* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: German Bahamón Jaramillo * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(GBJ – Sábado 15 de noviembre de 2025).- Estados Unidos ha anunciado oficialmente la eliminación de las tarifas reciprocas arancelarias al café de todos los orígenes. Esta es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y, en particular, para Colombia.

Agradecemos al Gobierno de los Estados Unidos y a los senadores que nos escucharon con rigor, atendieron nuestro análisis técnico y entendieron la necesidad de proteger al consumidor americano y al productor en origen. Este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas, serias y permanentes con los actores clave del mercado internacional. Continuaremos persiguiendo mas y mejores acuerdos comerciales con el mercado mas importante para el café colombiano.

Desde la Federación Nacional de Cafeteros enviamos un mensaje de tranquilidad al país cafetero. Ratificamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, tal como lo hacemos con Medio Oriente, Asia, Oceanía y Europa. Con visión global, diplomacia técnica y presencia constante en los centros de decisión, seguimos defendiendo la competitividad de Colombia.

* German Bahamón Jaramillo, Gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). @GermanBahamon @FedeCafeteros

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 14 de noviembre de 2025).- El 11 de noviembre la Corte Constitucional publicó su Sentencia C-340, avalando el Proyecto de Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, que definió su estructura y relacionamiento, es decir, el entramado burocrático que se sumará al de este país con poca justicia, pero muchas cortes, tribunales, magistrados y jueces.

Simultáneamente, el Proyecto de Ley ordinaria que reglamenta los procedimientos y competencias está para debate en plenaria de Cámara, en medio de acusaciones de dilación, de conflicto de intereses de algunos congresistas y de declaraciones de apoyo y rechazo desde diferentes sectores.

Escribí sobre este tema en diciembre de 2024, cuando el Proyecto había sido aprobado en comisiones primeras conjuntas, y reconocí que, tanto el Ministerio como el Congreso abrieron espacios de concertación y, como uno de sus resultados, entendí que se preservaba la fase judicial automática para los procesos agrarios.

Para unos sí, para otros no. Para algunos procesos la decisión administrativa de la ANT es de fondo si no hay oposición, pero en el precario entorno rural colombiano, afectado además por el control de grupos ilegales, también es precario el acceso libre a la justicia y, en esas condiciones, la no oposición puede esconder tremendas injusticias.

Para la extinción de domino persiste la fase judicial en la nueva jurisdicción, una de cuyas causas es la violación grave de las disposiciones ambientales. Surge entonces mi reparo de siempre: Si bien la extinción ambiental de dominio existe desde 1994…, ¿quién determina en primera instancia la violación y quién califica la gravedad? ¿Acaso nuestras autoridades ambientales “autónomas” y clientelistas?, ¿acaso las autoridades indígenas, hoy también ambientales? ¿Acaso las armas del narcoterrorismo?

Los procedimientos agrarios sobre baldíos fueron los peor librados, pues la ponencia, amparada en una decisión de la Corte Constitucional que ordenó su recuperación, es perentoria en que “serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo”. Sin embargo, en muchos casos y durante muchos años, el Estado mismo promovió la colonización de tierras consideradas “de nadie”, entregadas inclusive por decisiones judiciales que, equivocadas o no, generaron derechos que deberían poder defenderse ante un juez. 

Finalmente, una situación sobreviniente: Desde el proyecto inicial, el principio de la “Integración de los instrumentos de planificación territorial” se refiere a que las decisiones judiciales agrarias deberán estar en concordancia con los planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación, dentro de los cuales hoy aparecen las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) con las cuales el gobierno pretende el control centralizado de la producción agropecuaria, que va en contra de la autonomía regional, de la libertad de empresa y, además, puede derivar en una persecución a la ganadería.

No son temores infundados. En un especial del diario El País se lee con todas las letras que: “La figura solo busca que se dediquen a la agricultura las tierras aptas para ella, en lugar de la ganadería o la minería”. ¿Quién dijo que las tierras aptas para agricultura no lo son para la ganadería que produce carne y leche a base de pasturas?

Y en tan enrarecido ambiente, el director de la ANT presenta una demanda ante la Corte Constitucional, solicitando poderes temporales para obviar la fase judicial mientras se aprueba la jurisdicción, en un país donde lo temporal es antesala de lo permanente. 

La jurisdicción agraria… otra vez, considerada como instrumento para completar, a las malas, tres millones de hectáreas para cumplir el Acuerdo con las Farc. A propósito, ¿dónde están los billones anunciados para comprar tierras? ¿Por qué la Procuraduría alertó en diciembre de 2024 sobre 645 mil millones no ejecutados?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Viernes 14 de noviembre de 2025).- Hoy día, en medio de una de las mayores tensiones políticas y comerciales entre Colombia y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y su agresividad casi que demencial expuesta a través de nuevos aranceles para la mayoría de países y sus respectivas consecuencias sobre los acuerdos comerciales existentes.

Ha ahondado aún más, las profundas desventajas para los productores de nuestro país, lo cual sumado a los bajos precios del dólar que incentivan las importaciones, le facilitan a la industria reemplazar producción nacional por la de otros países. Así las cosas, uno de los renglones mayormente afectados es la leche, pues sumado a la sobre oferta del ciclo en épocas de invierno sin tener la capacidad suficiente para pulverizarla y guardarla, se verá atropellada con masivas importaciones de leche en polvo de otros países particularmente de Estados Unidos al finalizar el contingente arancelario en 2026, cuando no haya restricciones para importar leche en polvo, en detrimento de las compras nacionales; todo ello aprobado cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos el 22 de noviembre de 2006 siendo presidente Álvaro Uribe Vélez y que obligatoriamente debe cumplirse.

El presidente Petro a su llegada propuso renegociarlo, lo cual no se hizo por temor al impacto que dicha renegociación tuviese sobre otros sectores de la economía. Entonces, los ganaderos productores de leche tendrán que pagar los platos rotos e ideárselas para poder competir, mientras la industria láctea feliz importa leche en polvo barata. Por supuesto, que ello exige una mayor eficiencia de parte de los ganaderos colombianos; como lo anota Fedegan a través de su boletín oficial «Contexto Ganadero». Igualmente, es indispensable una unión gremial más fuerte y representativa, dinámica y audaz; y el agregado de un mejor manejo empresarial en las fincas. Actividades estás que se plantearon cuando se aprobó el CONPES LACTEO en el 2010, específicamente los documentos CONPES 3675 y 3676, para implementarse durante los 8 años siguientes y coadyuvar en el incremento en la productividad, mejorar la calidad de la leche y en la formación de clústeres lácteos, etc.

De lo anterior se logró mucho, pero no lo suficiente para alcanzar a prepararnos antes de la entrada en vigor de la apertura total en 2026, a pesar de haber recibido importantes recursos. Lo cierto es que cargar a cuestas con esta situación, es algo que el ganadero no puede hacer solo y requiere ahora más que antes, del apoyo del gobierno, con mayor razón tratándose del principal alimento de la nutrición infantil de los colombianos y de la necesidad de mantener la seguridad alimentaria en este renglón. Razón por la cual, se requiere con urgencia una convocatoria de alto nivel para rodear a los productores de leche de las condiciones y el acompañamiento requerido, de lo contrario, más temprano que tarde estaremos asistiendo lamentablemente a su desaparición, afectándose cerca de 500 mil familias dedicas a producir leche, la gran mayoría medianos y pequeños ganaderos.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima y exgerente de la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil de Colombia.