* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 24 de julio de 2026).- La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario acaba de concluir una Auditoría a la trazabilidad de las Guías de Movilización de Animales, el componente más crítico de la trazabilidad bovina, en el cual el ICA salió mal librado, con siete hallazgos, tres de ellos con presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia disciplinaria y penal.

El lío es grande, pues las Guías de Movilización, sin el control exigente que deben tener, terminan amparando ilícitos como el contrabando de animales, el abigeato, el sacrificio clandestino y la evasión o el robo del impuesto de degüello y la contribución parafiscal ganadera asociada al sacrificio. Para los programas del Fondo Nacional del Ganado, solo el sacrificio clandestino de más de un millón de animales representa una pérdida que supera los $80 mil millones anualmente.

Acaba de culminar también una auditoría de la Administración de Aduanas de China a nuestro sistema de sacrificio y sus mecanismos de control, con visitas al INVIMA, el ICA y varias plantas de sacrificio. La conclusión anticipada fue el rezago de nuestro sistema de trazabilidad frente a las exigencias del gobierno chino, lo cual pone en riesgo una década de negociaciones para llevar carne a ese mercado en 2024, el cual es hoy, apenas dos años después, nuestro principal destino con 18.700 toneladas exportadas en 2025.

Entonces el lío es aún más grande, pues no es casual que las dos auditorías señalen hacia el mismo punto: Seguimos sin un sistema de trazabilidad que garantice la inocuidad a nuestros consumidores, que no sirva para legalizar conductas ilícitas y, demasiado importante, que satisfaga las exigencias de los mercados.

Yo diría que el lío se origina en el síndrome muy colombiano de “la discusión perpetua” sobre lo que, de antemano, se sabe que es imperativo hacer…, pero no se hace.

Ya cumplió ¡22 años! la primera ley de trazabilidad (Ley 914/2004), impulsada por FEDEGÁN para estar listos frente a los TLC que se veían venir. En 2006 se firmó el contrato con el Ministerio de Agricultura, que delegó en FEDEGÁN el desarrollo de la trazabilidad y hace ¡17 años!, en 2009, entró en operación el primer Sistema de Identificación e Información del Ganado, SINIGÁN.

Sin embargo, en 2012, en lugar de avanzar, retrocedimos, cuando el gobierno Santos, unilateralmente y por razones políticas, después de quitarle a FEDEGÁN el manejo de las Guías de Movilización de Ganado, rescindió también el contrato de la trazabilidad, para empezar desde ceros, con una nueva ley y un nuevo sistema. Paradójicamente, ese año entró en vigor el TLC con Estados Unidos, pero… no estábamos listos.

¿Vamos a retroceder nuevamente? No podemos. Por el contrario, nuestra meta y el reto al que convocamos al nuevo gobierno es llegar al mercado de Estados Unidos. Sin embargo, el riesgo de perder a China, como la oportunidad de conservarla y de ganar a Estados Unidos, depende de solucionar, sin más discusiones perpetuas, el lío de la trazabilidad.

Con ánimo de construir, propongo que, precisamente, los hallazgos de la Contraloría a la gestión del ICA, así como las responsabilidades del INVIMA en su función de inspección y vigilancia a los establecimientos de sacrificio, desposte y distribución de carne, sean el insumo para una Mesa de Trabajo con estas dos entidades, con FEDEGÁN, el Ministerio de Agricultura y la Contraloría.

La tarea: definir una hoja de ruta de muy corto plazo para solucionar, de una vez por todas, las distorsiones del nuevo SINIGAN V-6, y así devolverles la confianza a los ganaderos, a los consumidores y a nuestros clientes de hoy y de mañana en todo el mundo…, sin lío.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Capitulo II – Agenda para la Competitividad del Agro Colombiano

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 24 de julio de 2026).- La semana anterior planteé una pregunta que generó debate entre productores, empresarios, académicos y dirigentes gremiales:

¿Quién protege el ingreso del productor colombiano cuando cae el dólar?

Las respuestas fueron diversas. Algunas defendieron, con razón, el comportamiento natural de una economía abierta; otras recordaron la existencia de instrumentos de cobertura cambiaria; incluso hubo quienes señalaron que un dólar más barato reduce el costo de algunos insumos importados.

Todas esas apreciaciones tienen parte de razón.

Sin embargo, después de escuchar los distintos argumentos, llegué a una conclusión:

El verdadero problema del agro colombiano no es el dólar.

El verdadero problema es que Colombia continúa enfrentando los desafíos del campo como coyunturas aisladas, mientras las grandes potencias agroexportadoras decidieron hace décadas convertir la competitividad en una política permanente de Estado.

Ahí está la diferencia.

Brasil no construyó su liderazgo agroexportador esperando un dólar favorable. Lo hizo mediante una estrategia sostenida de inversión en investigación, innovación, crédito rural, infraestructura, sanidad y desarrollo tecnológico.

La Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), uno de los motores de esa transformación, es una muestra de ello: en 2024 ejecutó un presupuesto cercano a 4,1 billones de reales, desarrolló más de mil proyectos de investigación e innovación y entregó nuevas soluciones tecnológicas al sector productivo.

No fue casualidad. Fue una decisión del Estado.

Hoy Brasil es una potencia mundial de alimentos porque entendió que la competitividad comienza mucho antes de llegar a los mercados internacionales: comienza en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Referencia en Colombia: AGROSAVIA

Australia y Nueva Zelanda siguieron caminos diferentes, pero llegaron a la misma conclusión: el productor no necesita que el Estado lo aísle del mercado; necesita instituciones capaces de darle herramientas para competir exitosamente dentro de él.

Por eso fortalecieron su sanidad animal, su logística, la apertura de mercados y los mecanismos de administración del riesgo.

La Unión Europea también deja una enseñanza que muchas veces simplificamos. La Política Agrícola Común (PAC) no es solamente un sistema de subsidios; es una estrategia de largo plazo que brinda estabilidad, promueve innovación, administra riesgos y permite que millones de productores planifiquen sus inversiones.

En todos estos casos existe un elemento común:

La competitividad dejó de depender del gobierno de turno. Se convirtió en una política de Estado.

Entonces surge la pregunta inevitable:

¿Qué tiene Colombia?

Mi respuesta es optimista.

Tenemos empresarios rurales extraordinarios. Durante los últimos años han demostrado una resiliencia pocas veces reconocida. Han enfrentado incertidumbre jurídica, fenómenos climáticos extremos como El Niño y La Niña, altos costos de producción, dificultades logísticas, pérdida de mercados y una fuerte volatilidad cambiaria.

Y aun así continuaron produciendo, invirtiendo y exportando.

Ese mérito pertenece exclusivamente a quienes trabajan todos los días en el campo colombiano.

La resiliencia, por admirable que sea, no puede seguir siendo la principal política agropecuaria del Estado.

Colombia tiene instituciones valiosas: Ministerio de Agricultura, Banco Agrario, Finagro, Agrosavia, ICA, ProColombia, Planeación Nacional y gremios con enorme experiencia.

Tenemos las piezas.

Lo que aún no tenemos es el sistema.

Es momento de construir una Política Nacional para la Competitividad Agroexportadora, concebida como una política de Estado y no como un programa de gobierno.

Una estrategia que articule al Banco de la República, los ministerios de Hacienda, Comercio y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, Finagro, el Banco Agrario, ProColombia y los gremios productivos alrededor de un objetivo común:

proteger la competitividad del ingreso rural y fortalecer la capacidad exportadora de Colombia.

Esta política debe sustentarse en cinco pilares:

Primero, una estrategia moderna de administración del riesgo, incluyendo coberturas cambiarias y mecanismos de estabilización del ingreso exportador.

Segundo, crédito competitivo de largo plazo para impulsar productividad, innovación y transformación tecnológica.

Tercero, infraestructura y logística que reduzcan costos y acerquen al productor a los mercados.

Cuarto, fortalecimiento sanitario y diplomacia comercial para abrir nuevas oportunidades internacionales.

Quinto, estabilidad jurídica e institucional que permita inversiones de largo plazo.

No proponemos intervenir el mercado cambiario ni establecer un dólar preferencial.

Vamos más allá: construir una política pública que proteja la competitividad de quienes generan las divisas que fortalecen la economía colombiana.

Mientras Colombia sigue discutiendo el precio del dólar, las grandes potencias agroexportadoras invierten en aquello que nunca pierde valor: el conocimiento, las instituciones y la competitividad de sus productores.

Las grandes potencias agroexportadoras no nacieron de una buena cosecha ni de un dólar alto.

Nacieron de decisiones institucionales capaces de sobrevivir a los gobiernos.

La resiliencia del productor colombiano ha sido extraordinaria.

Ahora llegó el momento de que esa resiliencia sea acompañada por la resiliencia de las instituciones del Estado.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

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Propuesta para el debate nacional

Colombia necesita iniciar la construcción de una Política Nacional para la Competitividad Agroexportadora, liderada por el Gobierno Nacional y articulada entre el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura, Finagro, el Banco Agrario y los gremios del sector productivo.

Su propósito debe ser fortalecer la competitividad del agro colombiano, administrar integralmente los riesgos que enfrentan los exportadores y garantizar que el crecimiento de las exportaciones se traduzca en mayores ingresos para quienes producen desde el campo.

Fuentes para el debate:

Banco de la República; DANE; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Finagro; FAO; OCDE; Banco Mundial; Organización Mundial del Comercio (OMC); Comisión Europea (Política Agrícola Común); Embrapa (Brasil) y publicaciones oficiales de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda.