* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 10 de abril de 2026).- No se cansa Petro de las verdades a medias para descalificar e incitar a la lucha de clases, incitación que gana votos, votos que necesita para instalar al sucesor que tape los escándalos de su gobierno y dé continuidad a su agenda progresista.

En su última “alocución” la emprendió contra la exportación de carne y animales, no porque él mismo crea en sus argumentos, sino para atacar a un objetivo de su oratoria exaltada: los ganaderos, para él terratenientes improductivos que, además, no pagan impuestos. Qué ironía, con los exorbitantes avalúos catastrales con los que se despide.

Que “las exportaciones de carne no pueden seguir porque no tenemos excedentes”. Falso. Las exportaciones no afectan el abastecimiento. El consumo de todas las carnes se incrementó notoriamente por el desbordado gasto público, en especial en nómina oficial. Pero mientras el cerdo y el pollo complementan su oferta con importaciones superiores a 207 mil toneladas en 2025, las de carne de res son despreciables y las exportaciones de 30.000 toneladas y 227.000 animales no afectan la oferta local, pues contamos con un hato de 30 millones de animales, número 13 del mundo y cuarto de Latinoamérica. 

Que “exportar a China hace subir los precios de la carne en el mercado local”. Falso. El aumento del precio en un 9.6% en 2025 es más una “recuperación”, pues en 2024 solo aumentó 0,68%. Es decir, no cubre la inflación de los dos periodos. Segundo: ese bajo incremento en 2024 se presentó con un volumen de exportaciones superior al de 2025, lo que demuestra que las exportaciones nada tuvieron que ver con el aumento del precio. Tercero: ese aumento de precio obedece a la recuperación de la demanda, reflejada en un incremento del sacrificio formal de 6,3%. Ante el crecimiento de la demanda el mercado reacciona y los precios suben: Economía básica.

Que con las exportaciones y, sobre todo, con las de hembras “estamos acabando nuestro hato ganadero”. Falso. Las exportaciones de carne equivalen solo al 4% de la producción y las de animales al 4% del hato, y en 2025 solo se exportaron 6.217 hembras hacia Venezuela cuando se creó la zona binacional en el Catatumbo, dizque para recuperar un hato que pasó de 18 a 7 millones de cabezas, gracias a la expropiación masiva de tierras ganaderas y al desastre económico del Socialismo del siglo XXI.

Que aun a costa de la balanza comercial, “es preferible que baje el precio de la carne para las y los colombianos, y eso no se puede si se sigue permitiendo la exportación”. Como se nota que Petro no habla de política económica, sino que hace política electoral. Sin ánimo de insultar, solo traigo a cuento la famosa frase de campaña de Clinton en 1992 ¡Es la economía, estúpido!

Pero, además, la preocupación por el hato ganadero es inconsistente con su ataque reiterado a la ganadería, como es inconsistente el ataque a las exportaciones ganaderas con el discurso de que las agropecuarias están llamadas a reemplazar la renta petrolera. Me quedo con la sensata respuesta de la ministra a los medios: “No se puede prohibir exportar carne, pero se debe garantizar abastecimiento”.

Finalmente, si de ayudar a los más desfavorecidos se trata, en lugar de perseguir las exportaciones, más haría el presidente apoyando la salvaguarda a las importaciones de leche desde Estados Unidos, en la que hemos insistido para salvar de la ruina a más de 300.000 ganaderos dedicados a la producción lechera, la mayoría campesinos minifundistas.

A este gobierno habría que ponerlo a repetir una plana: Menos odios…, más política pública…, menos política electoral.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 10 de abril de 2026).- En Colombia no está en discusión la necesidad de actualizar el catastro. El rezago es real. Lo que sí está en discusión es cómo se está haciendo y, sobre todo, cuándo puede cobrarse.

La Ley 2294 de 2023, artículo 49, autorizó al IGAC a realizar, por una sola vez, un ajuste masivo y automático de avalúos. Pero en la misma norma fijó la regla que hoy se pretende relativizar:

“Los valores catastrales (…) entrarán en vigencia a partir del 1° de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales.”

Aquí no hay interpretación posible. La ley diseñó un acto jurídico administrativo complejo, compuesto por tres momentos:

1. Determinación del avalúo (que puede ser automática).

2. Incorporación en la base catastral (obligatoria, material, predio a predio).

3. Efecto fiscal diferido (a partir del año siguiente).

Solo cuando se cumplen todas las etapas, el avalúo existe jurídicamente como base gravable.

Por eso, la tesis de que la expedición y publicación de una resolución general al cierre del año equivale a incorporación automática no se sostiene. La incorporación no es un acto formal ni presunto: es un hecho técnico y verificable, que implica registro individualizado en el sistema catastral.

Y este punto no es menor. El impuesto predial, aunque de creación general, se concreta en actos administrativos individuales. Cada liquidación debe apoyarse en una base cierta, vigente y oponible.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, ha sido reiterativo en que el impuesto predial se materializa en actos particulares sustentados en información catastral válida y vigente, y que la base gravable debe ser cierta y preexistente a la liquidación. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que, conforme al artículo 338 de la Constitución, los elementos del tributo deben estar definidos de manera previa, cierta y verificable (Sentencia C-776 de 2003).

Esto excluye cualquier posibilidad de cobros soportados en ficciones administrativas.

Ahora bien, una precisión necesaria: sí es posible aplicar los nuevos avalúos en 2027, pero solo si se cumple íntegramente el acto complejo. Es decir, si el avalúo fue determinado válidamente y si fue incorporado efectivamente durante 2026 en la base catastral, entonces podrá regir fiscalmente desde el 1° de enero de 2027.

Lo que no es jurídicamente admisible es anticipar efectos sin haber cumplido la incorporación, o pretender que esta se entiende surtida por el solo hecho de haber expedido un acto general.

Confundir la vigencia de una resolución con la existencia jurídica del avalúo es el error de fondo. Una cosa es que el acto administrativo general exista; otra, muy distinta, que haya producido todos los efectos necesarios para servir de base gravable.

El debate que empieza a darse en distintos escenarios jurídicos corre el riesgo de desviarse. Se pretende controvertir el problema atacando los actos individuales de liquidación del impuesto predial, cuando la discusión de fondo es anterior: la validez misma del avalúo como base gravable.

Esa aproximación fragmenta el problema y lo reduce a errores de forma o de trámite, cuando lo que está en juego es la existencia jurídica del elemento esencial del tributo. Si el avalúo no ha cumplido el proceso legal —determinación, incorporación y vigencia—, no hay base sobre la cual liquidar.

En esas condiciones, la discusión no es si el acto individual está bien notificado o motivado, sino si tiene soporte válido. Y cuando la base falla, lo demás no se corrige: se cae.

Por eso, los cobros de predial que se soporten en avalúos no incorporados —aunque gocen de presunción de legalidad— no resisten un control judicial de fondo. La presunción no suple la ausencia de los requisitos legales.

El debate no es ideológico ni coyuntural. Es estrictamente jurídico: el Estado no puede cobrar impuestos sin haber completado el proceso que la ley le exige.

En materia tributaria, el tiempo y la forma no los define la administración. Los define la ley. Y la ley, en este caso, es clara: sin incorporación previa, no hay avalúo; y sin avalúo, no hay impuesto.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu