* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de febrero de 2025).- Como una suerte de condena circular a la dicotomía tolstoiana entre guerra y paz, nuestro país sufre una violencia endémica que, por cuenta del ELN, amenaza con una “guerra total”, paradójicamente en el gobierno de la “paz total”.

La última alarma de la Defensoría da cuenta de 11 crisis humanitarias simultáneas, generadas por 10 grupos armados con influencia en 809 municipios, lo que representa un copamiento territorial casi total, una peligrosa pérdida de soberanía y una violencia que se irriga a las ciudades por miles de bandas de microtráfico y delincuencia común.

El ELN es el primero de la lista, y entonces uno se pregunta por qué, si hasta hace unos meses los diálogos con el Gobierno eran los de mostrar, con países garantes y acompañantes, incluidas la ONU y la Iglesia Católica, con 28 acuerdos firmados en dos años y hasta un flamante Comité Nacional de Participación.

La respuesta está en su historia y su ADN: 60 años de “violencia revolucionaria”, una bandera apenas simbólica que se resiste a arriar, pues justifica su “violencia narcoterrorista” y su reclamo al Gobierno por seguir en la lista de los Grupos Armados Organizados, porque ellos no son delincuentes, sino “luchadores por la libertad”.

Durante 50 años el ELN ha negociado con los gobiernos, en un ciclo de diálogo, incumplimiento, ruptura sangrienta y nuevo diálogo. Hoy estamos, y de qué manera, en fase de “ruptura sangrienta”, durante la cual, con cinismo, sus líderes cacarean voluntad de paz y un compromiso que suena a gracejo, de no ser por el drama que encierra: “El ELN firma para cumplir”, mientras incumple descaradamente y acusa al Gobierno de ser el incumplido. Ayer nomás, Antonio García denunció que las Fuerzas Militares son aliadas del Clan del Golfo y no lo combaten en Chocó, lo cual justifica otro paro armado que paraliza a la región.

La respuesta también está en su estrategia “geopolítica”. Primero, su transformación adaptativa, de guerrilla comunista-cristiana – ¡vaya combinación! -, a grupo armado binacional, narcoterrorista en Colombia y, sin dejar de serlo, paramilitar en Venezuela, aliado del dictador, aunque lo niegue de dientes para afuera.

Segundo, su estrategia expansiva de control territorial. Se habla de luchas por control territorial como lugar común, pero, así como el iceberg nos muestra solo su punta sobre las aguas, hay una amenaza latente que permanece oculta para el país.

El iceberg, de hecho, es imagen de la estrategia elena de “lucha y acumulación”, con la lucha armada por el control territorial como punta visible, bajo la cual se esconde “el acumulado” de sus otras luchas: la social y económica, la política, la ideológica, la ambiental y la diplomática, cuyo fin último es el socialismo, para lo cual, además de sojuzgar a la población, es necesario eliminar adversarios: Fuerza Pública, grupos armados que pretendan atravesarse y todo aquel que piense diferente.

Tampoco se trata de un control localizado, no es el Catatumbo solamente, sino el corredor de frontera, desde La Guajira hasta Vichada, y no solo para tener una retaguardia del otro lado de la frontera, sino para cuidarle la frontera al régimen venezolano, como una primera línea de defensa. Maduro padece el síndrome de invasión, y nada más peligroso que un dictador asustado con pretensiones expansionistas. De hecho, ya convocó elecciones para gobernador del nuevo Estado del Esequibo que pretende arrebatarle a Guyana.

No olvidemos que la población guajira es binacional, como el contrabando, el narcotráfico en el Catatumbo y hasta la cultura llanera en el resto de frontera. No sea que el ELN, de primera línea defensiva, también se transforme en… ejército de ocupación. No sobra advertirlo. 

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de febrero de 2025).- Desde octubre de 2024, el gobierno de Gustavo Petro introdujo el trámite de urgencia para acelerar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria. Este fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, donde se logró moderar el impacto de una propuesta que amenaza el derecho fundamental a la propiedad privada, la libre democracia, seguridad jurídica y socioeconómica del campo colombiano. Ahora, el proyecto está a la espera de ser debatido en las plenarias de ambas cámaras por separado.

Si bien hoy parece haber acuerdos con el Ministerio de Agricultura, se han realizado modificaciones clave, eliminando o ajustando los siguientes aspectos:

Expropiación exprés: Se estableció que el trámite deberá pasar por una fase judicial obligatoria antes que la ANT (Agencia Nacional de Tierras).

Extinción de dominio sin indemnización: Sólo se aplicará en casos de delitos, aunque en materia ambiental el debate sigue abierto.

Jurisdicción Agraria especializada: Aún falta resolver aspectos relacionados con el medio ambiente.

Asimetría a favor del sujeto de especial protección: Se eliminó la posibilidad de que el juez favorezca a una de las partes.

Principio del poseedor de buena fe: Se introdujo en el proyecto.

Creación de jueces móviles: Se estableció la obligación de garantizar acceso a la justicia en todas las veredas del país.

Eliminación del principio de equitativa distribución de la tierra.

El proyecto de Jurisdicción Agraria busca ejercer control sobre la propiedad del suelo como medio de producción, promoviendo una economía con dirección centralizada. A pesar de las modificaciones, persisten aspectos problemáticos, como la reversión de los baldíos adjudicados. Esta figura, vigente en la Ley 160 de 1994 y derogada por el Decreto 902 de 2017, pretende ser reintroducida en el artículo 12 del proyecto. La propuesta otorga a la ANT poderes absolutos, permitiendo que un acto administrativo prevalezca sobre el control judicial previo, lo que generaría una condición de inseguridad jurídica permanente y desincentivaría la inversión en el campo.

Además, el proyecto refleja un intento de tomar el control sobre el uso de la propiedad privada en el sector rural, atentando contra la libertad económica. La prohibición del fraccionamiento antieconómico de la propiedad restringe el derecho a la libre disposición de la tierra, generando incertidumbre y alejando la inversión del sector.

En el proceso legislativo que sigue, existe la posibilidad de mejorar el texto o, por el contrario, que se desconozcan los acuerdos alcanzados hasta ahora. Es fundamental prestar especial atención a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde el gobierno cuenta con amplias mayorías.

Las garantías procesales en la Jurisdicción Agraria, así como el manejo de la asimetría, distorsionan los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley. Esto pone a los propietarios en desventaja frente a las afirmaciones de la contraparte, quien es considerada sujeto de especial protección, como se establece en el artículo 34 del proyecto de ley.

Es necesario implementar un control judicial automático sobre las decisiones tomadas en la ANT, asegurando que los conflictos sobre tierras se manejen de manera independiente de la restitución de víctimas. Además, la extinción de dominio agrario por faltas ambientales es un tema crítico, ya que podría resultar más grave que la expropiación exprés, pues permitiría anular títulos de propiedad sin indemnización.

El proyecto de Jurisdicción Agraria debe centrarse en su función jurisdiccional, garantizando justicia en los temas agrarios. En el contexto actual, no hay condiciones adecuadas para aprobar un proyecto con estas características y una fuerte carga ideológica. Además, la estructura de la jurisdicción está fuertemente ligada al Ejecutivo, a través de la Agencia Nacional de Tierras, lo que refuerza la intención de centralizar la economía rural como un instrumento de control sobre los medios de producción, en particular la tierra.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu