que más demoran en cicatrizar son las causadas entre hermanos. Ojo pues.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu