* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Carlos Alberto Estefan Upegui * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(CAEU – Lunes 14 de julio de 2025).- Comencemos por decir que las siembras de arroz correspondientes al primer semestre de este año en Casanare, Tolima, Meta, Huila y el resto de los departamentos, registraron una disminución por lo menos del 12%, en comparación con el mismo periodo del año 2024, atribuible a los bajos precios experimentados en la cosecha anterior, a la restricción del crédito y a las condiciones climáticas; entre otros factores. Así las cosas, «el leve repunte de precios observado desde marzo de 2025 probablemente se revirtió en el mes de junio, ante la expectativa del inicio de la cosecha y el consecuente y relativo aumento de la oferta. De ahí, la probabilidad de que el precio promedio nacional al productor no vaya a cambiar de tendencia sino hasta él mes de septiembre de 2025 una vez se haya recolectado aproximadamente el 75% de la cosecha, tal como se observó en el 2021.» / Fuente: Agrobursatil.S.A.

Por su parte, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural dice que los inventarios son altos y que hay un exceso de oferta de arroz que no está absorbiendo el sistema de comercialización actual, cuando en realidad se trata de una sobre oferta estacional transitoria. Además, las cifras del DANE indican un crecimiento del 6% en el consumo per cápita de arroz a nivel nacional el cual se estima en aproximadamente 46 kilogramos al año, con un aumento progresivo en comparación con años anteriores.

Una de las “soluciones” que se anuncian, es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a partir de julio de 2025, compraría el arroz que requieren sus programas sociales, como igualmente deben hacerlo, si es acaso no lo hacen ya, el ejército y las cárceles; no obstante, el volumen que ellos compran es apenas una mínima parte del total, mientras de fondo las medidas que deben tomarse son de carácter estructural. Entre tanto, las reuniones llevadas a cabo en la Presidencia como en Yopal, con la presencia de delegados del Gobierno y congresistas de la región, no fueron suficientes para llegar a un acuerdo. Luego, la Cartera de Agricultura publicó para comentarios, un borrador de resolución con la que sometería al régimen de libertad regulada de precios al arroz paddy verde. Pero la opinión de los analistas es que el Intervencionismo en este caso es una medida que surge a última hora, luego de convencerse de que no supieron resolver el problema aun teniendo los instrumentos a la mano.

Los agricultores advierten que no levantarán el paro mientras el precio no reaccione. Entre tanto, la Bolsa Nacional Agropecuaria hoy Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), y la Asociación Nacional de Comisionistas de Bolsas de Productos (ACBP), debo sugerirlo respetuosamente, les obliga una participación más activa de la Institución bursátil en la elaboración de los pronósticos de cosechas, la formación de precios; el Incentivo al Almacenamiento, en los Contratos Forward, en los REPOS sobre Bonos de Prenda representativos de mercancías, y en los mecanismos de cobertura, todos ellos tan necesarios de manera integral en estas circunstancias y que hoy parecen haberse olvidado.

Hace 32 años se creó el marco jurídico para cubrir los precios en el mercado de futuros (Ley 101 de 1993) qué permite implementar instrumentos para mitigar la caída de los precios, así como el incentivo al almacenamiento de arroz, el cual operó eficientemente durante 25 años y que solo habría que hacerle algunos ajustes para adecuarlo.

* Carlos Alberto Estefan Upegui, Exgobernador del Tolima.

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 12 de julio de 2025).- Estas fueron las palabras más utilizadas en el alegato final del expresidente Uribe, con el cual concluyó el juicio oral en su contra.  En un ejercicio contundente de “disección persuasiva” desmenuzó mentiras, inconsistencias, contradicciones y hasta yerros de la fiscal del caso, para dejar al desnudo la verdad y en claro su inocencia.

Reiteró también su afirmación de “ni mentir, ni callar”, refiriéndose a la instrucción a sus defensores y, en especial, al abogado Cadena en relación con las gestiones de este último, en su nombre, sí, pero no para sobornar testigos, sino para “verificar” los testimonios que el senador Cepeda, en 2012, autoinvestido y camuflado como defensor de derechos humanos, se dedicó a recoger en las cárceles para inculpar al expresidente de conformación de grupos paramilitares.

Sin embargo, aunque “quedó claro” que Álvaro Uribe es inocente y, por el contrario, en entredicho la inocencia y las intenciones del senador Cepeda, la fiscal insistió tozudamente en la solicitud de condena, en oposición a la de absolución presentada por la Procuraduría y precedida por las de preclusión de sus antecesores, los fiscales Javier Cárdenas en 2022 y Gabriel Jaimes en 2021.

Pareciera entonces que el juicio habría necesitado tantos fiscales como fueran necesarios para lograr solicitud de condena. Hay una famosa frase atribuida a Alfonso X, “El sabio”, pero con versión más reciente de Konrad Adenauer, primer canciller alemán de la posguerra: “En política -y en la justicia en este caso-, lo importante no es tener razón, sino que te la den”.

Quisiera sumarme sin reservas a la frase de cajón con la que políticos y hasta personas injustamente inculpadas suelen responder en entrevistas de ocasión: “creo en la justicia colombiana”. Yo quisiera creer, pero me cuesta. ¿Cómo hacerlo en un país donde criminales confesos de miles de secuestros, asesinatos, reclutamiento y violación de menores y cuanto lo quepa al Código Penal, están en el Congreso sin recibir condena alguna y, cuando la reciban, será de mentirillas? 

¿Cómo creer si, mientras la impunidad ronda el 90% y hasta se paga por no matar, la razón se niega contra toda evidencia? Recuerdo otra lapidaria de Francisco de Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, y añado: donde hay poca justicia y la poca que hay se politiza para atacar adversarios en los estrados judiciales, el Estado de Derecho y la democracia tambalean.

Quedó claro que el juicio contra Uribe fue político y pasará a la historia, no solo por la insigne condición del inculpado, sino por las contradicciones y mentiras, pruebas perdidas y manipuladas y testigos que no aparecen a conveniencia; por el sitio preferencial de una presunta víctima compartiendo mesa con la Fiscalía, por sus “señitas” a los declarantes y los papelitos que se dejan caer…

Quedó claro que, al margen del fallo, las fuerzas civilistas del país, que aún somos mayoría -Academia, gremios, partidos, medios- debemos unirnos en una suerte de Acuerdo Nacional desde la sociedad civil para salvar la democracia a partir de la restauración de la justicia.

Quedó claro para el senador estadounidense Bernie Moreno, que “Colombia necesita detener el uso de su sistema judicial como arma contra el expresidente Álvaro Uribe”.

La juez del caso -es de esperarse- fallará en derecho y tendrá en sus manos la oportunidad de reivindicar la autonomía y credibilidad de la justicia que el país reclama. 

Porque la justicia es la médula espinal de la democracia liberal y un daño irreparable en la primera puede paralizar y hasta matar a la segunda. Porque la justicia… es la última trinchera del hombre libre ante el asedio a la democracia amenazada.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie