(FNC – Martes 21 de abril de 2026).- La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) ofrece a todos los cafeteros la Garantía de Compra, mediante la publicación de un precio base de mercado que se calcula de acuerdo con la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, el precio del dólar del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano.
Precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco por carga de 125 kilo
(DANE-SIPSA – Martes 21 de abril de 2026).- Presentamos el reporte diario de precios mayoristas de la papa en la central de abastos de Bogotá, suministrados por el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (Sipsa).
Advertimos que estos precios son de referencia porque varían de acuerdo con la oferta y la demanda, la calidad del producto y la región donde se comercialicen.
* El ICA y Fedegán trabajan en equipo para mantener el estatus sanitario del país, y la generación de alimentos de origen animal para la seguridad alimentaria, el empleo en el campo, y la competitividad de la ganadería en los mercados del mundo.
* Más de 6.000 personas entre vacunadores, administradores, programadores, médicos veterinarios, zootecnistas y supervisores trabajarán durante el ciclo de vacunación por la sanidad de la ganadería y la seguridad alimentaria de los colombianos.
* La vacunación contra rabia de origen silvestre es obligatoria en bovinos y bufalinos en las zonas de riesgo para lo cual Fedegán en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, pondrá a disposición los vacunadores, quienes contarán con los biológicos necesarios para adelantar la vacunación.
Agricultura & Ganadería
(ICA – Lunes 20 de abril de 2026).- Mediante Resolución ICA 06630 de 2026 la Entidad estableció que el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre en Colombia se llevará a cabo del 4 de mayo al 23 de junio de 2026, de conformidad con las condiciones establecidas, dirigidas a mantener al país libre de la enfermedad.
“Son más de 30 millones de bovinos y bufalinos que componen el hato ganadero nacional, los cuales serán vacunados durante el ciclo para mantener el estatus sanitario del país como libre de fiebre aftosa con vacunación. De esta manera; en equipo con Fedegán, trabajamos para que la ganadería nacional continúe su avance generando alimentos de calidad, bienestar en el campo y soporte de la economía nacional con más 1.100.000 empleos directos, consolidándose como uno de los motores del campo colombiano” señaló Paula Andrea Cepeda, gerente general del ICA.
La ejecución del ciclo de vacunación está bajo la responsabilidad de Fedegán que, en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, vigilará el cumplimiento de las obligaciones de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA) que formen parte de la infraestructura técnica y administrativa definida para la ejecución del primer ciclo de vacunación 2026.
“Hago un llamado a los más de 700.000 ganaderos de Colombia a cumplir con la obligación de vacunar sus bovinos”, manifestó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, quien recordó que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), otorgó al país el estatus de Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación en febrero de 2020.
El líder gremial manifestó que, “al igual que el gremio cúpula y el ICA, los ganaderos de todos los rincones del país tenemos dos compromisos: el primero es contribuir en el control y prevención de la fiebre aftosa y, el segundo, conservar el estatus sanitario de Colombia”.
En las zonas determinadas en el territorio nacional donde se debe llevar a cabo el proceso de vacunación, únicamente podrán usarse lotes de vacunas contra fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre que hayan sido evaluados, registrados y aprobados por el ICA, según los parámetros de esterilidad, inocuidad, fisicoquímicos, pureza y potencia establecidos en las normas vigentes.
Se exceptúa de la vacunación contra fiebre aftosa a las especies bovinas y bufalinas que estén ubicadas en las zonas declaradas libres de fiebre aftosa sin vacunación, que corresponden al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpelo y el Urabá Chocoano, conformado por los municipios de Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién (margen izquierda del río Atrato), Juradó, Riosucio (margen izquierda del río Atrato) y Unguía. Así mismo, se exceptúan las especies bovinas y bufalinas ubicadas en los departamentos de Amazonas, Vaupés y el municipio de Miraflores, en el departamento de Guaviare, con la finalidad de avanzar hacia la creación de una nueva zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.
Mediante la resolución, la Entidad establece que debe vacunar contra brucelosis bovina a toda hembra bovina y bufalina, conforme a las edades definidas en el artículo 6 de la presente Resolución, con excepción de aquellas que se encuentren ubicadas en las zonas declaradas por el ICA como libres de brucelosis bovina como son: la Provincia de García Rovira, conformada por los municipios de: Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel, y el municipio de Santa Bárbara, en el departamento de Santander, así como el departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De igual manera, se exceptúa la vacunación en los departamentos de Amazonas, Vaupés y el municipio de Miraflores en el departamento de Guaviare.
La expedición del Registro Único de Vacunación (RUV) contra la fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre, será efectuada por el personal contratado por Fedegán en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, ubicado en los proyectos locales.
* Con estos subsidios, campesinos, campesinas y pequeños productores accederán a tasas de interés mensuales desde 0,5%.
* A través del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el Gobierno nacional busca fomentar el desarrollo rural al otorgar un subsidio de hasta el 40% para la inversión de los productores.
Agricultura & Ganadería
(Minagricultura, Finagro – Lunes 20 de abril de 2026).- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), habilitó un paquete de recursos por más de $147.000 millones para subsidiar tasas de interés y reducir el saldo de las inversiones de campesinos, campesinas y productores agropecuarios. A través de las Líneas Especiales de Crédito (LEC) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), se busca fortalecer la producción de alimentos, incentivar el desarrollo de nuevos proyectos asociativos y dinamizar la agroindustria.
Las pequeñas productoras y productores agropecuarios que quieran acceder a estos recursos, habilitados a partir del 17 de abril, podrán hacerlo a través del Banco Agrario y demás intermediarios financieros vinculados a Finagro.
Al respecto, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, anotó que “el acceso al crédito debe ser un derecho para quienes sostienen la producción de alimentos en el país. Es por eso que con estas medidas estamos democratizando el financiamiento rural, fortaleciendo la Reforma Agraria y respaldando a campesinas, campesinos y productores para que puedan invertir, producir y vivir con dignidad en sus territorios, así seguimos avanzando para en el camino de cerrar brechas históricas y consolidar un campo más justo, productivo y sostenible.”
Para la vigencia 2026 estarán disponibles dos Líneas Especiales de Crédito (LEC): Desarrollo Productivo y Reforma Agraria, con las que se otorgarán subsidios a la tasa de interés, de acuerdo con el tipo de productor y el proyecto productivo a financiar.
“Finagro, como banca de desarrollo del sector agropecuario, continúa democratizando el crédito con un financiamiento integral, compuesto por tasas de interés subsidiadas y garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Con estos recursos del Ministerio de Agricultura, seguiremos profundizando la inclusión financiera y el desarrollo rural para hacer de Colombia una potencia agroalimentaria”, explicó Jimena Ruiz, presidenta (e) de Finagro.
A través de las Líneas Especiales de Crédito (LEC), que incluyen la LEC de Desarrollo Productivo y la LEC de Reforma Agraria, se movilizarán $88.235 millones. Los beneficiarios podrán acceder a un subsidio de la tasa de interés que puede ser de hasta 11,2 puntos porcentuales para pequeños productores de ingresos bajos, lo que se traduciría en una tasa de interés mensual de 0,5%. Por ejemplo, gracias al beneficio de las LEC, por cada millón de pesos de crédito, una mujer pequeña productora de cacao que solicite financiación para el desarrollo de su proyecto pagaría, en promedio $5.000 de interés mensual.
Con la LEC de Reforma Agraria se podrán formalizar y adquirir tierras, así como producir y comercializar alimentos y promover la agroindustria.
El plazo máximo de otorgamiento del subsidio será de hasta tres años para créditos de capital de trabajo y de hasta siete años para créditos de inversión. Para compra de tierra, el plazo de otorgamiento del subsidio será de hasta 20 años, incluidos 3 años de periodo de gracia.
Al calificar este anuncio como una “excelente noticia” para los campesinos y campesinas del país, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, manifestó que “nuestras oficinas, asesores y equipo humano en general esperan a partir de hoy a todos los interesados en aprovechar estos importantes beneficios”, y subrayó que “en el Banco Agrario hemos acompañado esta iniciativa para que nuestros clientes cuenten con condiciones más favorables en sus créditos y así logren sacar adelante sus proyectos productivos”.
Incentivo a la Capitalización Rural
En el caso del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura otorgarán un beneficio a campesinos para que puedan disminuir los saldos de sus créditos. El ICR contará con una bolsa de $52.813 millones para apoyar inversiones productivas, de agroindustria, comercialización, multiactividad y sostenibilidad, y con una bolsa adicional de $6.000 millones para fortalecer la actividad arrocera, con el fin de impulsar inversiones en infraestructura, maquinaria, equipos y reconversión productiva.
Estos apoyos tendrán una focalización territorial especial, con prioridad en territorios estratégicos para la Reforma Agraria y la producción de alimentos, entre los que se destacan las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las Zonas de Reserva Campesina, los Distritos Agrarios y otras territorialidades campesinas. Esta focalización busca orientar mayores apoyos hacia zonas clave para la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la economía campesina, la vocación productiva del territorio, la generación de valor agregado y el desarrollo rural.
En los territorios priorizados, los pequeños productores de ingresos bajos podrán recibir un reconocimiento de hasta el 40% de la inversión, mientras que en otros territorios este apoyo podrá ser de hasta el 20%. Para pequeño productor, el reconocimiento podrá llegar hasta el 30% en territorios priorizados y hasta el 15% en los demás. También se priorizan esquemas asociativos y étnicos.
Por ejemplo, si un pequeño productor realiza una inversión de $10 millones para mejorar su unidad productiva, podría recibir un apoyo del ICR de hasta $3 millones o $4 millones, según el tipo de productor y el territorio, lo que le permitiría reducir directamente el valor de su crédito o de la inversión financiada.
(FNC – Lunes 20 de abril de 2026).- La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) ofrece a todos los cafeteros la Garantía de Compra, mediante la publicación de un precio base de mercado que se calcula de acuerdo con la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, el precio del dólar del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano.
Precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco por carga de 125 kilo
(DANE-SIPSA – Lunes 20 de abril de 2026).- Presentamos el reporte diario de precios mayoristas de la cebolla y el plátano en la central de abastos de Bogotá, suministrados por el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (Sipsa).
Advertimos que estos precios son de referencia porque varían de acuerdo con la oferta y la demanda, la calidad del producto y la región donde se comercialicen.
(DANE-SIPSA – Lunes 20 de abril de 2026).- Presentamos el reporte diario de precios mayoristas de la arveja, fríjol, habichuela y tomate en la central de abastos de Bogotá, suministrados por el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (Sipsa).
Advertimos que estos precios son de referencia porque varían de acuerdo con la oferta y la demanda, la calidad del producto y la región donde se comercialicen.
PRECIOS EN $ COLOMBIANOS
(Primera Calidad)
Leguminosa
Arveja verde en vaina Bulto 50 Kilogramo 320.000
Arveja verde en vaina pastusa Bulto 50 Kilogramo 260.000
(DANE-SIPSA – Lunes 20 de abril de 2026).- Presentamos el reporte diario de precios mayoristas de la papa en la central de abastos de Bogotá, suministrados por el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (Sipsa).
Advertimos que estos precios son de referencia porque varían de acuerdo con la oferta y la demanda, la calidad del producto y la región donde se comercialicen.
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(JFLR – Viernes 17 de abril de 2026).- En un post de X, red convertida en canal oficial del Gobierno, Petro insiste en su cantaleta de que el objetivo de la actualización masiva y automática de los avalúos catastrales rurales es “que los ricos paguen impuestos” y también “ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz”.
Es cierto, la Ley 14 ¡de 1983! ordena actualizar cada cinco años los avalúos catastrales, y el Acuerdo fariano establece que, en máximo siete años, que se vencieron en 2023, se debía concretar “la formación y actualización del catastro rural…”. Sin embargo, ningún gobierno, por las razones que sea, ha logrado cumplir esa obligación legal.
Así que, frente a problemas que se evidencian estructurales, malas son las soluciones atropelladas, que no surgen de un análisis objetivo de la realidad, sino de percepciones ideologizadas y calenturientas. Cuando esa es la guía de la política pública, cuando el presidente reduce el problema a que, según él, “los terratenientes no quieren pagar impuesto” el riesgo es la chambonada y el caos… Y en esas estamos.
Primero fue el artículo 49 de la Ley del Plan, un “mico disfrazado”, pues la actualización de los avalúos es un objetivo legítimo y, quizás por ello, no alarmó a nadie, porque se esperaba que el Gobierno aplicara la gradualidad que él mismo recomienda en el parágrafo tercero, que ordena al Ministerio de Hacienda y al DNP elaborar un Proyecto de Ley para establecer “límites al crecimiento del Impuesto Predial Unificado derivado del reajuste del avalúo catastral, bajo los principios de progresividad…”. Sin embargo, ni se revisaron los actuales límites al crecimiento del predial, ni se aplicó gradualidad alguna, que es la gran chambonada, pues un error del Estado durante décadas no se puede solucionar “de golpe y porrazo”.
Vino luego la Resolución 1912/24, que estableció la metodología, un galimatías técnico que solo puedo juzgar por sus resultados, que se conocieron en la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, publicada de afán en el Diario Oficial antes de que terminara el año, con el listado de porcentajes de incremento para casi 9.000 zonas homogéneas en 527 municipios; incrementos exorbitantes y que, en algunos casos, rayan en el absurdo.
El presidente sostiene que la medida no es para los pobres, pero, según información del IGAC, la actualización afecta a más de 1.600.000 predios, de los cuales el 98,6% tiene menos de 100 hectáreas, así que hablamos de una medida que arrasará con la mediana producción agropecuaria y de la cual no escapará el campesino minifundista, convertido en rico en el papel, como expresó una manifestante en La Calera, Cundinamarca.
Como era de esperarse, no los ricos que Petro persigue, sino esos campesinos y medianos productores salieron a protestar y se logró un acuerdo en Santander con mediación del gobernador; acuerdo que bien podría replicarse en otras regiones, pero una vez más la sensatez no fue invitada y el ministro del Interior dejó claro que eso no era posible, un mensaje “chambón” del que se infiere que para tener derecho a negociación y acuerdo hay que protestar primero.
La cosa se enreda aún más, porque, en lo que representa una confesión de la chambonada inicial y una “desmontada por las orejas”, la Dirección General del IGAC les trasladó “el chicarrón” de las soluciones para el apaciguamiento de las protestas a sus directores regionales, algo inaudito, pues lo que debería tener una solución centralizada, comenzando por la suspensión de la Resolución 2057, ahora dependerá de más protestas y tantas negociaciones como directores regionales tenga el IGAC.
Así pues, seguimos de chambonada en chambonada. Ya basta… ¡No más!
* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie
* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.
Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado
Agricultura & Ganadería
(MALA – Viernes 17 de abril de 2026).- “El catastro dejó de ser un instrumento técnico: hoy está ampliando la base tributaria, encareciendo producir y empujando a los empresarios del campo fuera del sistema, expulsandolos del sector agropecuario”.
Colombia está ejecutando, sin debate legislativo de fondo, una de las reformas tributarias más profundas contra el sector agropecuario. No se presentó como ley estructural. No pasó por una discusión abierta.
Se está imponiendo vía avalúos.”
La actualización catastral masiva impulsada por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 tenía un objetivo válido: cerrar el rezago histórico de los avalúos rurales. Pero lo que debía ser gradual se convirtió en un shock fiscal inmediato, generalizado y regresivo.
Hoy se registran incrementos del impuesto predial del 300%, en distintas regiones. Y aunque la norma permite topes —hasta el 100% anual—, estos aplican sobre el impuesto, no sobre el avalúo. Cuando el avalúo se multiplica, el impacto estructural ya ocurrió.
Pero el problema de fondo no es el predial.
Más contribuyentes, más carga
El avalúo redefine la relación del productor con el Estado.
Estamos viendo una expansión silenciosa de la base tributaria:
● Productores que no declarabán renta ahora deben hacerlo
● Aumenta el patrimonio líquido sobre el papel
● Se amplía la exposición a impuestos patrimoniales (hoy suspendidos, pero vigentes como figura)
● Se incrementa la base de ganancia ocasional
Es decir: no solo se paga más, ahora más gente entra a pagar.
Y todo esto sin que haya mejorado el ingreso real del campo.
El golpe indirecto que pocos ven
El efecto no se limita a impuestos directos.
Cuando sube el avalúo:
● Se disparan los costos notariales y registrales
● Aumentan impuestos asociados a compraventas
● Se encarecen sucesiones y formalización de la propiedad
En la práctica: tener, vender o heredar tierra en Colombia es hoy más costoso.
Pagar más y recibir menos
El nuevo avalúo también expulsa campesino y pequeños empresarios del campo de:
● Subsidios
● Programas de apoyo
● Clasificación como pequeños productores
● Acceso a crédito preferencial
El resultado es claro:
El productor paga más impuestos y pierde beneficios.
El impacto real: empleo y producción
Aquí está el punto que no se está diciendo con suficiente fuerza.
El predial no se paga con teoría económica.
Se paga con caja.
Según el DANE, el sector agropecuario genera cerca del 15% del empleo nacional, con más de 3,5 millones de personas ocupadas, en su mayoría mano de obra no calificada de alta vulnerabilidad.
De acuerdo con Fedegán, la ganadería —una de las principales actividades rurales— opera con márgenes estrechos, altamente sensibles a costos y cargas adicionales.
¿Qué pasa entonces?
● Se reducen jornales
● Se aplazan contrataciones
● Se frena la inversión
A esto se suma una realidad compleja: Escasez de mano de obra rural, aumento sostenido del costo laboral y distorsiones derivadas de la migración venezolana, que en muchas zonas ha tensionado —no reducido— el valor del trabajo.
El resultado es directo: Cuesta más y emplear se vuelve más difícil.
La carga que no aparece en la ley
Mientras el Estado aumenta la presión fiscal, en muchas regiones el productor sigue pagando:
● Extorsión
● Vacunas
● Control territorial ilegal
Es decir, enfrenta una doble tributación: legal e ilegal.
Y ninguna política pública está integrando esa realidad.
¿Error técnico o decisión política?
Durante la campaña Petro pregonó “expropiación por vías distintas a la clásica”.
Hoy, lo que vemos se parece peligrosamente a una expropiación indirecta:
No te quitan la tierra.
Pero te hacen tan costoso sostenerla que te obligan a venderla o entregarla por la carga fiscal confiscatoria a través de altísimos Avalúos.
Esto hay que corregirlo
Lo que está ocurriendo no es solo una actualización catastral.
Es una Reforma Tributaria disfrazada.
Amplía la base, incrementa la carga, elimina beneficios y presiona la sostenibilidad del campo.
Este debe ser un tema central del país.
Llamado a Paloma Valencia y Juan Manuel Oviedo:
El campo colombiano necesita una corrección de fondo.
No se trata de frenar el catastro.
Se trata de impedir se convierta en mecanismo de asfixia económica. Si no se corrige, no solo se encarece la tierra, se pone en riesgo la producción, el empleo rural y la permanencia misma del campesino y los empresarios del campo de cualquier tamaño en Colombia, impactando directamente la Seguridad Alimentaria de la Nación.
* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu
